La inversión privada, sana y sagrada

El MEF invitó a Arnold Harberger, padre de la evaluación de proyectos de inversión, a la reunión de todos los sistemas nacionales de inversión pública de América Latina. Harberger fue mi profesor y mi asesor académico así que el viernes luego del seminario del MEF almorzamos y charlamos sobre diversos temas compartiendo un tiradito. En medio de la charla me sorprendió un comentario suyo que reproduzco aquí. El profesor Harberger luego de dialogar con los medios de prensa se quedó sorprendido porque en la mayoría de ellos había este concepto que toda inversión privada era buena para el país. Me señaló con insistencia que nadie parecía preocupado por el otro lado de la ecuación en un proyecto de inversión.

En la práctica cualquier proyecto de inversión tiene costos y beneficios privados. Pero también costos y beneficios sociales que muchas veces no tienen porqué parecerse a los primeros.

Frente a la crisis muchos vieron la oportunidad para sugerir políticas de “emergencia” y de “necesidad nacional” con un objetivo más individual que colectivo. Estos pedidos han caído en el saco roto del MEF como correspondía. En efecto, las respuestas han sido en su mayoría más horizontales que puntuales. Muchas de las exoneraciones para dinamizar la inversión privada -que se desplomó con la crisis- terminan siendo no rentables desde el punto de vista social.

Si por ejemplo, exoneramos del SNIP la evaluación de un proyecto importante porque tendrá un impacto considerable en la inversión, ¿no estamos acaso asumiendo un costo para la sociedad? Cuando se discuten incentivos se suele separar los incentivos verticales (para un sector/grupo específico) de los incentivos horizontales (en teoría, para todos). Lo usual es decir que no se deben utilizar incentivos verticales pues generan distorsiones. Sin embargo, la línea que los separa es bastante borrosa. Piensen en el actual subsidio que se da vía el fondo de estabilización de combustibles. ¿Es acaso neutral entre personas o entre empresas? Claramente beneficia más a las empresas y personas que utilizan con mayor intensidad ese insumo. Parece para todos pero no todos se benefician igual.

Nadie duda del poder de la inversión privada como motor del crecimiento, arma para luchar contra la pobreza pero no toda es sana y sagrada, también hay de la otra que no hace falta promover. El Estado está forzado a priorizar porque sus recursos son siempre escasos y los fondos que hoy sirven para promover alguna actividad son los que no se le dan a otros. El Estado puede cofinanciar proyectos y compartir riesgos. El problema está en donde se pone la línea de balance. No puede permitirse que el privado le pida al Estado que asuma riesgos cuando el privado no está dispuesto a hacerlo.

Publicado en El Comercio Octubre 29, 2010

Hoy: lluvia de millones, ¿mañana?

El presidente García se dio el gusto y el lunes entregó a gobiernos regionales y locales millonarias sumas de dinero “fresco” como varias veces enfatizó. Frente a las continuas críticas a su tantas veces mentado shock de inversión pública no se le ocurrió mejor idea que presentar unos cheques gigantes dando la imagen que cada una de estas autoridades parecía estar cobrando el premio gordo de la lotería. La verdad es que más pareció una forma exagerada de hacer notar que el problema de la incapacidad de gastar la enorme cantidad de recursos –hoy- disponible es responsabilidad también de otros actores de la escena política.

Sin duda el problema implica responsabilidades compartidas y por ello se requiere de liderazgos compartidos. Se necesita que los líderes locales asuman la responsabilidad de explicar los beneficios de cada opción, de cada alternativa. Obviamente aquí muchas autoridades y pueblos en general enfrentan el problema que mucha de esa información es costosa generar y muchas veces nadie está dispuesto a gastar para obtenerla y otras veces ni siquiera existen los recursos localmente para hacerlo. ¿Por qué es mejor destinar los recursos del canon en una nueva posta médica en lugar de invertirlos en mejorar el actual camino de herradura a la ciudad más próxima? ¿Cuánto más se mejorarán los indicadores socioeconómicos básicos de la población local con una u otra alternativa? ¿Por qué tiene sentido priorizar aquellas cosas que beneficiarán a los hijos de los actuales votantes? ¿Quién va a proveer de esa información o vamos a decidir así no más, por intuición?

Asimismo, es su tarea explicar las bondades de que parte de este dinero se debe ahorrar para cuando los abundantes recursos del canon no lleguen. ¡En ningún pueblo llueve todos los días del año! Parte de esos recursos deben ahorrarse para tener con qué mantener aquellas inversiones que se hagan en caminos, redes de desagüe y electricidad, inclusive en mantener las aulas o postas de salud existentes. El objetivo no puede ser inaugurar obras, cortar cintas y descorchar botellas. El objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. El problema es que alcaldes elegidos por tres años con poco menos del 20% de la votación no tienen ningún incentivo para pensar en plazos largos.

Al gobierno central le corresponde la responsabilidad de acompañar este proceso desbloqueando regulaciones que impidan la pronta ejecución de proyectos consensuados y técnicamente perfilados. Le corresponde mostrar las buenas prácticas para que otros copien lo bueno y mostrar los grandes errores para que éstos últimos no se multipliquen.

Al país le va ir muy mal en el futuro si demostramos incompetencia para gastar los abundantes recursos que hoy tenemos. Nuestra historia está llena de errores similares. El presidente no puede limitar la responsabilidad del gobierno a entregar recursos. Es más, el gobierno debería haber propuesto una forma de evitar tener que entregar de esta manera tantos recursos a ciertas zonas. No pueden las autoridades salir a decir que “lo hice porque la ley me obliga”. Ellos sabían del problema anticipadamente y no se ha hecho lo necesario para evitar caer en el problema. Si el gobierno central no va a ser prudente y pensar en el futuro cómo puede exigir lo mismo a los gobiernos locales. Hoy hay lluvia de millones de dinero fresco para todos, ¿y quién piensa en mañana? ¿O usted se gastaría en una noche el premio gordo de la lotería? Si lo hace, por lo menos, invite.

Publicado en El Comercio Junio 14, 2007

Aprendiendo a comprar

La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.

Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!

La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?

Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.

Publicado en El Comercio, Marzo 8, 2007

Mazzetti: Debajo del promedio

En el Perú la duración promedio de un ministro (no he hecho el cálculo por género) es de 11 meses. La ministra Mazzetti ha contribuido a reducir dicho promedio al salir antes de cumplir los 7 meses.
Su caso resulta interesante más allá de toda lo que implica políticamente la primera ministra en salir del (primer?) gabinete de Jorge del Castillo. Me refiero a que lo más probable es que no encuentren ningún problema administrativo en toda la licitación de los patrulleros. La botan por cumplir la ley, pero como la ley genera la posibilidad de un pésimo resultado (patrulleros caros) para el Estado entonces ella debe salir. Más allá de los que querían ver fuera creo que este caso resume muy bien lo que muchos funcionarios públicos deben de pasar cada dia: cumplir la ley puede ser perjudicial para el Estado pero no cumplirla lo es para ellos individualmente. Ante esa disyuntiva que escoge el funcionario publico? Sin duda la segunda.