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miércoles, 13 de julio de 2022

El regreso de Horacio Cartes y qué posibilidades hay de impedirlo

Aunque hace tiempo que el magnate político Horacio Cartes es investigado por presuntas actividades ilícitas, con procesos que hasta ahora no arrojaron resultados concretos, esta es la primera vez que, desde la propia presidencia de la República, un jefe de Estado que es a la vez su correligionario, principal contricante -y, por momentos, dizque aliado- impulsa acciones judiciales, buscando que se produzca alguna acción penal. La intención es principalmente política: se trata de evitar a toda costa que HC vuelva a controlar el Ejecutivo desde las elecciones del 2023, imponiendo a su delfín Santi Peña. ¿Hay posibilidades de detener su arrolladora ofensiva política y económica? Es la pregunta que tratamos de responder en este artículo.

Andrés Colmán Gutiérrez

La posibilidad concreta de que el controvertido millonario Horacio Cartes —quien fuera presidente de la República del Paraguay en el periodo 2013-2018—, regrese otra vez a controlar totalmente el Poder Ejecutivo, a través de su delfín y precandidato presidencial, el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, genera preocupación en un importante sector de la sociedad, por considerar que el poderoso empresario constituye una amenaza para el proceso democrático, por las actitudes de poco respeto a la institucionalidad republicana que demostró durante su gobierno, así como por los presuntos nexos con actividades ilícitas (producción masiva de cigarrillos para el contrabando internacional y lavado de dinero, principalmente), investigados en diversas instancias.

A través de una osada y costosa campaña política y mediática, Cartes busca lograr la victoria del presidenciable de su movimiento Honor Colorado (HC). Para ello, se propone liderar personalmente la mayor fuerza política del país, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, postulándose él mismo como candidato a presidente del partido para las elecciones que se harán el 18 de diciembre (donde, además de los candidatos a las elecciones generales, también se elegirán a las autoridades partidarias).

Para intentar impedirlo, su principal contendiente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también se propone competir él mismo por la presidencia del partido, para enfrentar a su némesis, decisión que ya ha anunciado, pero que deberá confirmar oficialmente en las próximas semanas. Algunos juristas creen que la posible candidatura de Marito riñe con la Constitución, ya que no se pueden ejercer ambos cargos (presidencia del país y presidencia de la ANR) a la vez. Sin embargo, la mayoría de los observadores sostienen que el único que puede frenar realmente a Cartes en la carrera electoral interna colorada es precisamente el actual jefe de Estado.

En caso de que se confirme la postulación, el round Cartes-Marito será el mayor choque de dos pesos pesados dentro del coloradismo.

El largo historial de Horacio Cartes

Nacido en Asunción, el 5 de julio de 1956, hijo de Ramón Telmo Cartes Lind, un empresario que a inicios de los años 60 trajo al Paraguay la representación de las avionetas Cessna, Horacio Cartes conoció desde niño la pasión por los negocios. Cursó sus estudios primarios y secundarios en los colegios Goethe, Internacional y Cristo Rey, mientras aprendía el oficio de vendedor en la empresa de su padre, Aerocentro SA, y en plena adolescencia ya asumía el gerenciamiento de la importación de repuestos para aviones.

Esta temprana vocación empresarial lo llevó a los Estados Unidos, donde buscó especializarse en motores de aviación, en el Spartan School of Aeronautics, de Tulsa, Oklahoma. Además, realizó una pasantía en la propia fábrica de aviones Cessna, en Wichita, Kansas.

A su regreso, junto a su hermana Sarah, desarrolló una intensa labor de inversiones en varios negocios, que en poco más de dos décadas lo posicionaría como principal directivo y accionista de actualmente más de 70 empresas, que conforman el llamado Grupo Cartes.

Uno de los aspectos mencionados con frecuencia sobre los orígenes de la fortuna de HC es su incursión en los negocios financieros, en los años 80, cuando –entre otras empresas- creó la firma Cambios Amambay, que en 1992 se convirtió en el Banco Amambay (actual BASA). El entonces joven inversor también realizó incursiones en adquisiones de tierras, punto en el que se lo vincula con el controvertido empresario de frontera, Fadh Yamil Georges, actualmente preso en Brasil por narcotráfico y otras actividades criminales.

En una serie de publicaciones realizadas en 2002 por el diario La Nación, en ese momento propiedad del también empresario tabacalero y dirigente deportivo Osvaldo Domínguez Dibb (actualmente el diario es del Grupo Cartes), se expusieron fotocopias de documentos, acusando a HC de haber mantenido negocios con Fadh Yamil, de quien supuestamente adquirió seis estancias y establecimientos agrícolas, totalizando 12.000 hectáreas en Amambay, a cambio de deudas por préstamos realizados para campañas políticas del hermano de Fadh, Gandhi Yamil.

El senador liberal Miguel Abdón “Tito” Saguier recordó que Cartes fue procesado a mediados de los 80, junto con otros empresarios, por presunta evasión de divisas, operación consistente en adquirir divisas preferenciales del Banco Central del Paraguay, al cambio de 240 guaraníes por dólar, destinados a la importación de insumos agrícolas, pero que volvían a ser colocadas en el mercado financiero al cambio oficial de 400 guaraníes por dólar. Fue el famoso caso conocido como “el escándalo de la evasión de divisas” durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que provocó la caída de varios jerarcas del régimen.

“Vinculada a esas operaciones estaba la casa de cambios Humaitá, cuyo socio principal era Horacio Cartes. A él lo procesaron y se fugó de la Justicia, se fue a Punta Porá (Brasil). Estuvo prófugo por más de cuatro años, volvió y luego la justicia lo puso en libertad”, aseguró Saguier, quien sostuvo que uno de los socios del empresario era el hijo del entonces jefe de Policía del stronismo, el general Alcibíades Brítez Borges.

En posteriores investigaciones periodísticas pudimos recabar más datos sobre el lugar en el que se refugió Cartes en Ponta Porá, mientras era requerido por la Justicia paraguaya, y sobre los contactos de negocios que mantuvo no solo con la familia de Fadh Yamil, sino también con el empresario judío Morko Messer, cuyo hijo Darío Messer (de quien dijo que era su “hermano del alma”) luego fue involucrado en el gigantesco operativo de lavado de dinero conocido como Lava Jato en Brasil, siendo involucrado también Horacio Cartes por la Justicia federal brasileña en el llamado Operativo Patrao. Los datos sobre el historial fronterizo de HC se pueden acceder en este enlace.

Cartes tuvo que esperar hasta que el régimen stronista sea derrocado, en febrero de 1989, para someterse a la Justicia. El caso por el que estuvo procesado se denominó “Acumulación de Autos en la Evasión de Divisas”, y los involucrados recibieron condenas en primera y segunda instancia, entre 1987 y 1996, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Cartes pasó dos meses en prisión y resultó sobreseído en tres instancias, en la última por la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2000.

«Imperio das cinzas», el premiado reportaje investigativo que en Brasil publicó Mauri Konig, por entonces en el diario Gazeta do Povo, de Curitiba. / GENTILEZA

La sombra de los cigarrillos

Otra de las primeras inversiones de Cartes fue en el rubro pecuario, al crear en 1996 la empresa Ganadera Sofía SA, que actualmente es uno de los más modernos establecimientos dedicados a la producción de carne en el país.

Pero su gran salto empresarial se dio en el rubro de la fabricación de cigarrillos, al asociarse en 1994 con el empresario César Cabral, adquiriendo la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa), que opera en Hernandarias, Alto Paraná, que finalmente quedó mayoritariamente en poder del Grupo Cartes.

En 1996 nació Tabacos del Paraguay SA, como distribuidora de los productos de Tabesa. En 2002 se creó la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA en Choré, San Pedro, donde se promueve el cultivo de tabaco Virginia entre unas 1.250 familias, a quienes adquiere la producción como materia prima. El 27 de diciembre de 2007 surge la firma Tabacos USA Inc., en los Estados Unidos, que se ocupa de exportar los cigarrillos paraguayos al país del Norte.

Sin embargo, toda la positiva imagen de la gran industria tabacalera se vio empañada por otras versiones, como las investigaciones que llevó adelante el Poder Legislativo brasileño sobre piratería y contrabando.

En el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Piratería (“CPI da Pirataría”), dada a conocer en 2004 por el Congreso en Brasilia, se acusa que “Tabacalera del Este SA es considerada la empresa más profesionalizada del Paraguay y sus productos tienen como destino principal las regiones sur y sudeste del Brasil. Todos los días, incontables cajas de cigarrillo cruzan las fronteras, siendo provenientes, en su mayor parte, del Paraguay, sin pagar impuestos, abasteciendo a un próspero mercado paralelo”.

El informe refiere que «sus propietarios son de la familia paraguaya Cartes, en la que se destacan Horacio y Sarah”. Se puede acceder a la del informe final de la CPI de la Piratería en este enlace.

Igualmente, en junio de 2012, la Justicia paraguaya recibió vía Cancillería una demanda de la empresa tabacalera brasileña Souza Cruz, acusando a Tabacalera del Este de inundar el mercado brasileño con cigarrillos ilegales.  

«La participación de los productos de la empresa Tabesa corresponde al 41,9% del mercado total de contrabando brasileño, y a 7,9% del mercado total de cigarrillos en el Brasil», sostiene el escrito de la demanda internacional, que se remitió al juez penal de Garantías de Hernandarias, Wilfrido Velázquez Ferreira, pero no encontró mayor seguimiento en tribunales locales.

Investigaciones periodísticas sobre el imperio Cartes

En 2009, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una serie de reportajes realizados por Marina Walker (Estados Unidos), Mabel Rehnfeldt (Paraguay), Marcelo Soares (Brasil) y Daniel Santoro (Argentina), revelando que El Paraguay producía el 10% de todo el cigarrillo contrabandeado en el mundo y que el 60% de ese volumen era fabricado por Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada a quien luego sería presidente del Paraguay, el empresario Horacio Cartes (2013-2018).

Dichos reportajes los pueden leer aquí y también aquí.

En 2014, otra premiada investigación de Mauri Konig (Gazeta do Povo, Brasil), Elvira Soto (El Tiempo, Colombia) y Ronny Rojas (La Nación, Costa Rica) presentó a Cartes como “el Patrón del Tabaco” y aseguró que el contrabando de cigarrillos desde el Paraguay superaba al de la marihuana y la cocaína entre los negocios ilícitos más rentables, con un activo de 200 mil millones de dólares al año.

Algunos de los reportajes, en idioma portugués, se pueden leer (y también ver videos) aquí. Y el tema Cartes, más concretamente, aquí.

La millonaria incursión en política

Horacio Cartes se afilió al Partido Colorado recién el 23 de setiembre de 2009, año en que también se inscribió en el Registro Cívico Electoral, lo cual significa que nunca antes había votado en las elecciones del país.

El principal impedimento que encontró para su proyecto político es que el estatuto de la ANR, en su artículo 110, establecía que, para ser candidato a presidente y vicepresidente de la República por el Partido Colorado, se requería contar con una antigüedad de 10 años como afiliado. El empresario puso en marcha una amplia campaña para que se convoque a una convención y se modifique el estatuto que impedía su candidatura.

En noviembre de 2010 fundó el Movimiento Honor Colorado, haciendo coincidir las siglas HC con las de su propio nombre y apellido, Horacio Cartes, a las que fue sumando a varios líderes históricos y dirigentes de base del coloradismo.

Para el 15 de enero de 2011 se programó la convención extraordinaria de la ANR, con fuerte oposición de algunos dirigentes del partido, como el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, el exvicepresidente Luis Castiglioni y el polémico senador Juan Carlos Galaverna, quien en principio fue el principal impulsor de la candidatura de Cartes, pero luego se distanció y pasó a criticarlo.

La asamblea aprobó por 569 votos contra 218 la modificación del artículo que impedía la candidatura de Cartes, exigiendo apenas un año de militancia previa (en lugar de los 10 años exigidos originalmente). En la convención del 21 de enero se consagró la hegemonía del movimiento de Cartes en la ANR.

Uno de los principales críticos a la incursión de Cartes a la ANR, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, declaró en esa ocasión: “Con Horacio Cartes comienza la era de la obscenidad, de la pornografía política, donde todos los vicios se vuelven explícitos, donde todas las perversidades se revelan sin ninguna vergüenza”.  Sin embargo, pocos meses después, el Movimiento Progresista Colorado, liderado por Duarte Frutos, decidió sumarse a Honor Colorado, al igual que otros grupos disidentes.

La entonces presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, en julio de 2012 llegó a reclamar públicamente que “el señor Horacio Cartes tiene la responsabilidad, como precandidato del Partido Colorado, de aclarar las dudas que existen sobre su presunta vinculación con el narcotráfico”. Posteriormente hizo las paces con el empresario y pasó a defenderlo y a trabajar por su candidatura. 

El 9 de diciembre de 2012 se realizaron las elecciones internas coloradas, en las que el precandidato Horacio Cartes derrotó a su principal opositor, Javier Zacarías Irún, por más de 200 mil votos, convirtiéndose en el candidato oficial del partido. Tras los comicios, mantuvo reuniones con la mayoría de sus adversarios, logrando sumarlos a su campaña, buscando mantener una constante imagen de unidad interna del coloradismo, para las elecciones generales de abril de 2013, del cual resultó ganador, accediendo a la presidencia de la República.

Narcotráfico, lavado y WikiLeaks 

Entre los temas recurrentes empleados contra Horacio Cartes, se menciona con frecuencia su presunta participación en el tráfico ilegal de drogas, aunque en este caso no se han exhibido documentaciones que puedan sustentar la acusación.

El hecho más patente que siempre se recuerda es la aprehensión de una avioneta con matrícula PT-EUA Seneca II Piper, por parte de la Secretaria Nacional Antidroga (Senad), ocurrida el 29 de febrero de 2ooo, en la estancia Nueva Esperanza, de Horacio Cartes, en la zona de Kurusu Kuatiá, Amambay, con 20.100 kilos de cocaína y 343.850 kilos de marihuana prensada. El empresario aseguró que no tenía nada que ver con la aeronave que aterrizó en su establecimiento.

En octubre de 2011, ya con Cartes en plena campaña política, la organización internacional WikiLeaks dio a conocer un cable diplomático originado en Buenos Aires, en enero de 2010, en el que se informaba sobre la operación “Corazón de Piedra”, de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), de Estados Unidos, que investigaba a una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera en Argentina, Brasil y Paraguay.

«Empleando un acercamiento estratégico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en la triple frontera, los agentes se concentraron en las actividades investigativas, en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigación de cara a presentar a la DEA UC al designado del CPOT (objeto de observación), Horacio Cartes», sostiene el cable diplomático, divulgado por WikiLeaks.

“Agentes se infiltraron en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos, incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA (Triple Frontera) a los Estados Unidos”, precisa en otro párrafo.

Se puede acceder a los cables divulgado por WikiLeaks en esta publicación. También aquí.

Un intento de reelección devorado por el fuego

Cuando logró cambiar los estatutos del Partido Colorado para imponer su candidatura y llegar a la presidencia de la República en el 2013, todos creían que el poder financiero de Horacio Cartes iba a resultar imparable.

Lo demostró de nuevo en julio de 2015, cuando su ahijado político Pedro Alliana le ganó la presidencia del Partido Colorado a su contrincante, Mario Abdo Benítez. En esa oportunidad, Cartes se jactó públicamente de que había financiado la victoria de su protegido con su propio dinero.

Su plan era quedarse en la presidencia por otros cinco años. Para ello, Cartes planificó un maquiavélico operativo para violar la Constitución, con respaldo del Frente Guasú y el grupo de liberales llanistas, forzando una enmienda para imponer la reelección (la Carta Magna no permite la reelección presidencial “en ningún caso”), pero una fuerte oposición ciudadana, que derivó en la violenta crisis del 31M (31 de marzo de 2017) con la quema del edificio de Congreso y el asesinato de un joven liberal por parte de la policía, lo obligó a renunciar a todo intento de conseguir la reelección.

La siguiente acción fue imponer a un sucesor, eligiendo esta vez como ahijado político al entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, pero su candidato perdió las elecciones internas del coloradismo ante su contrincante, Mario Abdo Benítez. Esta vez, todo el dinero invertido en la campaña no resultó suficiente.

Su última jugada fue presentarse como primer candidato a senador, a pesar de que la Constitución establece que todos los ex presidentes solo pueden ser senadores vitalicios, con voz, pero sin voto y sin dieta. Resultó electo, al igual que el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y a pesar de que la Justicia Electoral y la Corte Suprema los habilitó a ambos, sus pares legisladores no los dejaron jurar, aceptando a otros en su lugar.

La relación de amor-odio entre Cartes y Marito

Desde la llanura (por decirlo así), Cartes mantuvo una relación de amor-odio con su correligionario y a la vez contrincante, el presidente Marito Abdo, que en algunos momentos fue de alianza estratégica oportunista y en otros de abierto enfrentamiento.

El instante de mayor tensión ocurrió en julio de 2019, cuando se reveló que el Gobierno había firmado con el gobierno de Brasil un acta secreta sobre la compra de energía de la represa de Itaipú para la ANDE, que resultaba perjudicial para el Paraguay y beneficiosa para el país vecino. La acusación de “traición a la patria” se volvió generalizada y se planteó iniciar un juicio político al presidente Abdo en el Congreso.

La decisión del movimiento de Horacio Cartes de acompañar el proceso de impeachment, comunicada en la noche del 31 de julio, resultó impactante, ya que con ello se reunían los votos necesarios para destituir al mandatario. “¡Acepto la pelea! ¡Por un Paraguay sin mafias!”, respondió Marito en un recordado tuit. Tras una noche de intensa negociación, el cartismo comunicó a la mañana siguiente que no apoyaría el juicio político, salvando de este modo al presidente. La lectura fue que, desde ese momento, Marito se volvería un títere manejado por Cartes para responder a sus intereses.

En casi cuatro años del gobierno de Abdo Benítez, aparte de influenciar en el presidente de la República y en áreas del Poder Ejecutivo, Cartes fue aumentando el control y el manejo de varios estamentos del Estado Paraguayo, incluyendo tener una mayoría colorada en la Cámara de Diputados, controlar el Jurado de la Magistratura y principalmente la Fiscalía, en donde su titular, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, es acusada de responder directamente a sus intereses y de paralizar o encajonar cualquier investigación judicial en su contra. En retribución, el cartismo la salvó reiteradas veces de ser sometida a juicio político en el Congreso y de una posible destitución por mal desempeño en sus funciones.

Aunque los legisladores del cartismo y el abdismo actuaron en alianza en la mayoría de los casos en el Congreso, no faltaron las fricciones constantes, principalmente cuando la Justicia federal brasileña decidió procesar a Cartes por complicidad con el prófugo Darío Messer, acusado de haber montado un gigantesco esquema de lavado de dinero en Brasil, como parte del operativo Lava Jato. Cartes fue acusado de proteger y ocultar a Messer en el Paraguay, de hacer negocios con él y de proveerle ayuda económica, pero con una fuerte ofensiva de sus abogados en el vecino país logró levantar la órdene de detención que pesaba en su contra. Sin embargo, la vinculación de Cartes con el proceso judicial no ha desaparecido y este sería el principal motivo de que el expresidente permanezca sin viajar fuera del país.

Las acusaciones que originalmente fueron presentadas por los fiscales brasileños al juzgado federal de Río de Janeiro, fundamentando el pedido de prisión contra Horacio Cartes y contra otras 19 personas por el Operativo Patrao – Lava Jato, se pueden leer en este expediente en portugués (que incluso se puede bajar en pdf). Llamativamente, el operativo se denomina “Patrao” (patrón, en español) y según los propios investigadores, el patrón al que aluden no es otro que Horacio Cartes.

Paralelamente, el Gobierno asestó varios golpes dirigidos por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, dirigida por el ex fiscal Emilio Fúster, contra operaciones ilícitas de embarques de cigarrillos de Tabesa en varios puertos clandestinos en la frontera con Brasil, principalmente en Canindeyú, ocasionando fuertes pérdidas económicas al esquema. Lo de “puertos clandestinos” es un decir, ya que todos en la región conocen en donde se encuentran y cómo operan, pero nunca antes eran molestados, lo cual hace suponer que fueron acciones ordenadas por Marito, principalmente para molestar a Cartes y demostrar que, cuando quiere le puede joder la vida, en una evidente pulseada de poder, como en esta incautación ocurrida en mayo de 2022, en la zona del lago de Itaipú.

Mientras tanto, Cartes ordenó una fuerte campaña de desprestigio contra el Gobierno de Marito a través de su monopolio de medios periodísticos (actualmente es propietario de casi una veintena de medios, entre los que están a nombre de su grupo y los que se manejan con testaferros), criticando y atacando principalmente a quienes no se prestaban a sus intereses.

Entre ellos, el más atacado fue el hasta hace poco ministro del Interior, el ex fiscal anticorrupción y ex senador Arnaldo Giuzzio, quien en enero de este año presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia contra HC por los supuestos delitos de lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

Aunque no se admitió expresamente, era evidente que la fuerte movida tenía el visto bueno y el respaldo del presidente Abdo Benítez, embarcado también en truncar el posible retorno electoral de Cartes a la presidencia a través de su delfín Santi Peña. Como una clara señal de que no confiaba en el Ministerio Público, debido a que está controlado por Cartes, Giuzzio llevó el expediente a otra instancia, la Seprelad.

Pocas semanas después, el 22 de febrero, Cartes contratacó con una sonada publicación en el diario La Nación, de su propiedad, en donde se demostró que Giuzzio había viajado de vacaciones al Brasil con su familia, a finales de diciembre, utilizando una lujosa camioneta blindada, que le fue prestada por Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, un presunto capo narco brasileño detenido en Brasil. El reportaje mostró fotos de Giuzzio en compañía del presunto narco, con imágenes de la camioneta utilizada y otros documentos. El escándalo hizo que el ministro del Interior se vea obligado a renunciar a su cargo ese mismo día, lo cual fue interpretado como una victoria de Cartes en su guerra político-mediática con Marito.

Las acusaciones de contrabando de cigarrillos paraguayos a Brasil es el principal signo que persigue a HC. / GENTILEZA.

Los #PatrónPapers, el último dolor de cabeza

Pero la batalla no quedó allí. Ese mismo día, el Gobierno ponía en marcha el Operativo #AultranzaPY, presentado como “la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero”, a cargo de la Senad, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público. Durante la primera semana, se realizaron más de 40 allanamientos a propiedades presuntamente utilizadas para la logística de tráfico y lavado de dinero, con el fin de ejecutar un centenar de órdenes de allanamiento e incautación y dar cumplimiento a 43 órdenes de captura. En este proceso se han incautado bienes por valor de más de 100 millones de dólares y se han detenido a 24 personas acusadas de delitos como narcotráfico, asociación para delinquir y lavado de dinero.

Si bien Horacio Cartes no apareció conectado directamente con el operativo #AUltranzaPY, pronto se lo involucró en una guerra más general, cuando el 29 de mayo los medios periodísticos ABC Color, Última Hora, Telefuturo y Monumental, dieron a conocer los datos más resaltantes de un informe oficial que la Seprelad había enviado al Ministerio Público, revelando un complejo y enorme esquema de lavado de dinero que involucra a las empresas del Grupo Cartes.

Aunque los medios periodísticos no dijeron de donde habrían obtenido el documento, que tiene un carácter confidencial, resultaba evidente que provenía de algún círculo del Poder Ejecutivo. Más aun, cuando el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado días antes, durante un discurso pronunciado en un acto político en Coronel Oviedo, que “iban a aparecer muchas cosas” durante la campaña electoral para el 2023.

“Voy a contar una por una y nada de lo que diga va a ser mentira, va a ser con pruebas y con papeles (…). Mi Gobierno hizo lo que tenía que hacer y dejamos que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía, yo soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros estamentos no actúan, yo voy a contarle al pueblo toda la complicidad de los otros poderes que hoy favorecen al crimen organizado en el Paraguay”, señaló.

Al parecer, tras el envío del informe de la Seprelad a la Fiscalía, al ver que esta no acusaba recibo y se hacía la ñembotavy, en el círculo gubernamental decidieron destapar la olla y filtrar a la prensa unas 43 páginas del informe Cartes, que tiene en total 161 páginas. Allí, en los informes que los medios de prensa bautizaron #PatrónPapers, se describe que la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), del Grupo Cartes, comercializa cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, El Caribe y a otros países del mundo. El dinero ingresa a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que operan con bancos de Estados Unidos, de Brasil y España.

Lo más llamativo, según el informe, es que los principales presuntos compradores de los cigarrillos de Tabesa son las propias empresas del Grupo Cartes y sus principales directivos. Por ejemplo, se señala que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, habría adquirido entre 2017 y 2021 cigarrillos por 4,7 millones de dólares. ¿Será que fuma tanto esta señora?

Además, el informe señala que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por 217.000 dólares; la empresa Cecon SAE por 2,3 millones y Unicanal Sociedad Anónima —medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aunque todos dicen que en realidad es de Cartes— por 266.000 dólares. Del mismo modo, realizaron compras de Tabesa la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA y Agrocitrus de Paraguay, por 201.000 y 166.000 dólares, respectivamente. Y eso no es todo: se registran transferencias a personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico, y a 15 fallecidos entre 2002 y 2011.

Desde el Grupo Cartes, los abogados y voceros sostienen que todo es falso, que Tabesa no vendió cigarrillos, sino que otorgó préstamos a las demás empresas del grupo (lo cual también es muy llamativo e irregular), y que todo es parte de una operación política. Desde la Fiscalía confirmaron que sí recibieron el informe, pero que aun no tuvieron tiempo de revisarlo, y que lo harán oportunamente. Mientras, desde la Seprelad se confirmó que una copia del informe se ha enviado a la Justicia de Estados Unidos, porque hay empresas y personas de ese país que aparecen involucradas, aunque al parecer la principal razón es que se espera más acción del Tío Sam que de la Fiscalía y la Justicia paraguaya.

Lo que puede ocurrir en estos meses

Con todos estos antecedentes, la gran pregunta que recorre actualmente el ámbito político es si Horacio Cartes podrá cumplir su plan de ganar la presidencia del Partido Colorado, y de que su delfín Santi Peña pueda ganar primero las elecciones internas y luego las generales, para convertirse en el próximo presidente de la República.

Nadie pone en dudas que Cartes tiene mucha plata y que invertirá todo lo que sea necesario para allanar todos los obstáculos. Su candidato, Santi Peña, a pesar de demostrar en todo momento ser muy dócil a los intereses de su mentor y de haber pertenecido antes al partido Liberal (algo que sigue siendo imperdonable para muchos colorados), despierta simpatía en un buen sector del electorado por su formación técnica en el manejo de la economía, por su juventud, por su mentalidad moderna y su buena presencia. Pero también queda la duda de si acaso todo el dinero que Cartes pueda invertir en esta campaña resultará suficiente para imponer a su candidato, ante tanta imagen negativa. Está demostrado que no lo fue en las elecciones de diciembre de 2017, cuando Marito le ganó las internas a Santi Peña y se convirtió en el candidato oficial del coloradismo.

También existen muchas incógnitas acerca de lo que sucederá con esta nueva denuncia de la Seprelad ante el Ministerio Público. Puede ser que la presión internacional (especialmente del gobierno de Estados Unidos), sumado a cierta presión interna ciudadana y a los movimientos del ajedrez político local, logren que la hasta ahora inmóvil y complaciente Fiscalía paraguaya decida romper su dependencia del cartismo y acabe procesando al hasta ahora improcesable.

Igualmente, hay muchas interrogantes sobre lo que hará esta vez el tío Sam. Como lo demostró WikiLeaks, hace más de una década, la DEA y la ATF tenían en la mira al Pattern (patrón, en inglés), pero, al parecer, ante su entonces ascendente carrera hacia la presidencia, concluyeron que el corazón no era tan de piedra y decidieron retirar las sospechas secretas, tal como en 1989 lo hicieron con cierto general narcotraficante que derrocó a balazos a su consuegro y nos trajo de regalo la democracia. Pero también puede ser que esta vez se decidan a dar “una ayudita a los amigos” y decidan sacar de la escena política a un personaje actualmente ya incómodo para sus intereses, tal como recientemente hicieron en Honduras con otro expresidente acusado de actividades ilícitas.

En fin, veremos qué pasa muy pronto. Mientras tanto, el propio abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, admitió ante los periodistas que el controvertido millonario hace rato no sale fuera del país por consejo de sus propios asesores jurídicos. No es porque tenga miedo de que lo detengan en cualquier aeropuerto, dice, nomás como prevención.

“Yo no le aconsejo (el viaje), porque solamente basta que un fiscal, el Ministerio Público y un juez, acorde a lo que ellos quieren, pueden sacar una orden de aprehensión cuando él esté aterrizando en Miami, no hay garantías en este momento”, declaró el abogado Pedro Ovelar.

Como está visto, patrón prevenido vale por dos.

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(Publicado originalmente en El Otro País)

 

martes, 22 de febrero de 2022

Del viejo escarabajo verde a la narco camioneta: la caída de Arnaldo Giuzzio

¿Quién no recuerda a aquel dinámico fiscal anticorrupción, que se movilizaba en un humilde auto Volkswagen Escarabajo, marcando el contraste con muchos de sus colegas que andaban en lujosas camionetas todoterreno, cuyo alto costo sería imposible de pagar con sus salarios de funcionarios públicos?

Desde sus inicios como agente fiscal en San Pedro, esquivando los primeros tiros de lo que sería el grupo armado EPP en Sanguina Cué, allá por el 2003, a convertirse en la pesadilla de muchos políticos corruptos y capos del narcotráfico, Arnaldo Giuzzio entendió pronto el valor mediático de los símbolos y evitó desprenderse de su viejo escarabajo modelo 1974, por más que ya tuviera que utilizar los lujosos vehículos climatizados estatales en sus misiones oficiales.

A pesar de provenir de las mismas filas del Partido Colorado más conservador, con una mentalidad que inicialmente respondía al mismo sistema fiscal judicial vigente, Giuzzio supo convertirse sin embargo en un adalid de la lucha contra la corrupción, logrando empatía con un amplio sector de la sociedad y encontrar apoyo en instituciones y organizaciones claves que promovían algún tipo de cambio en el anquilosado sistema político paraguayo, entre ellos los principales medios de comunicación y la propia embajada norteamericana.

En su aplaudida carrera como fiscal abrió investigaciones contra varios jerarcas hasta entonces intocables, como los González Daher, al igual que contra poderosos capos del narcotráfico y el contrabando. Aunque se le cuestionaba que casi nunca concluía sus casos de gran impacto mediático, nada parecía empañar su imagen de justiciero insobornable, que seguía desplazándose en el viejo escarabajo verde sin aire acondicionado.

GIUZZIO, EL POLÍTICO

Era evidente que la política acabaría por tentarlo. Tras renunciar a la Fiscalía, Giuzzio también rompió con su viejo partido colorado y se presentó como candidato a senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), de Rafael Filizzola y Desirée Massi, en el 2013. Conocedor de la fuerza de los símbolos, hizo campaña recorriendo pueblos y ciudades en su viejo escarabajo, esta vez pintado de verde. Y como era de esperarse, resultó electo.

En el Congreso, siguió siendo un dolor de cabeza para muchos de sus propios colegas. En 2014, tras el asesinato del periodista Pablo Medina, el senador Giuzzio, con respaldo del entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, presentó en el propio recinto del Congreso un extenso informe sobre los grandes personajes de la narcopolítica, implicando a varios legisladores de la época (algunos siguen por allí), como Freddy D’ecclesiis, Marcial Lezcano, Carlos “Chicharo” Sánchez, Cirila Concepción Cubas de Villaalta, Bernardo Villalba y Magdaleno Silva, entre otros, generando un escándalo sin precedentes.

Nunca nadie se había atrevido a tanto.

Aunque fue duramente criticado por un amplio sector de organizaciones civiles por su proyecto de ley retención de datos de tráfico en internet, más conocido como “ley pyrawebs”, finalmente rechazado en 2015, Giuzzio siguió siendo un ídolo en la lucha contra la corrupción. Con la llegada al gobierno de Mario Abdo Benítez, asumió primero como ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dirigiendo varios operativos de gran impacto, como el que se dio contra el capo Cucho Cabañas, que arrastró consigo al senador colorado Ulises Quintana, de las mismas filas del abdismo.

En 2021 fue nombrado ministro del Interior, desde donde inició una especie de guerra personal (aunque con evidente luz verde del presidente Abdo Benítez), contra el poderoso y controvertido empresario y político Horacio Cartes, expresidente de la República (2013-2018), en una evidente maniobra por frenar su regreso al poder en las elecciones de 2023, a través de candidatos de su entorno, como a tratar de restar su gran influencia en administraciones del Estado, principalmente en el Congreso, en el Ministerio Público y en instancias judiciales.

Desde el cartismo se inició una fuerte campaña política y mediática, especialmente a través de los diversos medios periodísticos del Grupo Cartes, atacando a Giuzzio y reclamando su destitución, con diversas acusaciones de mal desempeño y supuesto enriquecimiento ilícito, que no hicieron mella en el oficialismo.

El ministro contratacó presentando una denuncia contra Horacio Cartes ante la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), acusándolo de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Lo llamativo es que la denuncia no se presentó ante la Fiscalía, sino ante la Seprelad, con un claro mensaje de que Cartes maneja a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El contrataque no se hizo esperar. El sector político del expresidente puso en marcha un proyecto de juicio político a Giuzzio, que nuevamente fue frenado cuando este acudió a acusar a Cartes ante la Comisión Permanente del Congreso. Por primera vez en la historia reciente, pudimos ver a un ministro del Interior exponiendo ante el Congreso Nacional los presuntos nexos de un expresidente de la República con la estructura del crimen organizado, involucrándolo principalmente en una extensa red de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero, todo transmitido en vivo por la televisión. Aunque Cartes seguramente ya está acostumbrado a este tipo de ataques, no disimuló su molestia, cuando en un acto político en Guairá, el 12 de febrero, se refirió a Giuzzio despectivamente como “ministro kavara” (“ministro cabra”, en alusión a su barba estilo chivo).

GIUZZIO, ABATIDO

La pelea dio un vuelco de 180 grados en la mañana de este martes 22 de febrero, cuando nos desayunamos con un reportaje en portada del diario La Nación (principal medio periodístico de los varios que pertenecen al Grupo  Cartes), firmado por el colega Jorge Torres Romero, en el que se revela que Arnaldo Giuzio se había ido de vacaciones al Brasil con su familia, a finales de diciembre, utilizando una lujosa camioneta blindada, que le fue prestada por Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el presunto capo narco brasileño detenido hace un par de día en Brasil, tras una infructuosa búsqueda como parte de la Operación Turf, un operativo fiscal policial antinarcóticos con colaboración brasileña en el Alto Paraná. El reportaje presentó fotos de Giuzzio en compañía del presunto narco, con imágenes de la camioneta utilizada y otros documentos.

Nadie resiste a una contundente revelación de este tipo. Se podrá alegar que los datos pudieron haber sido obtenidos en una evidente operación de inteligencia desde el cartismo, como parte de la guerra política preelectoral entre los dos bandos principales del partido colorado, en donde Giuzzio evidentemente operaba para el sector del oficialismo, con cierto respaldo internacional, pero ello no le quita el valor que tiene como primicia periodística con un gran efecto de bomba mediática.

Giuzzio intentó minimizar los efectos, alegando que Marcus Vinicius era desconocido hasta hace pocos días como objeto de investigación fiscal hasta entonces y que solo había alquilado la camioneta blindada de la empresa Ombu SA, porque su vehículo se averió cuando viajaban al Brasil, pero no pudo mostrar ningún documento que certifique el alquiler. Por el contrario, Gilberto Enciso, gerente de Ombu SA, propiedad de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, aseguró que la camioneta utilizada por el entonces ministro del Interior, le fue prestada durante varios días por el empresario presunto narco, como un claro favor de privilegio, porque estaba interesado en proveer servicios al Ministerio. Además, agentes de la Fiscalía al frente del operativo afirmaron que desde hace más de un año estaban en conocimiento de que Marcus Vinicius era buscado como presunto narco por la justicia brasileña, y que, por tanto, ni Giuzio, ni la ministra de la Senad, Zully Rolón, podían desconocer tal situación, ya que estaban al tanto de los operativos.

En muy pocas horas, Arnaldo Giuzzio pasó de héroe a villano. Aunque algunos intentaron defenderlo en las redes sociales, alegando que el cartismo le había puesto “una cáscara de banana”, el escándalo fue mayúsculo y muchos más lo condenaron con honda desilusión. El Palacio de López no aguantó el impacto y para la media mañana el jefe de gabinete anunció a la prensa que el presidente Abdo Benítez había decidido “cambiar” a Giuzzio por Federico González.

El acto fue considerado como una victoria del cartismo, que empezó a tener varios efectos políticos, entre ellos el de debilitar las chances de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sea sometida a un juicio político en el Congreso.

LA MUJER DEL CÉSAR

¿Qué pasó realmente con Arnaldo Giuzzio, para tirar por la borda toda una aplaudida trayectoria? ¿Sucumbió finalmente a las tentaciones del poder narco o fue tan ingenuo, a pesar de toda su larga experiencia contra la mafia, como para dejarse seducir por una costosa narco-camioneta blindada, en una expedición a las playas brasileñas?

Giuzzio se olvidó de la histórica frase que tiene su origen en el año 62 antes de Cristo, cuando el pretor romano (luego dictador) Julio César se divorció de su esposa Pompeya, ante las diversas versiones que manchaban su honor, acusándola de haber participado en una fiesta con otro hombre que no era su marido, acuñando una sentencia que resulta clave en el ámbito político de todas las épocas: “La mujer del César no solo debe ser (honesta o casta), sino también parecerlo”. Es decir, lo que importa en la política no es lo que realmente es, sino lo que se percibe como imagen pública.

La guerra colorada entre Marito y Horacio ha tenido un nuevo desenlace, esta vez cara para el oficialismo, con un escándalo que ha tapado los logros del llamado Operativo A Ultranza, que se desencadenó justamente este martes 22, presentado como “la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero”, a cargo de la Senad, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público, con más de 100 allanamientos, con el objetivo de detener a 43 personas, de las cuales ya fueron arrestadas siete, y con unos USD 100 millones en bienes incautados.

Tenía que ser el tema del día, pero el escándalo de la caída de Giuzzio le robó protagonismo.

¿Qué pasará ahora…?

¿Cómo seguirá la guerra preelectoral colorada, que en el fondo es también una guerra de facciones del crimen organizado, ocultas entre bambalinas, o no tanto?

¿Habrá acaso pronto un armisticio, o una rendición con bandera blanca, con un pacto eventual en forma de abrazo republicano, unidos todos de nuevo tras la lista uno?

¿Nos toca ser solamente espectadores agazapados tras las trincheras, listos para recoger los destrozos o sufrir las consecuencias, o acaso tendremos fuerzas o lucidez para construir un alternativo frente de paz y de unidad democrática?

Mientras tanto, un viejo escarabajo verde va camino al Museo del Olvido…

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# Andrés Colmán Gutiérrez

 

 

martes, 15 de febrero de 2022

Un lujoso barrio privado en el Este, ¿aguantadero de delincuentes?

No es la primera vez que guardias del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club, en Hernandarias, Alto Paraná, ponen obstáculos para demorar o tratar de impedir el ingreso de una comitiva fiscal policial, mientras permiten que delincuentes que viven allí, protegidos por grandes fortunas presuntamente mal habidas, se den a la fuga, tal como ocurrió este martes durante un allanamiento del Operativo Turf: Presunto narco logra escapar de allanamiento en Paraná Country Club”.

Hay demasiados antecedentes de casos similares. Algunos de ellos se pueden ver en el video de este enlace.

En el tiempo en que fui  jefe de la Redacción Regional del diario Última Hora en Ciudad del Este (de 2007 a 2011), me tocó enfrentar a los directivos del Country, cuando sus guardias querían impedir a toda costa que los periodistas entremos a cubrir intervenciones policiales y judiciales públicas, bajo el pretexto de que el lugar era "un barrio privado", como si eso les valiera violar derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el derecho de informar, como si ese lugar fuera un estado dentro de otro estado, otro pequeño país dentro del país.

Tengo buenos amigos que viven en el Paraná Country Club y ellos mismos me han comentado que les molesta esta situación que les da mala fama, cuando la venta de costosos terrenos y lujosas mansiones se promociona justamente como "un refugio seguro, donde no serán molestados", que ha dado pie a que criminales internacionales pudieran esconderse allí, mientras eran buscados por la Justicia Internacional, como el famoso doleiro brasileño Darío Messer, o el prófugo argentino Ibar Pérez Corradi. Vean este informe del diario La Nación, de Argentina:

En el informe, el Paraná Country Club es descrito como “un barrio de 480 hectáreas, de bosques frondosos a orillas del río Paraná y ubicado a unos 15 minutos de Ciudad del Este, cuya característica principal es el contraste absoluto entre lo que hay dentro y lo que lo rodea”.

“Para entrar hay que pasar dos controles de seguridad y sólo ingresan los que tienen autorización o los que se hospedan en alguno de los dos hoteles internos en los que la habitación, por noche, varía entre los 1000 y los 2000 pesos argentinos. El que entra y el que se va quedan registrados. El alquiler de una casa ronda los US$ 2500 y los precios de venta varían entre US$ 600.000 y US$ 2 millones, según se constató en dos inmobiliarias distintas”, señala el artículo, que es de 2016. Los precios han variado mucho. “Tiene fama de ser tierra prometida para lavadores de dinero y narcotraficantes que buscan un refugio donde hacer sus negocios”, agrega el diario bonaerense.

Lo llamativo es que las autoridades policiales, fiscales y judiciales -es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial-, permitan que empresarios privados les impongan reglas por encima de la Constitución. ¿Es porque los dueños del Country acaso tienen más poder que el mismo Estado, o es porque a la gente del mismo Estado les conviene que existan lugares al resguardo de la Ley y la Justicia?

lunes, 3 de mayo de 2021

Así fue la caída de Fahd Jamil, el poderoso padrino de la frontera



Socio de presidentes y generales, dominó Amambay y Mato Grosso durante tres décadas. Perseguido por la Justicia brasileña y el PCC, se entregó a pasar sus últimos días en prisión.


Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman

Octubre de 1978. A través de un desolado y polvoriento camino de tierra, cuatro camiones que transportaban 1.200 bolsas de café trataban de cruzar la frontera seca desde el Brasil al Paraguay, a unos 30 kilómetros de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul) y Pedro Juan Caballero (Amambay).

Al doblar una curva, varias patrullas de la Policía Federal Brasileña les cerraron el camino, con armas apuntando desde todas las direcciones. Los pistoleros que acompañaban la carga decidieron rendirse ante la superioridad numérica.

La investigación, dirigida desde la Justicia federal, se encontró con muchos obstáculos de las autoridades regionales, pero en julio de 1980 derivó en la captura del dueño del cargamento: Fahd Jamil Georges, un poderoso empresario brasileño de ascendencia turca y siria, con varias propiedades en Brasil y Paraguay, a quien llamaban el Padrino, el Turco y el Rey de la Frontera.

CENSURA A LA PRENSA

De las fotos de aquel apresamiento solo quedó una, publicada por la popular revista brasileña Veja, con el título Rei na cadeia (Rey en la cárcel). En ella se ve a Fahd Jamil, con 39 años de edad, posando junto a otros cinco contrabandistas en una comisaría, en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.

Los diarios de Río y São Paulo fueron secuestrados antes de ser distribuidos en la región. “Los ejemplares de Veja, que traían la foto de Jamil preso, fueron interceptados en el camino del aeropuerto a Campo Grande”, narra la escritora Marisa Bittar.

Las señales de la Rede Globo y otros canales de televisión fueron cortadas antes de dar la noticia. “A los medios locales llegó un memo del subjefe de la Casa Civil del Gobierno estadual, recordando que se trataba de ‘la prisión de un amigo’ y que no se publique nada”, destaca Edivaldo Bitencourt, editor del sitio periodístico O Jacaré.

Jamil movió sus influencias y logró su libertad a pocas semanas. El gobernador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, lo recibió a la salida de la prisión y le pidió disculpas por no haber podido evitar que caiga preso. El Padrino prometió que nunca más volvería a pisar una cárcel, lo cual pudo cumplir hasta hace muy poco, cuando ya no pudo seguir escapando de su propia historia criminal.

IMPERIO DEL CRIMEN

Hijo de Jamil Georges y de Zine Georges, pareja de inmigrantes de ascendencia siria y turca que se establecieron en Ponta Porã, Brasil, frontera con Paraguay, en la década de los 30 del siglo pasado, Fahd Jamil Georges, conocido como Fuad en su círculo íntimo, tuvo otros siete hermanos. Uno de ellos, Gandi, llegó a ser diputado federal por Mato Grosso do Sul entre 1983 y 1991.

“Fuad ganó fama y poder en la región de Ponta Porã a partir de la década de 1970, cuando se convirtió en contrabandista de whisky y café: trajo la bebida de Paraguay a Brasil e hizo lo contrario con los granos. Durante las próximas dos décadas, aprovecharía su logística para comerciar armas”, destaca una investigación de Allan de Abreu, del diario Folha de São Paulo, publicado en 2020.

La Fundación InSight Crime, especializada en el estudio de la mafia, lo cataloga como “veterano narcotraficante”, indicando: “Jamil, quien en Paraguay se presentaba como un acaudalado terrateniente y criador de caballos, tenía entre sus amigos al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y al ex presidente Andrés Rodríguez (1989-1993). También hacía negocios con el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018), quien admitió haber recibido pagos de este”.

El entonces coronel Lino Oviedo, quien fuera jefe del destacamento de la Caballería en Amambay en los años 80, es mencionado como otro de sus amigos cercanos y socio comercial en los negocios ilícitos. También se cita que tuvo vínculos muy estrechos con el empresario y luego presidente Juan Carlos Wasmosy.


Fahd Yamil (derecha) con el general Andrés Rodríguez, en tiempos en que mantenían una estrecha relación.


LOS AJUSTICIAMIENTOS

Dueño de comercios, estancias y propiedades en el lado paraguayo, Jamil se volvió una de las personalidades más poderosas a ambos lados de la frontera. En Pedro Juan Caballero, el ostentoso Hotel Casino Amambay era su principal base de operaciones, visitado por actores de cine y televisión, modelos y deportistas famosos. Su fortificada mansión en Ponta Porã, a pocas cuadras de la avenida internacional, es una réplica de la legendaria mansión Graceland, del cantante Elvis Presley.

En los 80 era un secreto a voces que el Padrino controlaba el tráfico de drogas, principalmente el de cocaína, en connivencia con otro poderoso capo brasiguayo, João Morel, quien desde la región de Capitán Bado monopolizaba la marihuana.

Para afianzar su poder, según los expedientes de la Justicia de Campo Grande, Jamil disponía de una banda de sicarios, bajo órdenes directas de su hijo Daniel Alvares Georges, Danielito, y su sobrino Luiz Henriques Rodríguez Georges, alias Tulú, que asesinaban a quienes eran considerados como obstáculos para sus negocios, con violentos ajusticiamientos en los caminos desolados de la Frontera Seca.

Prácticamente nadie cuestionaba su imperio del crimen, hasta que un temerario periodista paraguayo llamado Santiago Leguizamón empezó a mencionarlo en sus reportes.

La mansión de Fadh Jamil en Ponta Porá, réplica de la mansión Graceland, de Elvis Presley.

JUSTICIA CÓMPLICE

Diversos indicios lo involucraron como autor moral del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991, en Pedro Juan Caballero, pero el padrino Fahd Jamil Georges nunca fue procesado por ese crimen. Por el contrario, en lugar de intentar descubrir el crimen, la Justicia paraguaya se ocupó casi siempre de encubrir las fechorías del Rey de la frontera.

Los únicos jueces paraguayos que se atrevieron a dictar medidas judiciales contra Jamil fueron: el pionero Adalberto Fox, en plena dictadura, y el juez José Gabriel Valiente, en el 2005.

En la década de los 80, cuando era juez en Pedro Juan Caballero, Fox intentó enfrentar a los capos de la droga. “En esa época, el primero en la jerarquía del narcotráfico era Fahd Jamil Georges; el segundo era Joaquinzinho Da Mota; el tercero era Adilson Rosatti y el cuarto era João Morel. Yo los procesé y por eso fui destituido del cargo”, explicó a Última Hora.

El 9 de junio de 2005, luego de que el famoso juez brasileño Odilón de Oliveira se atrevió a condenar a Jamil Georges a más de 20 años de cárcel, por “tráfico internacional de drogas, evasión fiscal y lavado de dinero”, dictando una orden de captura internacional, el entonces juez de garantías de Pedro Juan Caballero, José Gabriel Valiente, dictó también una orden de prisión en territorio paraguayo, ante la presunción de que el capo se había refugiado en nuestro país.

“Tras ordenar la captura de Jamil, recibí muchas amenazas de muerte. Más de una vez fui llevado a Asunción, para protegerme”, explicó Valiente, quien actualmente es presidente de la Circunscripción Judicial de San Pedro. En intervenciones sobre el caso Leguizamón, el magistrado sostuvo que la estrecha conexión de Jamil con el ex presidente Andrés Rodríguez (un hijo de Jamil fue ahijado del general) y otras altas autoridades paraguayas influyó en que el narcotraficante no sea detenido en el país.

IDAS Y VUELTAS CON LA JUSTICIA

Tras permanecer dos años prófugo y mover su influencia desde la clandestinidad, Jamil consiguió en 2007 que el Superior Tribunal de Justicia lo absuelva de los cargos y le permita regresar a la vida pública, pero su inmenso poder en el crimen organizado comenzaba a declinar.

“El gran problema de Fahd fue aparecer involucrado en el asesinato de Santiago Leguizamón, debido a la gran repercusión que tuvo. Las denuncias lo afectaron mucho, sus adversarios aprovecharon eso y le robaron el mercado, especialmente los del PCC (Primer Comando da Capital) y el Comando Vermelho”, explicó el ex gobernador de Amambay y ex presidente del Congreso paraguayo Robert Acevedo, recientemente fallecido.

En el 2019, una nueva ofensiva de la Justicia brasileña, denominada Operación Omertá (con referencia al tradicional pacto de silencio de la mafia siciliana), lo fue arrinconando. Diversos testimonios ligaron a Jamil y su socio Jamil Name como jefes de un comando de exterminio. El Gaeco (Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado) consiguió probar que Jamil ordenó varios asesinatos en venganza por el ajusticiamiento de su hijo, Daniel Alvares Georges, secuestrado el 3 de mayo de 2011 al salir de un shopping de Campo Grande.

En junio del 2020, el juez Marcelo Ivo de Oliveira, de Campo Grande, dictó la orden de captura de Fahd Jamil y de su hijo, Flavio Correia Jamil Georges, Flavinho, por participar de una organización criminal con prácticas de homicidios, milicia armada, corrupción activa y pasiva, entre otros delitos. Más de 200 policías allanaron la mansión en Ponta Porã y varias propiedades, en su búsqueda.

Tras casi un año de huir de una intensa cacería, tanto por parte de la Policía como de sus rivales del PCC, Jamil finalmente decidió entregarse a las autoridades el pasado lunes 19 de abril, en un aeropuerto cercano a Campo Grande.

Con 79 años de edad y una deteriorada salud, el llamado Vito Corleone fronterizo, se mostró abatido y cansado.

Había asegurado que nunca más pisaría la cárcel. No le fue posible cumplir su promesa.


El padrino de la frontera (a la derecha) con su socio Jamil Name y un hijo de este, ambos ahora bajo la mira de la justicia brasileña