Enlace al texto de la LODE con las modificaciones derivadas de la LOMLOE (23-12-2020)
Entradas relacionadas:
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
Mostrando entradas con la etiqueta LODE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta LODE. Mostrar todas las entradas
viernes, 1 de enero de 2021
viernes, 27 de noviembre de 2020
¿Cambios LOMLOE? (Manuel Menor)
La LOMLOE introduce
menos cambios que los que le achacan
Deja intactos núcleos que arrastra el sistema desde muy atrás. La Constitución aparentó conciliarlos, pero no cesan de motivar desavenencias
Como era previsible, la LOMLOE, desde antes de aparecer en el BOE, ha empezado a dar señales de que molestaba a una parte de la población. No es nada nuevo y hay cuerda para rato. Las protestas de unos y el documento que se va a votar en el Senado son provisionales; forman parte de una tradición alternante que, a lo corta, proviene de una redacción complicada y extraña del artículo 27 de la Constitución, con la que hasta ahora no ha sido nunca posible un pacto educativo firme; más atrás, tiene una larga historia de conflictos, algunos muy graves.
El productivo conflicto educativo
Manifestaciones como la que días pasados hubo en muchas ciudades españolas, de la que quedan huellas en muchos colegios con sus globitos anaranjados, repiten las que hubo, sobre todo, en 2005 –previas a la LOE y a la ampliación- y, también, a algunas anteriores como la de aquellos quince meses de desencuentros continuos –en la calle, en los púlpitos y en los medios afines- anteriores a 1985, en vísperas de que Maravall lograra convencer a los obispos de que aceptaran la LODE, en que se oficializaban sus colegios.
A los dos principales partidos les debe ir bien con este renovado alboroto. Ninguno se rinde en su pelea por tener un motivo simbólico tan fuerte para contentar a sus votantes más fieles, causante, además, de que mientras se habla de esto, parezca que no existen cuestiones más inquietantes. En este momento, los del PP tienen en esta LOMLOE una causa capaz de unirles en el conservadurismo; a su vez, al PSOE le satisface haber frenado algunos excesos en que había incurrido la LOMCE si nadie pregunta qué haya sido de aquella “Alternativa para la Enseñanza” que apareció en el Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en febrero de 1976 y reclamaba “escuela única”. ¿No era esa la base del programa socialista en 1982?
Entretanto, muchísimos opinadores que pasan por este asunto como ante un cotilleo más, dicen lo primero que se les ocurre y no tienen inconveniente, incluso, en sacar a relucir a sus hijos como sufridores de unos malévolos que se empeñan en meter el dedo en un mundo de gente guapa y de mucho éxito. Estos días, se puede oír de todo; cada cual saca a relucir sus propias frustraciones con el sistema educativo; todos tienen alguna experiencia escolar hasta los 16 años como mínimo, e invocan a San Narciso con prontitud.
A decir verdad, nadie debiera extrañarse mucho de todo esto; pero cabría esperar más coherencia de nuestros gestores políticos; de lo que han hecho en estos veinte años últimos por ejemplo, y de lo que van a hacer ahora que Casado anima a los suyos a continuar una guerra como taifas desde cada Autonomía, frente a los supuestos despropósitos de esta octava ley orgánica que propone el PSOE.
Una historia larga
Los intereses contrapuestos de esta película vienen de antiguo. Claudio Moyano, cuando inició en 1857 la legislación general sobre el sistema educativo ya fue condicionado por el Concordato de 1851. La otra mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX no fueron una balsa de aceite: los buenos conocedores de la historia de la Institución Libre de Enseñanza conocen bien que la “libertad de enseñanza” -que tanto se menciona- fue invocada para perseguir despiadadamente a los mentores de aquella gran institución. Si se avanza un poco más y se entra en los porqués de la insurrección contra la II República, además de seguir siendo de gran interés el libro de Mariano Pérez-Galán en 1975, si no tienen mucho tiempo lean en el BOE el preámbulo a la Ley de Educación Primaria (BOE del 18.07.1945) y, si tienen humor, también en ese medio oficial encontrarán una secuencia metódica de órdenes por las que se cerraron institutos públicos y se dio cancha abierta a los colegios de la Iglesia; por ejemplo, una de abril de 1939 (BOE del 15.04.1939), en que los 13 institutos que tenía Madrid fueron reducidos a seis y, al menos a dos de ellos, les cambiaron el nombre anterior. En poco tiempo, el 70,7% de los pocos españoles que, en 1943, pudieron hacer Bachillerato Superior habían pasado por colegios vinculados a la Iglesia; en 1931, la proporción solo era del 28,9%.
Con algo de paciencia, en 1953 verán que hay otro Concordato que, a cambio de facilitar al régimen acomodo internacional, reiteró innumerables privilegios al Vaticano en el mundo educativo; era fama que los obispos llevaban las órdenes y decretos al ministro de turno para que los firmara, y la ley de Enseñanza Media de 1953 deja bien claro que pasó la supervisión de los obispos. Cuando Marcelino Oreja se apresuró en 1977 a reafirmar esa situación, en los artículos 16 y 27 de la CE78 –y en los Acuerdos de 1979- quedó la matriz de cuanto desde entonces venimos rondando sin tocar. Tanto si el PP como el PSOE quieren que acabemos con esta pantomima de estar jugando a buenos y malos en los asuntos de todos con reglas medievales, empiecen por considerar adultos a sus votantes; expliquen por qué no quieren o no pueden denunciar estos Acuerdos. Su grado de modernidad estará en entredicho mientras no lo hagan; del refugio en la CE78 olvídense: ya sabemos que fue un paripé.
¿Igualdad de qué?
Por otro lado, las razones que invocan en este momento las personas implicadas en la concertada, no se sostienen ante la supuesta igualdad democrática, que es lo que tiene que procurar, ante todo, cualquier red educativa que financie el Estado. Su avidez monopolística aparece especialmente interesada en un momento en que la Covid-19 está desnudando implacable las adherencias inútiles que tiene nuestra organización social. No estaría de más que se hicieran ver, sin ficción, la proporción inversamente diferencial con el PIB que ha tenido el presupuesto de la enseñanza Pública y el de la Privada desde 2008; y, si tanto aman a esta España de todos, auditen a fondo las prácticas de las Autonomías a las que todo les ha sido poco para incrementar los recursos de quienes menos lo necesitan. La repercusión de las prácticas desleales que, en vez de ocuparse de la mejora interna del sistema educativo solo se han ocupado de las apariencias que tanto gustan a la libertad de mercado, también las pagamos todos, aunque las bendigan los obispos..
Madrid, 24.11.2020
lunes, 23 de noviembre de 2020
Mentiras contra el Derecho a la Educación (Pío Maceda)
Pío Maceda nos envía este correo:
Pongo el enlace de un artículo breve, que ya puse en Facebook, en el que intento responder por qué los defensores de la concertada siguen presentándose como víctimas tras 35 años de experiencia que lo desmienten.
GRUPOS CONSERVADORES HAN REALIZADO MANIFESTACIONES EN MUCHAS CAPITALES DE PROVINCIA para expresar su rechazo a la Ley Celaá, a la que intentan desprestigiar con mentiras como “es una amenaza para la escuela concertada”, “pretende cerrar los centros de educación especial”, “amenaza a la religión católica”, “elimina el castellano en Cataluña”, etc.
Es importante subrayar que estas manifestaciones repiten el mismo esquema de las que se hicieron durante la tramitación de la Ley del derecho a la Educación (LODE) en los años 1984 y 1985, y durante la de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2005 y 2006.
En la manifestación celebrada el 18 de noviembre de 1984, Carmen de Alvear, entonces presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) habló en nombre de la Coordinadora pro-libertad de enseñanza ante cientos de miles de manifestantes diciendo que “se impide a los padres elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos”. En el cartel que anunciaba la manifestación se veía la silueta de una niña pequeña con coletas escribiendo en el encerado: “No a la escuela única”.
El 12 de noviembre de 2005 los obispos y parte de la cúpula del PP asistieron a la multitudinaria manifestación contra la LOE, que impulsaba el Gobierno de Zapatero y que sería aprobada pocos meses después. Pusieron otra vez el grito en el cielo ante la supuesta amenaza a los centros de titularidad privada, a pesar de que tras dos décadas de aplicación de la LODE habían mejorado bastante: tenían muchas más aulas y más sectores concertados.
¿Por qué repiten otra vez los argumentos de la amenaza a la escuela de titularidad privada, cuando la experiencia ya ha demostrado que eran acusaciones falsas? ¿Por qué tergiversan el concepto de libertad?
Lo hacen para conseguir dos objetivos: beneficiar el negocio de los empresarios y condicionar el marco del debate ideológico.
Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) confirma que en torno al 90% de 336 colegios concertados estudiados cobran una cuota media de 255 euros al mes por estudiante. La mitad de esa cantidad era obligatoria para las familias.
José Luis López Lillo publicó una carta al presidente de la Región de Murcia comentando una sentencia firme que condena a un centro por abuso en el cobro de cuotas. Es una reprobación a esa forma de hacer negocio.
El otro gran objetivo de los defensores de la concertada es llevar la confusión al debate educativo difundiendo falsedades. Pretenden evitar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, esté en el frontispicio de los debates. Los conservadores no lo niegan, pero hacen lo posible para que este derecho quede en segundo plano. Intentan confundir a la opinión pública con una cortina de mentiras.
Los impulsores saben que el éxito de su empeño está en sembrar dudas. Es algo que descubrieron las empresas tabaqueras en los años 50 del siglo pasado: cuando estudios médicos ya confirmaban que el tabaco favorecía la aparición de cáncer, las empresas productoras acordaron pagar informes que negaban esa evidencia con el objetivo de confundir a la opinión pública.
Hace pocos días un portavoz de la enseñanza concertada negó sin rubor el artículo 27.5 de la Constitución cuando dijo: “No se tiene en cuenta la demanda social, pretenden imponer una planificación previa”. El 27.5 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
De igual manera, a lo largo de las últimas décadas aprovecharon esa campaña para poner en primer plano la “libertad de elección de centro”, cuando no debería ser así. La libertad de elección solo es real si previamente se garantiza el derecho de todos y todas a una educación de calidad. Y esa libertad es posible dentro la programación general prevista en la Constitución.
Por tanto, una de las principales tareas de quienes apostamos por el derecho a la educación es combatir las falsedades para contar con una opinión pública bien formada. Tenemos que ser activistas en el sentido que señala Manuel Rivas: “defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras”.
Pongo el enlace de un artículo breve, que ya puse en Facebook, en el que intento responder por qué los defensores de la concertada siguen presentándose como víctimas tras 35 años de experiencia que lo desmienten.
GRUPOS CONSERVADORES HAN REALIZADO MANIFESTACIONES EN MUCHAS CAPITALES DE PROVINCIA para expresar su rechazo a la Ley Celaá, a la que intentan desprestigiar con mentiras como “es una amenaza para la escuela concertada”, “pretende cerrar los centros de educación especial”, “amenaza a la religión católica”, “elimina el castellano en Cataluña”, etc.
Es importante subrayar que estas manifestaciones repiten el mismo esquema de las que se hicieron durante la tramitación de la Ley del derecho a la Educación (LODE) en los años 1984 y 1985, y durante la de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2005 y 2006.
En la manifestación celebrada el 18 de noviembre de 1984, Carmen de Alvear, entonces presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) habló en nombre de la Coordinadora pro-libertad de enseñanza ante cientos de miles de manifestantes diciendo que “se impide a los padres elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos”. En el cartel que anunciaba la manifestación se veía la silueta de una niña pequeña con coletas escribiendo en el encerado: “No a la escuela única”.
El 12 de noviembre de 2005 los obispos y parte de la cúpula del PP asistieron a la multitudinaria manifestación contra la LOE, que impulsaba el Gobierno de Zapatero y que sería aprobada pocos meses después. Pusieron otra vez el grito en el cielo ante la supuesta amenaza a los centros de titularidad privada, a pesar de que tras dos décadas de aplicación de la LODE habían mejorado bastante: tenían muchas más aulas y más sectores concertados.
¿Por qué repiten otra vez los argumentos de la amenaza a la escuela de titularidad privada, cuando la experiencia ya ha demostrado que eran acusaciones falsas? ¿Por qué tergiversan el concepto de libertad?
Lo hacen para conseguir dos objetivos: beneficiar el negocio de los empresarios y condicionar el marco del debate ideológico.
Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) confirma que en torno al 90% de 336 colegios concertados estudiados cobran una cuota media de 255 euros al mes por estudiante. La mitad de esa cantidad era obligatoria para las familias.
José Luis López Lillo publicó una carta al presidente de la Región de Murcia comentando una sentencia firme que condena a un centro por abuso en el cobro de cuotas. Es una reprobación a esa forma de hacer negocio.
El otro gran objetivo de los defensores de la concertada es llevar la confusión al debate educativo difundiendo falsedades. Pretenden evitar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, esté en el frontispicio de los debates. Los conservadores no lo niegan, pero hacen lo posible para que este derecho quede en segundo plano. Intentan confundir a la opinión pública con una cortina de mentiras.
Los impulsores saben que el éxito de su empeño está en sembrar dudas. Es algo que descubrieron las empresas tabaqueras en los años 50 del siglo pasado: cuando estudios médicos ya confirmaban que el tabaco favorecía la aparición de cáncer, las empresas productoras acordaron pagar informes que negaban esa evidencia con el objetivo de confundir a la opinión pública.
Hace pocos días un portavoz de la enseñanza concertada negó sin rubor el artículo 27.5 de la Constitución cuando dijo: “No se tiene en cuenta la demanda social, pretenden imponer una planificación previa”. El 27.5 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
De igual manera, a lo largo de las últimas décadas aprovecharon esa campaña para poner en primer plano la “libertad de elección de centro”, cuando no debería ser así. La libertad de elección solo es real si previamente se garantiza el derecho de todos y todas a una educación de calidad. Y esa libertad es posible dentro la programación general prevista en la Constitución.
Por tanto, una de las principales tareas de quienes apostamos por el derecho a la educación es combatir las falsedades para contar con una opinión pública bien formada. Tenemos que ser activistas en el sentido que señala Manuel Rivas: “defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras”.
Fuente: te-feccoo.es
viernes, 13 de noviembre de 2020
LOMLOE/COVID. La LOMLOE ha iniciado su andadura en el Congreso (Manuel Menor)
Nuestro compañero nos envía este artículo:
Los primeros pasos de esta nueva ley educativa
vuelven a repetir una historia sin más garantías que la provisionalidad
alternante.
Estamos lejos de
haber llegado a un relato compartido. La llamada “Ley Celáa”, anunciada a
finales de 2018, apenas llegada al Congreso ha vuelto a suscitar las viejas
proclamas en pro de la “libertad de elección de centro” y similares, tan reiteradas
desde 1901 –en que Álvaro de Figueroa y Torres, el segundo ministro que tuvimos
en Educación- echaba en cara a los conservadores su amor a esta libertad
educativa cuando tan enemigos eran de las otras libertades democráticas.
¿Libres?
Hace un año, sin
que hubieran levantado nunca el grito en pro del otro núcleo del art. 27CE, la
universalidad equitativa, la actual ministra les enardeció cuando, ante el
Congreso de Colegios Católicos, trató de situar el alcance de la palabra
“libertad” indicando que nada tenía que ver con lo que la interpretación
neoconservadora ha querido entender. Lo llamativo fue que la propia ministra
intentó poner en claro -para apaciguar el revuelo que suscitó- lo que había
dicho; no fuera a entenderse que estaban en entredicho las jugosas prestaciones
económicas de más de 6.000 millones de euros del Presupuesto anual, destinados
a la red educativa concertada.
La Covid-19 está desnudando, destemplada, los
aspectos más inconsistentes de las políticas sociales, en un momento nada
propicio para que salga adelante
una LOMLOE más propicia a atenderlas con cambios profundos en el terreno
movedizo de la educación. La atención que reclaman las frágiles estructuras
productivas hará que no se repare mucho en si se consolida el cansancio de
pugnar para que no haya el fracaso que sigue mostrando la ESO, con un 25% de
alumnado que no logra el título correspondiente –pese a existir un 29% de
repeticiones- y que, en la práctica, se queda sin acreditación alguna. Son
tantas las demandas de tantos perjudicados por esta pandemia en sus negocios,
que no sería extraño que se volviera a pasar de puntillas sobre la coincidencia
de que la proporción de ese “fracaso escolar” sea tan parejo al de la pobreza infantil, que
UNICEF y Save the Children, entre otras organizaciones, venían acreditando
desde hace años.
Es muy probable, sin embargo, que una
de las matrices de los desajustes que, desde hace ochenta años tiene incrustada
en su estructura la enseñanza española, continúe facultando en esta LOMLOE ayudas
específicas para que la red privada y concertada sigan creciendo a cuenta de
los impuestos de todos, mientras sostienen idearios ajenos a una libertad y
universalidad educadoras en términos de equidad. El
precedente, abierto en la LOE equiparando en el art. 108.4 el rango del servicio
público de la educación que prestan “los centros públicos y privados
concertados”, lo ratificó, de nuevo, la reconsideración de las medidas que, con
motivo de la “reconstrucción post-Covid-19”, se habían pensado solo para la enseñanza
pública y que, a finales del pasado mes de julio, fueron revertidas para
atender, “sin segregar”, a la red concertada, privada en definitiva.
La necesidad que tiene la coalición
gobernante de que catalanes y vascos les apoyen para sacar adelante la LOMLOE,
sumada a lo que hace el PP en las Comunidades que gobierna, reafirma un sistema
educativo favorable a seguir interpretando el art.27CE según las posiciones
conservadoras. Aleja, además, la posibilidad de que la legislación española se
parezca a la que rige en Francia las relaciones del Estado y la Iglesia desde
1905; mientras rijan los Acuerdos de 1977-79 con el Vaticano –con la historia
que acarrean de atrás-, un homenaje a los docentes e investigadores exiliados y
depurados en los años cuarenta, similar al que los franceses acaban de tributar
en nombre de la libertad de expresión al profesor Samuel Paty, el pasado día 21
de octubre de 2020, habrá de seguir esperando.
Desiguales
Todo indica que
la arqueológica división del sistema educativo en “escuelas” y “colegios”
-socialmente tan determinante hasta muy entrados los años setenta-, seguirá ahí
y, en algunos aspectos, puede que aumente. La conciliación que imaginó la LODE
en 1985 para poner orden en las subvenciones franquistas a “los colegios”, no
se ha producido; la brecha social que muestran sigue creciendo. En España, uno de los países más
desiguales de Europa según la Comisión Europea, los aproximadamente 671.000
docentes de la enseñanza pública atienden a un alumnado con proporciones de
favorecidos y desfavorecidos inversa -en términos socioeconómicos y culturales-, al que tiene la privada-concertada; esos
profesores y maestros son conscientes de que la relación de su alumnado con
estudios superiores y puestos de trabajo de alta cualificación tendrá una
proporción idénticamente inversa a la de chicos y chicas que atienden los
193.972 profesores y maestros del circuito privado-concertado.
El sistema
educativo actual sigue segregando por este capítulo como lo hizo prácticamente
siempre. Según los datos oficiales, esta otra red de educación ha pasado en
estos cinco últimos a controlar un quinto de los 34.746 millones de Euros del
presupuesto educativo de 2017, un 7,2% más que diez años antes; en el mismo
tiempo, la participación de la enseñanza pública en el crecimiento del presupuesto
solo creció un 1,4 %. No se pierda de vista, además, que cuando de comparaciones
se trata, cuestión que a menudo sacan a relucir los gestores de centros
privados, en su cómputo hablan del gran servicio público que hacen y con menor
coste; no incluyen lo que ha de atender la enseñanza pública subsidiariamente:
la ruralidad de muchas escuelas, los plus de desdobles, profesores de apoyo y
adaptaciones curriculares que, en desigualdad manifiesta, ha de cuidar para no
ser excluyente de raíz con los
ciudadanos más necesitados.
Nómadas
El mundo que
muestra la Covid-19 no se parece al que algunas memes tranquilizadoras han tratado
de imaginar como ocasión para una conversión masiva a la bondad esencial; ese perfeccionamiento místico deja cómodamente fuera la avidez de cuantos ven en
la Sanidad, en los servicios sociales y en la Educación una fuente de negocio.
Más pronto que tarde, sus fautores habrán de escuchar lo que, en un camping
americano de caravanas, entre víctimas de la economía actual, cuenta Jessica
Bruder (País nómada: Supervivientes del
siglo XXI. Capitán Swing: 2020), que le dijo una muchacha conocedora del mundo universitario, con ganas
sobradas para estudiar pero con escasez de recursos –y mucho pánico por
endeudarse con los estudios: “-¿Para qué
seguir estudiando si el mercado de trabajo solo ofrece puestos del nivel más
bajo?”
Manuel Menor Currás
Madrid, 10.11.2020
martes, 7 de abril de 2020
De concertada a pública o a privada en un proceso ¿Es posible? (Por otra política educativa para eldiariodelaeducacion.com)
Artículo de Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero para eldiariodelaeducacion.com/porotrapoliticaeducativa
- El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social6-4-2020
Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con presupuesto público se establecieron en 1985, asimilándose “teóricamente” a las escuelas públicas, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) con el argumento de falta de recursos para escolarizar a toda la población.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
En cifras globales, estos centros acogen a uno de cada cuatro estudiantes en la enseñanza obligatoria (el 30% del alumnado), cifras superadas únicamente por Bélgica en el número de alumnos matriculados.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
- El que estos centros educativos estén financiados por fondos públicos no indica que sea educación pública. Sus características pedagógicas y de gestión son de escuela privada y no aplican toda la normativa estatal del funcionamiento de las escuelas públicas. No se niega que hagan un servicio subsidiario a la población, pero la educación que imparten no responde, en termino generales, a los principios de igualdad y solidaridad, participación y democracia que son exigibles a la educación pública.
- Con fondos públicos de nuestros impuestos que, pagamos todos y todas, se financia una tipología de escuelas que seleccionan a su alumnado, con el argumento de la libertad de elección de las familias para escoger el centro educativo, cuando lo que realmente sucede es que se están seleccionando a las familias más interesantes desde cada centro.
- La principal consecuencia es que se segrega a una parte importante del alumnado. Los informes nos indican que la escuela pública matricula al 80% del alumnado inmigrante pese a escolarizar el 71% de la población total. La concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 30% del alumnado general.
- Se generan dos redes educativas sostenidas con presupuestos públicos, que atienden a poblaciones sociales diferentes y aunque no pueden hacer una selección según la normativa, se hace. Las cuotas “voluntarias” son, de hecho, una forma de seleccionar a las familias que pueden pagarlas. Hay otras formas de selección como el “efecto barrio” donde se ubica la enseñanza privada concertada.
- Las escuelas concertadas defienden que su gasto, en comparación con la educación pública, es menor según algunas estadísticas. Otras, que incorporan más variables, dicen lo contrario. Además, no argumentan que ellos tienen en sus aulas estratos sociales más altos debido a la selección del alumnado y que se tiene en cuenta el gasto de las familias. Aun así, ocultan que la escuela pública tiene muchas más necesidades de apoyo, soporte y refuerzo que ellos no utilizan porque no los necesitan. Tampoco contemplan el coste financiero de las escuelas rurales, que son públicas en su totalidad, la formación del profesorado… etc.
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
Entrada relacionada:
jueves, 6 de febrero de 2020
35 años de leyes para privatizar las aulas: de la LODE a la LOMCE (Daniel Sánchez Caballero para www.eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
- España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como "libertad de elección" y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión
05/02/2020
Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: "Libertad de elección" y, más recientemente, "evaluaciones estandarizadas". España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.
El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de "cuasimercado" empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.
En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.
La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.
"El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo", escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.
"Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo", comenta Saura. "Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación".
Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la "enfermedad de lo público". Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como "soviético centralizador" y que no promovía la libertad de elección familiar.
Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la "demanda social", un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.
La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. "Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados", analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la
situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.
Un poco de historia
La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. "La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias", explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.
La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.
La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: "Cultura del esfuerzo", jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí... De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, "otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales", cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.
"La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado... Calan esas ideas y se pervierte la educación", explica Quirós.
En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.
Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma dé
cada, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.
En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el
mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.
La escuela que segrega
Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.
En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.
La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.
Y llegaron los másteres
La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.
Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.
Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El "tamaño" y el "crecimiento sólido del mercado" se citaban como puntales para una buena inversión.
El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.
En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.
Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela "eficiente" que dé "empleabilidad" a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la "empleabilidad" una garantía de empleo por sí misma?
Entrada relacionada:
jueves, 30 de mayo de 2019
Los colegios concertados facturan 700 millones al año con el negocio de los comedores escolares (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero publicado en eldiario.es
La escuela concertada se lleva la mayor parte de este pastel (también tiene la mayoría de los alumnos en la privada), con una facturación de 698 millones de euros al año y un beneficio de 166 millones entre los centros religiosos (90 millones) y los laicos (el resto). El negocio es próspero: en 10 años el margen que el servicio de comedor deja en estos centros ha aumentado un 91% con una ligera subida de estudiantes.
El comedor es un servicio interesante para los colegios concertados. Estos centros de iniciativa privada pero sostenidos con fondos públicos se financian de una cantidad de dinero que le traspasa el Gobierno más o menos fija, llamada módulo. Los responsables de estos centros llevan denunciando desde su creación, en 1985, que el módulo es escaso y no les da para cubrir su funcionamiento ordinario, motivo en el que justifican su búsqueda de fuentes de financiación alternativas, que siempre son las familias de los niños que escolarizan. La más polémica vía son las cuotas, aportaciones voluntarias (se supone, no pueden ser obligatorias porque serían ilegales) de los padres.
Y aquí entran en juego los comedores, que tienen un público bastante cautivo, incluso en los distritos más pobres. Lo explica una profesora de un centro concertado del sur de Madrid que prefiere no dar su nombre, con un estudiantado humilde: "Mi colegio se financiaba por el comedor. No todas las familias podían pagar la cuota mensual, pero todas o casi todas tenían que pagar el comedor, no tienen más remedio". Es un ejemplo de un barrio pobre, pero sucede igual en todos.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la principal patronal de enseñanza concertada en Madrid, rebaja la credibilidad de los datos del INE. "No nos resultan realistas. A veces mezclan conceptos, como ingresos por la actividad de enseñanza con las actividades complementarias o con las donaciones", asegura. "Por ejemplo, entre los gastos puede no aparecer la amortización del edificio o los gastos en personal", explica.
Respecto a los comedores en sí, Centeno cuenta que aunque la LODE especifica que este tipo de servicios debe ser no lucrativo por ley, un párrafo añadido en la LOPEG, en el 95, decía que el cobro de este tipo de actividades puede contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones. "Si, una vez finalizado el curso y el servicio, queda un remanente, este se puede reinvertir en equipamiento y material del centro sin que esto desvirtúe la no lucratividad", afirma.
Los centros privados concertados, aunque pertenezcan a la red pública, no tienen las limitaciones de los colegios públicos con los precios. En los públicos, los precios los fija la comunidad autónoma. En los privados son libres.
Así, se dan diferencias. En Madrid, por ejemplo, el coste de comer en el colegio es de 4,88 euros por día. Multiplicada esta cifra por los más o menos 22 días lectivos al mes, da un total de 107,36 euros mensuales. En algunas comunidades cuestan un poco más, en otras algo menos. Un colegio concertado del centro Madrid cuesta 150 euros mensuales. En Aragón, por ejemplo, comer en un concertado cuesta entre 30 y 50 euros más al mes que en uno público, según datos que en su momento publicó el gobierno regional.
Centeno niega la mayor con carácter general. "La privada sí, pero según mis datos en la concertada hay de todo y depende de la ciudad y el tipo de servicios. La diferencia entre pública y privada concertada, de existir, no es significativa", asegura.
Y aquí entra en juego también el recurrente tema de la selección de alumnado por parte de los centros concertados. Porque un colegio privado sostenido por fondos públicos no puede, por ley, elegir a sus alumnos como sí puede hacerlo uno privado. Pero sí puede fijar el precio de comedor que quiera. O el de las cuotas. O el de las excursiones.
- Los centros concertados laicos y religiosos, sostenidos con fondos públicos, obtienen de los comedores buena parte de su financiación y ganaron 166 millones con el servicio en un año
- El precio en la pública está regulado por ley y ronda los 100 euros al mes en Madrid. En la privada y subvencionada el precio es libre y puede suponer 50 euros mensuales más
- Los beneficios que deja dar de comer a los alumnos en la escuela concertada han subido un 91% en diez años
La escuela concertada se lleva la mayor parte de este pastel (también tiene la mayoría de los alumnos en la privada), con una facturación de 698 millones de euros al año y un beneficio de 166 millones entre los centros religiosos (90 millones) y los laicos (el resto). El negocio es próspero: en 10 años el margen que el servicio de comedor deja en estos centros ha aumentado un 91% con una ligera subida de estudiantes.
El comedor es un servicio interesante para los colegios concertados. Estos centros de iniciativa privada pero sostenidos con fondos públicos se financian de una cantidad de dinero que le traspasa el Gobierno más o menos fija, llamada módulo. Los responsables de estos centros llevan denunciando desde su creación, en 1985, que el módulo es escaso y no les da para cubrir su funcionamiento ordinario, motivo en el que justifican su búsqueda de fuentes de financiación alternativas, que siempre son las familias de los niños que escolarizan. La más polémica vía son las cuotas, aportaciones voluntarias (se supone, no pueden ser obligatorias porque serían ilegales) de los padres.
Y aquí entran en juego los comedores, que tienen un público bastante cautivo, incluso en los distritos más pobres. Lo explica una profesora de un centro concertado del sur de Madrid que prefiere no dar su nombre, con un estudiantado humilde: "Mi colegio se financiaba por el comedor. No todas las familias podían pagar la cuota mensual, pero todas o casi todas tenían que pagar el comedor, no tienen más remedio". Es un ejemplo de un barrio pobre, pero sucede igual en todos.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la principal patronal de enseñanza concertada en Madrid, rebaja la credibilidad de los datos del INE. "No nos resultan realistas. A veces mezclan conceptos, como ingresos por la actividad de enseñanza con las actividades complementarias o con las donaciones", asegura. "Por ejemplo, entre los gastos puede no aparecer la amortización del edificio o los gastos en personal", explica.
Respecto a los comedores en sí, Centeno cuenta que aunque la LODE especifica que este tipo de servicios debe ser no lucrativo por ley, un párrafo añadido en la LOPEG, en el 95, decía que el cobro de este tipo de actividades puede contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones. "Si, una vez finalizado el curso y el servicio, queda un remanente, este se puede reinvertir en equipamiento y material del centro sin que esto desvirtúe la no lucratividad", afirma.
Los centros privados concertados, aunque pertenezcan a la red pública, no tienen las limitaciones de los colegios públicos con los precios. En los públicos, los precios los fija la comunidad autónoma. En los privados son libres.
Así, se dan diferencias. En Madrid, por ejemplo, el coste de comer en el colegio es de 4,88 euros por día. Multiplicada esta cifra por los más o menos 22 días lectivos al mes, da un total de 107,36 euros mensuales. En algunas comunidades cuestan un poco más, en otras algo menos. Un colegio concertado del centro Madrid cuesta 150 euros mensuales. En Aragón, por ejemplo, comer en un concertado cuesta entre 30 y 50 euros más al mes que en uno público, según datos que en su momento publicó el gobierno regional.
Centeno niega la mayor con carácter general. "La privada sí, pero según mis datos en la concertada hay de todo y depende de la ciudad y el tipo de servicios. La diferencia entre pública y privada concertada, de existir, no es significativa", asegura.
Y aquí entra en juego también el recurrente tema de la selección de alumnado por parte de los centros concertados. Porque un colegio privado sostenido por fondos públicos no puede, por ley, elegir a sus alumnos como sí puede hacerlo uno privado. Pero sí puede fijar el precio de comedor que quiera. O el de las cuotas. O el de las excursiones.
Un sector al alza
El análisis de los números de los comedores escolares en la escuela concertada da una idea de cómo evoluciona el sector y lo que supone para los colegios.
Si se observa la evolución a lo largo de una década, la que va de 2004 al 2014, los centros concertados pasaron de facturar 413 millones de euros al año por el servicio de comedor a 697 millones, una subida del 68,7%. Los beneficios brutos en ese periodo por este servicio subieron de 81 millones de euros al año hasta los 155 millones. Esto supone una subida del 91% con apenas el 10% más de estudiantes (en general, no existen datos de usuarios de comedor).
Si se incluyen en esta estadística los colegios privados sin concertar se observa la misma evolución al alza. En el curso 2004-2005, toda la escuela privada en su conjunto facturó 613 millones de euros, según datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE, con un beneficio de 146 millones de euros. Cinco años después, la escuela privada había multiplicado sus ingresos por comedor hasta los 865 millones de euros, un 41% más, con una ganancia bruta de 197 millones. Otros cinco años más tarde, en el curso 2014-15, el INE fija en 1.002 millones de euros los ingresos de los centros privados por el comedor, con un resultado de explotación de 257 millones de euros.
En resumen: en diez años, la escuela privada en su conjunto, concertada o sin concertar, multiplicó sus ingresos por 1,6 (o sea, subieron un 63%) y sus beneficios por 1,7 (un 76% más). Y todo ello con solo un 10% más de alumnos.
La última pata a considerar en este tema es el oscurantismo que existe con la materia. Lo explican desde la web Carro de Combate tras haberse peleado con el sector para elaborar un completo informe sobre la materia, aunque circunscrito a lo público.
"Una de la principales conclusiones en nuestro informe es que hay una tremenda opacidad en el sector de los comedores escolares, ya sean públicos o privados. Muchos gobiernos autonómicos se niegan a dar datos bajo diferentes pretextos y muchas de las estadísticas no están armonizadas, por lo que es difícil hacer comparaciones", explica Laura Villadiego, una de las autoras del informe.
Pero alguna cosa se sabe, como se refleja en el informe de Carro de Combate, elaborado junto a Del Campo al Cole y SEO/Birdlife. Por ejemplo, que cuatro grandes empresas controlan el 60% de los comedores escolares, servicio por el que facturan unos 630 millones de euros al año. Son Serunión (30% de cuota de mercado), Compass Group (17%), Aramark (13%) y Ausolan (10%).
"Existe un contexto europeo de cierta concentración de empresas de restauración colectiva", explica Andrés Muñoz, coordinador del estudio, que en España responde a una administración pública que "entendemos que legisla en beneficio de estas empresas y no de las familias y los niños y niñas que utilizan el servicio" y que favorece a la oligopolización del sector. "Estas empresas tienen gran capacidad y centrales de compra donde pueden presionar a los productores" para ofrecer el precio más bajo, mientras los grandes lotes pueden "facilitar la gestión a la propia administración" o permitir que puedan ofrecerse precios aún más ajustados, asegura Muñoz.
El análisis de los números de los comedores escolares en la escuela concertada da una idea de cómo evoluciona el sector y lo que supone para los colegios.
Si se observa la evolución a lo largo de una década, la que va de 2004 al 2014, los centros concertados pasaron de facturar 413 millones de euros al año por el servicio de comedor a 697 millones, una subida del 68,7%. Los beneficios brutos en ese periodo por este servicio subieron de 81 millones de euros al año hasta los 155 millones. Esto supone una subida del 91% con apenas el 10% más de estudiantes (en general, no existen datos de usuarios de comedor).
Si se incluyen en esta estadística los colegios privados sin concertar se observa la misma evolución al alza. En el curso 2004-2005, toda la escuela privada en su conjunto facturó 613 millones de euros, según datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE, con un beneficio de 146 millones de euros. Cinco años después, la escuela privada había multiplicado sus ingresos por comedor hasta los 865 millones de euros, un 41% más, con una ganancia bruta de 197 millones. Otros cinco años más tarde, en el curso 2014-15, el INE fija en 1.002 millones de euros los ingresos de los centros privados por el comedor, con un resultado de explotación de 257 millones de euros.
En resumen: en diez años, la escuela privada en su conjunto, concertada o sin concertar, multiplicó sus ingresos por 1,6 (o sea, subieron un 63%) y sus beneficios por 1,7 (un 76% más). Y todo ello con solo un 10% más de alumnos.
La última pata a considerar en este tema es el oscurantismo que existe con la materia. Lo explican desde la web Carro de Combate tras haberse peleado con el sector para elaborar un completo informe sobre la materia, aunque circunscrito a lo público.
"Una de la principales conclusiones en nuestro informe es que hay una tremenda opacidad en el sector de los comedores escolares, ya sean públicos o privados. Muchos gobiernos autonómicos se niegan a dar datos bajo diferentes pretextos y muchas de las estadísticas no están armonizadas, por lo que es difícil hacer comparaciones", explica Laura Villadiego, una de las autoras del informe.
Pero alguna cosa se sabe, como se refleja en el informe de Carro de Combate, elaborado junto a Del Campo al Cole y SEO/Birdlife. Por ejemplo, que cuatro grandes empresas controlan el 60% de los comedores escolares, servicio por el que facturan unos 630 millones de euros al año. Son Serunión (30% de cuota de mercado), Compass Group (17%), Aramark (13%) y Ausolan (10%).
"Existe un contexto europeo de cierta concentración de empresas de restauración colectiva", explica Andrés Muñoz, coordinador del estudio, que en España responde a una administración pública que "entendemos que legisla en beneficio de estas empresas y no de las familias y los niños y niñas que utilizan el servicio" y que favorece a la oligopolización del sector. "Estas empresas tienen gran capacidad y centrales de compra donde pueden presionar a los productores" para ofrecer el precio más bajo, mientras los grandes lotes pueden "facilitar la gestión a la propia administración" o permitir que puedan ofrecerse precios aún más ajustados, asegura Muñoz.
domingo, 10 de febrero de 2019
Sofismas (Manuel Menor)
Censuras,
soflamas y sofismas…
“Las
palabras especiosas y engañosas pero opuestas a los derechos civiles de la comunidad”,
alertaba Locke (1690), son muy peligrosas para todos.
La 33ª edición de los Goya acaba de premiar el documental Gaza, un corto en
que se revisa la situación de los derechos fundamentales del pueblo palestino,
pisoteados de continuo por el imperialismo sionista.
Gaza
Nada que ver propiamente con judíos y musulmanes, sino con
actitudes que aprovechan sus diferencias culturales para primar posiciones de
poder hegemónico, dominio, fuerza y colonización, generadoras de sumisión,
pobreza y esclavitud. Si quienes han tenido algo que ver –no solo por acción,
sino también por dejación- hubieran construido en otra dirección, gran parte de
los problemas geoestratégicos generados -sobre todo, desde 1947- en la zona que genéricamente se ha venido llamando
Oriente Medio, no hubieran tenido lugar y, seguramente, el mundo habría sido
más pacífico. La denuncia de Gaza no
debiera sino facilitar que, al menos en el futuro, se pudiera rectificar la
dirección de tanto esfuerzo estéril.
El cardenal Osoro, sin embargo, de haber estado en el jurado de
los Goya, no habría votado que ese documental llegara a la fiesta de la
Academia de Cine. Por decisión suya magisterial no pudo ser exhibido en la
parroquia de San Carlos Borromeo (Entrevías, Madrid): no fueran a distraerse sus feligreses.
La ambigüedad ha jugado en ello un papel supuestamente pastoral, de la misma
sensibilidad que ha dado muestra en los últimos tiempos respecto al traslado de Franco a la catedral de la Almudena y que no es nueva. Hace 20
años, en los inicios de su carrera episcopal en Ourense, ya la apuntaba en sus maneras de cuidar con esmero su
imagen. Las que se ejemplifican tras una fotografía suya junto a un enfermo,
que debe corresponder al Jueves Santo de 1999. Una asociación piadosa que
paseaba la caridad visitadora del joven obispo por la unidad cardiológica de la
Residencia Sanitaria, le llevó ante un paciente
que rondaba los ochenta años; el fotógrafo de la comitiva captó la
fugacidad de la escena fotogénica e hizo su trabajo. Aquel oportunismo no
pasaría desapercibido: a los testigos ocasionales no se les escapó que, ni
antes ni después del flash, nadie hablara con aquel enfermo ni le pidiera
permiso para que su efigie apareciera al día siguiente junto al joven prelado
en los kioskos; alguien recordó en cambio que, según el Evangelio, la insípida escena
debiera haber sido muy distinta. Podían, incluso, haber hablado mucho. Aquel
anciano esperaba un marcapasos y le habría encantado, como creyente muy cabal
que era, contar a Osoro, entre otras cosas, cómo había labrado la gran piedra
granítica del altar mayor de su catedral (Cfr.:
“Canteiros e penedos”, en: Farodevigourense, 17.06.2012).
Cazadores con red
No hace falta ir a un Museo para percibir cómo muchos artistas se
han aplicado para moverse entre el realismo y la representación; tampoco es
preciso recurrir al mimetismo ilusorio de la teatralidad. La información y sus
maneras están más a mano. Obligados a distinguir entre la objetualidad de lo
que acontece y los formalismos manieristas de redactores y opinadores, la invención periodística no desmerece. El Brexit inglés, el triunfo de Trump en
EEUU, o fenómenos posteriores en Europa y España, han puesto en primer plano
estos métodos, con la complicidad operativa de las redes sociales: los quince años de Facebook están ahí. Quienes
cazan en la red con “transgresoras” performances
de estricta subjetividad ya tiene escuela. Las Fake news, los neolenguajes, las medio verdades y demás componendas
discursivas de moda para fidelizar
lectores, consumidores y votantes a golpe de click, han crecido como setas pero no son algo nuevo. ¿Alguien
recuerda cómo se trabajó aquello de las “armas de destrucción masiva”, en que tanto se implicó Aznar? ¿Verba volant?
La larga historia de trampantojos y poder
siempre ha estado ahí, como ejemplifica bien la constante avidez de la
jerarquía católica por adoctrinar, en exclusiva, en la Verdad (con mayúscula). Desde su “triunfo” sobre el “paganismo” clásico, impuesto en todo el Imperio
Romano desde el año 370 d. C., nunca dejaron de contar, con más apologética
autoreferencia que con razonable explicación histórica, las componendas de su
doctrina con su propia terrenalidad. Desde entonces, no han variado mucho las tornas; de lo que hacen y dicen en el presente,
tampoco es que el propio Vaticano -o sus obispos en España- hayan mejorado mucho sus ambiguos
cálculos oportunistas. Sin quebrantar el segundo de los Diez Mandamientos, no parece,
desde luego, que puedan arrogarse como palabra de Dios la información que emiten, especialmente desde algunos
de sus medios.
Si Zola viviera hoy, ese
gran corpus de ambigüedad le hubiera proporcionado material sobrado para
proseguir su trilogía: Lourdes, Roma,
París. Sin más, con lo que hace poco dijo Blázquez acerca de que “solo un 3%” del clero puede ser calificado como pederasta, ya tendría para una novela
o para un nuevo manifiesto del tipo J´accuse.
¡Qué magnífica escena no habría descrito
con lo que intercambiaron Monseñor Yanes, Maravall y otros testigos en vísperas de la LODE (1985), cuando sobrevoló la idea de que si no
firmaban la posibilidad de los “conciertos educativos” –o no movían a sus
asociaciones a que firmaran-, un crédito extraordinario del Estado crearía las
plazas escolares que “subvencionaba”!
Y en la ambigüedad emocional y verbal seguimos, con todos los
riesgos que comportan estos meandros. Tácticamente, a los vocacionados para la politiquería –que no para la política- les es propicia la mucha “gente”
–palabra suficientemente ambigua para que todo espectador se sienta implicado- que
sestea en su verdad particular, intolerante con cuanto le pueda privar de su “orden
natural” inamovible. Da igual de qué se trate: de Venezuela, de taxis, de
Cataluña o de España. No faltan quienes les alienten a manejar el verbo y la pluma “sin complejos”,
cada día con más vehemencia que credibilidad, en redes y
emisoras múltiples pero unívocas. Impregnados de la vieja cólera
dogmática, tratan de que sus apuestas narcisistas muevan a los votantes. El
resultado son los púlpitos actuales, en los que brilla la dialéctica del micrófono siempre a punto para hisopar la
última ocurrencia del dispuesto a parecer moderno aunque no tenga nada qué
decir, salvo a unas centradas “clases
medias” encantadas de retuitearse.
Otros/as
En ese estatus social al que todo oyente suele apuntarse aunque esté colgado hasta
las cejas, los otros, los asalariados y los que no tienen ni salario, solo existen como atrezzo; ni
en bruto ni cocinados por el CIS suelen tener presencia política. Quienes han peleado estos años
por la escuela pública flaco favor les harán a ellos y a sí mismos si se
contentan con la operatividad de la “restricción mental” y no siguen pugnando
por lograr, ahora, que sean explícitamente contemplados –sin ambigüedad mixtificadora- en la propuesta de derogación de la LOMCE. En qué consista su esencia está por ver todavía, cuando puede que ni llegue a Proyecto: la
gran provisionalidad de este Gobierno se hace cada día más perentoria con o sin “relator” que medie en el uso del ábaco contable.
Es urgente: la ambigüedad, el pasteleo y el sofisma siempre han
sido mortíferos para la democracia. El
año 399 a.C., Sócrates, acusado de no reconocer a los dioses en que creía su
Polis, y de corromper a los jóvenes, fue condenado a muerte por un tribunal de 500 atenienses. De nada le valió “la conducta
que había mantenido toda su vida y que, en su opinión, había estado al servicio
de la verdad y de sus conciudadanos” (Platón. Diálogos: Fedón).
Manuel Menor Currás
Madrid, 07.02.2019
jueves, 24 de enero de 2019
Frágiles (Manuel Menor)
La igualdad del derecho
a la educación vuelve a quedar frágil
En el Anteproyecto de
Reforma educativa, la reversión de la LOMCE, teóricamente valiosa, es ambigua
en demasiados aspectos.
La ONU aconseja, por primera vez, celebrar
hoy, día 24, el Día Internacional de la Educación, cuando está vigente una
constante de la historia, la división entre ricos y pobres. Variopinta en su
configuración, si en la perspectiva internacional la desigualdad educativa no
cesa, ni la reconquista, ni las dudosas invenciones nacionalistas, ni siquiera fragmentaciones como las de algunos círculos políticos, debieran
distraernos de esta brecha creciente.
El reto de la igualdad continúa
vivo. Ahí están los informes de Save the Children señalando la posición débil de España en la atención a los niños
en riesgo de exclusión. O el de Oxfam-Intermón respecto al reparto de recursos en los últimos años. El crónico
diferencial de renta que puede haber –dentro de una misma ciudad- entre unos y
otros barrios se ha agudizado. No solo en condiciones de alimentación, consumo
y sanidad, sino también en cuanto a capital cultural, educación, y la propia esperanza de vida, con once años de distancia.
La ocultación
Históricamente, la pobreza ha
tenido muchos modos de ser mirada, paliada o soslayada. Ha habido incluso muchas formas de negarla.
Tantos o más que los que ha tenido para ser tolerada, prohibida y utilizada. De
todos esos hábitos se ha nutrido su atención o desatención mediante el
evergetismo, la caridad, la beneficencia y filantropía, el Estado social y el
Estado de Bienestar en su corto periplo -desde 1945- hasta hoy, en que
fundaciones y ONGs diversas tratan de paliar con eclécticas invocaciones de variado rigor moral e incluso
religioso los agujeros que, desde noviembre de 1989, se han infligido a la
cobertura social. En todo caso, el afianzamiento de la igualdad de todos los
ciudadanos -pregonado en 1789- nunca ha
estado tras estas iniciativas. Notorio
es, como señaló Caro Baroja, el utilitarismo que han tenido y siguen teniendo las atenciones
a la pobreza, sea cual sea el concepto que las pretexte. Entre el siglo IV y el
XVIII, predominó el logro de la felicidad eterna; hoy, cuando las empresas
hacen gala de perfil “social”, siempre muestran su presunta bondad para que
compremos. El problema es que, de raíz, el de la educación es un derecho
fundamental, primordial para que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus
capacidades, y no debe ser usado como instrumento diferenciador; y menos,
mediante el uso de bienes del erario público.
“Lo social”
Pese a ello, las distinciones
entre partidos políticos suelen sustentarse en torno a lo “social” –la parte de
atención que corresponde a los segmentos sociales menos favorecidos-, con
notoria variabilidad en sus programas educativos. Todos parten de la máxima
evangélica: “siempre tendréis a los pobres con vosotros” (Juan, 12: 8), pero unos
u otros presupuestos generales del Estado (PGE) se distinguen por la atención social mientras las partidas sustantivas
son intocables. Las variaciones, más notorias desde 2008, han incluido, además,
desatenciones explícitas, recortes, privatizaciones y más inclusión de
intereses privados dentro del espacio común.
Revertir tiempos y atenciones perdidas en estos años, si se pretende, ha de tener presente que
la brecha social ha crecido y sus actores están posicionados más asimétricamente.
Al revés de lo que suele suceder en la valoración, el supuesto despegue en que hayamos
entrado -cuantificada en torno a los grandes números del PIB- oculta la micro óptica de los excluidos y desempleados, recortados
en sus derechos y libertades.
La ambigüedad
La distinción entre los más
“sociales” de nuestros políticos y los más “neoliberales” reside en lo cerca o
lejos que les caigan los pobres. Esta denominación nunca suelen usarla ni unos
ni otros: en pura ambivalencia semántica, contar esto sería “populismo” demagógico. Consagrada está, en cambio, una gramática de la
ambigüedad calculada para no mancharse, que se propaga opportune
et importune. Y así, el adjetivo “radical”, por ejemplo, sirve para calificar lo aborrecible por incómodo.
Ahora, en el lenguaje hegemónico -displicente y edulcorado-, radicales serían
quienes pidan claridad a la Iglesia en
la ocultación de la pederastia de aproximadamente un 2% de clérigos –un problema no solo eclesiástico, que, según Save the Children, ha sufrido entre el 10 y el 20% de la población en su
infancia. O quienes reclaman que esos
ojos eclesiásticos que no quieren ver clarifiquen su posición respecto al posible traslado de los restos de Franco…
¡Menuda historia a lo divino! Más terrenalmente, la apuesta por la ambigüedad
persiste también en educación, ese
sensor formidable de lo que pasa y de lo que pesa para que no cambie casi nada.
Pronto entrará en el Congreso el Anteproyecto de Reforma de la LOMCE, que, tal como parece ir,
dudosamente recoge los compromisos que los opositores a esta ley orgánica –el PSOE entre ellos- habían trenzado en
2013. Si este proyecto de ahora se lee desde la óptica de la pobreza/riqueza,
no es mucho lo que pretende reformar. Deja teóricamente más equilibrados de
nuevo los dos ingredientes del “pacto” que supuso el artículo 27CE.1: la libertad y la universalidad, pero al no
atar en corto la inversión económica ni los demás apartados de este artículo,
el fortalecimiento práctico de lo segundo vuelve a quedar frágil y, con el, la
anhelada igualdad. Y aun así, este destejer de ahora no parará los proyectos de los aguirristas y compañeros de faenas, cuyas falsedades ya denuncia Martínez Seijo.
Los examinadores de la OCDE ya dijeron en 1986, cuatro años antes de que fuera aprobada la LOGSE: “Es posible que los niños
de las escuelas privadas, fuertemente subvencionadas por el Estado”, tengan más
recursos que los alumnos de la pública. ¿Es que, después de 33 años, todavía no
los hay para una igualdad real de todos los niños y niñas españoles? ¿Qué
impide que –como antes de 1978- para un 40% una cosa sea ir a la escuela y otra estudiar? Como si siempre hubiera algún
imperativo inexplicado, en la España de 2019 vuelve a no ser el momento oportuno
para que en nuestro sistema sea posible a todos los ciudadanos superar la mera escolarización.
“Sin educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos –aseguran desde la ONU-, no se lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo
de pobreza que deja rezagados a millones de personas”. La cuestión, por tanto,
es si esta reforma que ahora se proyecta en España es una apuesta seria por la
escuela pública –la “social”- o si es tan timorata que vaya a dejar casi
intactos los mecanismos para acelerar su privatización a la primera de cambio.
Todo inclina a pensar que el reformismo que pronto se debatirá en el Congreso solo
aspire a restaurar la LOE, de 2006, pero sin volver siquiera a las exigencias
que planteaba la LODE en 1985. En
Galicia, ante situaciones similares, suele decirse ¡Pobres dos pobres!
Manuel Menor Currás
Madrid, 24.01.2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)