Desde
hace un tiempo se viene haciendo proselitismo en espacios políticos en favor de
la privatización, postura que viene a demonizar la función pública en favor de
la gestión privada. Alentados por sus líderes, no son pocos los que han aceptado a pies juntillas esta postura.
Sin embargo, comenzaremos montando un contrargumento contra esta hipótesis: si
la gestión pública no es eficiente y hay que privatizarla ¿es culpa de los
trabajadores o de los gestores que no capaces de sacar provecho a sus recursos?
¿No es paradójico que sea la propia administración la que echa tierra encima de
sus trabajadores para beneficiar a empresarios que se ocupan de los servicios
privatizados? ¿Habría que reducir trabajadores de base o puestos de control,
normalmente ocupados por personal de confianza y por hombres o mujeres?
Por
otra parte, cabe destacar la privatización de grandes servicios públicos,
creados con fuertes inversiones a cargo de las arcas del estado y que fueron
puestos en manos privadas cuando estaban en pleno rendimiento. Si tuviéramos
que elegir una compañía, los primeros nombres que nos vendrían a la cabeza
podrían ser Telefónica o Iberia. Inicialmente empresas públicas y rentables,
que fueron “vendidas” al mejor postor. Sin embargo, cuando una empresa privada
que anteriormente fue pública va mal, el gobierno puede acudir en su ayuda con
dinero público, como ha pasado recientemente con Bankia ¿Repartía Bankia sus
beneficios con el gobiernos o con sus accionistas? Pues entonces ¿por qué en
este caso no asumían pérdidas los mismos que se beneficiaban de las ganancias?
Además
de la privatización de empresas podemos hablar de privatización de
servicios. El objetivo principal es el
ahorro por parte de la administración correspondiente en la ejecución de un
servicio respecto a cuando era la propia administración la que lo llevaba a
cabo. Aquí nos podemos plantear dos ejes de reflexión: el primero es que si una
empresa privada lo puede hacer mejor y más barato, es que los recursos públicos
estaban más gestionados, con lo que los responsables no eran los
trabajadores de base, sino los
directivos, normalmente cargos políticos ¿Por qué no se buscan personas
capacitadas para los puestos de gestión en lugar de tener que externalizar el
servicio. El segundo punto de reflexión
es el plano económico que en última instancia afecta al trabajador. Si un
empleado de la empresa concesionaria hace el mismo trabajo que hacía el
empleado público y lo hace por menos dinero (menos dinero porque el presupuesto
es menor, y porque de ese presupuesto servirá para pagar trabajadores, pero la
empresa se queda una parte como beneficio empresarial), ¿no existirá
discriminación, auspiciada por la administración, sobre el empleado de la
empresa concesionaria respecto de la pública?
Para
terminar, podríamos plantear una última hipótesis. Si la administración pública
no es capaz de realizar un servicio, y tiene que subcontratarlo a una empresa
privada ¿no sería el momento de eliminar los cargos políticos que supuestamente deberían haber velado por la correcta
ejecución de ese servicio?
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