Desde hace unos meses unas vallas azules circundan algunos edificios del centro de la ciudad. Protegen a los viandantes de posibles desprendimientos de los ornatos o voladizos de las fachadas. De hecho, la Policía Local las instaló tras algún desprendimiento, que en el caso de un inmueble en la calle Muñoz Degraín dejó a una mujer de 65 años herida con un traumatismo en la cabeza tras recibir el impacto de unos azulejos que cayeron de la fachada. Se abría así un viejo debate: ¿nadie controla a los propietarios para que mantengan los edificios en correcto estado?
El concejal de Urbanismo, José Ramón Pando, asegura que existe un departamento dentro de la Policía municipal que «tramita expedientes y realiza inspecciones de fachadas». Por eso no considera necesaria una nueva ordenanza que regule la inspección de edificios, como ocurre en otras ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao y León, entre otras). Al menos, no de momento; porque dentro de poco será obligatorio.
El año pasado se aprobó un Decreto-Ley que regula la Inspección Técnica de los Edificios (ITE). Su artículo 21, el que obliga a los propietarios a realizar la inspección y a las autoridades locales a su control, entrará en vigor el próximo 7 de julio. Sin embargo, la ciudad aguarda un documento regional. Porque las comunidades autónomas tienen potestad para decir plazos y años de antigüedad de las construcciones. Parten de un mínimo: los edificios de más de 50 años en ciudades de más de 25.000 habitantes no se librarán de ningún modo.
«El Principado ya tiene un borrador. Se habló de edificios con 35 años de antigüedad, pero estamos pendientes porque según está el Gobierno regional el tema está paralizado», explicó Pando. Dice que «no vamos a redactar una ordenanza, para que luego el Principado diga lo contrario y tengamos que volver a hacerlo». Además, tienen de plazo «hasta 2015». A finales de ese año, todos los edificios de más de 50 años deberán tener aprobado su informe técnico en que se determinarán las obras que sean convenientes realizar o se informará favorablemente si fuera el caso.
El problema radica en que, según los datos del Partido Socialista, la ciudad suma más de 22.000 viviendas construidas entre 1941 y 1970. Si tarda mucho en aplicarse el decreto-ley, el tiempo podría echarse encima y «podría haber más derrumbes porque tras la guerra civil se construyó muy rápido y con bajas calidades», razonó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfredo Carreño. Siguiendo su argumentación han solicitado la redacción de una ordenanza, «algo que no es nuevo pues ya lo habíamos pedido en 2010». Fue tras la caída de tres toneladas de escombro de un voladizo de un inmueble de la calle Tenderina.
¿Quién realizará la ITE?
Los propietarios son quienes están obligados a realizar la ITE a sus edificios. Queda por concretar quienes son los profesionales capacitados para ello. Lo más lógico es que fueran arquitectos o arquitectos técnicos. «Así lo creo, aunque será como dicte la normativa que muchas veces señalan que las harán técnicos competentes», apunto José Antonio Laborda, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Aparejadores del Principado.
En su opinión, las inspecciones «son necesarias. No podemos circular por las calles a expensas de lo que pueda pasar por la falta de mantenimiento de los edificios. Además, no es nada nuevo», incide. Porque ya en la Ley del Suelo se recoge la obligatoriedad de los propietarios de mantener los edificios en correctas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato. «La realidad es que no se viene haciendo o al menos no de forma específica», comenta Laborda.
De la misma opinión es el portavoz de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos. «La Ley de Suelo y el Plan General de 2006 ya recoge esta obligatoriedad. Hemos notado que de forma sistemática hay un abandono y lo que debe hacer el Ayuntamiento es exigir la conservación a los propietarios», recrimina. No cree Sánchez Ramos que sea necesaria una nueva ordenanza: «El Ayuntamiento está obligado a defender el patrimonio, pero no hay voluntad para hacerlo».
Recuerda el edil de IU el frustrado intento de «recreación de fachadas». «Querían abrir la puerta para tirar los edificios, construir aparcamientos subterráneos y volver a recrearlos. Eso no funcionó, así que deben restaurarse», afirma.
Ayudas y beneficios
El portavoz de IU recrimina que muchos propietarios hayan dejado en el abandono sus edificios hasta declararlos en ruina técnica y económica, como el de Uría, 16 o el que la entidad Cajastur tiene en la calle San Francisco, 4, que hace un par de semanas sufrió nuevos desprendimientos y en el que ya trabajan para subsanar los desperfectos.
«En algunos de estos edificios se dejó llegar a la ruina para echar a los vecinos y establecimientos comerciales. Se pierde empleo y siempre sale perdiendo la gente de rentas bajas», recrimina Sánchez Ramos.
El inmueble de Uría, 16 se encuentra «en ruina técnica, no económica», ya que el coste de su rehabilitación no supera el 50% del edificio. La farmacia y la tienda de ropa que trabajaban en sus bajos tuvieron que mudarse y ahora han colocado andamios en su interior para evitar un derrumbe del edificio que comenzó a construirse en 1889. Lo diseñó el arquitecto Juan Miguel de la Guardia, también autor de los palacetes de Villa Magdalena o La Lila. Sus deficiencias ya habían sido detectadas por los autores del Catálogo de Edificios y Elementos de Interés, elaborado en 2005.
Las dos últimas vecinas del edificio de San Francisco número 4 hicieron sus maletas en 2007. Habían presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, porque la Audiencia Provincial había declarado la ruina económica del edificio. Ellas alegaban que en 2003, el Ayuntamiento declaró la no ruina económica y ordenó la ejecución de unas obras que no se hicieron. Desde entonces, el edificio permanece cerrado y ahora vallado.
«Nadie tiene excusa para dejar morir los edificios. El Gobierno regional concede unas subvenciones para ello», recuerda Sánchez Ramos. Cuando las ITE comiencen a ser obligatorias «haremos algo para ayudar a los propietarios», garantizó Pando. Por ejemplo el PSOE propone que se «ejecute un plan social de ayudas por si los propietarios carecen de recursos y que se construyan viviendas de protección social, en el caso de que haya realojos», avanzó Carreño.
En todo caso, las inspecciones también tienen una lectura positiva «que se olvida». «Los técnicos propondrían mejoras y podrían salir muy beneficiados de todo el asunto de eficiencia energética. No tiene porque ser malo y además el coste no tiene que ser muy elevado», insistió el aparejador, José Antonio Laborda.
De momento lo urgente es la normativa regional «que creo debería realizarse en todas las localidades no solo en las de más de 25.000 habitantes. El riesgo de los edificios es el mismo», concluye. Habrá que esperar a que el Principado se pronuncie.
