YouTube frena la censura económica de Viacom

Un juez federal exculpa a YouTube de la demanda por violación de copyright de Viacom, uno de los gigantes norteamericanos de la televisión. Las razones del juez Louis Stanton coinciden con las protestas contra la ley antidescargas y su intento de imponer una censura económica.
La sentencia afirma que YouTube no está obligado a controlar los vídeos de los usuarios -en coincidencia con la legislación y la jurisprudencia en España- y que sólo debe evitar las violaciones de los derechos de los propietarios cuando están claramente identificados.
También duda que la publicidad en un sitio de vídeo donde también hay material legal sea un beneficio directo que conlleve el daño patrimonial previsto en la Disposición Adicional de la Ley de Economía Sostenible y en otras legislaciones de protección del copyright como la Digital Economy Bill británica.
En resumen, la sentencia exige identificar claramente las violaciones de derechos de propiedad en internet, que las webs requeridas no se nieguen a retirar el material identificado y reduce el ánimo de lucro de los demandados a aquellos beneficios directamente conseguidos de las violaciones de derechos de terceros.
Un paso más allá de la propuesta de la Comisión Europea para garantizar los derechos de los internautas y las empresas de la web en el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y en la Declaración de Granada sobre la agenda digital europea.
La setencia será recurrida, pero vuelve a reafirmar que conceptos como el daño patrimonial no pueden legitimar una censura económica de la web. Las acusaciones deben estar claras y fundadas y no dirigirse indiscriminadamente contra los contenidos compartidos en la Red.
El resultado del litigio entre Viacom y YouTube vuelve a ratificar la evolución real del mercado del vídeo en internet: sólo acuerdos sobre derechos, oferta en los nuevos medios digitales y una explotación conjunta del negocio se puede rentabilizar el mercado de la convergencia audiovisual. Viacom y YouTube lo sabían, pero la pelea en los juzgados ha demorado la evolución del negocio.
Cuando la televisión está en la web y es multipantalla, es hora de abandonar las inútiles persecuciones y trabajar más en generar nuevos negocios y oportunidades.

ACTA no obliga a desconectar internautas

La Comisión Europea ha dado un paso al frente y ha conseguido la publicación del borrador (pdf) del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), el acuerdo internacional contra las falsificaciones y las descargas, para demostrar que no se desconectará a los internautas ni se violarán sus derechos sin garantías judiciales.
Habrá que esperar al acuerdo final para ver el alcance real de las medidas acordadas. Pero tanto el nuevo borrador como la presión de la Unión Europea para hacer las negociaciones más transparentes son una pequeña victoria. La presión internacional de los internautas ha forzado este paso a pesar de que la propuesta conserva amenazas para una internet abierta y libre, como la obligación de los proveedores de vigilar los contenidos de la Red.
La publicación del borrador no ha gustado al gobierno norteamericano, el que más presiona para perseguir las descargas. Sin embargo, la administración estadounidense se compromete a que el acuerdo "no interferirá con la capacidad de un firmante de respetar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos".
El texto deja en manos de las autoridades nacionales la aplicación de medidas como la desconexión de los usuarios, como las aprobadas en Gran Bretaña o Francia. Garantiza el control judicial de los datos de los usuarios y servicios que los servidores de internet (ISP) deben facilitar. Y exige que las medidas sean "justas y proporcionadas", aunque deja un alto grado de discreción en la estimación de lucro comercial que legitima la persecución de los infractores.
El actual borrador mejora propuestas anteriores. No es el que desean muchos internautas, como tampoco satisfará a muchos medios e industrias de contenidos, pero es más garantista que los conocidos anteriormente y utilizados por los grupos de presión para exigir a los gobiernos -entre ellos el español- medidas de persecución digital más drásticas.
Es también una confirmación de la pertinencia y oportunidad de la propuesta de cuatro puntos que un grupo de personas de la llamada lista Sinde hicimos llegar al PSOE y al gobierno para reducir los abusos de la ley de economía sostenible.
"El borrador de la negociación muestra que preocupaciones específicas de la sociedad civil son infundadas, proclama la nota de la Comisión Europea. "Nadie en la negociación de ACTA está proponiendo que los gobiernos deban introducir la obligatoriedad de los tres avisos o la respuesta gradual para luchar contra las infracciones a la propiedad intelectual".
Una rectificación a tiempo de la obligatoriedad de esas medidas, pero cada país queda legitimado para decidir en sus leyes su persecución de las violaciones de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Es la estrategia propuesta por la Comisión Europea en el paquete telecom y refrendada por los gobiernos europeos en la Declaración de Granada de este mismo lunes. Sobre la neutralidad de la red y la instauración de una internet parcelada y con acceso premium de pago, como defienden las telefónicas, ni una alusión en el documento.
Varias fuentes oficiales confirman que esta es la vía de regulación de internet que se está abriendo paso para evitar la confrontación provocada por la amenaza a los derechos ciudadanos.

Si quieres participar en el análisis detallado del borrador, lo puedes hacer en este documento de La Quadrature du Net o directamente en la ventana inferior.

La prensa persigue a los agregadores

Evitar la copia de informaciones periodísticas por agregadores, buscadores, etc. Es la reclamación de Ignacio Benito, director general de Aede (Asociación de Editores de Diarios Españoles), la semana pasada ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Los editores de prensa españoles endurecen su persecución de la cita y la copia de información por los nuevos medios digitales.
La intención última es cobrar por enlazar. Un nuevo canon o tasa a internet defendido cada vez con mayor ahínco por muchos medios y empresas de contenidos.
Una expansión del canon digital, que todavía divide al sector y tiene la oposición de la industria de internet y las telecomunicaciones.
La persecución de buscadores y agregadores es una constante de la pelea entre prensa e internet. Los editores españoles siempre han sido cautos y no han llegado a la belicosidad y enfrentamiento de sus colegas europeos. Pero la crisis aprieta. Los editores han firmado la Declaración de Hamburgo que reclama más protección y un acceso universal no gratuito a los contenidos informativos.
Los editores defienden un sistema de licencias para garantizar el acceso a sus contenidos con permiso y con la posibilidad de cobrar por los enlaces y citas a las webs y servicios de internet comerciales.

¿Es posible cobrar por enlazar noticias?
Los creadores de contenidos e información tienen derechos. Pero los agregadores, buscadores y, por supuesto, los usuarios y creadores de blogs y otros medios de internet, también.
La Ley de Propiedad Intelectual garantiza la reproducción y cita de los trabajos y artículos de actualidad (art. 33). Pero acota su uso al "derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa".
En ese derecho aparece la primera discusión, porque los periodistas reclaman sus derechos de autor a los editores y los expertos siguen enredados en determinar cómo repartir la propiedad intelectual del periodismo entre los titulares de la obra colectiva -los editores- y los derechos individuales de los periodistas.
Pero la ley reconoce también la propiedad intelectual de las colecciones y bases de datos, como ocurre por ejemplo con la Biblioteca Digital Hispánica, cuyos libros son de dominio público, pero no la propia biblioteca.
La ley reconoce los derechos de los propietarios de los contenidos y también de quienes los seleccionan, ordenan y ofrecen al público en una base de datos. Buscadores y agregadores entran en esa categoría.

Demasiados derechos sobre la información. La expansión irrefrenable de los derechos de propiedad intelectual y las limitaciones a su uso justo llevan al exceso.
Tanto que un miembro de la Cámara de los Lores británico, Lord Lucas, ha propuesto acabar con semejante sinsentido reconociendo el derecho de los buscadores a copiar todos los contenidos que indexen.
La lógica es clara: si los contenidos están en el espacio público de internet, quienes enlazan tienen derecho a copiar el contenido para que no desaparezca el servicio que ofrecen al público.
Todos los contenidos en la caché de Google, hablando en plata.
Es la aplicación a los contenidos de la accesibilidad de todo lo que reside y existe en el espacio público. Y eso es lo que es internet, como incluso reconocen algunos partidos políticos como el PP.
Y una forma de frenar la censura económica que se está abriendo paso en todo el mundo.

Estrechar el espacio público. El problema de esta batalla es el estrechamiento del espacio público y la restricción del acceso a la información por los ciudadanos. Justo después de unos años en los que los medios han ido perdiendo el control de la información, la desintermediación entre fuentes y público se ha expandido como nunca y ha crecido la audiencia de las noticias. A pesar de que esa expansión no garantice el negocio del periodismo.
Mejor reconstruir un consenso que la persecución y la rebaja de los derechos de todos.
Es imprescindible una reformulación del derecho de cita y uso de la información de calidad sin poner en peligro el acceso del público a la información. Pero también establecer un consenso con buscadores, agregadores y webs en general que permitan el uso justo de la información.
Quien no debe perder son los ciudadanos ni la función social del periodismo.

Los editores piden copias y bibliotecas más caras

Los editores y autores agrupados en Cedro quieren endurecer la Ley de Propiedad Intelectual para restringir y cobrar más por la copia privada. Pero además su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso reabre la batalla por el préstamo de pago en las bibliotecas.
Las reclamaciones de los editores vuelven a insistir en el cobro a las bibliotecas por prestar libros, fijado en 20 céntimos por volumen. Un canon del que sólo están eximidas las bibliotecas públicas en pueblos pequeños y las del sistema educativo.
Los editores y autores agrupados en Cedro también exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación.
Una batalla por encarecer la cultura en la que se echa en falta una discusión seria sobre nuevos modelos de negocio y comercialización. Imprescindible cuando los contenidos son más accesibles que nunca y el abaratamiento de los costes de producción y distribución digitales debería acarrear una rebaja en los precios de los libros.
Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.
Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.
Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.
A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.
Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros. Una cantidad importante pero mucho menor que los derechos audiovisuales y musicales cobrados por otras gestoras.
Autores y editores tienen derecho a cobrar por sus obras y su actividad, pero ¿tiene sentido seguir cobrando por las copias?
Cabe debatir si es útil y conveniente para empresas y público seguir cobrando por las copias o poner en marcha nuevos sistemas de licencia, distribución de obras -en fragmentos o completas- a través de nuevos soportes que mejoren el acceso de la ciudadanía, las empresas y la colectividad educativa a los libros. Sistemas que preserven y ajusten la cuantía de los derechos en función del valor y uso real de los contenidos.
En el préstamo, tanto privado como en las bibliotecas, la pregunta es si se pueden cobrar esos derechos mientras se mantiene el precio de los libros y se recibe financiación pública para la edición.
La pregunta reaviva la demanda de un sistema de ayudas y subvenciones que garantice el uso público y no comercial de las obras financiadas con dinero público: la cultura como procomún.
Pero también rescata el cambio de modelo de la venta de libros por un precio por lectura. Un pago por visión como el de las obras audiovisuales. Es la gran oportunidad de los ebooks, los libros digitales: cobrar por lectura y no por la posesión del volumen.
Eso permitiría que las bibliotecas, especialmente las públicas, pudiesen mantener sus fondos en depósito o usufructo y pagar sólo cuando esas obras sean leídas y consultadas por los lectores. Lo mismo puede hacerse con los libros digitales: un precio por la lectura en soportes digitales, posiblemente con limitaciones de tiempo y copia, y otro precio por una copia digital y permanente del libro.
Los libros como servicio y contenido, no como venta de una propiedad: la copia. Si editores, autores y políticos abren un debate serio sobre la sociedad de la información digital deberían ponerse todas las opciones sobre la mesa. También las que pueden garantizar un mayor acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura y la ciencia. No sólo las que convienen al mantenimiento de industrias y negocios que deben cambiar cuando la tecnología y el negocio cambian.
No es legítimo impulsar reformas legales en beneficio de unos pocos sin garantizar los derechos de todos.

Defensa del enlace

Cobrar por ver. Es lo más parecido a la intención de limitar el hipertexto y privatizar con copyright los enlaces. Cobrar por enlazar es achicar el acceso a la información y privatizar el dominio público ampliado gracias a internet. La lucha de los medios y la industria de los contenidos contra buscadores, agregadores y redes sociales erosiona la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Cuando crece la demanda por el gobierno abierto y el acceso a la información pública, la industria, golpeada por la crisis y apremiada por los desafíos digitales, amenaza el interés público.

El proyecto de ley de economía sostenible permite bloquear enlaces alegando daño patrimonial. Los editores españoles se unen a los grandes grupos de medios contra el acceso a sus contenidos sin permiso –instaurar una licencia económica-, como ya hizo la agencia Associated Press en 2008. El magnate Rupert Murdoch bloquea al agregador británico NewsNow los enlaces a The Times. Francia propone una tasa Google y surgen voces a favor de un impuesto a los enlaces comerciales imitando la tasa Tobin a las transacciones financieras.

El objetivo es cobrar por los enlaces. Es el resultado de la negativa de las empresas de internet a compartir sus beneficios, los problemas del negocio digital y la evidencia de que muchos usuarios se conforman con la cita y nunca llegan a la fuente de la información.

Pero internet no es un medio. Es un espacio público donde los ciudadanos viven, se comunican, informan y comparten. La privatización perjudica a la sociedad. Cualquiera tiene derecho a cobrar por su producto o a reservarlo para sus clientes, pero nadie debería poder limitar el acceso al espacio público. Si no quieren estar, pueden retirar sus contenidos con una simple operación técnica. No lo hacen por la pérdida de visibilidad, audiencia y reputación lograda en buscadores, agregadores y por las citas en las redes sociales.

El enlace no es el contenido. Es el primero de los mitos denunciados ya en 1997 por Tim Berners-Lee, creador de la web. La ley española de propiedad intelectual garantiza la cita y el uso de información de actualidad, como la legislación internacional, pero permite reservar derechos o cobrar. Hacerlo sería un paso atrás en la ampliación de la esfera pública y el derecho a la información, propiedad de los ciudadanos, no de los medios. La disputa económica por el negocio no puede atentar contra el interés público ni expandir el modelo de pago para privatizar lo que es de todos. Los medios deberían preocuparse más de por qué tantos usuarios se conforman con una cita y no olvidar que sus contenidos son también resultado del espacio público.

Columna en Público

Competencia denuncia el monopolio de los derechos de autor

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) deja clara la denuncia de tantos creadores, usuarios y empresas durante tiempo: la gestión de la propiedad intelectual es un monopolio tolerado y amparado por los políticos y la Ley de Propiedad Intelectual.
"Las entidades de gestión tienen un elevado poder de mercado, realizando normalmente su actividad desde una posición monopolística. Cada una de las ocho entidades existentes en España (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE, y AISGE) se ha especializado en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona. La única excepción tiene lugar en el segmento de autores audiovisuales, donde existe un leve grado de competencia entre la entidad dominante, SGAE, y la minoritaria, DAMA".
Es la conclusión de un informe demoledor con las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y las leyes que amparan un sistema con barreras a la competencia legales y económicas, tarifas y contratos abusivos, inseguridad jurídica, abusos sobre los derechos de los autores, falta de libertad para gestionar libre o individualmente los derechos de cada uno y, en definitiva, una enorme obstrucción a la comercialización de los contenidos, el entretenimiento y la cultura.
La CNC acaba también con la coartada europea, esgrimida reiteradamente por los responsables de las entidades de gestión y los políticos para no cambiar un sistema injusto y perjudical para autores, medios, comercializadores, negocios sometidos a tarifas de todo tipo y para el desarrollo de un mercado de contenidos transparente y competitivo.

Competencia recuerda que las directivas europeas sólo imponen la gestión colectiva de derechos en la retransmisión por cable. "La imposición de la obligatoriedad en otros casos no obedece a ninguna directiva del derecho comunitario. Es más, en los casos en los cuales una directiva europea impone la gestión colectiva opcional, el legislador español se decanta por imponer su gestión colectiva obligatoria".
Fin de la mascarada.
Competencia recuerda a los olvidadizos que la Comisión Europea está empeñada en crear un mercado único de contenidos y una simplificación de la gestión de la propiedad intelectual que ha sido permanentemente bloqueada en España por el lobby encabezado por la SGAE.

El informe llega en buena hora. Mañana comienza una ronda de debate en la subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso plagada de entidades de gestión y sin representación proporcional de los consumidores ni de otros expertos opuestos a las leyes y el sistema de propiedad intelectual actual.
Es hora de exigir responsabilidades políticas a todos los partidos que votaron a favor y promovieron el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006. Y también de reformar las comparecencias en esta tendenciosa subcomisión.
Nunca se han defendido los derechos de los ciudadanos. Pero tampoco los derechos de los autores, atrapados por un sistema de recorte de su libertad y en el que algunos han llegado a padecer un síndrome de Estocolmo a medio camino muchas veces entre la mezquindad y la ignorancia.
Cada intento por crear una nueva entidad de gestión ha sido una batalla en España, pero ya hace una década que el status quo de las ocho actuales se impone con ese monopolio especializado denunciado en el informe.
Competencia pide "un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre" con más transparencia, competencia y eliminar las barreras de entrada a otras entidades nacionales o internacionales, eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva siempre que sea posible, reducir las cláusulas abusivas de los contratos y el sistema de tarifas injusto y monopolístico. Pero también que las administraciones vigilen a las entidades de gestión, como obliga la ley, una responsabilidad siempre esquinada por un Ministerio de Cultura siempre del lado de estas entidades.
¿Servirá para algo el nuevo informe, no vinculante? Al menos para cargar de razón a todos los que denunciamos un sistema injusto, que no permite el desarrollo de nuevos negocios de contenidos, reduce el acceso de los ciudadanos a los contenidos y aprovecha los poderes del Estado como en su propio beneficio.
Basta ya.
Informe Propiedad Intelectual. Comisión Nacional de la Competencia
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Un nuevo sistema operativo social y económico

El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet ha impulsado como nunca el debate sobre los ciberderechos y la propiedad intelectual. Un grupo de autores y juristas como Belén Gopegui, Ignacio Ramonet, Rosa Regás, Carlo Frabetti, Isaac Rosa, Carlos Martínez, Carlos Sánchez Almeida, Constantino Bértolo o Álex de la Nuez promueven un nuevo manifiesto En defensa de una red libre.
"Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina", proclaman para sostener una defensa de los derechos de autor independiente de la industria y considerar internet como un derecho e "incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad".
"No se trata de que los autores cambien de amos", explican, sino defender la cultura libre "inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario".
Y por ello se preguntan "si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos". Una demanda apoyada por muchos que defendemos que la clave del desarrollo de la cultura, la ciencia y la innovación no es su gratuidad, sino la ampliación del dominio público, el acceso a los bienes comunes, a los intelectuales y creativos, a la información y los contenidos de todos. En esa defensa coincido con los autores del nuevo manifiesto.
Pero es necesario ir más allá para lograr un nuevo consenso más plural y aceptable por una mayoría. Incluso superar las diferencias y las antinomias ideológicas, económicas y políticas en una sociedad poscapitalista y posideológica.
La clave esencial para superar gran parte de los problemas del acceso al conocimiento y los contenidos, de la crisis de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, y mejorar las formas actuales de producción es fomentar, reconocer y fortalecer el procomún.
Los procomunes (commons) son los bienes que pertenecen a todos, a la colectividad de unos mismos intereses, comprometida con su enriquecimiento y legado, y que aprovecha esos bienes en una cadena de valor para crear otros. En definitiva, esos bienes de los que todos somos usuarios, clientes y accionistas.
La mayoría de la cultura, la ciencia y el conocimiento pertenecen a los procomunes. Es un ecosistema de contenidos y conocimiento que sólo existe, tiene valor y es útil cuando es empleado, difundido y mejorado por la sociedad.
Una nueva redefinición del espacio y los bienes públicos, pero también de los modelos de propiedad y producción hasta la economía P2P (según el viejo ensayo de Michel Bauwens), el capitalismo 3.0 de Peter Barnes o la sociedad del protocolo, reseñada por David Brooks.
Desafíos para crear un nuevo sistema operativo para la política 3.0, una verdadera democracia 3.0 apoyada en una economía 3.0 para la era de la abundancia aunque, como siempre, muy mal repartida.
La economía de la abundancia se ocupa de los bienes cuya producción es inmaterial o cuando el coste de la copia es marginal. Los bienes materiales siguen siendo escasos y su economía y gestión es bien distinta.
Algunos ejemplos son la música, la ciencia, la información o los medicamentos. Todos necesitan un esfuerzo importante y tienen costes de creación, investigación o desarrollo, pero su producción y distribución son muy baratos. A su vez muchas personas, tradición, conocimiento o invenciones anteriores influyen enormemente en su creación y adquieren mayor valor cuanto más empleados y consumidos son: la información que crea una base común de visión ciudadana de la actualidad, la música que une a tanta gente, los desarrollos científicos compartidos por otros y aplicados o los remedios contra las enfermedades.
La cultura y el entretenimiento están en el ecosistema del procomún. El sistema comercial actual no recompensa con justicia a los autores, deja en manos de grandes empresas una gran parte del sistema y los bienes culturales, los ata a un sistema comercial muchas veces injusto con la pluralidad y la riqueza, y restringe el acceso de los ciudadanos.
Por eso, como clama el manifiesto, es hora de que los gobiernos y los políticos se atrevan a discutir nuevas ideas y a facilitar, legalizar o promover nuevos modelos de creación, gestión y distribución.
Esa es la tarea abordada por la Comisión Europea y ahora de nuevo en marcha en la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso, que tiene la obligación de mejorar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la confusión, inseguridad y obsolescencia jurídica creada desde entonces.
El procomún es la clave. Internet debe ser un derecho. Pero ese derecho tiene que aplicarse de diferentes formas en la tecnología de la Red y sus códigos (abiertos, estándares, neutrales), su gobernanza (gestión global, transparente, participativa), sus métodos y elementos de acceso, y sus contenidos.
El acuerdo sobre esos derechos, una legislación que reconozca y proteja plenamente los derechos de acceso y colaboración (copyleft, Creative Commons, dominio público), el estímulo a la economía 3.0: producción P2P, ciencia y cultura abiertas, negocios abiertos, gratuitos o no, economía del don y de la afectividad, etc. Y también, como no, la ampliación del dominio público y la ampliación del acceso a los contenidos, cultura, ciencia, innovaciones, etc. financiadas y desarrolladas con dinero público.
La economía 3.0 debe ser más abierta, participativa y plural (me atrevería a decir que justa y, por supuesto, social) que la actual. Muchos elegirán el desarrollo de negocios y riqueza más social, otros seguirán más volcados en los beneficios y la comercialización.
Cambiar el sistema operativo de la política y la economía es imprescindible para lograr esos nuevos consensos y construir las plataformas de acceso, contenidos e información que una sociedad del conocimiento necesita. Ciudadanos con más derechos efectivos y mayor poder de elección en una política y una economía con más alternativas y transparencia.

En defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Un manifiesto elaborado entre unos cuantos con intención de que sea de todos.

P21| De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad
P21 | Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital