El Tribunal de Estrasburgo ha fallado en contra de España y a favor de Javier Gómez de Liaño. La condena a España fue por unanimidad. Todos los componentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideraron que el hoy triunfador no tuvo un juicio imparcial e independiente.
Las cosas caen por su propio peso. La justicia está muy desacreditada en España y no de un modo gratuito. La justicia debería ser total y absolutamente independiente y, lo primero que se mira a un juez español es su afinidad política. A los políticos españoles les gusta tenerlo todo bajo su control y con ello se resiente toda la estructura nacional.
Sería bueno que, por fin, los partidos aprendieran la lección, o que se vieran obligados a ello por la presión popular. Un día u otro, sin remedio, la justicia española se tendrá que independizar por completo de los políticos.
El fallo del Tribunal condena a España a pagarle 5000 euros a Gómez de Liaño, en concepto de daños al honor, cantidad que a simple vista me parece escasa, dado que en su momento, y si no recuerdo mal, se escribieron durísimos artículos y quizá algún editorial, en su contra, basados todos, o casi todos, en la Sentencia del Tribunal Supremo y en el rechazo de su recurso de amparo por Tribunal Constitucional. No es previsible que ninguno de los que se ensañaron con él en aquellos tiempos, reconsidere su actitud y escriba un artículo en sentido contrario.
Hay otra cuestión, no obstante, que convendría discutir. El Tribunal ha condenado a España a pagar 5000 euros, pero creo que no es correcto que seamos los contribuyentes quienes paguemos la multa. Yo quisiera que la Justicia española funcionara bien, y también quería que Javier Gómez Liaño pudiera llevar a cabo la investigación por la que fue procesado y condenado por un tribunal no imparcial. Quienes de un modo o de otro dieron lugar a la injusticia deberían ser quienes pagaran la multa.
Las cosas caen por su propio peso. La justicia está muy desacreditada en España y no de un modo gratuito. La justicia debería ser total y absolutamente independiente y, lo primero que se mira a un juez español es su afinidad política. A los políticos españoles les gusta tenerlo todo bajo su control y con ello se resiente toda la estructura nacional.
Sería bueno que, por fin, los partidos aprendieran la lección, o que se vieran obligados a ello por la presión popular. Un día u otro, sin remedio, la justicia española se tendrá que independizar por completo de los políticos.
El fallo del Tribunal condena a España a pagarle 5000 euros a Gómez de Liaño, en concepto de daños al honor, cantidad que a simple vista me parece escasa, dado que en su momento, y si no recuerdo mal, se escribieron durísimos artículos y quizá algún editorial, en su contra, basados todos, o casi todos, en la Sentencia del Tribunal Supremo y en el rechazo de su recurso de amparo por Tribunal Constitucional. No es previsible que ninguno de los que se ensañaron con él en aquellos tiempos, reconsidere su actitud y escriba un artículo en sentido contrario.
Hay otra cuestión, no obstante, que convendría discutir. El Tribunal ha condenado a España a pagar 5000 euros, pero creo que no es correcto que seamos los contribuyentes quienes paguemos la multa. Yo quisiera que la Justicia española funcionara bien, y también quería que Javier Gómez Liaño pudiera llevar a cabo la investigación por la que fue procesado y condenado por un tribunal no imparcial. Quienes de un modo o de otro dieron lugar a la injusticia deberían ser quienes pagaran la multa.
