La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.
Acuerdo: Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que la celebración de un Pleno monográfico a la que se alude en su punto 3 se acordaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado aI Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, para su debate en el Pleno.
El pasado 25 de febrero durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación celebrado, el presidente Mariano Rajoy afirmó: «España seguirá apoyando la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión que, de llegar a buen término, constituirá un impulso muy notable para la economía europea que vería incrementadas sus exportaciones a los Estados Unidos por encima del 25 por ciento.»
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos al que hacía referencia Mariano Rajoy, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) va mucho más allá del comercio. Haciendo una lectura al borrador tal como está redactado ahora, el acuerdo tendrá un impacto amplio e irreversible en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Especialmente en la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad de los productos, el medio ambiente, los derechos laborales y las políticas de privacidad. Incluso podría cambiar profundamente la manera en que usamos las instituciones democráticas para establecer regulaciones en todos estos campos, asaltando, por tanto, derechos de la ciudadanía.
A pesar de la importancia de la cuestión, los negociadores de la Comisión Europea mantienen el obscurantismo sobre la dimensión de las negociaciones y sobre el impacto real que supondrían los acuerdos. El pasado 18 de febrero se cerró la primera fase de negociación con una reunión en Washington entre el comisario De Gucht y el representante de comercio estadounidense Michael Froman. Durante el mes de marzo de 2014 se inicia la fase negociadora. Si el calendario continúa según lo previsto actualmente, las negociaciones deben durar hasta mediados de 2016.
Los acuerdos de «libre comercio» suelen ser defendidos por una teoría según la cual al reducir los aranceles, se amplía el comercio, permitiendo el acceso a importaciones más baratas, con grandes beneficios para la economía que superan las desventajas. Pero los aranceles entre los EE.UU. y la UE ya son muy bajos —un 3 % de promedio—. Por lo tanto, los promotores del TTIP están centrando sus predicciones económicas positivas en la «eliminación, reducción o prevención de las innecesarias políticas post-fronteras». Es así como denominan a las barreras comerciales no arancelarias. Los estudios más optimistas han asumido que el TTIP podría suponer un aumento de 0,5 a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Estas estimaciones carecen de base técnica o económica y se olvidan de mencionar que la gama completa de beneficios sólo se proyecta para ser alcanzados en 2027. Los promotores del tratado hablan de un supuesto beneficio de 500 euros por familia. Pero según un análisis realizado por el Observatorio de Comercio Global de la entidad Public Citizen (un grupo defensor de los consumidores norteamericanos), los beneficios del TTIP ascenderían a menos de 40 euros por familia al año. Y eso sin tener en cuenta los costes adicionales por la debilitación de las garantías en materia de salud, financiera, ambiental y otras regulaciones de interés público. No está claro de dónde salen esos puestos de empleo ni como los países de la UE se beneficiarían.
La falta de transparencia que están caracterizado las negociaciones del TTIP es una vulneración en el derecho de todo ciudadano a saber lo que se está negociando en su nombre. El mandato de negociación que el Consejo de la UE dio a la Comisión todavía está clasificado como un documento secreto. Incluso a los miembros del Parlamento Europeo que desempeña un papel importante en las relaciones comerciales de Europa, ya que puede vetar los acuerdos comerciales (corno hizo con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA), sólo se les permite el acceso limitado a los textos de negociación.
Pero la falta de transparencia en las negociaciones no es el único menosprecio a las instituciones democráticas que supone el TTIP. Uno de los puntos más preocupantes es la inclusión del mecanismo de solución de controversias inversionista-estado (ISDS por sus siglas en). El ISDS permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos. Así, si un tribunal de arbitraje concluye que las políticas decididas democráticamente podrían reducir las ganancias proyectadas de un inversor, éste ISDS podría obligar a un gobierno a pagar miles de millones en daños y perjuicios.
Esto limitaría la libertad democrática para legislar sobre asuntos ambientales, de salud y financieros, entre otros. Este tipo de mecanismos ya existen en otros acuerdos comerciales y los resultados han sido desastrosos: sanciones millonarias a Australia por su legislación antitabaco, sanciones a Argentina por impuestos sobre la Energía, a Canadá por una moratoria al fracking, a Alemania por su política energética, a Eslovaquia por paralizar privatizaciones de hospitales. Ejemplos que demuestran que es un pseudo tribunal formado por defensores de los intereses de las empresas que las antepone a las leyes y a la propia democracia.
El debilitamiento del poder legislativo democrático para regular una amplia variedad de sectores, se vería aún más afectado por una de las ideas favoritas sobre el TTIP del Comisario de Comercio de la UE De Gucht: el establecimiento de un Consejo de Cooperación Regulatoria (CCR) entre los EE.UU. y la UE. El concepto básico es simple: antes de elaborar la nueva legislación (en alguna de las materias afectadas por el TTIP, como la materia ambiental o de consumo, derechos laborales o preocupaciones agrícolas, etc) un organismo bilateral de los gobiernos de los EE.UU. y la UE y de representantes de ernpresas, tienen la oportunidad de «analizar» previamente posibles impactos de dicha legislación en los intereses de sus negocios. Los lobbies empresariales, por lo tanto, podrán coordinar estrategias para bloquear los esfuerzos legislativos, incluso antes de que se pongan en marcha.
Varios grupos empresariales han manifestado explícitamente su intención de utilizar el TTIP para atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Casi cada lobby industrial tiene sus propias solicitudes preferidas para negociar nuevas normas transatlánticas más convenientes para sus negocios. Las empresas químicas quieren debilitar REACH, la legislación europea revolucionaria en la evaluación y la restricción de productos químicos. Algunos grupos de presión quieren que el TTIP evite las leyes sobre pesticidas y regulaciones regionales sobre fracking. Los EE.UU. no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de avanzar en mayor protección de los derechos laborales.
La Comisión Europea ha prometido una y otra vez que no va a negociar una reducción de las normas de la UE. Pero la aplicación de conceptos como el «reconocimiento mutuo» de los estándares y otras estrategias, pueden tener indirectamente el mismo efecto, aunque sin cambiar formalmente ningún reglamento de la UE. Sobre la base del «reconocimiento mutuo», las empresas transnacionales podrían utilizar sus empresas subsidiarias en el otro continente para aprovechar las ventajas de las diferencias en la regulación. A la práctica, se anularía de manera efectiva el derecho de regular y se fomentaría un dumping desregulador sin precedentes.
Uno de los efectos del TTIP sería el debilitamiento de las normas europeas establecidas para los servicios de interés público. Por ejemplo, facilitaría la privatización de los servicios de agua, o limitaría fuertemente las opciones para la adjudicación de las licitaciones públicas en función de criterios ecológicos o sociales. También pone en riesgo el desarrollo de políticas favorables a las PYME a ambos lados del Atlántico. Creemos que es un ataque inaceptable a las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, la protección de determinados sectores económicos son esenciales y la defensa de bienes públicos.
La protección de la excepción cultural ha hecho que la industria audiovisual sea un pilar de la identidad europea. Sin embargo, el hecho de que no se incluya la excepción cultural en los borradores, a pesar de que Francia se ha posicionado a favor, podría perjudicar a la industria del cine. Por ejemplo, en Corea del Sur a raíz de su tratado comercial con EE.UU. se ha reducido notablemente la diversidad y la producción en la industria del cine, ya que su mercado se ha abierto completamente a los inversores de Hollywood.
Con las negociaciones comerciales recién concluidas del Tratado de Libre Comercio Canadá-UE (CETA), el TTIP promovería la carrera mundial de acuerdos comerciales bilaterales de profundo alcance, de los que la UE ha sido una fuerza impulsora desde el año 2005, socavando el multilateralismo comercial. Del mismo modo, EE.UU. evita el multilateralismo allá donde haya sido desafiado y ahora quiere formar un club exclusivo con la UE. En el medio plazo, esto podría incluso debilitar la posición de la UE en el mundo. Podría suponer la formación de bloques económicos rivales, sometiendo a los países más débiles y más pobres a normas en las que no han tenido ninguna manera de influir, amenazando a la cooperación mundial y debilitando las iniciativas de reforma del sistema de comercio global para enfrentar mejor los desafíos globales comunes, especialmente el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a mostrar formalmente ante la Comisión Europea y el Consejo su rechazo del actual texto de propuesta de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos.
2. Insta al Gobierno a enviar a los grupos parlamentarios la información completa correspondiente a cada ronda de negociación.
3. Acuerda celebrar un pleno monográfico sobre el contenido de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el estado de las negociaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2014.—Joan Josep Nuet Pujals y Laia Ortíz Castellví, Diputados.—Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 425 21 de marzo de 2014 Pág. 4
