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25 de febr. 2015

Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex cobraron 3,16 millones en 2014

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, REE y Enagás tenían el año pasado a once ex altos cargos del PP, cinco del PSOE y uno de CiU en sus consejos de administración.

Los que más cobraron fueron el presidente de REE y el consejero delegado de Enagás, los únicos con funciones ejecutivas: 746.000 euros y 552.000 euros, respectivamente.

Entre los no ejecutivos, las retribuciones oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales.

El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, en una rueda de prensa. / Efe

Antonio M. Vélez / ElDiario.es 25/02/2015 

Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En 2014, las puertas giratorias (el polémico paso de políticos al sector privado), que tienen al sector energético como uno de sus destinos predilectos (eléctricas, gasistas y petroleras dan cobijo a un tercio del medio centenar de ex altos cargos a sueldo en consejos del Ibex), funcionaron con brío. El año pasado se incorporaron seis nuevos consejeros con pedigrí en la cosa pública, todos ellos vinculados al Partido Popular y algunos con nula experiencia previa en el sector privado, a dos empresas del sector, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás. Ambas se encargan de la operación del sistema eléctrico y gasista, respectivamente, y su principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por empresas, la compañía que más expolíticos tuvo en su consejo de administración es Enagás, con nada menos que ocho (siete del PP y uno del PSOE), seguida de REE, que el año pasado tuvo cuatro (dos por cada uno de los grandes partidos), Iberdrola y Gas Natural (uno del PSOE y otro del PP cada uno de ellas) y Endesa (uno de CiU).

Los mejores sueldos, como es natural, corresponden a los dos únicos que tienen funciones ejecutivas: el presidente de REE, José Folgado, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja. Y entre los no ejecutivos (y teniendo en cuenta solo a los que estuvieron todo el año en el puesto), los emolumentos oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales, a una media de 189.666 euros por cabeza.

El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores (como José María Aznar en Endesa) ni a consejeros de filiales, como el marido de María Dolores de Cospedal (colocado en las subsidiarias de Ingeniería e Inmobiliaria de Iberdrola), dado que su retribución no es pública. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es consejero de Gas Natural.

De mayor a menor sueldo, el listado es el siguiente:

José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, presidente ejecutivo de REE, aumentó su retribución un 2,7% en un ejercicio en el que los resultados de la compañía crecieron un 35,7% por el impacto de los extraordinarios. Folgado, presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza, forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.

Marcelino Oreja (Enagás): 552.000 euros. El año pasado, el beneficio de Enagás se estancó pero su consejero delegado, el exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja, aumentó su retribución un 30,4%. El incremento "se debe a ser el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo". Oreja fue nombrado número dos de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder y tiene encomendada la expansión internacional de la compañía.

Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro de Interior de Aznar, que ya se ha embolsado más de un millón de euros como vocal de Iberdrola desde su nombramiento en 2012, es el mejor pagado de entre los expolíticos a sueldo del sector que no tienen funciones ejecutivas, a pesar de que su retribución cayó el año pasado un 5,6%. Doblemente imputado por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas, Iberdrola prevé renovarle como consejero hasta 2019.

Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Y, como Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.

Miquel Roca (Endesa): 245.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero independiente de Endesa (que el año pasado le pagó un 21% menos), es vocal de ACS y secretario (no consejero) de los consejos de Administración de Abertis y Banco Sabadell. Sigue vinculado al bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España, y que en 2014 volvió a asesorar a la eléctrica por unos honorarios que la empresa no especifica pero “no son significativos”, según la compañía.

Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural): 196.000 euros. Uno de los pocos que lleva más años en el sector privado que en el público, su salto a la política llegó en mayo de 1996, cuando fue nombrado secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía. Volvió a Repsol (la compañía de la que procedía) en 2003 y fue escalando posiciones hasta convertirse en su número dos, aunque el año pasado fue sustituido en ese rol por otro expolítico, el peneuvista Josu Jon Imaz. Consejero de Gas Natural en representación de la petrolera, su retribución en esa compañía aumentó el año pasado un 54,3%, aunque el grueso de sus emolumentos viene de Repsol, donde actualmente es director del área Comercial, Química y Gas & Power de Repsol y miembro del Comité de Dirección.

Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el Consejo de Administración de REE, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005 y es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.

Felipe González (Gas Natural-Fenosa): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su previsible salida, que en principio debería haberse producido en la última junta de accionistas. González dijo hace un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es "muy aburrido", pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional.

Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero de Enagás.

Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. El último en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó el pasado 29 de julio en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso "emocionado" y tras lograr cosas que creía "difíciles", como hacer "un montón de amigos en distintos partidos".

Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.

Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de José María Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista, se incorporó al consejo de Enagás en marzo del año pasado, en una maniobra del PP para colocar nada menos que a cuatro consejeros afines, en el año en el que Enagás se convirtió en pieza clave para ejecutar el rescate del fallido almacén de gas Castor, de cuya hibernación se encarga y cuya indemnización al promotor, ACS, costearán los consumidores durante los próximos 30 años. Hernández Mancha, exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar. 

Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de José María Aznar también se incorporó a Enagás en marzo pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP). Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.

Isabel Tocino (Enagás): 60.000 euros. La exministra de Medio Ambiente, también consejera de Enagás desde marzo, compatibiliza ese puesto con su presencia en el Consejo de Administración del Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. El banco cántabro lideró el pool de entidades que permitió a ACS cobrar su indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén Castor.

Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.

Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Boyer falleció en septiembre pasado a los 75 años.

Luis Valero (Enagás): 53.000 euros. Otro que fue directo del despacho gubernamental al sector privado. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Mariano Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac. En sus últimos meses en Industria, se podía oír contar a Valero anécdotas en privado sobre "nosotros". No se refería al Gobierno, sino al sector automovilístico, al que Soria se ha ocupado de mimar durante toda la legislatura.

El 'chollo' de Abengoa y sus pagos a la consultora de Montoro

Este cómputo no tiene en cuenta a tres empresas del sector renovable, Abengoa, Gamesa y Acciona, que también tienen a ex altos cargos en sus consejos. La única que ha publicado los datos de 2014 es Abengoa, una de las empresas del Ibex que mejor retribuye a su consejo de administración.

El grupo sevillano de ingeniería y energías renovables pagó el año pasado 300.000 euros a su consejero Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, exvicepresidente del Gobierno y exministro con el PSOE. Borrell, además de vocal de Abengoa, es vicepresidente de su consejo asesor internacional de Abengoa. En este último caso, no se conoce su retribución. 

La compañía andaluza abonó otros 130.000 euros a su consejero Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con el PP y hermano del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Felipe Martínez Rico. Además, la consultora que preside Martínez Rico, Equipo Económico (fundada por el propio Cristóbal Montoro), facturó a Abengoa 355.000 euros por "servicios de consultoría integral y estratégica".

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12 de juny 2014

Encadenat al capdemunt de la torre 64 de la MAT

AVUI DIJOUS 12 DE JUNY DE 2014, UN GRUP DE PERSONES S’HA ENCADENAT AL CAPDAMUNT DE LA TORRE 64 DE LA MAT , A FELLINES (VILADASENS), AMB L’OBJECTIU D’EVITAR QUE SE SEGUEIXI CONSTRUINT LA LÍNIA I DENUNCIAR, ENTRE D’ALTRES, L’INCOMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I TAMBÉ LA HIPOCRESIA DE CIU,ERC,PSC I ICV, QUE FA POCS DIES VAN APROVAR AL PARLAMENT LA SUSPENSIÓ DEL RAMAL DE LA MAT DE LA SELVA , ESGRIMINT QUE ELS ARGUMENTS DE REE DE FA 10 ANYS PER A FER AQUESTA LÍNIA HAN QUEDAT OBSOLETS.


 - L’incompliment de les distàncies de seguretat fa que el traçat sigui il·legal i les expropiacions també. Una oportunitat d’or per aturar la MAT.

Recordem que Fellines és un més dels 14 nuclis on s’incompleix la distància de seguretat respecte de la línia MAT, amb la qual la Generalitat de Catalunya es va comprometre per escrit quan va informar favorablement l’autorització administrativa d’aquesta línia, imposant al mateix temps un canvi de traçat (respecte a l’original, paral·lel al TGV), dient textualment “aquestes variants redueixen l’impacte visual i donen compliment a les distàncies recomanades, que són de 500 metres respecte els nuclis de població i de 100 metres en el cas de masies aïllades”.
 
La distància entre el poble i la línia, és de 280 metres, el nucli de Mas Nicolau a 180 metres i hi ha diversos habitatges i edificacions per sota dels 100 metres, fins i tot una masia a 17 metres, Can Planelles, que és on va tenir lloc l’acció de resistència del passat dia 8 de gener.
 

És per això, afegit al fet que hi han hagut fins a 3 canvis injustificats de traçat dins del municipi gràcies a pressions de tercers, fa que sigui en aquesta zona on hi ha més oposició al projecte, i al mateix temps, més repressió. Recordem que hi han més de 30 persones imputades arran de la lluita contra la MAT en aquesta zona.
 
L’incompliment flagrant en aquesta i d’altres zones, obre una via, totalment legítima i necessària, per aturar la MAT, desmantellar-la i forçar l’inici d’una veritable transició energètica.

- Denunciar la hipocresia total de CiU, PSC, ERC i ICV arran de l’acord del Parlament de la setmana passada, demanant la suspensió de l’autorització del ramal de la MAT de la Selva. Volent-se ara, rentar les mans, demanant la suspensió d’un ramal de 17 kms, sense cap mena d’interès estratègic per l’oligolpoli i totalment prescindible per a REE. Essent ells, els responsables de tot el desgavell en matèria d’energia i còmplices directes de la construcció de la MAT Sentmenat-Vic-Bescanó-Ramis-Santa Llogaia i Baixàs, en total 192,36 km de línia.
 
En l’acord del parlament, s’ha destacat que cal replantejar la necessitat d’aquest projecte, ja que els arguments que REE fa gairebé 10 anys que esgrimeix avui ja han quedat obsolets.- La MAT, la darrera alenada d’un model que ens porta al col·lapse.
 
L’objectiu real de la MAT és rescatar el sector elèctric espanyol i permetre-li exportar els seus brutals excedents elèctrics cap a Europa i així evitar el fet de tenir aturades les noves centrals de cicle combinat de gas i haver de rebaixar la potència o bé aturar reactors nuclears. N’és prova d’això, que per novè any consecutiu l’estat espanyol és exportador net d’energia elèctrica i, d’ençà del 2007, el consum elèctric cau any rere any de manera molt notable.
 
Arran d’aquesta bombolla elèctrica, no és casualitat que tinguem l’energia elèctrica més cara d’Europa, que siguem l’únic país del mon amb dèficit de tarifa, que tinguem més del doble de potència instal•lada que no pas consumim, tampoc ho és que es castigui a les renovables, que es bloquegi l’autoconsum, o que tinguem fins a un 15% de famílies de Catalunya en situació de pobresa energètica.
 
Amb la MAT, l’estat espanyol doblarà la capacitat d’interconexió, passant del 3% al 6%. Cal dir que Catalunya com a estat independent, ja compta amb una capacitat d’interconnexió superior al 10% (recomanació UE), sense comptar amb la MAT.
 
És obvi també, que no pot haver-hi cap mena d’independència política en un país com el nostre, sense recursos fòssils, i amb una dependència energètica de l’exterior que a Catalunya arriba a ser del 96%. Tot això fa que sigui extremadament urgent acabar amb el model energètic vigent perquè ens aboca a la dependència, vulnerabilitat i finalment al col•lapse. Cal tendir cap a la resiliència i l’autosuficiència energètica, l’antítesi de la MAT .

Com s’ha pogut demostrar, la MAT no és necessària, però és molt necessari que entre tots i totes DESMUNTEM L’ESTAFA ELÈCTRICA, DESMUNTEM LA MAT .

Girona 12 de juny de 2014.
Campanya Aturem la MAT.


Font: No a la MAT La Selva

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30 de maig 2014

La sociovergència fa país de casino

El Parlament aprova l'encaix legal de BCN World


El Triàngle 29/05/2014

Les modificacions legislatives necessàries per tirar endavant el macro complex de joc BCN World a la Costa Daurada han estat aprovades aquest dijous al Parlament de Catalunya amb els vots de CiU i PSC. El projecte successor d'Eurovegas, liderat per Veremonte, es beneficiarà de la baixada dels impostos sobre el joc del 55% al 10%.

ERC i el PP han donat suport a alguns punts de la nova normativa, mentre que Ciutadans s'ha abstingut en algunes ocasions perquè no comparteix l'elaboració d'una llei a mida, per bé que valora la inversió. Iniciativa i la CUP són els únics partits de la cambra que han votat en contra de tot el text.

Les claus de la nova legislació, relacionades amb les regulacions fiscal i urbanística i la protecció dels menors, han rebut vots en contra, únicament, per part d'ERC, Iniciativa i la CUP. El nou pla urbanístic donarà lloc a la requalificació de terrenys d'ús residencial per destinar-los a l'activitat econòmica.

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29 de maig 2014

La llei que permetrà la construcció de BCN World s'aprova amb el suport de CiU, PSC i PPC

Els aspectes urbanístics, fiscals i relacionat amb els menors reben el vot en contra d'ERC, ICV-EUiA i CUP i l'abstenció de PPC i C's
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Foto: Javier Díaz

ACN / Diari de Tarragona 29/05/2014

El Parlament ha aprovat aquest dijous la llei que permetrà tirar endavant el projecte de BCN World al Camp de Tarragona. Els vots de CiU i PSC han permès que la norma que crea l'espai legal per al complex d'oci i joc hagi pogut reeixir. A l'altre costat s'han situat ERC, ICV-EUiA i la CUP, que han criticat la llei, el projecte i han votat en contra dels aspectes relacionats amb la regulació fiscal, urbanística i protecció dels menors. El PPC, que ha votat majoritàriament a favor del projecte, s'ha abstingut en els punts clau, mentre que C's ho ha fet al conjunt de la llei al·legant que la inversió els agrada, però no la llei feta 'ad hoc'. L'aprovació de la llei dóna via lliure a la inversió.

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324.Cat 29/05/2014

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El Parlament aprova els canvis legislatius per construir BCN World

Encaixada de mans de Mas i Navarro després d'oficialitzar el pacte
perquè el macrocomplex d'oci pugui tirar endavant.

324.Cat 29/05/2014

El ple del Parlament ha aprovat aquest matí la llei que permetrà que el complex turístic BCN World s'instal·li al territori amb els vots del PSC i de CiU, que havien arribat prèviament a un acord. Esquerra Republicana i el Partit Popular han votat a favor d'alguns articles. Tal com ja se sabia Iniciativa i la CUP han votat en contra de tot el text.

La llei modifica la fiscalitat dels casinos, que passa del 55% actual al 10% i preveu un nou pla urbanístic que permetrà la requalificació de terrenys per passar d'usos residencials a activitat econòmica. Barcelona World, promogut pel grup inversor Veremonte, tindrà sis complexos, tots formats per un hotel, un centre comercial, restaurants i un casino.

Durant el debat, el PP s'ha mostrat favorable a alguns punts del canvis legislatius. El diputat Rafael Luna ha recriminat però l'actitud de les dues formacions que han arribat a l'acord: "És un reglament que el continuaran fent CiU i el Partit Socialista, el cos de bombers que salva CiU quan Esquerra Republicana els deixa tirats".

ERC ha obert el debat reiterant la seva negativa a votar a favor dels punts de la llei que modifiquen els impostos i l'urbanisme. Ho ha argumentat Pere Aragonès: "Avui s'aprova un projecte que potser portarà rendiments polítics i econòmics a curt termini però que no pot ser la pauta de desenvolupament del país". Per part del socialistes, Xavier Sabaté ha assegurat que no es reduiran els ingressos de la Generalitat, tot i la rebaixa de l'impost del joc als casinos.

El govern necessitava un grup de l'oposició per poder modificar la llei que ha de permetre que BCN World s'instal·li al territori, però fa gairebé dos mesos un acord entre Mas i Navarro ja va anunciar que el PSC donaria suport al canvi legislatiu.

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1 de maig 2014

Un canal amb portes giratòries

DAVID MARÍN
ANUARI MÈDIA.CAT

Josep Grau, l’actual president de l’empresa que està construint el canal Segarra-Garrigues, és el conseller que va adjudicar l’obra l’any 2002.

El 23 de desembre de l’any 2002, el conseller d’Agricultura Josep Grau (CiU) anunciava la decisió del Govern d’adjudicar la construcció de la xarxa de regadiu del canal Segarra-Garrigues al consorci de constructores Aigües del Segarra Garrigues SA (ASG) per un total de 1.102,6 milions d’euros a pagar en 20 anualitats. Avui, 13 anys i 600 milions d’euros després, el mateix Grau presideix aquell consorci, i el futur d’aquesta obra milionària de la Generalitat –només superada en inversió per la línia 9 del metro– presenta incerteses pel que fa al seu finançament, el seu ús social i la seva gestió ambiental. El Segarra-Garrigues és un ambiciós projecte que pretén convertir una àrea de secà de la mida de Menorca en un territori regat per aigua abundant, a través d’una gran autopista hidràulica i més de 3.500 quilòmetres de canonades.

Josep Grau va fitxar com a president d’AGS l’any 2011, en substitució de l’advocat lleidatà Jaume Regany i Puig, president d’aquest consorci d’empreses des de la seva constitució. El nomenament es va oficialitzar en una junta extraordinària d’accionistes. L’assumpció d’aquest càrrec no vulnera la Llei d’incompatibilitats catalana, perquè Grau va ser conseller d’Agricultura entre el 1999 i el 2003. Aigües del Segarra Garrigues SA (ASG) està liderada per la constructora FCC (té un 24% del capital social), per Agbar (22%) i per les constructores Copcisa (21%) i Copisa (20%). Completen la junta les constructores Benito Arnó (5,5%), Romero Polo (1,375%), M y J Grúas (1,375%), Àrids Romà (1,375%), Constructora de Calaf (1,275%), Sorea (1%) i Aqualia (1%). Aquestes són les empreses que des de l’adjudicació concedida per Agricultura el 2002 estan construint la xarxa de regadius i que, un cop s’hagi enllestit l’obra, gestionaran el canal durant una concessió de 30 anys.

Tot i haver deixat la conselleria l’any 2003, Grau va ser diputat al Parlament de Catalunya fins al 2010. La seva carrera política es va iniciar el 1983 com a regidor a Mollerussa, alcalde d’aquest municipi del Pla d’Urgell entre el 1987 i el 1999, president de la Diputació de Lleida entre el 1990 i el 1999 i conseller d’Agricultura entre el 1999 i el 2003. El fitxatge per AGS es va produir el 2011, quan feia un any que Grau havia deixat de tenir qualsevol càrrec públic, però els primers passos de l’exconseller en el món de l’empresa privada es van produir l’any 2009. Un any abans de plegar com a diputat va fer els primers moviments cap al sector privat i es va incorporar com a conseller assessor de la Fundació LAFER, un think tank creat el 2008 per l’exconseller de Sanitat de Madrid i sotssecretari del Ministeri d’Agricultura espanyol entre els anys 1997 i 2003, Manuel Lamela. LAFER es dedica a promoure estudis i projectes dels sectors sanitari i agroalimentari i té diversos polítics retirats dins del seu consell assessor, entre els quals, Eduardo Zaplana, Josep Piqué, Pedro Barato, vicepresident de la CEOE i president del sindicat agrari Asaja, i Josep Puxeu; aquest darrer, exsecretari d’Estat de Medi Ambient i Aigua entre el 2005 i el 2008 i avui màxim representant de la patronal de begudes refrescants Anfabra. Grau no era un perfecte desconegut en el món polític madrileny: a més de relacionar-s’hi com a conseller català d’Agricultura, anteriorment també havia estat diputat al Congrés espanyol per CiU els anys 1994 i 1995.

Aquell 2009, Josep Grau també va es va incorporar com a president a la consultoria barcelonina Ingal Ingeniería y Consulting, i també com a president de Total Foods SL, empresa dedicada a la compra i venda de matèries primeres alimentàries i amb seu al mateix despatx que Ingal Energías Renovables. En aquestes dues empreses l’acompanyava com a secretari i conseller del consell d’administració Jordi Ciuraneta i Riu, militant de CDC, president de la cooperativa Copaga i nomenat el 2013 director general de Pesca i Afers Marítims de la conselleria d’Agricultura.

Sobrecostos i mala previsió 
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Quan el 2010 va acabar la legislatura, Grau va quedar finalment sense càrrec públic i la gran obra del Departament d’Agricultura que ell va impulsar com a conseller, el canal Segarra-Garrigues, vivia hores d’una gran incertesa: la Unió Europea havia denunciat l’Estat espanyol per vulnerar la normativa comunitària de protecció de la fauna en el projecte del canal, i obligava a refer dràsticament el pla de regadius dissenyat per la Generalitat. Quan el 2002 la conselleria d’Agricultura que dirigia Josep Grau va aprovar el projecte, va obviar la Directiva 92/43/CEE de la Unió Europea, sobre protecció d’hàbitats de les aus en perill d’extinció, i no va preveure les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) que exigia la normativa comunitària.

Així, amb les obres ja en marxa, la Generalitat va haver de refer el projecte de regadius i el 2010 va aprovar una nova declaració d’impacte ambiental incorporant-hi les ZEPA. Aquesta declaració preveia que el reg del canal es veuria reduït fins a les 42.105 hectàrees, quan en el projecte inicial se n’establia un total de 70.150. Finalment, el Pla d’impacte mediambiental aprovat el 2011 a partir d’aquesta declaració va fixar en 68.200 hectàrees les àrees de reg, tot i que una part important tindria els regs limitats a regs de suport per tal d’evitar danys a la fauna. A més de perdre zones de reg d’alt rendiment, els nous requisits del projecte afegien 108 milions d’euros de cost per a millores d’hàbitat i gestió ambiental.

Amb data 31 de desembre de 2012, el consorci AGS havia executat obres per valor de 677 milions d’euros segons les dades de l’empresa pública Infraestructures.cat, encarregada de gestionar l’obra pública del Govern català. En temps de bonança econòmica, l’obra avançava sense problemes. Però, un cop la Generalitat s’ha trobat amb problemes pressupostaris, ASG hi ha posat el fre de mà. Així, amb l’exconseller Grau ja al capdavant del consell d’administració, el consorci va elaborar durant el 2012 un pla econòmic i financer amb unes conclusions demolidores: tenint en compte els costos d’implementació de les ZEPA de 2010, amb els 1.100 milions que el 2002 la Generalitat es va comprometre a invertir en el projecte, les hectàrees que es podran acabar transformant en regadiu seran només 24.174, una xifra que queda lluny tant de la previsió inicial com de les 68.200 hectàrees amb reg limitat. Així consta en la memòria de l’exercici de 2012 d’ASG, que també preveu que la programació constructiva anirà ara més lenta i la xarxa de regadius estarà enllestida el 2022. En el moment de l’adjudicació es va fixar el 2013 com a data final de les obres, data que es va endarrerir dos anys en incorporar-s’hi les ZEPA. Així doncs, la mateixa persona que com a conseller havia aprovat l’adjudicació s’adreçava ara al Govern amb un informe que diu que, amb els diners d’aquella concessió i amb les correccions que per indicació legal de la UE s’han hagut de fer, només s’hi pot dur a terme un 34% del projecte.

El Govern nega el sobrecost

Alguns informes interns del mateix Govern corroboren que el projecte de regadius del Segarra-Garrigues estaria entrant en situació d’un gran sobrecost. El diari El País revelava el 3 de març de 2013 l’existència de l’informe Estimació import sistema Segarra-Garrigues, que fa diferents prospeccions del possible sobrecost de l’obra. El pitjor escenari que planteja és que l’import final del canal per a la Generalitat pugui arribar a incrementar en un 81% el que s’havia previst i que la Generalitat acabi pagant 1.928 milions d’euros, i no els 1.100 milions pels quals s’havia adjudicat l’obra a ASG: gairebé el doble del licitat. L’informe apunta que les primeres adjudicacions s’haurien fet entre un 40% i un 60% per sobre del preu de mercat.

Fonts d’Infraestructures.cat treuen ferro a l’informe, neguen que es pugui considerar oficial i afirmen que no hi ha sobrecost. Segons l’empresa pública, la situació actual, en què s’ha invertit ja un 70% del pressupostat en l’adjudicació a ASG però només estan disponibles per al reg 5.532 hectàrees i hi ha reg efectiu en 4.261 hectàrees (un 6% del territori previst), no vol dir que l’obra sigui més cara, sinó que la progressió de regants que s’hi incorporen és lenta i es farà més ràpida a mesura que les obres avancin i la xarxa estigui més completa.

Tanmateix, l’explicació no convenç tothom. Ni tan sols el mateix Govern català. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha rebut l’encàrrec de Presidència d’analitzar els costos i la rendibilitat econòmica i social de la xarxa de regadiu. Fonts d’aquest organisme assenyalen que s’està treballant en un informe des de l’estiu de 2013, tot i que el document encara no s’ha publicat. Tampoc no convenç l’oposició ni el territori, on el possible sobrecost ha provocat l’alarma. La diputada d’ICV a Lleida Sara Vilà ha reclamat des del Parlament que es presenti l’informe del CADS i també que es faci una auditoria dels comptes del Segarra-Garrigues per detectar si hi ha una desviació pressupostària greu. A més, representants de diverses entitats (Unió de Pagesos, CCOO, la UGT, l’Ateneu Popular Garriguenc, Som lo que Sembrem i ICV) van impulsar aquest gener una plataforma destinada a reclamar transparència en la gestió de les obres i que la gestió futura del canal vagi a favor d’un desenvolupament econòmic i ambiental sostenible del territori i en benefici de la petita pagesia.

La manca de crèdit ofega els regants

A tot plegat, s’hi afegeix que el Govern català va aprofitar la Llei òmnibus de 2012 per introduir un canvi important en la manera com es finança l’obra del canal. Des de l’inici de l’obra, la Generalitat ha construït primer els sistemes de reg, independentment de si hi havia o no pagesos que es comprometessin a incorporar-s’hi, i després ha cobrat un 30% del cost als regants que se’n beneficiaven. La nova normativa, però, requereix que l’obra es programi en funció de si en cada tram hi ha prou pagesos que hagin signat la reparcel·lació de les terres i l’assumpció del regadiu. Uns pagesos que, a més, han vist retallat dràsticament l’accés al crèdit i, per tant, tenen dificultats per fer la inversió requerida per assumir el regadiu: 3.100 euros per hectàrea en cas de reg a ple rendiment, 1.500 euros per hectàrea en cas de reg de suport.

Així les coses, les obres de la xarxa de regadius es van aturar a finals de 2012 i no es van reprendre fins que a l’estiu de 2013, quan es va establir un nou contracte de crèdit a tres bandes entre ASG, les entitats bancàries i la Generalitat, per tal de garantir els pagaments i el desenvolupament de les obres d’adjudicació durant els pròxims anys. Infraestructures.cat té previst que fins al 2017 s’anirà construint la xarxa de regadius fins a arribar a les 18.165 hectàrees de reg efectiu: una quarta part de les hectàrees previstes inicialment. El pressupost està garantit via crèdit sindicat fins a aquella data, i més enllà no hi ha des del Govern cap previsió ferma. A partir de llavors, serà la conjuntura econòmica i la possible resposta positiva dels regants les que faran que es continuï estenent el reg.

Bankia, el banc del Segarra-Garrigues

La construcció de les xarxes de regadiu del Segarra-Garrigues que depèn de la Generalitat és només una pota del projecte. L’altra és la construcció del canal principal, una autèntica autopista per on circularà l’aigua del Segre des de l’embassament de Rialb fins al que s’està fent a l’Albagés, i que és responsabilitat de l’Estat espanyol. La part que implica l’Estat és, de fet, la columna vertebral del canal, per bé que el cost de les obres és menor: 444,5 milions d’euros. El Govern espanyol ha tractat amb especial cura aquest projecte. Mentre que inversions com el doblament de l’N-II o la variant de l’N-260 a Gerri de la Sal han quedat a mig fer, la part estatal del Segarra-Garrigues ha rebut sens falta les aportacions anuals del projecte. Fins al febrer de 2014 ja s’hi han abocat 367,2 milions de la part estatal, s’han enllestit 41,5 quilòmetres dels 85 que té el canal i la resta, juntament amb l’embassament de l’Albagés, està en construcció.

La part estatal de l’obra es gestiona a través de l’empresa pública Canal Segarra Garrigues (Casega), creada el 2 de juliol de 1999 amb la finalitat de contractar, construir i explotar el canal principal. Dels 444,75 milions d’euros de la part estatal, un 50% són inversió directa de l’Estat, i, l’altre 50%, el posaran els regants un cop es vagin incorporant al canal. Aquests 223 milions d’euros dels regants, els ha anat avançant la Generalitat a través de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Els altres 223 milions de la part estatal, els ha finançat el Govern espanyol a través de dos crèdits sindicats per un grup de 19 entitats financeres liderat per Bankia (en el seu moment, Caja Madrid) i pel Banco Santander. Per a la part catalana de l’obra hi va intervenir un altre grup d’entitats, però amb Bankia també al davant, juntament amb Dexia Sabadell Banco Local, La Caixa, el BBVA i el Banc Sabadell. Bankia, per tant, és el gran banc que sosté financerament el Segarra-Garrigues.

Les constructores del canal, a la llista de Bárcenas

Dues anotacions en els fragments de la suposada comptabilitat secreta del PP que ha publicat el diari El País assenyalen cap a les terres de Ponent i, concretament, cap a empreses constructores que participen en les grans obres d’infraestructura de les terres de Lleida, entre les quals, el Segarra-Garrigues. Les dues anotacions corresponen a ingressos suposadament registrats per Luis Bárcenas el 2003. El primer, amb data 3 de maig, assenyala un ingrés de 30.000 euros realitzat per “Polo / Llorens”. Aquests noms coincideixen amb els de la constructora lleidatana Romero Polo i amb el cognom del diputat lleidatà del PP al Congrés José Ignacio Llorens. La segona anotació, del 6 de maig, indica un ingrés de 100.000 euros sota el concepte “Copisa / Sorigué”. Copisa, fins a un total de 200.000 euros durant l’any 2003.

Els al·ludits han negat qualsevol pagament. Fonts de Romero Polo afirmen que l’empresa “no té res a veure” amb el cas i que mai no ha fet cap pagament d’aquesta naturalesa. L’empresa subratlla que en el document publicat no apareix el seu nom (només hi surt “Polo / Llorens”). El diputat Llorens també se’n desmarca. El grup Sorigué indica que el 2003 estava associat a Copisa, però que no tenia el control de la direcció ni de les decisions que s’hi prenien. Tant Copisa, nascuda fa 50 anys amb les obres de Fecsa al Pirineu lleidatà, com Sorigué i Romero Polo es dediquen a l’obra civil i són presents en grans obres de Ponent.

Els suposats pagaments assenyalats en aquests documents es van efectuar el 2003. Aquell any no consta al BOE cap adjudicació del Segarra-Garrigues a aquestes empreses, tot i que sí que va ser l’any en què el Govern del PP va posar en marxa el projecte amb l’aprovació de l’informe d’impacte ambiental del canal principal i del pantà de l’Albagés, pas previ a la licitació de les obres. Però aquestes no es van poder fer llavors, sinó al cap d’un any i mig, el 2005, ja que els regants volien garanties sobre els avals per poder fer-hi la inversió de la part econòmica que els pertocava i en van bloquejar la tramitació.


David Marín Rubio (Barcelona, 1974)

Periodista. Treballa a la delegació de Lleida del diari El Punt Avui. Anteriorment va treballar a les edicions de Barcelona, del Penedès i del Maresme d’El Punt, al qual està vinculat des de l’any 1996. A la revista Presència ha publicat reportatges sobre el grup armat EPOCA, la postguerra a Bòsnia, i més recentment sobre urbanisme i la gestió de l’aigua a Catalunya. És membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils i ha publicat els llibres Les lluites de cada dia. Històries de CCOO (edicions DAU), La Gran Via a Sant Martí, història d’una transformació (AAVV Sant Martí de Provençals / Ajuntament de Barcelona) i Mataró, els perfils de la ciutat (Grup El Punt).

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11 de març 2014

Cañete: "El Pla Hidrològic de l'Ebre contribueix a integrar territoris i a cohesionar l'Estat espanyol"

El ministre d'Agricultura ha recordat als senadors catalans que "la Generalitat ha tingut una intervenció constant" durant l'elaboració del Pla, tot i que es manté obert a "dialogar", contradient així les paraules del conseller Santi Vila 

Els titulars espanyol i català d'Agricultura, Miguel Arias Cañete i Josep Maria Pelegrí / ACN

ACN / Ara 11/03/2014

El ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, s'ha mostrat de nou disposat a "dialogar" i "negociar" amb la Generalitat un augment dels cabals al tram final de l'Ebre en el marc de la revisió del pla de conca de l'Ebre, però sempre que ho demanin els "informes científics".

Cañete, però, ha recordat que el pla es basa "en criteris científics" i "de nou comunitats autònomes, vuit estan a favor", totes menys Catalunya, on "els regants també estan d'acord amb el pla". "Considerem que l'acord final contribueix a integrar territoris i a cohesionar l'Estat espanyol", ha recalcat.

Segons Cañete, l'executiu espanyol està disposat a analitzar "totes les preocupacions de Catalunya" i el dia 18 es reunirà amb Santi Vila, però en cap cas satisfarà totes les peticions del Govern català perquè implicaria deixar sense aigua bona part dels regants catalans.

El pla de conca de l'Ebre que l'Estat va aprovar el 28 de febrer reserva al tram final del riu un cabal ecològic "per sobre dels 3.000 hectòmetres cúbics".

Arias Cañete ha fet aquestes manifestacions al Senat en resposta a les preguntes del senador de l'Entesa Joan Sabaté i del de CiU Ferran Bel, que li han demanat que augmenti aquests cabals ecològics per "donar garanties" de la supervivència del Delta. Tots dos han instat a Cañete a dialogar amb la Generalitat i consensuï el pla.

Cañete els ha recordat que "la Generalitat ha tingut una intervenció constant" en l'elaboració del pla, cosa que contradiu el que va dir el conseller de Territori i Sostenibilitat la setmana passada, que va dir que en els últims vuit mesos el ministeri no havia parlat amb ells d'aquest tema.

Segons el ministre, els cabals es defineixen "per criteris tècnics i científics" i el nou pla hidrològic de l'Ebre s'assenta en aquests cabals a 42 trams, de manera que es podrà comprovar el seu compliment "en tot moment".

També ha afirmat que el pla hidrològic ha estat "consensuat" amb el màxim d'actors i entitats implicades i "fixa per primera vegada un cabal ecològic al tram final de l'Ebre" que supera en un 10% la que marcava el pla anterior –el PHN–, de manera que "garanteix els drets de tots els usuaris de la conca". Segons el ministre, si per contra es complís el pla de conca que demana la Generalitat "un terç de Catalunya es quedaria sense aigua".

El precedent de CiU


El ministre va aprofitar per recordar que Convergència i Unió va votar a favor del Pla de l'Ebre del 1998 en què el cabal mínim per al Delta era inferior al que fixa l'últim pla aprovat: "No entenc perquè ara la Generalitat rebutja una situació millor.

Reunió amb Santi Vila

El ministre ha promès que la revisió del pla servirà per "ampliar" el conjunt d'indicadors fisico-químics i biològics utilitzats per determinar quin ha de ser el cabal mínim, i ha anunciat que el pròxim dimarts 18 es reunirà amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per abordar aquesta qüestió.

En definitiva, segons Cañete, els cabals ecològics es podran modificar "sempre que els estudis tècnics revelin que els actuals no permeten mantenir de forma sostenible la funcionalitat i estructura dels ecosistemes o posin en perill el bon estat o potencial ecològic del riu en alguns trams".

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6 de des. 2013

El Parlament de Catalunya aprova la constitució d’un Pacte Nacional per la Sobirania Energètica

CiU, ERC, PP i Cs rebutgen crear una comissió d’estudi per debatre el model de producció energètica.

Quim Arrufat. CUP-AE

Parlament de Catalunya 05/12/2013
Font: Premsa CUP-AE http://www.parlament.cup.cat

El Parlament de Catalunya ha acordat avui, a instàncies d’una moció de la CUP-AE, “establir les bases per constituir un pacte nacional per la sobirania energètica en que hi participin tots els agents implicats amb l’objectiu de definir les mesures a adoptar per transformar el model energètic català actual per un altre orientat cap a un horitzó 100% basat en les energies renovables, en l’autoabastament ener­gètic, en l’estalvi, l’eficiència i la contenció; i en un model de producció energètic descentralitzat, demo­cràtic i participatiu”. 

En la votació de la moció de la CUP-AE, que ha estat votada punt per punt amb diverses esmenes, ha estat rebutjada finalment la demanda de “crear, en el marc de la Comissió d’Empresa i Ocu­pació, una Comissió d’Estudi en la qual es debati sobre el model de producció d’energia elèctrica basada en la generació distribuïda descentralitzada renovable, l’estalvi i l’efici­ència, amb l’objectiu d’aconseguir un model que possibiliti una completa sobirania energètica i sota el lideratge públic”. Aquest punt ha estat rebutjat per CiU, ERC, PP i Cs, fet que ha provocat les crítiques per part del Quim Arrufat que els ha recordat que des de l’Esquerra Independentista “es vetllarà perquè en el marc de pacte nacional es puguin programar compareixences d’experts sobre la matèria”.

Entre els punts rebutjats en la votació hi ha aquell en que es demanava instar el Govern espanyol que elabori un pla que fixi com a objectiu el tancament de les centrals nuclears perquè abans del 2020 la demanda d’energia elèctrica quedi coberta sense necessitat d’haver de recórrer a la nuclear.

També s’han aprovat els punts de rebuig a les línies elèctriques de Molt Alta Tensió (MAT) d’Escatrón – La Secuita i les que creuen les comarques del Pallars. En canvi no s’ha aprovat rebutjar la MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs.

Finalment el text aprovat també és manifestar el rebuig a l’anomenada «reforma elèc­trica» promoguda pel Ministeri d’Indústria espanyol perquè penalitza les energies renovables i dificulta l’autoproducció i l’autoconsum d’energia i derogar l’impost del 7% establert en la Llei 15/2012 de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica a les tecnologies en règim especial i les renovables destinades a l’autoconsum.

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27 de set. 2013

El Consell Comarcal de l’Alt Camp en contra de la línia de Molt Alta Tensió i a favor de la vaga indefinida a les Illes

Pobleviu.Cat. 27/09/2013

En el Ple del dimecres 25 de setembre, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp va aprovar per unanimitat dues mocions. La primera, a proposta del moviment No a la MAT del Camp, va ser consensuada entre la CUP i CiU i la van subscriure tots els grups polítics. Aquesta moció s’oposa a la línia MAT perquè “no és necessària pel territori, pels municipis afectats, ni per l’abastament de la població ni de la seva indústria”; es portarà al Consell d’Alcaldes perquè els municipis també la valorin.

Gerard Nogués, conseller de la CUP, ha mostrat satisfet per l’evolució del govern del Consell Comarcal en aquest tema, ja que a l’inici de parlar-ne la seva posició va ser dir que aquest era un problema dels municipis, bandejant la possibilitat de prendre posicionaments en clau de comarca. És més, Nogués ha recordat que el Consell Comarcal va cedir les seves instal·lacions gratuïtament a Red Eléctrica Española i ha demanat que això no es torni a repetir, a no ser que la petició la facin els municipis.

La segona moció presentada per la CUP i aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Comarcal dóna suport a la vaga indefinida de docents a les Illes contra el decret de llengües TIL i les retallades a ensenyament del Govern Balear. La moció insta a ajuntaments i escoles a solidaritzar-s’hi. A l’inici del Ple s’ha votat la inclusió d’aquesta moció a l’ordre del dia per la via d’urgència i s’hi ha afegit, a proposta dels diferents grups polítics, un punt de rebuig a l’esmena que PP i UPyD han pactat a la nova llei d’educació que estableix que l’espanyol sigui la llengua vehicular en l’ensenyament a tot l’estat.

A subhasta l’antiga seu del Consell Comarcal

El Ple del Consell va aprovar finalment la proposta de subhasta de l’antiga seu, també per unanimitat. Gerard Nogués s’ha mostrat sorprès perquè “hem estat mesos pendents d’aquesta subhasta i no entenem que això no hagi anat més ràpid, com tampoc vam entendre que s’hagués tardat tant a prendre aquesta decisió”. Nogués ha qüestionat que en l’últim trimestre d’any sigui possible de subhastar o vendre l’antiga seu. Jordi Garcia, vicepresident del Consell, ha informat que aquesta operació duraria un mes i mig però no ha concretat què passarà si la primera subhasta queda deserta, com és possible que passi a causa de l’elevat preu de sortida. En aquest sentit, Nogués ha denunciat la possibilitat cada cop més clara que el Pla Econòmic i Financer per al 2013 no es compleixi i acabi afectant greument el pressupost del 2014, amb el temor que s’acabi imputant encara més retallades al capítol de personal. Nogués ha conclòs que “sembla que el govern s’hagi pres aquest PEF com una simple formalitat”.

La CUP també ha recordat que la solució va mes enllà de l’antiga seu i s’ha de pensar també en el problema de la nova seu, massa gran i desproporcionada per a l’activitat present i futura del Consell.

Cal recordar que durant quatre anys i mig el govern del Consell Comarcal no ha fet cap gestió per a llogar o vendre l’antiga seu; aquesta va ser la resposta que va rebre la CUP quan al juny va demanar un informe de totes les gestions fetes des del trasllat (la nova seu es va inaugurar el març del 2009). La greu situació econòmica del Consell Comarcal és deguda per tant a la mala gestió dels governs i no pas dels treballadors, que són els que més han patit les retallades econòmiques. És per això que la CUP ja va demanar fa mesos eliminar les retribucions dels representants i partits polítics al Consell fins que se solucionés la situació econòmica, ja que aquests en són els responsables

El llast de la Planta de Gestió de Residus comarcal


Després d’omplir titulars de premsa durant anys, la Planta de Gestió de Residus del Consell Comarcal ha resultat ser un greu error de planejament, perquè la seva inviabilitat es deu bàsicament als ajuntaments de la comarca que no l’utilitzen. Nogués ha aprofitat aquest punt de l’ordre del dia per a tornar a demanar a l’Ajuntament de Valls especialment que utilitzi aquesta infraestructura i que assumeixi així la seva part de responsabilitat en la greu situació econòmica del Consell Comarcal.

Que els polítics també “fitxin”


Finalment, en el torn de prec i preguntes, Nogués ha proposat que els polítics també fitxin en les noves màquines habilitades per a controlar l’horari dels treballadors.
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25 de jul. 2013

Riudecols demana que s'arxivi el projecte de la línia de molt alta tensió

La moció municipal, un calc de l'aprovada a fa uns dies la Secuita, exposa que l'informe mediambiental està caducat.
La moció s'ha aprovat a l'Ajuntament de Riudecols. Foto: Alba Mariné

El Ple de l’Ajuntament de Riudecols ha aprovat una moció, a proposta del grup municipal d’ERC, que demana formalment al Ministeri de Foment l’arxivament de la línia de molt alta tensió (MAT) que la companyia Red Eléctrica Española vol construir entre el municipi aragonès d’Escatrón i la Secuita (Tarragonès). El traçat afecta el terme municipal de Riudecols i altres 100 municipis de les comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat, Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès.

La moció aprovada per unanimitat (CiU, ERC i PSC) és calcada a la que l’Ajuntament de la Secuita, amb l’alcaldia d’Eudald Roca, va aprovar dilluns. L’acord del Ple de Riudecols exposa que l’expedient  RAT 12994. Línia 440 kV doble circuit Escatron-els Aubals-la Selva entroncament E1 la Secuita va superar els divuit mesos de marge que la llei donava per ser aprovat i va caducar. I la llei obliga l’Administració a arxivar l’expedient administratiu d’on radica tota la MAT, de la qual existeixen expedients menors al voltant de subestacions i bifurcacions de la línia.

El ple de l’Ajuntament de Riudecols és el segon ajuntament de la demarcació, després de la Secuita, que aprova «sol·licitar al Ministeri d’Indústria, a la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino i al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la declaració de caducitat de l’expedient i el seu posterior arxiu».

Tal com va explicar ERC dimarts passat, l’informe mediambiental va caducar el mes d’agost de 2012 i segons l’article 10.2 del Reial Decret Llei 1/2008, sobre la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, l’administració competent està obligada per llei a arxivar l’expedient administratiu.

Efecte dominó 

Des d’ERC s’espera que, tal com ha fet Riudecols, els diferents ajuntaments de la demarcació afectats pel projecte de la línia MAT aprovin la petició d’arxivament, en un efecte dominó. El Ministeri ha de respondre en 30 dies; en cas de no fer-ho, el silenci administratiu significa un silenci positiu, l’acceptació de la petició.

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