Del zapping a la televisión bajo demanda

Televisión y móvil. Es la receta de las telefónicas para ganar mercado. La batalla por los usuarios está en la convergencia y los dispositivos inteligentes, los que permiten mayor acceso y selección de contenidos y servicios. Telefónica, Ono y Orange rebajan el precio de la banda ancha y confían en la televisión para atraer clientes. La migración hacia las nuevas pantallas y la convergencia de televisión y banda ancha se acelera y anuncia un nuevo cambio en el mapa audiovisual, agotado de zapping.

 Columna completa en Estrella Digital

El audiovisual conquista internet

Internet se hace audiovisual. La era del hipertexto comienza a dar paso a una nueva edad audiovisual donde el texto es el código y el soporte para los contenidos y aplicaciones de vídeo. Los últimos datos de Cisco confirman tendencias de uso ya avanzadas.

El vídeo supera al P2P en el tráfico de internet, un tercio de los 50 principales sitios en volumen son audiovisuales (de internet TV a videojuegos pasando por vídeo social).
Los servicios audiovisuales como la telefonía en internet, las videoconferencias y videochats (VoIP tipo Skype, etc.) duplican su volumen de tráfico a un 2% del total, seis veces más que el tráfico de correo electrónico, chats y mensajería instantánea juntos.

Otro de los servicios de mayor crecimiento es la música en streaming (Yes.fm, Spotify, etc.), que ya ocupa el 2% del tráfico.

Diferentes prime time de vídeo y navegación web. El prime time de internet continúa concentrándose en las mañanas, de 9 a 1, pero el prime time de vídeo es entre las 9 y la 1 de la noche, cada vez más parecido a la televisión.

El pico de uso en la web demanda un 72% más de tráfico que el de una hora de consumo medio. Un aumento de casi el doble respecto al año pasado que indica la mayor preferencia por contenidos audiovisuales, los mayores consumidores de ancho de banda.

El 1% de los usuarios de banda ancha consume más del 20% del tráfico total de internet. El diez por ciento de los usuarios acapara el 60% del tráfico, persiste una diferencia enorme entre los usuarios intensivos, mayores consumidores de vídeo, streaming, P2P, etc. y el resto.

Los datos de consumo de banda confirman algunas tendencias para los medios digitales:

• Evolución hacia los contenidos y servicios audiovisuales, todavía de menor intensidad de consumo, pero con mayores costes de producción y distribución.
• Mayor pervivencia y durabilidad de los contenidos audiovisuales: consumo menos frecuente.
• Aumento de la publicidad en vídeo, con una nueva cadena de valor y cambio en el sistema de comercialización para muchos medios, especialmente diarios y revistas. 
• Diferentes prime time en función de los contenidos: necesidad de multiedición.
• Diferenciación de productos y consumo para internautas intensivos y el resto.
• La navegación por la web se mantiene como el principal destino de los usuarios, con mayor frecuencia y desde cualquier pantalla.
• La diversidad del tráfico en internet refuerza la importancia de la neutralidad de la red para el desarrollo de nuevos medios y servicios.

El cuidadoso plan de Telefónica contra la neutralidad de la red y las tarifas planas

Fin de las tarifas planas con igual servicio para todos. La futura banda ancha fija se dividirá por calidad de servicio (QoS) -discriminación del tráfico y el acceso a servicios y contenidos en función del tipo de contrato con las operadoras- y por el consumo de datos, en lugar del consumo ilimitado actual en los accesos fijos.

El cambio de la estructura del mercado mayorista (entre operadoras) gracias a la implementación de nuevas tecnologías capaces de discriminar el tráfico es el primer paso para acabar con la neutralidad de la red. Permitirá ofrecer diferentes contratos en función del consumo y la calidad de acceso a los contenidos y servicios elegidos por los usuarios.

En definitiva, sustituir la internet abierta actual por una red de acceso público y otras de pago: plataformas digitales de acceso y contenidos premium. Una internet parcelada y más cara.
Es el objetivo de las operadoras de telecomunicaciones para ingresar más de los usuarios y conseguir su parte del negocio de los contenidos y servicios por internet, especialmente de la televisión y el vídeo, las descargas (P2P o directas) y la telefonía por internet (VoIP), pero también de las nuevas ofertas de geolocalización, realidad aumentada, telemedicina, etc.
Es la estrategia de la propuesta de Telefónica (pdf) a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) -vía Bandaancha.eu- para los nuevos servicios ethernet de banda ancha (NEBA) que irán sustituyendo sobre fibra óptica (FTTH) y ADSL a los actuales.
Una modificación del mercado mayorista apoyada por las operadoras que utilizan su red para ofrecer banda ancha (Orange, Vodafone, Jazztel, BT y Ono) y que podrán diseñar así sus propias plataformas premium, tanto de calidad como de paquetes de contenidos. Al margen quedan las operadoras regionales de cable que no utilizan la red del ex monopolio y que ya ofrecen contenidos diferenciados, tanto televisión de pago como otros servicios.
La ofensiva de Telefónica para cambiar el sistema de acceso, consumo y precios de internet está cuidadosamente planificada y sincronizada. El 8 de febrero su presidente César Alierta cargaba contra la neutralidad de la red. El 16 de febrero, la CMT recibía la propuesta de Telefónica. Un día antes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya se pronunciaba a favor de revisar la neutralidad de la red. Los cajones del ministerio alojaban ya estudios de las operadoras y de consultoras del sector sobre la necesidad de acabar con las tarifas planas, cobrar a los grandes de internet, convertir el modelo abierto de internet en mercados bilaterales (con acuerdos entre proveedores de acceso y de contenidos), y forzar la revisión de la neutralidad de la red.
En marzo la consultora Deloitte publicaba un informe cuestionando la neutralidad de la red y en abril y bajo presidencia española, la Unión Europea reducía la neutralidad de la red a la transparencia de contratos con discriminación de acceso y consumo en la Declaración de Granada para la Agenda Digital Europea.
En marzo, Telefónica publicaba un monográfico sobre las redes de nueva generación y la necesidad de cambiar la regulación. Los argumentos económicos y tecnológicos coinciden con su propuesta a la CMT.
La suerte está echada y la neutralidad de la red en sentido amplio, condenada. Como tantas veces en temas económicos, algunos datos y reflexiones se dan como hechos inquebrantables, cuando la realidad es que internet sigue siendo para las telefónicas un gran negocio. No parece que haya demasiada prisa en ganar todavía más y menos que sean los clientes y la capacidad de innovación quienes deban aumentar el valor en bolsa y los beneficios para los accionistas de las grandes telecos.
Se impone el modelo Tony Soprano en internet, como fue bautizado por Tim Wu, uno de los teóricos de la neutralidad: a las empresas de internet, paga y tus servicios llegarán más y mejor a más clientes; a los usuarios, paga y accederás más rápido y con mejor calidad a lo que deseas de la red.
El modelo de la televisión de pago para los usuarios, pero con una gran diferencia para los proveedores de contenidos: cobran a las plataformas de pago por estar en el cable o en el satélite, mientras en la internet premium pagarían por ofrecer sus servicios con la mayor calidad.

La propuesta de Telefónica y las operadoras plantea tres niveles de calidad de servicio:
"Best effort, Oro y RT (real time). Las dos primeras permiten ofertas minoristas de acceso a internet así como otros servicios a empresas, mientras la última permite aplicaciones minoristas que requieren valores más acotados, siendo la telefonía basada en IP (VoIP) el caso más característico".
La calidad de tiempo real (RT), la más cara y la que garantizaría servicios avanzados y de alto consumo de banda, está orientada a aplicaciones multimedia en tiempo real.
La calidad Oro sería la diseñada para entornos de empresa sin retardos ni pérdidas de información. En caso de congestión en la red estos datos tendrán prioridad sobre los datos de usuarios residenciales.
La calidad Best Effort es principalmente para el acceso particular a internet. El único requisito que cumpliría sería la entrega sin errores, pero no garantiza la calidad de servicio óptima para servicios de alto consumo.
Las tarifas y los contratos se dividirían en la calidad de acceso contratada y el consumo que se realice, cuando hasta ahora se paga sólo por la tecnología de acceso y la velocidad. Una oferta que Telefónica ha lanzado en Gran Bretaña y que ya es habitual en otros países europeos.
La CMT todavía debe aprobar estos cambios, pero su valoración de la propuesta es positiva a la espera de una oferta de precios.
El nuevo servicio de banda ancha sentaría las bases para el desarrollo de las nuevas plataformas digitales de pago, defendidas en Europa y en Estados Unidos con la connivencia de gitantes como Google, Apple, las telefónicas y los grandes fabricantes de electrónica de consumo.
Para los medios y los creadores de contenidos y servicios es una grave amenaza, como explicaba hace unos meses en un artículo para Cuadernos de Periodistas, la revista de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Las plataformas amenazan la riqueza de la web y la economía de la abundancia. El cambio tecnológico, de negocio y regulatorio parece imparable. Es el momento de la movilización ciudadana, de los gobiernos y de extender el concepto de servicio público a internet.
El argumento de las telecos de que el 20% de los usuarios acaparan el 80% del tráfico de internet sirve para justificar los contratos transparentes y con condiciones de servicio claras que exige garantizar la Comisión Europea. Pero también para crear un nuevo servicio público digital de acceso y contenidos: gratis y con contenidos y servicios públicos y ciudadanos, que garantice el derecho universal a internet y no penalice las ofertas premium y de mayor calidad de las operadoras.
Una reforma del servicio público de radiotelevisión y del servicio universal de telecomunicaciones que haga efectivo el acceso universal y gratuito para los contenidos que son de todos, de la eAdministración a los contenidos de dominio público.
Sólo con una garantía democrática y universal de una internet pública y abierta sería soportable la amenaza a la red de los Sopranos de las telecos.

La TV y los precios del móvil preocupan a Europa

Los excesivos precios de la telefonía, sobre todo los móviles, la nueva Ley Audiovisual y la financiación de RTVE con cargo a las telecomunicaciones preocupan a la Comisión Europea. El Informe sobre el Mercado Único Europeo de Comunicaciones Electrónicas vuelve a denunciar el poder del ex monopolio Telefónica, la obsesión política con la televisión, la confusión de leyes y normas, y la lentitud en el crecimiento de la banda ancha, móvil y fija, como los principales problemas en la sociedad de la información.
La Comisión está preocupada por las trabas de los estados y los antiguos monopolios a un mercado único de telecomunicaciones más competitivo, barato y con mejores servicios.
En su informe sobre España, la Comisión pone el acento en los cambios legislativos y en la regulación del último año para denunciar la confusión entre las competencias del gobierno, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y las administraciones locales y autonómicas. Un escenario con demasiadas normas y pegas para el despliegue de nuevas redes y servicios.
Europa calcula en 44.200 millones el sector de las comunicaciones en España en 2008, estable respecto a años anteriores.

La banda ancha sigue siendo una de las debilidades principales. Una penetración del 21,5% en enero de 2010, por debajo de la media europea del 24,8% y con menor crecimiento. En los últimos meses se ha superado la barrera de los diez millones de líneas de banda ancha, en gran parte por las ofertas de portabilidad fija gracias a una mayor competencia en el mercado.

La banda ancha móvil está en un 3,8%, muy por debajo del 5,2% europeo o de países como Reino Unido en Italia, con casi el 7%. Y muy alejada del 17% de Finlandia o el 16,1% de Portugal.
El consumidor prefiere los paquetes de servicios -internet, telefonía fija, televisión y móvil cuando es posible-, con un 19,2% de la población abonada a estas paquetes. La falta de un desarrollo mayor de la televisión por internet (IPTV), en sólo un 4,3% de los hogares, y de la oferta de cable es uno de los problemas para el aumento de la penetración de la internet de alta velocidad. Sólo dos millones de hogares cuentan con paquetes de banda ancha e internet, según las últimas cifras de la CMT.
El despliegue universal de la TDT y la falta de más ofertas alternativas competitivas han ralentizado ese crecimiento.
Pero la televisión no sólo perjudica a la banda ancha. La financiación de RTVE alarma a la Comisión con las nuevas tasas para las operadoras de telecomunicaciones de un 0,9% de su facturación, el 1,5% para las plataformas de pago y otro 3% para las televisiones. Bruselas recuerda que tiene bajo investigación la nueva financiación de la televisión estatal.
El informe incide en la falta de previsión y de consenso con el sector para imponer una norma que debería haber minimizado el impacto en el mercado de televisión, tanto de proveedores como de contenidos y publicidad.
La Comisión también está preocupada por la nueva Ley Audiovisual y la colisión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con la CMT. Europa se inclina por una autoridad de telecomunicaciones y audiovisual convergente, despreciada por intereses políticos.
En el terreno de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones no hay menciones ni al asalto a la neutralidad de la red ni a la nueva legislación para impedir las descargas. Se valora la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, pero se pide más transparencia en las tarifas, más competencia y precios más bajos.
La portabilidad fija es grande -más de 440.000 números en el primer trimestre de 2010- y el período de cambio es de cinco días, por debajo de los 6,5 de media europea.
Pero los precios son el peor perjuicio para el consumidor. En 2008 el precio por minuto de llamada de voz en móvil era de 17 céntimos frente a un promedio europeo de 13. Incluso con los últimos datos de la CMT, el precio de 15 céntimos en diciembre de 20099 seguiría siendo excesivo.

La banda ancha móvil es buen negocio

Las telefónicas se quejan a menudo del aumento de la demanda de banda ancha y del desplazamiento del tráfico de voz al de datos, una de las razones para extender su lucha contra la neutralidad de la red, que no existe en la telefonía móvil. La Federal Communications Commission (FCC) norteamericana publica un informe (pdf) (vía GO) sobre el mercado móvil donde se comprueba que la banda ancha móvil es buen negocio para las operadoras.
La FCC identifica varias tendencias presentes en otros mercados como el español:
La innovación se concentra en los nuevos móviles y las aplicaciones. Un nuevo ecosistema para los nómadas digitales donde los equipos determinan el sistema operativo.
Las aplicaciones dominan y confirman su rol de puerta de acceso a los contenidos, cambiando la forma de navegación y determinando a los propios contenidos y servicios.
La voz es un mercado maduro y el móvil es cada vez más un dispositivo de acceso a internet (datos).
La industria está muy concentrada y falta competencia.
El beneficio de las operadoras es grande, 20 a 40% de beneficio operativo, a pesar de la crisis.
Los precios de los servicios bajan, pero se consume más, lo que estabiliza los ingresos por usuario (ARPU).
Los datos y los SMS aumentan su peso en la factura de los móviles y en los ingresos de las telecos.
El mayor consumo de datos en Estados Unidos se hace desde las tarjetas módem para portátiles. Tanto por el tiempo de consumo como por el tipo de páginas y tráfico de alto consumo que se realiza.
Entre los móviles, el líder en consumo es iPhone, seguido de otros smartphones (entre ellos Android) y después Blackberry, concentrado en el consumo de correo electrónico.

Industria propone banda ancha cara y lenta

El Ministerio de Industria ha tardado cinco meses en proponer a las operadoras las condiciones del acceso universal a banda ancha prometido por el ministro Miguel Sebastián.
La propuesta para hacer llegar la banda ancha a todo el territorio es cara y de baja velocidad.
La propuesta del Ministerio -abierta a consulta pública- iguala en precio las ofertas de las operadoras de telecomunicaciones, 25 euros mensuales, y permite una cuota de alta de 39 euros hoy gratuita en prácticamente todas las promociones.
La velocidad debe ser de al menos un mega, aunque se proponen dos megas como velocidad preferente, y de 256 Kpbs de subida.
Una propuesta poco ambiciosa para extender el acceso a la sociedad de la información y para convertir el servicio universal en un dinamizador del mercado.

Las operadoras ya ofrecen precios efectivos similares y más velocidad en el ADSL en las zonas donde están presentes. La cobertura de las áreas geográficas oscuras, donde muchos ayuntamientos y particulares se han lanzado a montar sus propias redes, debería ser parte de la compensación del uso del espacio radioeléctrico y del dividendo digital recibido por las empresas de telecomunicaciones.
Vale la pena recordar sus enormes beneficios y las enormes presiones que ejercen sobre los gobiernos para, entre otras cosas, acabar con la neutralidad de la red o reclamar subvenciones para el tendido de nuevas redes.
En el despliegue de nuevas redes, España también está por detrás de los países europeos de referencia.
Industria debería ser más ambiciosa y luchar contra la crisis con una sociedad de la información más accesible y competitiva para ciudadanos y empresas.
El acceso a banda ancha es uno de los factores de desarrollo económico, cultural y social críticos, como apuntan todos los organismos internacionales, y es el deber de un gobierno dispuesto a tomar medidas duras con los ciudadanos, estimular al máximo la innovación y el desarrollo. Sobre todo cuando depende de grandes empresas con alto poder en el mercado y que cada vez acaparan mayor consumo de los ciudadanos.
En mi opinión es el momento además de dar un paso adelante en la convergencia, la reforma del servicio público audiovisual, el apoyo al dominio público y el impulso al conocimiento libre para crear -y proponer en Europa- un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales que defina un nuevo estado de bienestar sostenible y dinamizador de la sociedad, la economía y el conocimiento para la era digital.

Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales

Es el momento. El Ministerio de Industria tiene que repartir las nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico liberadas por el dividendo digital: las frecuencias aprovechables para otros usos tras el apagón analógico y la migración digital de la televisión.
Es la oportunidad para satisfacer la demanda por un servicio público digital de acceso a internet más allá de la promesa de aumentar el servicio universal de telecomunicaciones a una oferta de un mega por las operadoras en todo el territorio.
La asignación de las nuevas licencias radioeléctricas y el avance en el desarrollo de los nuevos servicios de telecomunicaciones es el momento adecuado para plantear un nuevo sistema operativo social y económico. Garantizar a los ciudadanos el acceso universal a los servicios públicos y comunes de la sociedad de la información y sustituir el viejo servicio público de radiodifusión: la radiotelevisión pública.
Cada vez importa menos tener televisión y radio pública cuando crece la oferta comercial con la TDT y las posibilidades de la televisión móvil y en internet (iptv). El futuro de la radiotelevisión es la convergencia con la banda ancha, donde la oferta será mayor y con menos restricciones de acceso.
Pero, ¿por qué el servicio público debe limitarse al audiovisual y una oferta de información y entretenimiento limitada?
Es hora de plantear un servicio público digital donde se combine un acceso universal y gratuito a internet para evitar la brecha digital con una oferta y desarrollo de contenidos públicos, sociales y de dominio público.
A través de esa red, los ciudadanos deberían tener acceso a todos los servicios públicos (urgencias, salud, educación, ciencia y cultura) y de administración electrónica, a los contenidos y servicios de la radiotelevisión pública (estatal, autonómica y local) y a todas aquellas iniciativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea ofrecer a los ciudadanos contenidos y servicios de dominio público.
Un sistema de acceso y contenidos gestionado como un procomún de la era digital.
Ese nuevo servicio público digital debería sustituir al de radiotelevisión, cambiar el concepto del servicio universal de telecomunicaciones y el uso de las tasas del espectro radioeléctrico, utilizadas ahora para financiar a las administraciones y a RTVE con el cambio en su financiación.
Esas tasas podrían invertirse en enriquecer la propia sociedad de la información, tal como demandan ayuntamientos y otras administraciones desde hace años intentando ofrecer acceso a internet -sobre todo wifi- y reclamando mayor inversión en infraestructuras de telecomunicaciones para evitar una nueva brecha digital.
Un acceso público universal debería reducir el riesgo de dividir la sociedad en ciudadanos premium, los interesados o capaces económicamente de acceder a todos los servicios de la sociedad de la información, y el resto.
El servicio público de contenidos debería ser además el motor de la innovación, la creación y la comunicación de la cultura, la ciencia y los contenidos sociales más allá del interés de las empresas por ellos.
Para las telefónicas puede ser un acicate para mejorar la calidad y oferta de sus redes, tanto en precio como en servicios, como la radiotelevisión pública ejercer ese papel motor del mercado audiovisual.
El futuro de las telecomunicaciones está en la oferta de nuevos servicios y la convergencia audiovisual. Por eso se ha desatado la pelea por la neutralidad de la Red y la apuesta por el acceso a los contenidos a través de aplicaciones móviles, controladas por operadoras o por los desarrolladores de equipos como Apple.
Los nuevos servicios y productos necesitan un ancho de banda y unas prestaciones que las operadoras deben mejorar y desplegar con las redes de nueva generación en los próximos años.
El servicio público digital debería financiarse con las tasas de las nuevas redes y aplicaciones o con servicios prestados por las propias operadores y empresas según las condiciones establecidas por el Estado.
El nuevo plan de banda ancha propuesto por la Federal Communications Commission (FCC) norteamericana recoge algunas ideas similares cuando reclama la disponibilidad de servicios gratuitos o de bajo precio de banda ancha inalámbrica. Y también cuando propone una reserva de espacio radioeléctrico para servicios innovadores de telecomunicaciones. Espacio libre para la innovación.
Es la hora. El dividendo digital se puede gestionar como una reasignación de frecuencias para el uso comercial y el aumento de los ingresos de las administraciones, pero también para repensar los servicios públicos y el acceso de los ciudadanos a la información, la ciencia, la cultura, la educación, los servicios de salud, el egobierno y para asegurar una completa alfabetización digital.

Europa permite una internet parcelada y más cara

Sin sorpresas en la Declaración de Granada para la nueva Agenda Digital europea. Promoción del mercado único digital, estímulos para una mayor inversión en redes de nueva generación, servicios públicos digitales y garantías de competencia y transparencia en los servicios de la sociedad de la información.
Objetivos importantes pero insuficientes.

La neutralidad de la red se deja al albur de los reguladores nacionales y sólo se propone "salvaguardar el carácter abierto de internet" como ya se rebajó en la definición de mínimos del paquete telecom.
Como adelantaba el borrador de la presidencia española, la transparencia en los contratos y la competencia entre telecos y servicios de internet permiten dejar el principio de neutralidad en un objetivo a promover.
De esta forma los reguladores nacionales, como la CMT en España, podrán fijar las condiciones de los servicios siempre que se respeten los "derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital, fácilmente comprensible, que refuerce la seguridad jurídica y la transparencia, y sistematice los derechos que asisten a consumidores y empresas en el entorno digital".
Cada país podrá mantener la red abierta actual o permitir una discriminación limitada con diferentes grados de servicio en función de los contratos entre operadores, empresas de contenidos y servicios, y usuarios.
Una internet troceada con mayor acceso para ciudadanos premium, como demandan las grandes empresas de telecomunicaciones, que de esta forma podrán cobrar licencias a las empresas de internet por su uso de la red y para garantizar el mejor acceso a los ciudadanos.
Más velocidad, mejor servicios y más contenidos y servicios para los que más paguen.
En definitiva, la extensión de lo que ya ocurre en la banda ancha móvil, donde operadoras, fabricantes de equipos como Apple o Nokia, y proveedores de softwares y contenidos pactan los precios y la capacidad de acceso a los contenidos, de la telefonía por internet (VoIP) al audiovisual.
Reglas para un mercado que será mayoritariamente móvil y con acceso preferente a través de aplicaciones, como ya ocurre con el iPhone, el iPad o Android.

Otra de las esperanzas insatisfechas es la promesa de una banda ancha de alta velocidad para todos los europeos. Frente a la promesa de un mega en 2011 para todos en España, el acuerdo europeo sugiere sólo el "100% de cobertura de banda ancha básica para todos los ciudadanos en el 2013".
Cada país fijará el ritmo de despliegue de las redes de nueva generación para las que se prometen estímulos y "un marco regulatorio predecible, que promueva la inversión eficiente en infraestructuras de banda ancha ultrarrápidas y en servicios relacionados". La garantía de control que las telecomunicaciones exigen y que el nuevo esquema de neutralidad limitada o lite asegura.

Sobre propiedad intelectual el acuerdo de los ministros es impreciso, como ha sucedido hasta ahora. "Se debería promover activamente el desarrollo de los mercados europeos de contenidos digitales, mediante soluciones prácticas que impulsen nuevos modelos de negocio, así como con medidas concretas que reduzcan la fragmentación del mercado para la reutilización y el acceso a contenidos digitales, y que, al mismo tiempo, protejan y aseguren la justa remuneración de los derechos de autor".
El texto no define la simplificación de la gestión de los derechos de autor y se conforma con reclamar incentivos al "suministro y el acceso de una oferta legal de contenidos de alta calidad".
La redefinición de la propiedad intelectual y el derribo de los monopolios de la gestión de los derechos de autor sigue pendiente.

Sobre patrimonio cultural y obras huérfanas, el documento apoya "la digitalización y divulgación del patrimonio cultural de Europa a través de un desarrollo sistemático de Europeana y otros consorcios público-privados" para enfrentarse a las iniciativas privadas como las de Google.
El resto de la Declaración refuerza la apuesta por los servicios públicos digitales, la protección de datos y el papel de las tecnologías de la información en el crecimiento de la economía europea.

Declaracion de Granada

Transparencia y competencia contra neutralidad de la red

Los ministros de telecomunicaciones europeos se reúnen para discutir la estrategia digital europea y firmar una Declaración de Granada sobre el futuro de la sociedad de la información donde la competencia y la transparencia en las telecomunicaciones se plantean como alternativa a la neutralidad de la red: la no discriminación de servicios ni contenidos en internet y las redes de telecomunicaciones.
La propiedad intelectual, las inversiones en redes de nueva generación y el mercado único de contenidos digitales están también en la agenda de la reunión que diseñará gran parte de la estrategia digital europea.
La presidencia española defiende en su último documento de trabajo una revisión del principio de neutralidad de la red para asegurar un mercado que asegure "la competencia efectiva en el mercado convergente de redes, servicios y aplicaciones, que pueda exceder el ámbito de las comunicaciones electrónicas", y "requisitos mínimos de calidad" de los servicios de redes.
La propuesta desplaza el debate sobre la neutralidad de la red y la posibilidad de una tasa Google -el cobro de una licencia a las grandes empresas de internet por utilizar las redes de las operadoras telefónicas- para apoyar una oferta con diferentes productos en lugar del acceso abierto actual.
Los reguladores nacionales serían los encargados de vigilar cómo se acuerdan y la oferta de esos contratos, tanto para el usuario final como para los proveedores. Un sistema muy similar al de las aplicaciones para móviles como el de Apple pero con vigilancia de los reguladores como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Un camino abierto en la legislación europea con el paquete telecom, que ha servido de base para las demandas de Telefónica, Vodafone y resto de operadoras, apoyadas por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
La CMT mantiene posiciones más próximas a la defensa de la neutralidad de la red y ha asegurar una competencia abierta. Por el momento, la Comisión rechaza el cambio en la neutralidad de la red, como ha explicado su presidente, Reinaldo Rodríguez.
La comisaria europea de Sociedad de la Información y de la agenda digital, Neelie Kroes, dejó abierta la discusión sobre la neutralidad de la red, en su última intervención.
Kroes fijó cuatro principios: libertad de expresión, transparencia, inversión en redes abiertas, competencia y apoyo a la innovación, además de anunciar una consulta para discutir la neutralidad de la red, un concepto aceptado hasta ahora pero no garantizado en las leyes europeas.
El documento sobre el que los ministros europeos trabajarán en Granada pone el acento en garantizar el acceso de los usuarios "para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección”, la transparencia en los servicios contratados y a qué permiten acceder, con "las eventuales limitaciones que puedan tener los servicios ofertados para acceder a determinados contenidos y aplicaciones", y la necesidad de fijar "requisitos mínimos de calidad" para evitar la obstaculización o rentabilización del tráfico en las redes.
La postura de la presidencia española se inclina por la discriminación limitada con diferentes grados de servicio. Una tesis defendida por las telefónicas y por varias consultoras internacionales.
El resultado podría ser el fin de las tarifas planas tal como la conocemos y la creación de una internet en parcelas donde las operadoras podrían fijar por contrato a qué servicios y aplicaciones pueden acceder los usuarios.
El camino abierto para una discriminación positiva de la red: el abonado paga por mejores servicios y las empresas de internet para mejorar su oferta.
Un sistema muy similar al de la banda ancha móvil, donde no se aplica el principio de neutralidad de la red y los servicios y aplicaciones se acuerdan entre las operadoras y los proveedores de móviles, sistemas operativos y aplicaciones.
De la decisión de los ministros en Granada dependerá en gran parte cómo será internet y la sociedad de la información en los próximos tiempos en Europa.
Su propuesta final depende en gran parte de la estimación de la inversión y el despliegue necesario para las redes de nueva generación, imprescindibles para el futuro digital.

La televisión por internet y la banda ancha crecen

Las televisiones respiraron el último trimestre de 2009. Sus ingresos descendieron sólo un 1,54% (1.715,16 millones de euros) frente a una caída del 15,4% el trimestre anterior, según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Pero la televisión de pago vuelve a desplomarse con la pérdida de un 31,5% de la facturación de Digital Plus y la reducción de sus abonados en 190.000.
Sólo la televisión por internet (iptv) crece con el empuje de Imagenio de Telefónica y sus ofertas de doble y triple play. Igual que lo hace la nueva televisión en el móvil, que llega ya a 346.500 abonados.

Gol TV, la TDT de pago de Mediapro, alcanza 153.000 abonados a final de año y llega a un millón a través de todas las plataformas de pago, como ya se había anunciado. Una audiencia y una contratación todavía baja que lleva al hundimiento del pago por visión, especialmente de partidos de fútbol: bajan de 3,3 millones de contrataciones a 346.600 respecto a 2008, aunque duplican los del trimestre anterior.
Telefónica consigue 90.000 abonados más a su plataforma de televisión por banda ancha y alcanza ya el 17,3% del mercado de televisión de pago.
También crecen los cables regionales, beneficiados por su exclusión de la financiación de RTVE, lo que les permite sostener tarifas muy competitivas.
Los ingresos por publicidad descendieron un 7,5% hasta 780 millones, lastrados por la reducción de publicidad en RTVE. Las cadenas privadas aumentaron su facturación publicitaria un 2%: 496,7 millones frente a 486 del mismo período de 2008.
Pero lo que ha salvado los números totales es la duplicación de las subvenciones a la televisión pública (especialmente RTVE, pero también las autonómicas) para salvarlas de la crisis: 510 millones de euros en el trimestre frente a 321 en 2008.
El informe trimestral de la CMT vuelve a demostrar que sólo la banda ancha, fija y móvil, es el motor del mercado de telecomunicaciones en época de crisis, pero también por su efecto sustitución sobre otros servicios de telefonía.
El negocio de conexión a internet creció un 1,7% en 2009 y superó los 972,4 millones de euros en el último trimestre del año.
Los accesos de banda ancha fija residencial llegaron a 9,67 millones, un 7,4% más que en 2008.
En el móvil el tráfico de datos superó los 401 millones de euros (un 37,45% más) y es ya la segunda fuente ingresos por encima de los SMS, que bajaron un 13% hasta 391 millones.
El empuje de los smartphones y el uso del correo electrónico y las redes sociales va sustituyendo a los mensajes poco a poco.
Los resultados de fin de año en el sector muestran que el sobreprecio de la apuesta por la TDT y las prisas para ser los primeros en el apagón analógico no son garantía del desarrollo de la sociedad de la información y van en contra de la tendencia de la tecnología y el público, volcados en la banda ancha y la convergencia de internet, telefonía y audiovisual.
Por eso la nueva Ley Audiovisual nace obsoleta tras muchos años de retraso y con grandes deficiencias regulatorias, además de crear un nuevo Consejo Audiovisual cojo e inútil en la era de la convergencia.
Y los datos y la evolución del mercado también ayudan a entender la ofensiva de Telefónica, apoyada por el gobierno, contra la neutralidad de la red para convertir internet en un gran remedo de la televisión de pago. Una internet de peaje donde tanto los usuarios como los negocios de internet estén obligados a pagar a quienes más se llevan históricamente del pastel: las telefónicas y las televisiones, en ambos casos acostumbradas a operar en un negocio con un régimen de monopolio y licencias vinculadas a la política y el poder.

Un apagón demasiado costoso

Llega el apagón analógico. El 3 de abril la televisión será digital. España lidera la carrera por ser uno de los primeros países del mundo en convertirse a la TDT. ¿Demasiado rápido? Quizá hemos gastado demasiado dinero -12.000 millones de euros, según Industria-, con un enorme esfuerzo de los ciudadanos para adaptar sus antenas y televisores para una tecnología indispensable para la transmisión, pero que no será la plataforma de los nuevos medios.

Ser los más rápidos tiene su precio. El futuro de las nuevas tecnologías está muy lejos de la TDT, con poca capacidad interactiva y de nuevos servicios. La banda ancha en redes fijas y móviles es la infraestructura clave para una economía sostenible y una sociedad conectada. La Comisión Europea revisa sus reglas sobre la financiación pública de las redes para estimular inversiones demoradas por las grandes telefónicas y lograr que en 2020 todos los europeos tengan acceso de al menos 30 megas. Un plan menos ambicioso que el presentado en Estados Unidos para que todos los norteamericanos tengan acceso de alta calidad a internet y a los servicios digitales tanto por redes fijas como móviles.

Y la televisión se muda a internet. Cuando se discute la nueva ley audiovisual, televisiones y políticos son los grandes interesados en mantener un sistema de licencias cada día más obsoleto: un número de cadenas acotado y con control político de contenidos y negocio. La televisión por internet (IPTV) libera a usuarios y cadenas para elegir y distribuir sus contenidos como quieran. Aunque la sustentabilidad del negocio, de publicidad o de pago, aún no está clara, británicos y norteamericanos lideran la búsqueda de de la convergencia.

Entretanto, el Gobierno confía en ser pioneros en la TDT para expandir el mercado de la industria de la televisión española. Pero los grandes países latinoamericanos como Brasil o Argentina han preferidos el sistema japonés al europeo y las expectativas se desvanecen. El apagón puede costar más de lo esperado.

Columna en los medios de Vocento

Más banda ancha, menos TDT

La TDT ha sido una de las grandes promesas del gobierno. Adelantamos dos años el apagón analógico y el 3 de abril se acabará la televisión analógica en España. El gobierno no para de presumir, pero a veces ser los primeros no es ser los mejores.
Y en España no se ha hecho. Como muchos hemos repetido tantas veces, hemos pagado un enorme sobreprecio por el desarrollo de la TDT.
Es la apuesta por una tecnología efímera, sin suficientes posibilidades de desarrollo, interactividad o servicios. Es necesario cambiar la señal, pero se podría haber elegido la plataforma con más futuro. La TDT ha perjudicado el desarrollo de la banda ancha y los servicios avanzados digitales, donde está el futuro de la sociedad de la información, como vuelve a repetir la Comisión Europea con la promesa de permitir más financiación pública.
La propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones gritaba alto y claro hace un año: la televisión no es la clave de la sociedad de la información, el futuro es la banda ancha y las líneas de nueva generación.
Esa es la estrategia que ahora impulsa la Federal Communications Commission (FCC) en Estados Unidos. Tender nuevas redes de banda ancha para cubrir todo el país en diez años.
¿Quién se opone a las nuevas redes y servicios?
Los mismos que han condicionado la estrategia en España: las televisiones y los políticos, ligados a ellas hasta convertir estos últimos años de regulación audiovisual en España en un sainete digno de los Hermanos Quintero o de Luis García Berlanga.
Alguien tendrá que explicar algún día el enorme sobreprecio de la TDT en España, tanto a través de la financiación pública: 425 millones invertidos en la transición digital hasta ahora; 249,3 millones sólo entre 2006 y 2008 en el Plan Avanza y otros 89 millones en 2009. Y a todo ello hay que sumar las inversión de los telespectadores para cambiar sus antenas, televisores y descodificadores. La gran mayoría de ellos sin capacidad interactiva.
Cierto que entre 2006 y 2009 se han invertido 613,5 millones de dinero público en banda ancha, pero hace falta mayor esfuerzo público y privado para alcanzar la promesa del ministro de Industria de un servicio universal de un mega de acceso a internet para todos en 2011. Una velocidad para entonces obsoleta y muy por debajo de la media ofrecida por los operadores comerciales, a pesar de que en España los nuevos servicios sean más lentos y más caros que en el resto de Europa.
Pero cuando el futuro de los medios, los servicios de información y comunicación, y la propia televisión son las nuevas redes de banda ancha, las televisiones y los políticos se resisten.
Cadenas y políticos sostienen el control del negocio de la televisión y de la comunicación masiva con fecha de caducidad.
La televisión digital ha liberado frecuencias para una fragmentación enorme del mercado y con la televisión por internet se acaba el último control político, económico y geográfico del medio de comunicación de masas por antonomasia del siglo XX. Ideólogos de una y otra tendencia coinciden con distintos argumentos en el sostenimiento del control de la televisión.
Y la lucha por mantener ese control hace peligrar la neutralidad de la red, el principio que permite ofrecer con libertad toda clase de servicios y contenidos en internet, para intentar cambiarlo por una internet de peaje, controlada y regulada por las telefónicas y los grandes medios.
La TDT también ha aumentado los beneficios de otras grandes empresas como Abertis, encargada de la señal, que en plena crisis de 2009 aumentó sus ingresos por telecomunicaciones un 25% hasta los 541 millones de euros, y sus resultados operativos (ebit), un 37,3%. Calculen quién gana y a qué precio se paga la nueva televisión.
El dividendo digital -las frecuencias liberadas por la digitalización- ya se repartió mal y tarde en España. Vinculado a la financiación de la televisión pública y sin suficientes garantías sobre los nuevos servicios de telecomunicaciones. Lo mismo que se repartieron mal las nuevas licencias de televisión digital hasta una atomización nacional, autonómica y local que ha hundido la viabilidad de muchas cadenas y no ha garantizado ni la televisión de proximidad ni otras ventajas del sistema. Y ha vuelto a espolear la concentración, permitida por el gobierno para satisfacer los intereses de las grandes cadenas.
Ninguno de los partidos parlamentarios se ha parado estos años a diseñar la sociedad de la información para el futuro. Por eso no avanzamos lo suficiente en economía digital o sostenible -la nueva promesa- y seguimos estancados en la clasificación de la OCDE en el puesto 21 de los países con más banda ancha y por debajo de la media. Muy lejos de los líderes del futuro.

Sin neutralidad de la red, ¡y a qué precio!

El pacto y la ofensiva liderada por Telefónica para limitar la neutralidad de la red está siendo apoyada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que al menos quiere abrir el debate en España y Europa.
La pregunta clave es: ¿y qué gana el ciudadano?
Porque acabar con la neutralidad de la red sólo beneficia a las empresas, no a los ciudadanos.
Y la contrapartida de Telefónica y el resto de operadoras españolas no es muy satisfactoria.

España sigue padeciendo una de las ofertas de banda ancha más caras y lentas de Europa. Los datos del Observatorio de Redes de Nueva Generación de Fedea confirman los de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: el precio por mega de descarga es más caro en Madrid que en otras capitales europeas, tanto si se contrata con el operador dominante como si se hace con la competencia.
El coste por Mbps es de 3,86 euros en Telefónica frente a los 1,83 de Londres o los 0,45 de París.
Con los operadores alternativos baja a 1,74 euros con el cable de Ono, más en línea con los precios europeos.
Y tampoco mejoran las nuevas ofertas con servicios de nueva generación. Telefónica ha empezado a comercializar Trío Futura Imagenio (televisión, llamadas a fijos, Gol TV y DVR: vídeo personal) por 115,85 euros. Una alternativa de peor calidad y mayor precio que los servicios europeos comparables.
Si el gobierno está dispuesto a limitar la neutralidad de la red y a permitir la concentración vertical de comunicaciones y medios, al menos debería asegurarse de que la competencia y las ventajas para los usuarios mejoren.

Google quiere banda ancha propia

La respuesta de Google a las amenazas a la neutralidad de la red por parte de las operadores de telecomunicaciones no se ha hecho esperar: ofrece crear una red de banda ancha ultrarrápida de 1 giga por segundo en las poblaciones que colaboren en la iniciativa.
Es sólo un experimento, pero Google quiere medir las ventajas de una red abierta -a otros operadores y aplicaciones-, neutral y con nuevas formas de instalación y soporte.
En España la mayoría de redes de banda ancha están entre los 3 y los 10 megas, muy alejadas de la oferta de Google, e incluso de las experiencias con 100 Mb. Por ahora suficientes para los 3.000 correos electrónicos, 100 archivos de música mp3 o 360 ebooks que son el equivalente del consumo mensual de un abonado. 11,4 Gb de tráfico por mes, según los estudios de Cisco. Y aumentan con el consumo de vídeo y música en streaming.
Google promete poner toda la información al alcance de los internautas. Con el crecimiento de la demanda de tráfico, de 7 Gb por persona y mes en Estados Unidos (5 en Europa), y un aumento del tráfico de internet de un 40 al 50% anual, la propuesta de Google es casi una necesidad.
El presidente de Telefónica, César Alierta, justificaba la semana pasada la necesidad de cobrar a las empresas de internet por el tráfico de la red, además de lo que ya pagan por servidores y conexiones con las redes de los operadores. Como Alierta, los grandes de las telecomunicaciones no dejan de quejarse, a pesar de sus enormes beneficios, y estudian cambios de modelo de negocio para acabar con las tarifas planas y empezar a cobrar la banda ancha por consumo.

Diferentes estudios afirman que así podrían recuperar la rentabilidad por usuario (ARPU), que cae al aumentar la proporción de negocio de datos frente al de voz tradicional.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) calculó el año pasado que la inversión en nuevas líneas de fibra óptica se podría amortizar entre 9 y 15 años.
Para Google, el experimento es un desafío a las telefónicas como el que ya planteó con su propuesta de crear redes de wifi utilizando el dividendo digital y el espectro liberado con el apagón analógico de la televisión. Una forma de demostrar su autonomía, de ganar adeptos y de incluso reducir sus costes de conectividad.

Banda ancha de un mega para todos

En 2011 todos los ciudadanos deben poder acceder a una conexión a internet de al menos de un mega. Banda ancha, aunque un poco estrecha y veremos a qué precio, para todos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció hoy en Ficod la extensión del servicio universal de telecomunicaciones.
Habrá que esperar más de un año, pero al fin se la banda ancha se reconoce como derecho imprescindible para la sociedad de la información.
Un paso que otros países europeos han dado o están dando y se responde a la consulta de la Comisión Europea.
Industria ha vivido una indefinición casi crónica con la extensión de la banda ancha. Con muchos meses sin pronunciarse, sectores de la Administración presionando y las telefónicas oponiéndose. Pero al final se ha llegado a un acuerdo cuando todo el mundo ve claro el futuro del mercado de acceso a las plataformas digitales y la necesidad de cambiar el obsoleto servicio universal: conexión telefónica básica pública.
El gobierno no pondrá en marcha la medida durante su presidencia europea en 2010. Pierde una oportunidad de presentarse como líder de la sociedad de la información cuando también se ha logrado un acuerdo, anunciado también hoy por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde para no criminalizar a los usuarios de P2P por las descargas y perseguir a las webs de enlaces.
Se confirma que no habrá desconexión como permitió el Parlamento Europeo a principio de mes.
Dos medidas con las que el Gobierno quiere reconciliarse con los internautas y el desarrollo de la sociedad de la información después de meses de negociaciones, demasiado centrados en la televisión y muchas presiones de todos los sectores implicados.
La extensión del servicio universal marca un cambio de concepto en la prestación del servicio de telecomunicaciones vital en la era de la convergencia y reconoce la importancia de la conexión para todos los ciudadanos y la superación de la brecha digital en todo el territorio. Su implantación debería traer una mejora del servicio, tanto en velocidades como en precio, para lo que es imprescindible seguir agilizando la normativa de infraestructuras y urbanística y sostener la necesidad de inversión de las telefónicas.
Los derechos de los consumidores mejoran con el reconocimiento del derecho a compartir contenidos sin ánimo de lucro. Pero la gestión de los contenidos digitales sólo mejorará con un mejor acceso y mejor oferta.
La ministra de Cultura promete la creación antes de fin de año de un portal de contenidos audiovisuales de pago con "la mejor oferta y en las mejores condiciones", como prometió desde su llegada al ministerio Ignasi Guardans y se ha defendido desde muchos ámbitos.
Pero tan importante como estimular y ayudar a la industria es aumentar los contenidos públicos y ponerlos al alcance de los ciudadanos, así como ampliar los procomunes y el dominio público de las obras subvencionadas y pagadas con dinero público. Un cambio en el concepto de subvenciones y en las ayudas a los contenidos en el que hay que profundizar.
Los de hoy son dos pasos importantes que rompen cierta parálisis en la política del gobierno en el desarrollo de la sociedad de la información.
Responsables políticos del PSOE y del gobierno mostraban hoy su satisfacción por los anuncios. Pero todavía quedan muchos puntos de la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital por conseguir y muchos más para hacer de la ciudadanía digital una política de estado tan importante como la de los derechos y los servicios públicos fundamentales.

Ayuntamientos contra la brecha digital

Carrera en los ayuntamientos. Los municipios saben que la sociedad de la información se puede retrasar entre sus ciudadanos si no trabajan codo a codo con las telecos. Los municipios quieren evitar una nueva brecha digital y las operadoras quieren normas claras, comunes y simplificación de trámites.
El mayor coste del despliegue de las nuevas redes de fibra óptica es de pico y pala, más del 60% del total de la inversión si no se aprovechan y comparten las canalizaciones ya existentes. Las de Telefónica, pero también las de las compañías de electricidad y gas, por ejemplo.
¿Cuántas veces has mirado a todas esas nuevas urbanizaciones –ahora a menudo abandonadas- que rodean las ciudades y te has preguntado si hasta allí llega el cable o las nuevas redes?
Telecos y ayuntamientos también quieren evitar una nueva guerra de las antenas, como ya sucedió con los móviles y los fantasmas de sus males cancerígenos, ahora que el despliegue de 3G y su sucesor LTE es la apuesta de las operadoras mientras los ayuntamientos y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estudian la posibilidad de ofrecer wifi municipal gratis para contenidos y servicios públicos.
En juego está la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información sin discriminaciones por el tamaño de su población o una nueva brecha digital entre ciudadanos premium, abonados a servicios de alta capacidad y velocidad, y el resto, con conexiones y servicios de menor calidad y con menor acceso a las ventajas de la tecnología digital.

Ayuntamientos y telefónicas discuten en el IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales las soluciones a la maraña de reglamentos y obstáculos para el tendido de las redes de nueva generación y el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, tanto móviles como fijas.
Pero además de los permisos para las zanjas y el cableado vuelve a estar en discusión el carácter del servicio universal de telecomunicaciones y las competencias en un nuevo servicio público de facto, comparable al agua o la energía, que los municipios no quieren que dependa sólo de las decisiones de inversión de compañías interesadas sobre todo en su cuenta de resultados y forzadas a un gran esfuerzo de inversión en época de crisis y con el crédito restringido por los bancos.
Muchos ayuntamientos temen una sociedad de la información lenta y de segunda cuando hasta la mayor ciudad de España tiene problemas de inversión. Los madrileños gastan 134 millones de euros mensuales en tecnologías de la información, pero cuesta que las operadoras inviertan en redes de nueva generación.
El delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, se quejó ayer de que las telecos no cumplen el compromiso de invertir 400 millones al año entre 2008 y 2016 para hacer de la capital una ciudad cableada con redes de gran capacidad. ¡Y eso que la inversión se puede recuperar en tres años!, según los estudios de la CMT.
¿Qué será del resto? La CMT estima que menos del 50% de los hogares tendrá banda ancha de alta velocidad en 2023. La brecha corre el peligro de acentuarse entre los habitantes de Madrid y Barcelona, donde al menos dos o tres operadoras competirían, y las zonas y ciudades menos pobladas (menos de 50.000 habitantes), donde la CMT confía en la inversión pública para garantizar el acceso a las nuevas redes.
El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, defendió un marco jurídico transparente y coordinación entre administraciones y empresas. Pere Navarro, presidente del consorcio de municipios catalanes Localret y alcalde de Terrasa, reivindicó el papel de los municipios en la sociedad de la información y para evitar la brecha digital.

¿Qué enfrenta a ayuntamientos y operadoras? Lo primero la tasa por ocupación del dominio público sobre un 1,5% de los ingresos anuales que los enfrenta en los tribunales. El Tribunal Supremo acaba de rebajar en una sentencia la cuantía de ese impuesto para limitarlo a los ingresos de los móviles. Pero también las ordenanzas municipales y los reglamentos autonómicos y estatales que conviven para el cableado de las calles y viviendas.
"Si cada ayuntamiento hace las cosas por su cuenta, nos podemos encontrar con 8.000 soluciones diferentes para afrontar una cuestión que debe ser tratada desde un punto de vista nacional", se quejó en las jornadas citadas el director de relaciones institucionales de Ono, José J. López-Tafall, al responder a la queja del alcalde de Terrasa sobre la falta de interés de las operadoras en su ciudad a pesar de haber creado una red de canalizaciones en el 75% de su municipio.
Además los ayuntamientos están decididos a ofrecer algunos servicios de telecomunicaciones como wifi público que son vistos como una amenaza a la competencia por las operadoras.

La CMT impulsa ahora esa prestación que podría llegar a convertirse en un nuevo servicio público digital en la era de la convergencia donde se uniera el acceso básico a internet –para respetar la competencia- garantizando la banda ancha universal con objeto de evitar la brecha digital, con una oferta amplia de todos los contenidos de dominio público y de aquellos subvencionados con fondos procedentes de los impuestos.
Un nuevo desarrollo digital del artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, información y creación más allá de las televisiones públicas. Pero también del artículo 19 y la libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional sin perder la conectividad. O del 21 y el 22 sobre los derechos de reunión y asociación que tienen su extensión en las redes sociales. Pero también del artículo 23, porque "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos" y ese derecho puede ser ejercido con mayor eficacia a través de las herramientas del gobierno abierto y la administración electrónica.
No es cuestión de zanjas. Es el futuro.

Para Soitu.es, continuación también de Estado de bienestar digital, en Público

Sociedad abierta contra la crisis

Pocas cosas hacen tanta falta en una crisis como aumentar las oportunidades, ampliar el acceso a los recursos, generar confianza, reducir costes y potenciar la innovación. En la economía digital hay soluciones para que España no siga siendo un gran solar. Lo defienden políticos, expertos e instituciones. Pero la realidad desmiente las promesas cuando se gastan tantos esfuerzos en televisión y móviles, sectores de gran crecimiento, y se sostiene una esclerosis de los derechos de autor para viejos negocios mientras escasean oportunidades para innovadores en una sociedad más abierta, transparente, responsable y menos burocratizada.
Necesitamos un acceso a la información, la cultura y las comunicaciones más libre y barato. Una sociedad red donde empresas, ciudadanos y organismos se relacionen con tecnología, sin colas ni papeleo. Donde el acceso abierto a la investigación, la ciencia y la cultura sea el bien público a proteger y los impuestos aumenten el dominio público de los ciudadanos en lugar de los negocios de algunos. Donde el diseño abierto y participativo de la tecnología se expanda a la economía, la política, la investigación, los medios o la Administración.
En la realidad crece el proteccionismo de los grandes negocios y surgen barreras a la competencia y los consumidores pese a las promesas de los planes europeos, nacionales y autonómicos. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) reconoce que la banda ancha es más cara que la media europea por falta de competencia e inversión. La televisión pública quiere financiarse con un impuesto sobre telecomunicaciones y los gobiernos español y europeo amenazan con extender el control administrativo sobre internet.
Estado y autonomías gastarán este año tanto en la televisión pública como el Plan Avanza en impulsar las tecnologías de la información: 555 millones de euros sólo para RTVE frente a 175 millones para digitalizar la justicia, la sanidad, la educación o los ayuntamientos.
Corremos el peligro de mantener con dinero público y más leyes una burbuja que estallará como la financiera y el ladrillazo. Un futuro donde el dividendo digital producto del apagón analógico se desvanezca sin beneficiar a una sociedad más desarrollada ni a una economía más justa y distribuida, con menos poder para gobiernos y empresas y más para los ciudadanos. No es problema de dinero, es cuestión de cultura, de confianza, de participación. Es cuestión de ampliar las oportunidades entre iguales, no de proteger a quienes tienen ya más poder en el mercado y la sociedad. Es cuestión de democracia.

Columna en Público

Más redes y banda ancha, menos tele

Menos canales de televisión, más banda ancha, nada de financiar la televisión con tasas sobre telecomunicaciones e internet y mejor reparto del dividendo digital. Son las recetas del presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, preocupado como tantos por un planteamiento de la sociedad de la información demasiado apegada a un audiovisual que se redefine a golpe de urgencias y una televisión pública elefantiásica.
"La contribución para el saneamiento de la televisión pública debería proceder del sector audiovisual y no del de las telecomunicaciones", dijo Rodríguez. Una obviedad que no lo es tanto después de la nueva financiación de la televisión francesa impulsada por Nicolas Sarkozy y con el peligro de importarse en España.
La televisión no es la clave de la sociedad de la información. Las claves son mejorar el acceso digital, banda ancha de última generación (aunque la ministra de Cultura crea que sólo sirve para bajar películas), ampliar la participación de los ciudadanos y el dominio público, redefinir el servicio público de telecomunicaciones en la era de los móviles y la convergencia, y repartir el dividendo digital para crear nuevos servicios y oportunidades para una España 3.0, como gusta de llamarse el plan europeo.
Después de que el lunes se conociera el informe de la CMT sobre precios de banda ancha que certifica que el acceso a internet por las redes fijas es en España más caro que en la Unión Europea es una esperanza oír al presidente de la Comisión reconocer que la posición de dominio del ex monopolio Telefónica perjudica la competencia y que su política de incentivar las inversiones privadas en nuevas redes puesta en marcha hace un año no funciona.
El peso del ex monopolio y los problemas legales para cablear son obstáculos impenetrables pese a las mejoras de los últimos años. La contrapartida es el móvil, donde la competencia ha estimulado mejores precios y servicios.
Rodríguez alerta sobre los "cuellos de botella en redes de acceso" y se quejó de que los fondos para financiación de infraestructuras son "pequeños" y están muy orientados a la TDT, 75 millones de euros este año. Por eso aboga por plantear de nuevo la financiación pública de las redes sin que el Estado se convierta en operador.
Y no hay espacio ni sostenibilidad para tanta televisión, dice Rodríguez, por mucho que se avecinen fusiones de cadenas.
Sobre los contenidos y medios digitales, el presidente de la CMT esta convencido de que internet va a "matar" negocios tradicionales. RIP. Solución: evolucionar, dice Rodríguez. No se sigan empeñando en sostener lo obsoleto. Es mejor emplear la capacidad de estímulo pública en innovar en contenidos y negocios.
Opiniones que vuelven a criticar la política del Ministerio de Industria, la orientación del Plan Avanza, muchas de las políticas defendidas por los responsables de Cultura y la presión de las televisiones. El presidente del Banco de España no es el único representante institucional que choca con el Gobierno.

Para Soitu.es

Banda ancha universal

Todos unidos por la banda ancha como servicio universal. Asociaciones de internautas, medios digitales y proveedores se unen para reclamar un ADSL más barato y mayor cobertura para acceder a internet con calidad suficiente para disfrutar de los servicios y contenidos de la sociedad de la información. Una extensión del acceso a la Red cuando las leyes europeas y españolas sólo garantizan a los ciudadanos un teléfono público con conexión a internet de baja velocidad.
Un servicio obsoleto para la sociedad de la información.
Peor que la cobertura es la falta de competencia. Los responsables de ADSLmasbarato.com se quejan del dominio del ex monopolio Telefónica y las ofertas poco competitivas del resto de operadoras.
Las comparativas de precio y calidad de banda ancha reiteran que España está en los peores países de la Unión Europea.
El Ministerio de Industria no define cuál es su posición sobre el servicio universal y se refugia en la revisión del servicio en marcha en la Unión Europea desde septiembre de 2008.
En el departamento de Miguel Sebastián conviven diversas opiniones, unas favorables a ampliar las obligaciones de las operadoras y otros que creen en la banda ancha móvil como solución. La alternativa por la que se decanta la Comisión Europea y muchas telefónicas por el ahorro de inversión.
Pero la banda ancha móvil es cara y no tiene las prestaciones de las redes fijas de nueva generación. El ministro está enfrascado en la apuesta por los móviles y la reforma del mercado y la ley audiovisual reclamada por las televisiones para hacer frente al apagón analógico.
Los internautas exigen que mientras las telefónicas deciden sus inversiones en nuevas infraestructuras y la Administración moderniza las normas de cableado hasta el hogar el ADSL sea más barato y de mayor calidad. Medidas imprescindibles para crear una sociedad de la información productiva más allá del ocio digital.

Columna en los medios de Vocento