Pues me importa un bledo si la ciudadana Cristina de Borbón renuncia o no a la sucesión de la corona

Tras la imputación de Cristina de Borbón se han levantado voces sobre la conveniencia de que renuncie a la sucesión a la corona. A mi, como republicano, me parece irrelevante. Creo que es el árbol que no nos deja ver el bosque.

 

¿Que importa si Cristina de Borbón mantienen o no sus derechos dinásticos? ¿Qué puede ocurrir si una presunta delincuente llega al trono de la monarquía española? ¿No sería el mayor descrédito que le pudiera ocurrir a la institución monárquica? Por otro lado los españoles hemos padecido un rey que si no es por la inviolabilidad que le otorgaba la constitución española, se podría haber visto en mas de un aprieto jurídico.

 

El Borbón que nos reinó heredó de la dictadura franquista el sillón, su fortuna jamás ha podido ser auditada ni conocida su procedencia, sus peligrosas amistades con las monarquías dictatoriales árabes son más que una vergüenza, su cuestionada actuación la noche del 23f  dejaron muchos aspectos opacos y no hablemos de su vida intima ni el tren de vida llevado entre fiestas y cacerías.

 

¿Es más indignante la posible condena de Cristina de Borbón o la trayectoria de su padre? Con la renuncia solo se evitaría un nuevo y bochornoso espectáculo de lo que es la monarquía española. Quienes piensan en la renuncia solo piensan en el mantenimiento de la monarquía. No piensan en el bienestar de la ciudadanía sino en el prestigio de una institución antidemocrática.

 

Por tanto yo pienso que a cualquier republicano mínimamente consecuente le debe traer sin cuidado si Cristina de Borbón renuncia o no a la línea sucesoria de la monarquía española. Si yo no tengo oportunidad de decidir sobre la jefatura del estado me importa un bledo quien la ocupe, porque no me sentiré representado por esa persona. ¿Quién me asegura a mi y al resto de la ciudadanía que el actual monarca va a cumplir con toda la legalidad si su persona es inviolable?

 

No nos confundamos, el problema no es que una presunta delincuente pueda llegar a ocupar el trono de las España. El problema es la propia institución monárquica y por eso este Borbón, que es más inteligente que el padre, pretende dar una falsa imagen de transparencia, honestidad y de modernidad, dándonos una de cal y otra de arena, como hizo en su primer discurso navideño.

 

La acusación, por parte del juez Castro (menos mal que aún quedan jueces decentes y honestos), de Cristina de Borbón es una amenaza a la monarquía y sus defensores, y quienes quieren su renuncia no hacen, en mi opinión,  sino apuntalar esa institución antidemocrática.

Nota.- Esto si que es preocupante:"Pedro Sánchez (Secretario General de PSOE): Yo soy republicano, sobre todo de valores, pero yo creo que tenemos un buen rey. Me gusta el rey y me gusta la reina."
 

Salud, República y Socialismo.

La ultraactividad de los convenio, una derrota de la reforma laboral

Los trabajadores estamos de enhorabuena. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Esta decisión es un torpedo en profundidad a la linea de flotación de la reforma laboral.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que las condiciones del convenio vencido se mantienen para los trabajadores que lo venían percibiendo, y en tanto no se negocie otro convenio o la empresa abra un procedimiento de consultas para modificación de condiciones de trabajo en el caso de que se produzcan algunas de las causas contempladas en el art. 41 del ET.

Reconoce el Tribunal Supremo que las condiciones pactadas en el convenio colectivo se incorporan de hecho al contrato laboral del trabajador, por lo que se convierten en derechos y condiciones personales del trabajador. Solo aquellos trabajadores contratados después finalizar el año de vigencia del convenio colectivo no estarían amparados por las condiciones laborales pactadas en el mismo.

La reforma laboral del PP pretendía varios objetivos. Entre ellos precarizar el mercado laboral, tirar hacia abajo los salarios y condiciones laborales y fundamentalmente quitar poder de negociación a los sindicatos en la negociación colectiva, dando un excesivo poder a los empresarios en la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. De hecho la tasa de cobertura de la negociación colectiva ha pasado del 75% del 2008 al 47 % en el 2013. Cubriendo actualmente a tan solo unos seis millones y medio de trabajadores, de los más de 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social.

La eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos (prorroga de las condiciones laborales pactadas en un convenio hasta la firma de otro) era simplemente una coacción empresarial a la negociación colectiva. Los empresarios o no negociaban u ofertaban a la baja, con el chantaje de que la perdida de la ultraactividad significara la perdida de las condiciones laborales y salariales pactadas en el convenio vencido. Esto ha hecho que en muchos convenios colectivos ante la perspectiva de perder las condiciones pactadas, se aceptaran condiciones laborales y salariales regresivas para los trabajadores afectados.

Pero no solo, como dice el Tribunal Supremo, las condiciones laborales de los convenio son condiciones individuales que se incorporan al contrato laboral de los trabajadores, es que esas condiciones laborables y salariales, son en la mayoría de los casos, producto de largas y duras luchas de los trabajadores en la defensa de sus convenios colectivos. Luchas que han llevado en ocasiones, a los trabajadores, a la realización de largas huelgas con una merma importante en sus retribuciones. Pero ademas, esos logros en los convenio colectivos eran, en muchas ocasiones, producto de transacciones entre los trabajadores y los empresario. Trabajadores y empresarios cedían en unos aspectos para avanzar en otros. Con la eliminación de la ultraactividad, no solo se perdían las mejoras pactadas sino también las cesiones que los trabajadores habían hecho. Al igual que la banca, los empresarios siempre ganan.

La reforma laboral está herida de muerte y la ministra del desempleo, si tuviera una mínima dignidad habría presentado ya su dimisión por el rapapolvo que le han dado los tribunales. Aún quedan aspectos regresivos que combatir de esa contrarreforma laboral del Partido Popular. Pero hoy, los trabajadores podemos celebrar una victoria, consecuencia de nuestras luchas y también de la actitud de nuestros sindicatos, no solo en la calle y los centros de trabajo, sino además ante los tribunales de justicia.

Rectificación.- Es un error decir que es ilegal la eliminación de la ultraactividad. Lo correcto es decir que es ilegal la interpretación que hacen los empresarios de la eliminación de la ultraactividad.

Salud, República y Socialismo

La burrada de la semana: María Dolores de Cospedal

Cuando no se tiene justificación o cuando las pruebas se hacen tan evidentes, la única solución que les queda  a algunos políticos es poner el ventilador. Que la mierda, su mierda, salpique a todos. Eso es lo que piensa María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, sobre la corrupción en este país.

Dice Cospedal que "La misma corrupción que puede haber en un partido político, la hay en la sociedad" para concluir que "la corrupción no es patrimonio de nadie sino que lamentablemente es patrimonio de todos". Tal como dice el refrán, "piensa el ladrón que todos son de su condición", la Cospedal, para minimizar la enorme responsabilidad que su partido tiene en materia de corrupción, pretende poner al mismo nivel de corrupción no solo a todos los políticos, sino también al conjunto de la sociedad. Así si todos somos corruptos no hay nada que echarse a la cara los unos a los otros.

Se equivoca, premeditadamente, al decir que la corrupción es patrimonio de todos, porque no hay una generalización de la corrupción pero sí unos más corruptos que otros. Hay algún partido, como el P.P., que tienen a todos sus tesoreros imputados por delitos de financiación ilegal. Hay partidos, como el P.P., que la instrucción judicial ha demostrado que pagan la reestructuración de su sede con dinero negro. Hay algunos partidos, como el P.P., que tienen a muchos de sus dirigentes implicado en las tramas más importantes de corrupción política y financiación ilegal, como la Gürtel, Púnica, Noos, Bárcenas, Brugal, Baltar, Andratx, etc. Hay partido que están inmersos en algún caso de corrupción política y hay partidos, como IU, que su incidencia en la corrupción política es insignificante.

Por tanto la pretendida generalización de la corrupción, de Cospedal y el PP, solo tienen como objetivo intentar diluir las responsabilidades propias, tratando de crear una falsa idea de la generalización de la corrupción par parte de todos los partidos y la sociedad. No hay una generalización de la corrupción. Del mismo modo que no todos los políticos son corruptos, tampoco los ciudadanos son corruptos. De lo contrario, estaríamos viviendo en un estado mafioso, que por suerte no es la realidad. Pero es evidente que hay partidos, como el P.P., que han hecho de la corrupción una trama organizada para financiarse y por otro lado posibilitar el enriquecimiento ilícito de parte de sus dirigentes.

Los ciudadanos de a pie pagamos nuestros impuestos, no nos dejan otra posibilidad, son los poderosos y las grandes fortunas los que tienen capacidad y posibilidad de corromper y ser corrompidos y a los que el PP favorece con amnistías fiscales y posibilidad para practicar evasiones fiscales. Además de eso el PP no solo no persigue esas corrupciones, sino que aprueba reformas fiscales que favorece a estos corruptos.

Dice la Cospedal que España no es el país más corrupto del mundo. Cierto, pero también es cierto que entre los países con un mínimo de estándares democráticos, estamos a la cola. Porque el problema no es solo coexistir con una corrupción sistémica, sino ser permisible con la corrupción al no poner los medios adecuados para luchar contra ella. Cuando se justifica, como hace el P.P., muchos de sus casos de corrupción, cuando se defiende a sus corruptos, hasta que terminan entre rejas y entonces solo son una manzana podrida que ya no pertenecen al partido, se es cómplice de la corrupción.

La corrupción es también una cuestión de actitud. Negarse a la constitución de una comisión parlamentaria que investigue la corrupción en España, no contribuye en nada a la lucha contra la corrupción, no tiene un fin didáctico porque cuando un partido justifica sus casos de corrupción hace que sus votantes vean la corrupción como algo casi normal como ocurre entre muchos de los votantes del P.P. Actitudes como la de la exministra Mato, obligada a dimitir por ser beneficiaria de regalos improcedente e injustificados y posteriormente premiada con un aumento de sueldo al nombrarla vicepresidenta de una comisión del Congreso de los diputados, dice mucho de la actitud del P.P. ante la corrupción política y bien poco de su supuesta lucha contra la corrupción.

Hay que ser inflexible contra la corrupción porque ese dinero que los corruptores desvían hacia los corruptos es dinero que deja de ingresarse en las arcar públicas y no se destina al gasto social del que tan necesitado esta este país, después de la política de recortes sociales desarrollada por el P.P. Cuando en este país sea normal dimitir por hechos como plagiar una parte de una tesis doctoral o por una multa de trafico, entonces Cospedad podrá decir que los estándares contra la corrupción política son comparables al restos de los países de nuestra área, mientras tanto nos queda exigir que los partidos asuman la responsabilidad política de sus corruptos y no defenderlos.

Salud, República y Socialismo.

¿Era necesario que los sindicatos le firmaran un pacto al gobierno'

El pasado lunes, con el ampuloso nombre de “Programa Extraordinario de Activación para el Empleo de los parados de larga duración”, sindicatos, patronal y gobierno firmaron un pacto que a mi modo de entender solo sirve para lavar la cara a Rajoy y el PP.

Primero no es un programa para los parados de larga duración, sino para un parte de ellos. Los parados que  hayan percibido alguna prestación, lleven más de 6 meses sin percibirla, tengan cargas familiares y su renta percapita no supere el 75% del salario mínimo. Es decir que de los más de 2 millones de parados que no perciben prestación alguna tan solo tendrán derecho a percibir la nueva ayuda, durante seis meses, un máximo de 450.000.

Esto supondrán un desembolso por parte del estado de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Es sorprendente la cicatería con que el estado maneja los dineros públicos cuando se trata de ayudar a los más desfavorecidos por la crisis económica y lo poco que le cuesta cuando se trata de salvar bancos o cajas de ahorro o indemnizar a empresas como ACS por el caso Castor, que supuso un desembolso exprés de 1.350 millones de euros. La ampliación a todos los parados que no cobran prestación alguna sería mucho menos que lo que el estado dejara de ingresar el año que viene por las rebajas fiscales del P.P.

Es inconcebible que se haga electoralismo con los impuestos cuando quedan muchas necesidades sociales que cubrir en este país. Necesidades creadas fundamentalmente por la gestión de la crisis económica que ha impuesto el P.P. a base de recortes sociales. Y que ahora de nuevo se utilice, a 10 meses vista de las próximas elecciones generales y a cinco de la autonómicas y municipales, un pacto de prestaciones para que el PP. trate de lavar su manchada imagen de tres años de legislación retrograda. 

Pero lo grave de todo es que los verdaderos beneficiarios de este pacto, al margen de los trabajadores que tengan acceso a la prestación, son los empresarios. Ya que la percepción de la prestación será compatible con la realización de un trabajo y el empresario que contrate, de manera indefinida o temporal, a uno de los perceptores se podrá deducir del salario los 426 euros de la prestación. Estamos de nuevo ante una nueva subvención a los empresarios para seguir precarizando el mercado laboral. Dinero público que nuevamente va a las arcas empresariales. Porque la deducción podría tener su lógica si se tratase de contratos indefinidos, pero no cuando sean contratos temporales; que seguramente será la realidad de estas contrataciones.

Por todas estas cosas yo no comparto la necesidad de que los sindicatos hayan avalado un pacto que a ellos no les aporta ninguna credibilidad. Yo entiendo que los sindicatos tienen que estar en todos los foros donde se discutan asuntos que atañen a trabajadores parados o no, pero eso no significa que deban dar su aval a cualquier tipo de pacto. Porque de este pacto poco se ha arrancado al gobierno de sus posiciones iniciales. El gobierno del P.P. es el responsable, junto con los empresarios, de la situación que padecen los más de 4,5 millones de parados registrados y por tanto son a ellos a los que hay que exigir soluciones reales y no parches de esta naturaleza. 

Los sindicatos no pueden olvidar sistemáticamente a colectivos de trabajadores en situación de exclusión social que no sean los parados con cargas familiares. Y sobre todos deben tener un nivel de exigencia  equivalente a la situación social del país. No se puede pactar con un gobierno que niega la protección social mientras hace rebajas fiscales electoralistas o ayuda sin limites a sectores empresariales que son corresponsales de la crisis económica. Si el gobierno del P.P. quiere jugar a eso, que juegue. Pero los sindicatos no deberían entrar a ese juego, porque al final los perdedores son siempre ellos. 

Salud, República y Socialismo

La burrada de la semana, Mariano Rajoy

Acostumbrado a mentir de manera permanente, Mariano Rajoy pretende convencernos una vez mas de que el fin de la crisis económica ha llegado. De nuevo el presidente del Gobierno demuestra que vive en un mundo que no es el real.

Según Rajoy "podemos decir que en muchos aspectos la crisis es historia del pasado" pero no nos aclara en que aspectos se vive esa afirmación. Y continua afirmando que las de este año "serán las primeras Navidades de la recuperación". No solo nos miente de nuevo Rajoy, sino que además hace una manipulación del lenguaje impropia de un dirigente de su nivel. Recuperar es "Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía" y también "Dicho de una persona o de una cosa: Volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil".

Es evidente que los españoles de a pie afectados por la crisis no estamos volviendo a adquirir lo que antes teníamos ni estamos volviendo a la normalidad del paso por el mal trago de la crisis económica. Ni estamos recuperando el poder adquisitivo de nuestros salarios y pensiones, ni se están revirtiendo los recortes en los servicios públicos, ni nuestros jóvenes comienzan a volver al país porque pueden tener una  posibilidad de futuro, ni los dependientes recuperan las prestaciones y subsidios perdidos, ni los parados el empleo perdido ni el nivel de las prestaciones previo la crisis, ni nuestros ancianos han dejado de tener que decidir entre comer o medicarse y ni tan siquiera la investigación inicia la recuperación de las inversiones perdidas.

Para Rajoy la recuperación está basada tan solo en los datos macroeconómicos de nuestra economía y tampoco esos son para tirar cohetes. Es cierto que los datos macroeconómicos están experimentando una ligera mejoría, pero esta mejoría no afecta para nada a los ciudadanos mas desprotegidos, a los ciudadanos a los que la crisis afectó con mayor contundencia. La mejoría solo esta afectando a los sectores que menos sufrieron la crisis económica, los poderosos, las grandes empresas y las grandes fortunas. Porque una de las más importantes consecuencias de la crisis económica ha sido el crecimiento de la desigualdad. Hoy la mayorías más pobre es mucho pobre y la minoría mas rica es mucho mas rica. Ese es el gran logro de Rajoy y el PP, aumentar la brecha de la desigualdad social.

Dice Rajoy que la recuperación  "se vive en los mostradores de los pequeños negocios, en los pedidos de los proveedores, en las barras de las cafeterías, en las mesas de los restaurantes, en las nóminas de muchos españoles y en el interior de sus hogares". Se ve que Rajoy sale poco del Palacio de la Moncloa, que no pasea por los mismos lugares que la gente corriente. Porque si lo hiciera se daría cuenta que a la gente corriente la siguen desahuciando de sus viviendas, la siguen despidiendo de sus trabajos y convirtiendo su puesto indefinido y a tiempo completo  en varios a tiempo parcial y temporal (por eso las estadísticas del paro falsean un descenso del desempleo), que muchas familias continúan yendo a los bancos de alimento para poder alimentar a sus hijos, que los dependientes continúan muriéndose sin haber empezado a cobrar una prestación años atrás reconocida, que en muchos hogares no es posible calentarse en invierno porque no pueden pagar la electricidad y en definitiva que muchos cientos de miles de españoles continúan en la misma miseria a la que  él y su parido les lanzó con la excusa de la crisis económica.

Mientras todas estas cosas no se empiecen a solucionar es un sarcasmo pretender hablar de recuperación y un insulto a la inteligencia de las personas decir que esta navidades serán las primeras de la recuperación económica. Que se lo cuenten a los cientos de miles de niños y niñas que no podrán tener un juguete estas navidades si no es por la solidaridad de sus vecinos.

 

Pero esa no es la preocupación de Rajoy y el P.P.  Su primera y casi exclusiva preocupación es como manipular los datos económicos para hacer creíble lo que no lo es y poder presentarse como el solucionador de un problema que solo el nos ha creado. Llegó al poder mintiendo, no ha gobernando a base de mentiras y saldrá del poder manipulando de nuevo una gran mentira.

Salud, República y Socialismo

La España amordazada

Esta semana los españoles hemos acabados amordazados. El Partido Popular utilizando su rodillo parlamentario ha aprobado en solitario la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que va encaminada a acallar por el miedo las posibles protestas por sus políticas antisociales.

Al Partido Popular le produce alergia el significado de la palabra democracia y todo lo que huela a participación democrática. Para ellos la participación democrática se reduce a que los ciudadanos votemos una vez cada cuatro años y después dejemos en manos de los elegidos el desarrollo del juego político aunque este sea en base de una permanente mentira.

No conciben que los ciudadanos podamos expresar nuestro rechazo a sus actuaciones políticas, si creemos que con ellas solo se favorecen a una minoría de la sociedad. Precisamente a esa minoría que es la responsable de la crisis económica que continuamos sufriendo. No conciben que los ciudadanos de a pie no nos resignemos a que se nos culpabilidad de una crisis económica que no hemos creado y no conciben que nos rebelemos contra sus recortes, que solo han repercutido sobre las espaldas de los mas desfavorecidos, y que tan solo nos ha traído miseria, paro, pobreza y mayor desigualdad social.

Disputados de IU protestan contra la ley mordaza

Y como no conciben eso, el siguiente paso es meternos el miedo en el cuerpo para que no nos movilicemos contra sus políticas de recortes. Es lo que han materializado esta semana en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de toda la oposición. Nos quieren pobres, desiguales y con una economía que en muchos casos no llega ni a la subsistencia. Quieren que esta España nuestra sea una España dual, donde solo los ricos puedan disponer de servicios de calidad y los demás tengamos que conformarnos con unos servicios públicos de beneficencia. Han convertido este país una España de trabajadores por debajo del nivel de la pobreza y aún así no están conformes porque nos quieren ademas sumisos. Aunque sea por la razón del miedo. Han transformado España en una sociedad dual y ahora quieren convertirla, además, en un estado policial.

Por eso con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pretenden limitar los derechos de manifestación y reunión. Convertir en delito lo que hasta ahora ha sido un derecho. Anular las protestas por la vía del miedo. El miedo a detenciones abusivas y arbitrarias, el miedo a las desorbitadas multas administrativas que puede suponer la aplicación de la nueva ley. Donde los tribunales no veían delito y sobreseían las denuncias de la policía, ahora se elimina la intervención judicial previa y se resuelve, sin garantías jurídicas, por medio de la vía administrativa. Si socialmente hemos retrocedido varias décadas, con esta nueva versión de la Ley no trasladamos al franquismo, a los Tribunales de Orden Publico franquistas. 

Cada día se hace más necesaria la convergencia política para echar del poder y la política a esta mafia fasciosa que nos gobierna. El cuatrienio negro del Partido Popular tienen que acabar, es mucho el daño que han hecho al país y a los ciudadanos de a pie. Por la salud de este país y de sus  ciudadanos es necesario borrar de un plumazo las políticas antisociales de este bienio negro, la derogación de todas sus leyes debe ser el objetivo común de la gente progresista.

Salud, República y Socialismo.

Pues si, hoy es el Dia Internacion Contra la Corrupción

Se supondría que en un día como este el gobierno del PP, que dice estar comprometido en la lucha contra la corrupción, tuviera una acción ejemplar en este sentido o hiciera una declaración institucional que reafirmara su compromiso. Pues no, este día ha pasado sin pena ni gloria hasta en los medios de comunicación españoles.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Desde entonces todos los 9 de diciembre se conmemora esa efeméride, que como muchas otras se queda simplemente en una declaración de intenciones. El panorama español es simplemente desolador. Los que se autodenominan comprometidos contra la corrupción hoy han demostrado claramente cual es su compromiso en la lucha contra esta lacra política y social. El Partido Popular ha rechazado en el Parlamento la proposición de Izquierda Unida, apoyada por toda la oposición, de constituir una comisión de investigación sobre  la corrupcion en los partidos políticos y otra especifica sobre el escándalo de Bankia.

Partidos, sindicatos y empresarios, todos tienen responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Tan corrupto es quien corrompe como quien se deja corromper y quien tapa o justifica sus casos de corrupcion, mientra critica los ajenos. Pero quien mayor responsabilidad tiene en la lucha contra la corrupcion es sin duda el gobierno, en este caso el Partido Popular. Porque es quien puede poner los medios legislativos, policiales y judiciales para luchar contra esa lacra. Pero el P.P. está  muy poco interesado en acabar con la corrupcion y los corruptos. Durante mucho tiempo apenas les ha preocupado porque sus potenciales votantes no eran críticos con la corrupción y seguían votándoles a pesar de las evidentes conexiones de sus cargos públicos y dirigentes del P.P. con los casos  más importantes de corrupcion en el país.

Ahora cuando empiezan a sentir la desafección de sus votantes, es cuando empiezan a preocuparse. Pero ni por esa razón tienen una actitud contundente en la lucha contra la corrupción. Todo se queda en ampulosas declaraciones de principios y en medidas que en ocasiones van en el sentido contrario a la lucha contra la corrupción. Porque pretende limitar por ley el periodo de instrucción de los casos de corrupción es simplemente poner trabas a la efectiva lucha contra esa lacra. Efectivamente la duración excesivamente larga de los más importantes casos de corrupcion va en contra de una eficaz lucha contra la corrupción. Pero eso no se consigue limitando el periodo de instrucción, sino poniendo más medios a disposición la justicia para que la instrucción se pueda llevar con mayor celeridad.

No ayuda tampoco a la lucha contra la corrupción la injerencia del Gobierno, del P.P., en determinados casos de corrupcion, como los casos Noos, Gürtell o Bárcenas. En un caso por proteger a un miembro de la familia real y en los otros porque el PP esta directamente implicado en la corrupción que se está investigando. Se jacta la Cospedal de que el P.P. es el partido que más dimisiones ha provocado por casos de corrupción. El problema es que no es un asunto cuantitativo sino cualitativo. Si se está imbuido en muchos casos de corrupcion, lo normal es que se tengan muchas dimisiones, por tanto lo importante es saber no el número de dimisiones sino el porcentaje de dimisiones que se han producido. Ahí es donde el P.P. flojea, basta ver el número de imputados que continúan en sus cargos públicos y lo mucho que les cuesta tomar medidas contra sus corruptos.

La lucha contra la corrupcion es un asunto de tolerancia cero, de ejemplaridad. De entender que una cuestión es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política. Si todos los partidos fueran tan intransigentes con sus  corruptos como lo son con los corruptos ajenos, si nadie justificara y amparara la más mínima corrupcion y si todos los partidos fueran didácticos con este asunto, asumiendo las responsabilidades políticas y echando de las instituciones y las listas electorales a todos/as aquellos/as que tienen vinculación con la corrupción, no se hubiera llegado a la vergonzosa situación que padecemos en España. Cuando alguien, en España, dimita por cosas como haber  plagiado en su juventud una parte de su tesis doctoral, entonce podremos decir que se está contra la corrupción sistémica de un sistema corrupto. Mientras tanto solamente estaremos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro.

Salud, República y Socialismo.

Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos

Independientemente de quienes sean sus votantes algunas organizaciones políticas solo defiende los interés de un grupo social determinado. Y lo que está claro es que el Partido Popular no defiende a sus electorales, si no al grupo minoritario que le financia: los poderosos.

En estos días ha aparecido un informe de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, en el que se concluye con la consideración de que el gobierno introduce un sesgo ideológico en la persecución del fraude en el trabajo. Su objetivo no es otro que criminalizar a los trabajadores y acusarles de que son los verdaderos responsables del fraude en el mercado laboral y por ende a las arcas del estado.

Según este sindicato nada más lejos de la realidad. La UPIT señala que los más de 500.000 controles de empleo que se hicieron el año pasado sólo han dado con 11.689 casos de personas que compatibilicen prestación y trabajo (una tasa de éxito del 2%). Unas cifras que contrastan con las actuaciones realizadas en materia de tiempo de trabajo: aunque se hicieron muchísimas menos investigaciones (sólo 14.097), se hallaron casos de fraude en el 40% de ellas.

Pero en todo caso el fraude en la contratación existe porque hay un empresarios que se niegan a realizar contratos laborales. Si los empresarios actuaran acorde con la ley este tipo de fraude no existiría. Es al empresario a quien hay que perseguir y no al trabajador. Este es en todo caso una victima de un sistema injusto que es permisible con la mala praxis de unos empresarios que se benefician de la explotación de los trabajadores. No obstante este tipo de fraude, según la UPIT, solo afecta al 0,4% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

El problema es que el gobierno, el PP, no está interesado es perseguir la explotación y la precariedad laboral. Al gobierno solo le interesa maquillar las cifras del paro, por eso hace la vista gorda a la constante destrucción de empleo fijo a tiempo completo y su transformación en contratos temporales a tiempo parcial. Con esta transformación lo que se pretende es que la cifra de parados disminuya de manera artificial, dado que se da la misma categoría a un contrato de 40 horas semanales que 4 de 10 horas. Un puesto de trabajo se transforma en 4. A continuación viene el fraude de obligar al trabajador a extender su jornada laboral por encima de los pactado en el contrato. Precariedad y explotación laboral es lo que propicia el P.P. con su reforma laboral.

Criminalizar a los trabajadores con falsas acusaciones de fraude laboral no es nada nuevo en este PP que sufrimos. Hace ya meses la Vicepresidente del Gobierno y la Ministra del Desempleo ya salieron con la cantinera de que se había descubierto una enorme bolsa de fraude laboral entre los desempleados. El tal fraude era simplemente, en la mayoría de los caso, irregularidades administrativas que no tenían nada que ver con  fraude en las prestaciones del desempleo. Pero claro la mentira allí quedó porque jamas desmintieron ni aclararon en que consistía ese presunto fraude.

El verdadero fraude no esta entre los trabajadores que cobran una prestación y trabajan sin contrato, sino que se encuentra entre los empresario que no dan de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores. Esos incurren en un triple fraude, uno a las arcas del estado porque no cotizan por esos trabajadores, otro a la legislación laboral por no formalizar un contrato laboral y un tercero hacia los empresarios que cumplen  con sus obligaciones laborales y se ven obligados a competir en situación desigual frente a esta escoria que solo pretende maximizar el beneficio explotando a trabajadores que se ven en la disyuntiva de trabajar en negro o no alimentar a su familia.

Salud, República y Socialismo