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lunes, 16 de junio de 2014

Reclaman 43 millones a Fremap

Ofende leer que la Seguridad Social le reclama 43 millones de euros a Fremap, cantidad que supuestamente gastó la mutua de forma indebida entre los años 2006 y 2011.
Ofende porque en estos tiempos en que todo está informatizado y puede saberse al instante la situación real de cada cosa, la Administración haya tardado tanto tiempo en detectar el supuesto fraude.
Y es que son muchos casos ya en los que el dinero público, que según cierta persona que disfrutó de una cartera ministerial, no es de nadie.
El dinero público, que surge de los bolsillos de muchas personas, a las que se les descuenta religiosamente de una nómina con la cual a menudo no es posible cubrir ni las necesidades más perentorias, luego puede ser usado para pagar mariscadas, viajes de placer, conversaciones por el móvil y otras cosas que no escribo, pero que todo el mundo imagina.
Es decir, al contribuyente común se le controla hasta el último céntimo y en lo que se le conoce como tiempo real. Hay otros contribuyentes sobre los cuales tampoco parece haber ningún control, dado el altísimo índice de fraude a Hacienda. Al contribuyente común se le controla todo y cualquier día Hacienda sabrá hasta cuantos litros de leche compra al mes y cuantos de vino.
Pero si tenemos en cuenta que estamos a mitad de 2014 y ocurre que a Fremap se le reclama dinero malgastado, supuestamente, en 2006, se ve claramente que han pasado muchos años. Sólo falta que sea verdad lo del malgasto y que, encima, haya prescrito el delito.
¿Quién se encarga en la Seguridad Social? ¿Quién se encarga en el ministerio de Hacienda? ¿Quién se encarga en el gobierno de que estas cosas no puedan ocurrir?
La Administración española es, posiblemente, la más cara del mundo en relación con el número de habitantes. Pero no da para controlar todo lo que debía estar bajo su control.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Miguel Cardenal está orgulloso del Barça

El problema consiste en que Cardenal, todo un secretario de Estado para el Deporte, presidente del Consejo Superior de Deportes, precisamente cuando este club de fútbol está siendo investigado por Hacienda y como resultado de esa investigación ha tenido que dimitir el presidente y el club se ha apresurado a pagar lo que se le pedía y unos cuantos millones más, por lo que pueda ocurrir.
Dice este señor que en este momento nadie piensa que alguien vinculado al Barcelona se haya apropiado de cantidad alguna. Y desde luego que yo no lo pienso. Esperaré a que sean los jueces o los Inspectores de Hacienda quienes expliquen lo que hay. Lo que sí que sé es que si un pobre olvida consignar en su declaración de la Renta un ingreso de 100 euros, quizá porque ya ni se acuerda, Hacienda le obliga a asumir las consecuencias. Y no entiendo que un señor que forma parte de la Administración no vea con buenos ojos que otro sector de esa misma Administración haga su trabajo con respecto a un club de fútbol.
Es de suponer que Cardenal sabe que la deuda actual de los clubes de fútbol con Hacienda es cercana a los 600 millones de euros, y eso después de haber hecho un pago que la rebajaba en un 21%. Ese dinero del que Hacienda no dispone viene a ser como una puñalada a los más desfavorecidos. Pero la Administración española, de la que, repito, forma parte Cardenal es muy permisiva con los clubes de fútbol. Pero si su deuda con Hacienda es grande, todavía lo es mucho más la que tienen con otras entidades privadas y que podría estar cercana a los 4000 millones de euros. El asunto es muy peligroso, porque esa deuda hay que pagarla, de modo que el peligro para los contribuyentes es grande.
Quienes cobran de la Administración deberían estar a favor de los contribuyentes y no de los poderosos.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Los sindicatos se justifican

Algo tenían que hacer los sindicatos para justificarse. Estamos sumidos en una crisis infernal y ellos sin enterarse. Sin embargo, contra el gobierno no pueden actuar, ellos sabrán por qué. Y tampoco pueden estar callados. Así que se han liado la manta a la cabeza y la han emprendido contra las empresas, en general. ¿Tendrán las espaldas cubiertas los sindicatos? Porque a las empresas no les habrá hecho ninguna gracia.
En Invertia se dice que han contratado a José Luis Monzón como animador y que han llegado a pagar hasta 45 euros de dieta a los asistentes. He aquí, pues, una factura grande que, al final, irá a cargo de los contribuyentes. El derroche es una constante en esta España nuestra, aun a pesar de la crisis. Quizá no sea exagerado afirmar que la Administración hubiera recortado todos los gastos inútiles ya estaríamos saliendo de la crisis. Y si, además, Hacienda lograra reducir el fraude fiscal a la mitad estaríamos totalmente fuera.
Es un hecho totalmente aceptado que el gobierno español tardó alrededor de dos años en afrontar la crisis por motivos electorales. Pero fue nada más tomar posesión del gobierno cuando debió tomar medidas. Nunca debió consentir que se formara la burbuja inmobiliaria. El auge de la construcción vino a sacar a España de una situación delicada, pero a partir de ahí debieron haberse tomado medidas correctoras, fomentando la investigación y tomando en serio la educación. Sin embargo, se conoce que les venía bien a los políticos y fueron ellos los que inflaron la burbuja inmobiliaria.
Los sindicatos lo sabían y callaron. Cuando hablar de la crisis era de antipatriotas, callaron. Cuando se estaba creando la burbuja, callaron. No dan señal de que les interesen mucho los trabajadores. Los utilizan para justificarse; y para apoyar a Zapatero.

viernes, 6 de marzo de 2009

La morosidad de la Administración

En estos tiempos que corren, tan dificultosos y descorazonadores, en los que resulta conveniente medir todos los pasos que se dan, no puede aceptarse sin más que la Administración, que ha corrido en ayuda de los bancos, se demore hasta límites intolerables a la hora de pagar a las empresas.
Cabe reconocer, no obstante, que los bancos son imprescindibles para la buena marcha del país y que, por tanto, hace bien el gobierno en ayudarles si considera que esa ayuda es necesaria. Pero también conviene tener en cuenta que los directivos de los bancos gozaban de una situación privilegiada para anticipar la crisis y que ojalá se hubieran comportado en aquel momento con la mitad de prudencia con la que actúan ahora.
Los directivos de los bancos no son los culpables de la crisis, pero evidentemente tienen más culpa que quienes la están sintiendo en sus carnes. Los más culpables de todos son los políticos, pues son quienes deben velar por todos, mientras que la obligación de los empresarios es mirar por sus empresas. La cuestión es que quienes más han propiciado la crisis al no anticiparla e insistir en actitudes que la agravaban, no sólo no se han disculpado, sino que por lo general se cláusulas de indemnización exageradas, para el caso que sean despedidos. Y los hay, de éstos, que exigen el despido libre para los más indefensos.
La Administración, que tantas cosas consiente, como se ve, y que ayuda, sin exigir contrapartidas, a los grandes, se demora a la hora de pagar a los pequeños. Muchas de esas pequeñas empresas, que pueden verse obligadas a desaparecer por ese motivo, no tienen ninguna culpa de la crisis. No han estirado nunca el brazo más que la manga, se han limitado a llevar su negocio del mejor modo posible y ahora tampoco se atreven a exigir a los organismos estatales que les deben dinero que salden su deuda, no sea que se enfaden y no les hagan más pedidos.
El comportamiento de la Administración debería ser ejemplar, al objeto de generar confianza a los ciudadanos. Sin embargo, se nos muestra arbitrario y errático.