Alrededor de 4.000 viviendas de Mérida
serán objeto de aplicación del nuevo Informe de Evaluación de los Edificios, un
instrumento creado por el Ministerio de Fomento que sustituye a la Inspección
Técnica de Edificios, constituida en el año 2011.
Esta figura aparece en la nueva Ley de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, un proyecto en el que
trabaja el Gobierno central. Sin embargo, el Informe de Evaluación de Edificios
ya es una realidad, puesto que aparece contenido en el Plan Estatal de
Viviendas 2013-2016, en vigor desde el pasado mes de abril. En este texto se
recogen ayudas para la elaboración de este documento, para lo que se exige la
participación de técnicos en redacción de proyectos o dirección de obras y
dirección de ejecución de obras de edificación.
Según recoge el anteproyecto de ley,
los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología
residencial de vivienda colectiva (bloques de pisos) podrán ser requeridos por
la administración competente para que acrediten el estado de conservación del
edificio y el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad
universal, así como sobre el grado de eficiencia energética.
El informe que determine estos
extremos deberá contener de manera detallada la evaluación del estado de
conservación del edificio, la evaluación de las condiciones básicas de
accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad y
la certificación de la eficiencia energética.
La evaluación realizada por encargo de
la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios de un edificio o
complejo inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y
viviendas existentes. En todos los casos, el informe deberá repetirse con una
periodicidad mínima de diez años, aunque las comunidades autónomas y los
ayuntamientos podrán fijar un plazo menor.
El anteproyecto establece que, con el
objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque de viviendas, la
obtención del Informe de Evaluación será obligatoria para los edificios de
tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50
años en un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha en que alcancen
dicha antigüedad. Asimismo, será necesario para inmuebles que pretendan
acogerse a ayudas públicas estatales con el objetivo de acometer obras de
conservación, accesibilidad o eficiencia energética.
Para el resto de edificios será
obligatorio el informe cuando lo determine la normativa autonómica o municipal,
que podrá establecer especialidades de aplicación en función de la ubicación,
antigüedad, tipología o uso predominante. De esa forma, podría extenderse a
viviendas no colectivas, que conforman buena parte del censo de edificios
antiguos de la región. A este respecto, la administración regional ya trabaja
en un decreto que adapte a la realidad extremeña la nueva regulación.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Mérida llegó a plantear a comienzos del 2012 su propia ordenanza, al hilo de
las exigencias establecidas por el Gobierno central el año anterior. Siguiendo
las directrices de esta norma estatal, el Consistorio proponía exigir la
inspección a todos los edificios de más de 50 años de antigüedad. Las sanciones
para quienes incumplieran la obligación de realizar las inspecciones oscilaban
entre 600 y 6.000 euros.
Pero finalmente el Gobierno local
decidió retirar la nueva ordenanza debido a que la Junta de Extremadura quería
preparar un texto autonómico, que también se ha visto retrasado a la espera de
los cambios que acaba de introducir el Ministerio de Fomento.
Viviendas en Mérida
Las novedades sobre la evaluación de
edificios rebajan el alcance de la anterior Inspección Técnica, pero aún
suponen un reto para aquellos inmuebles que deban someterse a las condiciones que
establece la nueva norma.
Según el Censo 2011, que en lo
relativo a edificios se hizo público el pasado mes de abril, en la actualidad
hay en la capital autonómica 3.794 viviendas de toda tipología construidas
antes del año 1961. El trabajo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística recoge datos por décadas completas, de ahí que no se pueda saber el
número de viviendas en la ciudad anteriores al año 1963, que serán aquellas que
deban someterse al nuevo Informe de Evaluación. Por ese motivo, se estima que
se verán afectadas en torno a 4.000.
De las 3.794 viviendas citadas, 216
fueron construidas antes del año 1900, 178 entre 1900 y 1920 y 368 entre 1921 y
1940. En cuanto al resto, 987 se levantaron en la década de los 40 del pasado
siglo y la gran mayoría, 2.045, en la década de los 50.
