Huida de las televisiones públicas

La audiencia abandona RTVE. Los informativos son el último bastión en caer. Por primera vez en cinco años el informativo de otra cadena ha batido a los telediarios de la pública el mes pasado. Medio millón de oyentes han abandonado RNE 1. La huida de audiencia es una protesta como las que recorren las calles, los hospitales o los centros educativos. Una parte de la audiencia no transige con el cambio de línea editorial. Muchos periodistas de RTVE han protestado por la censura y la manipulación ante el Consejo de Informativos.

RTVE no es la única perjudicada. Las autonómicas más criticadas, como la madrileña o la valenciana, y casi todas las radios públicas -con la excepción en bloque de las catalanas en pleno debate preelectoral- sufren la desbandada.

Huye la audiencia políticamente más crítica. Pero también la aburrida por la debilidad de las programaciones de las cadenas públicas, hundidas por los recortes y las protestas de los trabajadores.

¿Estalla la crisis de la radiotelevisión pública? Es una crisis anunciada y diseñada desde el poder. Las televisiones públicas tienen muchos enemigos, entre ellos los responsables de sus males. Su gigantismo, burocratización y derroche las hace antipáticas para muchos y onerosas para todos.

¿Quién se beneficia de la quiebra? De un lado están productoras como Secuoya o Vértice 360, favoritas para las privatizaciones. Ya cuentan en sus consejos de administración con ex dirigentes populares como Miguel Ángel Rodríguez y Josep Piqué, miembros de los gobiernos de Aznar, además de amigos, familiares y personajes habituales en la sede popular de Génova.

Del otro, ciudadanos y trabajadores perderán lo invertido tantos años sin que nadie apueste por un modelo alternativo de independencia, eficiencia y ajuste.

La información es la gran perjudicada. Con sus males, los telediarios públicos son los únicos renuentes al sensacionalismo y la vacuidad de las grandes privadas. Pero el duopolio Telecinco/Antena 3 es insaciable y el gobierno Rajoy está encantado.

Columna en los diarios de Vocento

Demasiado deporte y política, pocas mujeres en la televisión pública

En las televisiones públicas sobran deportes (fútbol) y políticos y faltan mujeres. El último Informe sobre pluralismo político del Consejo Audiovisual de Andalucía vuelve a reafirmar algunos problemas endémicos del servicio público de radiotelevisión: el excesivo control y manipulación política, pero también unos telediarios demasiado volcados en la información deportiva y con un déficit de género persistente cuando las mujeres ocupan menos de una cuarta parte del tiempo de palabra en los informativos.
Tres datos preocupantes para el servicio público y la construcción de la realidad que los informativos más vistos crean en una población donde la televisión es el medio de información preferido para más de la mitad de la población (datos 2011).
El informe del Consejo Audiovisual de Andalucía muestra el dominio de los políticos en los informativos andaluces de acuerdo a su representación parlamentaria e institucional en los diferentes gobiernos y vuelve a denunciar la utilización de las televisiones locales como arma de propaganda municipal.

El partido que gobierna el ayuntamiento concentra el 84% del tiempo de palabra frente a un 16% de la oposición. En algunas televisiones como Fuengirola TV o Telemotril la oposición es casi inexistente en unas televisiones locales en las que los ciudadanos no confían: un 52,4% de los andaluces consideran que se utilizan para hacer propaganda de los gobiernos municipales.

En el gráfico superior se observa el reparto de contenidos en los informativos regionales de La 1. Los deportes ocupan un 20% del tiempo. La proporción prácticamente se mantiene en los informativos de Canal Sur donde los deportes ocupan un 18% del tiempo de los telediarios.

El reparto de contenidos es similar en prácticamente todos los telediarios, tanto públicos como privados. La dieta informativa de los españoles es abundante en fútbol y política, pero muy deficiente en otros temas y mantiene una abusiva desigualdad de género.

Con menos de una cuarta parte de presencia en los telediarios (gráfico de La 1, los datos en el resto de cadenas son aún peores), el papel de la mujer en la sociedad se reduce abusivamente y contribuye a mantener una situación de desigualdad muy perjudicial para el desarrollo de una sociedad avanzada.
Esa falta de representación informativa es el retrato de la desigualdad real en la sociedad, pero los informativos públicos deberían hacer un esfuerzo especial en reducir la brecha de géneros y en superar los roles más tópicos y convencionales asignados a la mujer.
En la información política el problema principal continúa siendo la manipulación, pero también la persistencia de cuotas en función de la representación que se alejan a menudo de la importancia e interés real de la actividad y los hechos políticos.
La manipulación exige reforzar la independencia de las televisiones públicas. Pero también cuestionar un sistema hinchado políticamente para extender el control y propaganda de los partidos.
Las cuotas son un atentado al derecho de información de los ciudadanos y la impugnación del periodismo. Los grandes partidos se aseguran el control de la información y la necesidad de reflejar su actividad y posiciones en función de su representación institucional contribuye a desviar el enfoque de la información de lo que se hace a lo que se dice: de los hechos a la propaganda.
Las cuotas empeoran el periodismo porque obligan a cubrir lo que no merece ser reflejado en los informativos y a incluir un exceso de opiniones en lugar de centrar la información en los hechos.
La solución a estos problemas en las televisiones públicas es más periodismo y menos política. Una redefinición del servicio público para asegurar la independencia de la radiotelevisión pública y mejorar los contenidos.
La discusión sobre la televisión pública no deben ser sólo los costes ni una privatización que en muchos casos encarece el servicio público y aumenta los riesgos de corrupción y manipulación politica enmascarada. El debate debería ser el concepto y ámbito del servicio público y cómo mejorar su eficiencia y costes.
La necesidad del servicio público existe, contrariamente a lo que sus opositores denuncian. Pese a todos sus problemas, los informativos públicos son los preferidos por la mayoría de los ciudadanos, por eso es importante aumentar su independencia y calidad.

Los telediarios de las televisiones públicas eran considerados más plurales y objetivos que los privados con una diferencia de 15 puntos en 2011. El cambio en RTVE y la erosión de su independencia por el PP está cambiando esa situación, que se refleja en la pérdida de espectadores. Pero el pluralismo no está garantizado en la televisión pública con el duopolio Mediaset/Antena 3.
La necesidad del servicio público pervive, como la urgencia de mejorarlo.

En defensa de TV3 y las autonómicas, pero con mejoras

Un grupo de profesionales e investigadores publica un informe en defensa de TV3 y defiende la consideración del servicio público más allá de la contabilidad y los argumentos económicos, además de denunciar los intentos del PP de acabar con el modelo de televisión pública.
Los firmantes del manifiesto reivindican el "modelo de éxito, ahora amenazado, que se debe preservar". Como beneficios principales citan la normalización del catalán y la dinamización de la industria audiovisual.
Tienen razón. La trayectoria de TV3, el liderazgo en audiencia (superior al 14% en septiembre y una cifra alrededor de su media, con varios puntos de ventaja sobre las grandes privadas) y su papel como renovador de los formatos televisivos e impulsor de la industria audiovisual catalana son innegables.
La mayor parte del sector audiovisual catalán no tendría ni la dimensión ni la calidad actual sin el motor histórico de TV3.
Los datos, el informe los califica de "economicistas", importan. Y mucho, más allá de la presión "legítima" -dice el estudio- de las privadas para hacerse con el 8% de la cuota publicitaria que mantienen las autonómicas con un descenso dramático.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Radio) tiene un presupuesto de 378 millones de euros para 2012 (260 de financiación pública y 84 de publicidad), cien millones menos que en 2008. Pero ha conseguido defender mejor su audiencia y hasta crecer con sus 6 canales para superar el 19% de la audiencia en Cataluña frente a unas privadas que bajan su cuota respecto al 50% que tienen en el mercado nacional por la resistencia de la audiencia de la autonómica catalana.

Sólo la Televisión de Galicia (TVG) y Aragón TV logran cuotas similares, aunque inferiores, pero superiores a la media de audiencia de las autonómicas.

TV3 también es líder en la televisión en internet, con un 22% de cobertura frente a un 14,5 de Telecinco y un 10,3% de Antena 3.

El informe defiende el modelo de producción propia de TV3 y justifica su presupuesto, la mitad que los de Mediaset o Antena 3, líderes del mercado, y una amplia plantilla de más de 2.600 trabajadores.

La radiotelevisión autonómica catalana cuesta 50 euros anuales por habitante (7,56 mill.) y 136 euros por hogar (2,78 mill.). Las subvenciones suponen 34 euros por habitante y 93,5 por hogar. La radiotelevisión catalana está entre las más caras de las autonómicas, con un coste medio de 30,6 euros por habitante y 83,7 euros por hogar, según la Forta.

Cataluña está en la franja baja del coste por habitante de la radiotelevisión pública, pero por encima de las televisiones regionales de Alemania o Francia.

Las subvenciones de las autonómicas vuelven a rondar este año los 1200 millones de euros, con una reducción muy baja respecto a la de RTVE o del resto de partidas de las administraciones públicas.

En la defensa de TV3 se echa en falta una visión crítica de la Corporación y propuesta para mejorar el servicio público audiovisual, imprescindible cuando aumenta la concentración televisiva con Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Antena 3 (con La Sexta), dueños de más de la mitad de la audiencia y del mercado publicitario nacional.

Las cadenas autonómicas tienen que sobrevivir, pero con reformas que las hagan más competentes, eficaces, independientes y con mejor servicio público. Más plurales y transparentes.

Se echan en falta esas propuestas en la defensa de TV3 y Catalunya Ràdio. El informe alerta de "poner en riesgo el frágil equilibrio actual y general una espiral de pérdidas de calidad, de audiencia y de ingresos que acabe por destruir, de manera irreversible, el modelo de la CCMA".

Entre las fortalezas de la televisión pública catalana están unos informativos líderes, la defensa de la lengua, los dos tercios de su presupuesto que gasta en producción propia y la innovación en formatos y tecnologías que muchas veces ha liderado.

Esa preservación también exige adoptar cambios en el modelo de televisión cuando el futuro es la convergencia con internet y adaptarse, como las cadenas privadas, a un entorno de algo consumo y audiencia pero menos ingresos, publicitarios y en subvenciones.
Pero también cuando la información, base fundamental del servicio público, corre peligro por el cambio editorial en RTVE, el impacto de los recortes en los de TV3 y el enfoque comercial de los telediarios de las privadas.

No me cabe duda que TV3 tiene los profesionales adecuados para hacerlo. Por eso es un poco desasosegante que la televisión de referencia en España en muchos aspectos no afronte las estrecheces y los anuncios de más recortes para replantearse a sí misma con ayuda de todos los expertos que están a su favor.

Antes del verano un grupo de periodistas planteábamos en la Asociación de la Prensa de Madrid nuevos modelos para el servicio público de radiotelevisión. Divididos entre defensores y quienes ya consideran ese servicio irrelevante, me ratifico en los siete puntos que entonces proponía:

1. Convergencia.
2. Independencia.
3. Sostenibilidad.
4. Red pública: producción y servicio público en red.
5. Contenidos públicos multipantalla.
6. Social y socializada.
7. Innovación e I+D en contenidos, tecnología y social.

Son también aplicables a la radiotelevisión catalana. TV3 lidera el cumplimiento de ellos en algunos casos y en otros tiene mucho por mejorar.
Ojalá el próximo informe sirva para defender el el empleo, la exigencia profesional, la calidad, el pluralismo, la independencia y tantos otros factores sin encerrarse en el inmovilismo y el temor ni renunciar a seguir mejorando el servicio público y su eficiencia social, informativa y económica. Para los ciudadanos hace más falta que nunca en un escenario de abundancia necesitado de criterios sociales de calidad.

El gran fraude de la televisión valenciana

Manos a la cabeza. Todos indignados. Invasión del plató y fundido en negro. La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) presenta un ERE para despedir a 1.295 de sus 1.695 trabajadores y ahorrar 54 millones en salarios. La radiotelevisión valenciana es el ejemplo del dispendio y la mala administración de lo público, con más de 1.300 millones de pérdidas y sólo un 25% de información valenciana, cinco puntos menos que la media de las autonómicas. Tiene el récord de informativos menos vistos en pugna con Telemadrid y la autonómica murciana, y la audiencia huye hasta quedarse sólo con un 4,2% junio, sólo por detrás de los 2,8 puntos de la televisión de Murcia, también controlada por el PP.

La radiotelevisión valenciana es el culmen de la política audiovisual fraudulenta del PP y el gobierno Rajoy. Al grito de privatización se olvida a los responsables de la debacle y de las pérdidas que asumen los ciudadanos: 1.300 millones de deuda.

Pero también se olvida la compra de programas a productoras externas bien relacionadas, a veces pagando cifras desorbitadas, cargando dos veces los gastos a la televisión pública y sin objetivos de audiencia; la contratación de personal “de confianza” sin las oposiciones y garantías obligadas por ley, el entramado de pagos a proveedores amigos, los derechos deportivos desorbitados y en muchos casos a clubes también bien relacionados con el poder autonómico.

Análisis completo en Estrella Digital

El PP hunde a la televisión pública

La televisión pública ha entrado en barrena. Los recortes presupuestarios en RTVE, la interinidad del consejo de la Corporación y de sus directivos hasta la elección de Leopoldo González-Echenique como presidente, y el comienzo de la privatización de las autonómicas, unido a cambios en sus direcciones y en la línea editorial de algunas hunden a la televisión pública en sus peores datos de audiencia.

Junto a ellas naufragan las cadenas afines al partido conservador nacidas en la TDT con altisonante programación política y crítica impenitente al ejecutivo de Zapatero. El gobierno de Rajoy no quiere tertulias ni espacios polémicos, como ha hecho saber por varios medios a los dueños de las televisiones. Sin la programación de la crispación, cadenas como Intereconomía, Veo TV o La 10 y muchos de sus programas dejan de tener sentido, la audiencia huye y las frecuencias se alquilan.

RTVE es la gran perjudicada entre las televisiones públicas. La televisión estatal ha perdido más del 15% de audiencia en lo que va de año y supera el 20% de junio de 2011 a 2012. Incluso sin el efecto de la Eurocopa en Telecinco, La 1 ya había perdido un 14,2% de audiencia de mayo a mayo. Un desplome sólo superado por Intereconomía y las cadenas más entregadas al PP: Canal Nou, Telemadrid y la televisión de Castilla-La Mancha.

Intereconomía ya no tiene a su gran enemigo en el gobierno y parte de sus espectadores desertan: ha perdido más de una quinta parte de su audiencia en el último año y un 26,7% desde enero, coincidiendo con los problemas del grupo y del diario La Gaceta.

El desplome de Canal Nou y Telemadrid es bochornoso. La televisión valenciana ha perdido una cuarta parte de su audiencia y la maltrecha cadena de Esperanza Aguirre supera unas pérdidas del 13% en el último año. La televisión de Castilla-La Mancha ha pasado de cuotas de audiencia del 7% hace un año a menos del 5 en 2012. Todos los telediarios de las autonómicas del PP han caído entre uno y dos puntos de audiencia media en el último año. Sólo TV3, Canal Sur, ETB y la Aragón TV esquivan tan abultadas pérdidas.

Sin dinero no hay audiencia, pero la gente parece haberse cansado también de las cadenas de la crispación. Con Rajoy en el gobierno la crítica se amansa en casi todas las televisiones y la credibilidad de muchas autonómicas sigue el mismo camino que su menguada audiencia.

Al hundimiento de los informativos de las autonómicas sigue el de las cadenas nacionales. Los telediarios de La 1 han perdido en el último año un 12,6% de audiencia y casi un 31% en este 2012. La segunda cadena en informativos, Telecinco, cae un 7,4% desde 2011 y Antena 3 un 4,6%: 400.000 espectadores menos de telediarios sin que los crecimientos en Cuatro (14,1%) o La Sexta (7,5%) compensen las pérdidas de los grandes informativos nacionales.

¿Hartazgo de la triste letanía de la crisis? ¿Fin de la crispación y resignación a los recortes en el estado del bienestar? La audiencia parece aburrida y cada vez menos interesada en la información. Los datos de los telediarios coinciden con una fuerte caída en la difusión de los diarios de información general y en su audiencia.

La televisión pública muere de inanición y falta de credibilidad. El gobierno de Rajoy desmonta un modelo sin que hasta el momento apunte una alternativa. La estrategia es adelgazar las televisiones públicas en presupuesto, audiencia y relevancia. La televisión de todos es cada vez menos rentable socialmente. El coste de los recortes no será sólo económico.

Columna en Estrella Digital

Golpe gubernamental a la televisión pública

El presidente de RTVE lo nombrará el gobierno con mayoría simple en el Congreso. Fin del tímido intento de independencia iniciado con la creación de la Corporación RTVE en 2006. Rajoy y el PP sentenciaron a la televisión estatal nada más llegar al poder y ahora formalizan su control con un presupuesto disminuido, sin rumbo, sin modelo de servicio público alternativo y sin pudor. El golpe gubernamental a la televisión pública se completa con la vía para privatizar las televisiones autonómicas, cerrarlas y repartir sus licencias, y acabar con los límites a la producción externa.

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Autonómicas competentes

Televisiones más eficientes, con mejor gestión del dinero público y abiertas a la competencia. Es el objetivo de la reforma de la ley audiovisual para permitir la gestión privada de las televisiones autonómicas en un mercado repleto de cadenas y oferta creciente en internet y las nuevas plataformas. Pero la Comisión Nacional de la Competencia avisa: es necesario establecer un tope a la financiación pública y a los pagos por derechos premium de las cadenas autonómicas (como el fútbol o el cine), además de garantizar una privatización abierta, sin discriminación y exquisita para no pasar de un exceso de televisión pública al beneficio de unas cuantas productoras privadas.

Competencia calcula que las televisiones públicas reciben un 30% de su presupuesto de las arcas públicas. Las autonómicas recibieron 2.000 millones de euros en 2010 y cuestan 30,6 euros por habitante y año, un 42% menos que la media europea. La huída de telespectadores les ha restado ingresos hasta lograr menos del 8% de la tarta publicitaria de televisión (frente al 85% del duopolio Telecinco/Antena 3) y un diez por ciento de la audiencia.

El proyecto del gobierno permite la gestión privada, que ya existe en las autonómicas más jóvenes mientras en el resto hay mucha producción externalizada, y elimina los límites a la producción. Competencia alerta: cuidado con adjudicar la gestión y programas de las autonómicas a grupos afines políticamente o sin suficiente control, como ha ocurrido en casos de corrupción como la Gürtel. Tres grandes productoras –Vértice 360, Mediapro y Secuoya- controlan la producción de las televisiones públicas directamente o a través de filiales autonómicas. El resto de grandes grupos de comunicación pugnan por el resto de la programación.

Reformar las autonómicas debería hacerlas más eficientes económicamente, pero también más plurales y transparentes. Sin inflar el mercado de derechos ni la propaganda. A Competencia sólo le ha faltado reclamar expresamente más independencia política.

Columna en los diarios de Vocento

¿Quién pagará 30 euros por la TV autonómica?

Forta 2012

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Las autonómicas se reivindican: como servicio público, por sus informativos, su contribución a la industria audiovisual y la defensa y promoción de las autonomías, con la lengua, la cultura y la cobertura territorial como principales valores. Todo por 30,6 euros por habitante y año (83,73 euros por hogar en 2010), un 30% menos de la media europea de 42,4 euros.
El presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Pablo Carrasco, presentó un informe sobre las cadenas autonómicas que responde a otro anterior de Uteca (la patronal de las privadas) y a las declaraciones del gobierno. Carrasco afirmó que están “dispuestos a todo en el objetivo de garantizar el servicio público de televisión y de radio” frente a la privatización decretada por el gobierno.
¿Tiene futuro una televisión tan cuestionada social y políticamente?
Hablar de la televisión pública es desatar pasiones políticas. La obsesión del PP contra RTVE y la larga historia de utilización partidista de las cadenas públicas las convierte en objetivo de todos los ataques. ¿Pero tienen sentido las autonómicas en la era de la fragmentación y la saturación audiovisual?

Las autonómicas tienen un 10% de audiencia media. En Cataluña sube hasta el 15% y en Galicia, Aragón y Andalucía superan ese registro. La televisión pública acaparó en 2010 el 34% de los ingresos totales de las televisiones y las autonómicas lograron el 19,3%. Facturaron 226 millones de euros de publicidad -11% del total- y cayeron hasta el 8,8% en 2011, un 8,85% de la publicidad televisiva (Infoadex). Esa diferencia entre costes, a los que se suman dos mil millones de subvenciones, y audiencia es para muchos la prueba de su ineficiencia. Para sus defensores, el coste del servicio público.

¿Quieren los espectadores pagar 30 euros anuales por la televisión autonómica? ¿Para qué? El coste de las autonómicas debe bajar. Como el resto del sector audiovisual, deben ajustar sus costes y oferta en un mercado saturado. Pero sobre todo hay que redefinir el servicio público. Cuatro deberían ser los ejes principales: contenidos de calidad e interés público, lengua y contenidos propios, independencia política e impulso del sector audiovisual.

Las autonómicas defienden que cumplen en un 80% el servicio público. Pero sólo el uso de las lenguas propias, donde existen, y los informativos son razones claras. Los informativos son el 29% de la audiencia de las autonómicas -45% en TV3, 39% en TVG o 38% en Aragón- frente a un 16% en las privadas.
Ninguna cadena ha conseguido demostrar independencia política con una estructura que la garantice. Sin embargo, la distancia entre las más prestigiosas a las más denostadas es enorme. Algunas como TV3 mantienen reputación profesional mientras la valenciana Canal 9 o Telemadrid encabezan las protestas por manipulación.

Son un motor para el sector audiovisual. Sin RTVE y las autonómicas, la industria audiovisual sería mucho menor. Han obligado a la descentralización de la producción e invierten más de 265 millones de euros en las productoras nacionales. La reforma de la televisión pública defendida por el gobierno implica una fuerte reestructuración de todo el sector audiovisual para el que no se adivina una visión de conjunto.
Es la hora de la responsabilidad, para las televisiones públicas, el sector audiovisual y los políticos. Hay mucho espacio para la reforma audiovisual y del servicio público en la era digital. Pero lo importante es definir qué debe garantizar y con qué recursos. El resto es política.

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Un telestado sin control y privatizado

El telestado de Rajoy comienza a sintonizarse. La vicetodo Santamaría ha anunciado que no habrá Consejo Audiovisual (CEMA) y que posiblemente se integrará con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El desmantelamiento de las televisiones autonómicas comienza con la posibilidad de externalizar y convertir en privados los informativos y otros contenidos hasta ahora de servicio público. Ahorro y eficiencia por un lado y no tan claro por el otro.
Soroya Sáenz de Santamaría citó la no creación del Consejo Audiovisual como fórmula para ahorrar siete millones de euros presupuestados para este año. Pero el CEMA hace más falta que nunca cuando la convergencia de televisión y banda ancha anuncia la era de la televisión conectada y el gobierno plantea la reforma del telestado con la reducción de la financiación de RTVE, la reforma de las autonómicas, el duopolio de Telecinco y Antena 3 en la televisión en abierto y el crecimiento de la televisión de pago con la mayoría de los derechos de los programas más demandados en unas pocas manos: el cine en Prisa y el fútbol en Mediapro. Una situación de oligopolio y atípica en Europa.
Repensar el telestado, reformar y hacer más eficaz y sostenible el servicio público (si es que sigue existiendo), crear las condiciones para aumentar la oferta multimedia de la convergencia y promover la industria de la producción y los contenidos, son trabajo bastante.
La CMT ya lo advirtió en su informe de 2009 sobre la Ley Audiovisual. Entonces se fijaba el ahorro en 34 millones de euros, más cercano a la realidad y a los costes de otros reguladores europeos. Ahorrar dinero y hacer un regulador para la convergencia son objetivos compatibles.
El plan de privatización de las televisiones autonómicas comienza eliminando los límites a la producción privada. Informativos de producción privada y fin de las limitaciones del servicio público a la programación externalizada. El objetivo fundamental es rebajar el coste de las plantillas de las públicas. Pero esa medida provocará más paro y pagar con dinero público los recortes de personal.
La mayoría de las televisiones públicas, de RTVE a las autonómicas, ya externalizan en grandes productoras como Vértice 360, Mediapro o Secuoya gran parte de sus operaciones informativas y muchos programas. La desaparición de las limitaciones debería ser compatible con la promoción y fortalecimiento de la industria de la producción, no concentrar en exceso los contratos y asegurar la calidad e independencia de los programas de servicio público.
Repensar los contenidos públicos con un nuevo servicio audiovisual, reorganizar las frecuencias de la burbuja de la TDT –como ha pedido Uteca- y mejorar la coordinación y colaboración entre las televisiones públicas, merecen una autoridad independiente.
Garantizar esos objetivos es tarea suficiente para un regulador profesional y no sujeto a intereses políticos ni económicos.

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Cómo desmantelar las televisiones autonómicas

El gobierno de Rajoy cumple su promesa y prepara la reforma de la Ley Audiovisual para permitir la gestión privada en las cadenas autonómicas. Es el principio del desmantelamiento de un sistema ineficiente, caro e insostenible. Pero la fórmula elegida por el ejecutivo pasará la factura de la reestructuración a las arcas públicas y beneficiará a grupos que no han conseguido sus objetivos económicos y de audiencia en la burbuja de la TDT. Ni cierre ni redefinición del servicio público audiovisual en la era digital.

¿A quién beneficia la gestión privada de los canales públicos?

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La amenaza de TV3

TV3 amenaza: el recorte de un 13% en la aportación de la Generalitat de 260 millones de euros anuales obligará a abandonar el fútbol en abierto. La crisis de las autonómicas llega hasta TV3, líder de audiencia en Cataluña y, como el Barça, más que una televisión. Un proyecto hasta ahora intocable, sostenido por todos por su importancia cultural y política. La líder de las televisiones autonómicas públicas no está a salvo de una crisis de audiencia y negocio que revela los excesos y el gigantismo de un modelo insostenible.

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Gana la TV privada

Las televisiones privadas ganarán las elecciones del 20-N. Si los sondeos se confirman, el PP se apresurará a poner en marcha sus principales demandas: continuar la reforma de la televisión pública con las autonómicas y que los anuncios no vuelvan a RTVE. El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, promete a los dueños de la televisión comercial atender sus demandas y fusionar la Agencia Efe con RTVE. Ganan la televisión privada y unas arcas exprimidas por los 536 millones de pérdidas en 2010 de las cadenas públicas (casi 500 millones de las autonómicas).

González Pons no explica la responsabilidad de sus gobiernos en algunas de las autonómicas más onerosas, con deudas de 1.200 millones en la valenciana Canal 9 o de 240 millones en Telemadrid. Es difícil creer al PP. Su programa es ambiguo y avanza en la privatización de las autonómicas sin definir si mantendrá la titularidad pública. Pons prometió también el fin de la financiación obligatoria del cine español con el cinco por ciento de los ingresos de la televisión privada porque las cadenas son ya el gran pilar de la industria audiovisual.

La televisión pública actual no es sostenible, tanto por la abundancia de canales ni por su coste de casi 2.300 millones de euros al año en subvenciones. El PP asume la propuesta de la patronal para crear un solo canal autonómico con desconexiones territoriales, un modelo ya existente en Alemania y Gran Bretaña, y está dispuesto a discutir el fin de la publicidad, como en RTVE.

La televisión estatal está entre las más baratas de Europa, con 68 euros por hogar y año frente a cien de las autonómicas. Los nuevos gobiernos regionales ya han empezado a rebajar sus aportaciones, pero no es suficiente.

El PP asume un cambio de modelo que requiere consenso y discusión. El telestado no puede ser una discusión perenne. Se enfrentan dos modelos sin abordar las necesidades de un nuevo servicio público digital y de una reestructuración de la industria audiovisual para un futuro multiplataforma y bajo demanda.

Columna en los diarios de Vocento

Fin del sueño audiovisual autonómico

La televisión autonómica se ahoga. Se acumulan recortes en los presupuestos, denuncias de mala gestión, sueldos abusivos y partidismo. La televisión pública sigue sufriendo el huracán del debate político, pero nadie parece dispuesto a realizar una reflexión seria para definir un nuevo servicio público en la era digital, sostenible, de valor social y tapando de una vez el tubo de escape de la máquina de propaganda. La crisis de las autonómicas amenaza a un sector audiovisual muy dependiente del dinero público.

Tablas de Uteca/Deloitte

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La televisión pública se hunde

La crisis arrecia sobre las televisiones públicas. RTVE vive en la inestabilidad con un presidente cada mes y una financiación precaria. Las autonómicas pierden audiencia y publicidad y multiplican sus pérdidas. Con la mayoría del poder autonómico en manos del PP y CiU empeñada en recortes en los servicios públicos, la situación de las cadenas públicas vuelve a ser insostenible. Mientras Gobierno y Comunidades disputan quién aprieta más sus finanzas, la falta de consenso político vuelve a bloquear la solución a un modelo insostenible. Una gran burbuja producto de la ambición política.

En 2010 las televisiones públicas costaron 2.013 millones de euros a los españoles, 2.288,85 millones con la radio. Tras la pérdida de casi 500 millones de facturación publicitaria de TVE, las autonómicas solo recaudaron 247,5 millones (datos de la CMT), muy por debajo de su coste. La deuda de las autonómicas sigue engordando y los seis primeros meses de 2011 aumentan el desastre. Solo 116 millones de facturación publicitaria, un 21,9% menos que el año pasado y muy lejos de la caída media del 5,4% de las televisiones nacionales en abierto (cifras de Infoadex), con unos ingresos de 1.069 millones de euros.

El PP insiste en enviar mensajes por una privatización no permitida por la ley mientras bloquea RTVE y recupera a periodistas de cabecera para controlar un instrumento de propaganda cada vez menos eficiente. La audiencia de las autonómicas baja del 10% y solo en Cataluña, Galicia y Andalucía supera esa cuota. Telemadrid o la valenciana Canal 9 caen al 6% y el canal principal de ETB alcanza el 7,7%. El sector anuncia el hundimiento de la producción de programas para esos canales, que revenden derechos adquiridos en época de vacas gordas.

Es hora de un consenso sobre el servicio público en la era digital. Sin publicidad,
independiente de los partidos y con financiación transparente, más colaboración interterritorial y centrada en la información, la divulgación, la cultura y los contenidos que aseguren la pluralidad lingüística y social. El resto es propaganda.

Columna en los diarios de Vocento

Manifiesto por un nuevo servicio público audiovisual

Un grupo de ciudadanos, periodistas, académicos, profesionales de la televisión y organizaciones sociales promueve un Manifiesto en defensa de RTVE para garantizar el "derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital".
Una iniciativa para defender un modelo sostenible para la televisión estatal, tanto en su financiación como en su desempeño del servicio público audiovisual. Una reivindicación frente a las decisiones del gobierno del PSOE durante los últimos años en cuanto a financiación y modelo audiovisual con la TDT, las llamadas del PP a reducir el tamaño de RTVE y a privatizar algunas autonómicas, y las demandas de las cadenas privadas para acabar con la publicidad en las públicas y rebajar su competencia.
En los ocho puntos del manifiesto promovido por Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; Enrique Bustamante y Agustín G. Matilla, catedráticos de Audiovisual; sindicatos, asociaciones de usuarios y consejeros de RTVE destaca la defensa del servicio público con los suficientes recursos, un sistema profesional y de rentabilidad social, una financiación suficiente para una oferta de calidad y una participación "activa en el desarrollo de la Sociedad de la Información" con nuevos servicios interactivos, móviles y multiplataforma.
Interesante, pero no suficiente.
Coincido con muchos puntos de la crítica a la financiación de RTVE, la creación de un modelo insostenible de televisión y la falta de visión de la Ley Audiovisual en la era de la convergencia.
Pero el manifiesto debería ser también crítico con la televisión pública, avanzar más en la definición de un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, la integración de televisión estatal y autonómica, y ahondar en un modelo de financiación que no puede estar desconectado de las subvenciones a los contenidos y producción audiovisual ni del resto de contenidos digitales.
Gran parte de las polémicas de la ley Sinde, el canon digital, la neutralidad de la red y del plan de contenidos digitales anunciado, podrían evitarse con claridad en la definición del futuro del servicio público.
Repensar el servicio público en la sociedad de la información no es seguir centrados en la televisión sino en el acceso de los ciudadanos a los contenidos. Es promover un modelo de acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura, la ciencia y la información de servicio público. Un procomún para la sociedad de la información. Los ciudadanos ya no distinguen entre pantallas, cuando todo es digital y el modelo de financiación pública de los contenidos está disperso entre varios ministerios, organismos y administraciones, es hora de hacerlo más eficiente.
La eficiencia del acceso a los contenidos pasa por garantizar el acceso a las plataformas digitales con:
Un servicio universal de banda ancha gratuito para los contenidos y servicios públicos incluido dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones: educación, salud, administración electrónica y contenidos públicos.
Acceso a los contenidos de dominio público: culturales, científicos, archivo, etc.
A los contenidos educativos, culturales y científicos financiados con dinero público: licencias de uso y cita más amplias y modelos de consumo más abiertos y participativos, sin las restricciones actuales de derechos, para su uso no comercial.
Un plan de contenidos y servicios públicos para la convergencia que reduzca la dispersión actual y aumente su visibilidad con la creación de una plataforma pública: un Google de los contenidos y servicios públicos.
Coordinación y colaboración entre la oferta estatal y autonómica para optimizar los recursos públicos, aumentar la integración cultural, y mejorar la información y el conocimiento de las culturas y lenguas del Estado.
La televisión no es suficiente. Su tiempo ha pasado y en la era de la convergencia multimedia y multiplataforma el desafío es llegar a una sociedad del conocimiento y no quedarse en la del entretenimiento.
Un nuevo modelo de financiación, rentabilización social y acceso a los contenidos públicos y sociales que ayude a acabar con la sensación de dispendio de recursos públicos, muchas veces repetidos y redundantes entre administraciones, otras asignados sin transparencia y sin que los ciudadanos tengan conciencia de su uso o no puedan disfrutarlos.
En el debate sobre el servicio público seguir empeñados en la disputa entre televisión pública y privada es estéril. Los medios privados tienen hoy oferta de sobra en entretenimiento y grandes espectáculos sin que los públicos tengan que garantizarla. Aumentar y garantizar la competencia, sin volver a una concentración abusiva como está volviendo a ocurrir, con el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios, es suficiente.
El servicio público debe ser valioso y concentrarse en la oferta informativa, cultural, científica, infantil y social no cubierta adecuadamente por los medios privados, pero además ser el vehículo de acceso para los contenidos y servicios pagados por los ciudadanos. Además de liderar o impulsar la innovación en contenidos y formatos.
El servicio público aún tiene sentido, pero debe evolucionar y atender a las nuevas demandas sociales y de la convergencia. Sin miedos, pero con responsabilidad, probidad y visión de futuro.

Adelgazar la televisión autonómica

En las televisiones autonómicas están preocupados. La catalana TV3 teme una reducción de su presupuesto con el nuevo gobierno de CiU. Telemadrid escucha a la presidenta Esperanza Aguirre repetir sus ganas de privatizarla. En la vasca ETB la secuela de tantos años de dirección del PNV aún divide. En el resto siguen los ajustes por la falta de dinero de las autonomías.
Y la audiencia huye: si a final del primer año del apagón analógico llegaron a mínimos históricos, en enero han vuelto a perder espectadores y sólo TV3, TVG y Canal Sur superan el diez por ciento de la audiencia.
Sólo las elecciones de mayo frenan más ajustes por su uso político mientras las privadas piden el fin de la publicidad, a imitación de RTVE. Cada vez más dudan de su sentido y, sobre todo, de una televisión tan parecida a las cadenas comerciales.

Columna completa en Estrella Digital

Las autonómicas encarecen la TV pública

La televisión pública en España está entre las más caras de Europa si se compara con los países que pagan una tasa por la televisión pública. Las autonómicas encarecen la factura. RTVE cuesta 34 euros al año por hogar, muy por debajo de la media europea, pero las autonómicas se disparan hasta los 110 euros, con el máximo en Baleares (219 euros) y el mínimo en Madrid (57), según los datos de Uteca.

En total, 144 euros por hogar. Más barato que la BBC o las televisiones alemanas y más caro que las francesas e italianas.

El otro dato importante es la baja penetración de la televisión de pago con un mapa audiovisual con una amplia oferta gratuita con la TDT.

Un gráfico de OfCom al que he añadido el coste en euros sobre la licencia en libras.

TV3alacarta, servicio público multiplataforma

Servicio público multiplataforma: estar dónde está la gente y donde consume contenidos audiovisuales. Sin limitaciones geográficas ni de pantallas como en la televisión convencional, regulada y acotada políticamente.
Es la propuesta de la televisión catalana TV3 que acelera en su política de innovación audiovisual con el nuevo TV3alacarta y amplía el servicio público sin pararse en el debate sobre el papel y la financiación de las televisiones autonómicas.
TV3 aún no es rentable en internet. Pero su principal problema es de falta de vídeos para aumentar la publicidad. Santiago Miralles, gerente de CCRTV Interactiva, y Oleguer Sarsanedas, director de Contenidos para Nuevas Plataformas, explicaron hoy en Madrid que el aumento del servicio público junto el crecimiento de consumo y audiencia valen la pena.
Tanto que con su nuevo TV3alacarta, el servicio de televisión por internet con una interfaz interactiva (información para el usuario) y social (conexión con las redes sociales), ha conseguido superar los 310.000 vídeos vistos al día en diciembre, más de 1,2 millones de horas de vídeo. Una cifra muy importante comparada con sus 99.000 usuarios únicos diarios y 800.000 páginas vistas (OJD), más de tres vídeos por usuario y día.
La oferta OTT alcanza ya los 220 vídeos al día, con predominio de los informativos pero con una apuesta clara por ofrecer toda la programación de la que se tienen derechos e incluso estrenando programas en internet -como han hecho también otras cadenas en España- para aumentar su audiencia y la expectación.
TV3alacarta está en casi todas las pantallas. Y la respuesta es buena. En el último trimestre de 2010 ha distribuido una media diaria de 53.000 vídeos a través de videoconsolas como PS3, 43.000 en móviles iPhone, 31.000 en las televisiones conectadas a internet y 26.000 en iPad.
Como en otros productos y mercados, el iPad y las televisiones conectadas son las preferidas para el consumo, con una media de 12 minutos diarios que baja hasta 8 en las consolas y algo más de 6 en los móviles. Tanto las tabletas como los televisores siguen concentrando el consumo y el prime time, mientras el consumo en móviles se concentra más en los vídeos informativos, deportivos y de corta duración.


El desafío para TV3 es sostener un servicio público conectado, ubicuo y social. Una extensión del servicio público de radiotelevisión que supera las limitaciones geográficas de la TDT y se olvida de la obsolescencia del mapa de frecuencias y de la Ley Audiovisual recientemente aprobadas.
Pero sus responsables no se olvidan de proclamar que están preparados para redimensionar el servicio público si así lo decide el Parlament y la Generalitat de Catalunya en un momento de crisis y con dificultades financieras.
TV3 disfrutó de un presupuesto de 405,5 millones de euros en 2010 y fue líder de audiencia en Cataluña con más de un 15% de cuota. CCRTV Interactiva superó los 12 millones de euros y Activa Multimèdia, la empresa de desarrollos tecnológicos, contó con 5,55 millones más.

El servicio público y las necesidades comerciales marcan la política de TV3 con las redes sociales: aumentar audiencia sin ceder datos de los usuarios, control y espacio público. Marc Mateu, jefe de Contenidos Multiplataforma, explica que "vamos a donde está la audiencia y estaremos en YouTube o Facebook si tienen más usuarios que TV3". Por ahora no preocupa la privatización del espacio público derivada del dominio de las redes sobre la conversación y la participación en internet, pero TV3 quiere que los usuarios vayan a su web para aprovechar su consumo digital y sus datos.
¿El futuro? Seguir trabajando en estándares para la televisión híbrida -se quejan del poco liderazgo de las televisiones españolas en consorcios como HbbTV- y estar en todas las pantallas porque según  Miralles, "una vez que hemos desarrollado aplicaciones e interfaz para iPad o televisiones conectadas, ampliar nuestro contenido en otras no necesita gran inversión ni esfuerzo tecnológico".

Reflexiones de Gonzalo Martín en La nueva industria audiovisual

Telestado lingüístico

A vueltas con las lenguas, en el Senado y en las televisiones. Unos se escandalizan porque en la cámara territorial se hablen diferentes idiomas oficiales y el gobierno abre el debate sobre las televisiones autonómicas sin lengua propia. El telestado sufre. En la revisión total que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hace de las últimas decisiones de la ex vicepresidenta De la Vega, el mapa televisivo, el servicio público y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales -al fin en convergencia con la CMT- están sobre la mesa.

¿Sirven para algo las autonómicas? Políticos como Jáuregui o Duran i Lleida lo cuestionan. Las cadenas comerciales reclaman su desaparición o que se limiten a cumplir un servicio público reducido con una financiación similar a la TVE sin publicidad.

El debate es viejo. Entre las promesas de la TDT estaba la televisión de proximidad, nueva generación de la fracasada televisión local. Los canales autonómicos y locales privados sufren con poca audiencia y menos ingresos. Muchos no han llegado a nacer. El sector acusa a los más de 1.800 millones devorados por las autonómicas –un millar de publicidad- y los 110 euros que cuesta a cada hogar: 219 en Baleares, 191 en Euskadi, 114 en Cataluña o 105 en Galicia (datos de Uteca). Una audiencia media de 11,3% en 2010 con TV3 como líder con un 15%, TVG o Canal Sur con más del 12 y el resto por debajo del diez. Sólo las cadenas con lengua propia y la andaluza compiten con las grandes televisiones nacionales.

La lengua es un valor de las autonómicas no cubierto por la oferta privada. ¿A eso se limita el servicio público? El problema está en el uso político de la televisión pública y su competencia con las privadas. El servicio público no entiende de lenguas, pero sí de independencia y calidad. Esa es la rentabilidad social de la TV pública en cualquier idioma. La pregunta es si con lengua propia o sin ella, existe una función para las autonómicas y si el férreo control partidista cumple con los ciudadanos o sólo con sus dueños políticos.

Columna en los diarios de Vocento

Lo que cuesta y para qué la televisión pública

144 euros por hogar. Es el coste de la televisión pública en 2009 según el IV Informe Económico sobre la Televisión Pública en España, realizado por Deloitte y encargado por Uteca, la patronal de la televisión privada.
Un coste similar al de la televisión pública europea, pero que se hace enorme cuando se piensa en las pérdidas de 772 millones de euros, un 8% menos que en 2008, pero muchísimo, y más en tiempos de crisis.
Las subvenciones  ascienden a 1.362 millones, un 26% más que en 2008.
RTVE cuesta 34 euros por hogar, bajo respecto a las grandes televisiones públicas europeas, pero las autonómicas se disparan hasta 110 euros. El coste oscila de los 57 de Telemadrid a los 219 de Baleares y muestran de nuevo dos tendencias:
Las primeras autonómicas con lengua propia mantienen un coste elevado con una herencia de estructuras sobredimiensionadas.
Las nuevas televisiones autonómicas, con mucha tercerización y estructuras más pequeñas, no rebajan costes por igual en todos los casos. Algunas son muy onerosas y más si se compara con sus audiencias.
El coste de las televisiones públicas debe tener muy en cuenta el GRP social, su rentabilidad social. Esa rentabilidad no está reflejada en el informe, pero la opinión general es que deja mucho que desear en gran parte de las autonómicas, demasiado lastradas por el control político.
Con el nuevo escenario digital de convergencia entre pantallas y con un mercado tan abierto como el que ha provocado la TDT, las televisiones públicas y los políticos deben redefinir el concepto de servicio público para aumentar la oferta de contenidos públicos y de verdadero servicio público sin colisión con las privadas.
El otro elemento de reflexión para todos es la información. Los telediarios públicos ganan a los de las cadenas privadas. Un servicio público cada vez más importante cuando las privadas invierten menos en información y sus contenidos se han más sensacionalistas y frívolos.
El servicio público aún es necesario, pero convertirse en una oferta digital de contenidos de dominio y servicio público es una necesidad tan importante como racionalizar y ajustar sus costes. Financiación por resultados y objetivos, no para mantener grandes estructuras.