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Tomado de El Espectador
El pasado fin de semana, el patrullero de la Policía Naren Daryan Mora, de 23 años, murió por la activación de un artefacto explosivo cuando adelantaba labores de erradicación forzada en la vereda La Marranera, en Tumaco (Nariño). Eso dio paso a que el ministro de Defensa, Guillermo Botero pidiera, en diferentes medios de comunicación, incrementar la aspersión aérea con glifosato para, según él, evitar que integrantes de la Fuerza Pública mueran o queden con lesiones graves por cuenta de la erradicación manual de cultivos ilícitos.
Desde Pasto (Nariño), el departamento con el mayor número de hectáreas cultivadas con coca, representantes de las comunidades cocaleras e indígenas hicieron un llamado distinto, y resaltaron alternativas innovadoras para sustituir los cultivos de coca de forma voluntaria y con respeto a los derechos humanos.
“Al señor Ministro de Defensa y al Gobierno les pedimos que por favor replanteen la fumigación, si no y si consideran que el glifosato es tan bueno pues sigan consumiéndolo en sus fincas pero a nosotros no nos sigan trayendo más veneno. En vez de fumigar con drones permítannos esa tecnología. Hay drones que pueden cargar hasta 150 kilos, ahí nosotros podríamos llevar el cacao que cultivamos que es de primera, procesado. Esto nos ahorraría más de ocho horas de camino por carreteras destapadas”. Fueron las palabras de Hernando Chindoy, dirigente del pueblo Inga.
Hernando es de Aponte, un pueblito a tres horas de Pasto que desde 1985 padeció la presencia y violencia de todos los actores armados, legales e ilegales. “En ese momento había que pasar siete retenes de actores armados y como si fuera poco nos fumigaron entre 1998 y el año 2000 con glifosato. Nos dijeron narcotraficantes y aunque no lo éramos sí vivíamos de cultivar coca. Producíamos 2.500 hectáreas de coca que semanalmente nos dejaban cerca de 4.000 millones de pesos. Plata había. Pero al mismo tiempo en esos tiempos más de 120 personas de la comunidad murieron por el conflicto armado y nos fumigaron los cultivos de pan coger”, comentó.
Por eso, la comunidad Inga decidió pensarse un proyecto de cacao y hoy tienen una marca registrado y certificada para exportación de café suave conocido como Wasikamas. Recuerda que en los tiempos de la bonanza cocalera había plata, pero no bienestar ni educación para la comunidad. "Solo tres personas eran profesionales”, cuenta. Hoy, al menos 15 personas se gradúan profesionalmente al año. Y eso, lo llena de orgullo y de tranquilidad para decir que la vida en este territorio olvidado sí es posible sin coca. Esa es la enorme inquietud que tienen con las fumigaciones de glifosato: que terminen afectando este proyecto que con tanto esfuerzo vienen sacando adelante.
El pasado fin de semana, el patrullero de la Policía Naren Daryan Mora, de 23 años, murió por la activación de un artefacto explosivo cuando adelantaba labores de erradicación forzada en la vereda La Marranera, en Tumaco (Nariño). Eso dio paso a que el ministro de Defensa, Guillermo Botero pidiera, en diferentes medios de comunicación, incrementar la aspersión aérea con glifosato para, según él, evitar que integrantes de la Fuerza Pública mueran o queden con lesiones graves por cuenta de la erradicación manual de cultivos ilícitos.
Desde Pasto (Nariño), el departamento con el mayor número de hectáreas cultivadas con coca, representantes de las comunidades cocaleras e indígenas hicieron un llamado distinto, y resaltaron alternativas innovadoras para sustituir los cultivos de coca de forma voluntaria y con respeto a los derechos humanos.
“Al señor Ministro de Defensa y al Gobierno les pedimos que por favor replanteen la fumigación, si no y si consideran que el glifosato es tan bueno pues sigan consumiéndolo en sus fincas pero a nosotros no nos sigan trayendo más veneno. En vez de fumigar con drones permítannos esa tecnología. Hay drones que pueden cargar hasta 150 kilos, ahí nosotros podríamos llevar el cacao que cultivamos que es de primera, procesado. Esto nos ahorraría más de ocho horas de camino por carreteras destapadas”. Fueron las palabras de Hernando Chindoy, dirigente del pueblo Inga.
Hernando es de Aponte, un pueblito a tres horas de Pasto que desde 1985 padeció la presencia y violencia de todos los actores armados, legales e ilegales. “En ese momento había que pasar siete retenes de actores armados y como si fuera poco nos fumigaron entre 1998 y el año 2000 con glifosato. Nos dijeron narcotraficantes y aunque no lo éramos sí vivíamos de cultivar coca. Producíamos 2.500 hectáreas de coca que semanalmente nos dejaban cerca de 4.000 millones de pesos. Plata había. Pero al mismo tiempo en esos tiempos más de 120 personas de la comunidad murieron por el conflicto armado y nos fumigaron los cultivos de pan coger”, comentó.
En contexto: Nariñenses se sienten engañados con plan de sustitución de cultivos de coca
Por eso, la comunidad Inga decidió pensarse un proyecto de cacao y hoy tienen una marca registrado y certificada para exportación de café suave conocido como Wasikamas. Recuerda que en los tiempos de la bonanza cocalera había plata, pero no bienestar ni educación para la comunidad. "Solo tres personas eran profesionales”, cuenta. Hoy, al menos 15 personas se gradúan profesionalmente al año. Y eso, lo llena de orgullo y de tranquilidad para decir que la vida en este territorio olvidado sí es posible sin coca. Esa es la enorme inquietud que tienen con las fumigaciones de glifosato: que terminen afectando este proyecto que con tanto esfuerzo vienen sacando adelante.
La misma preocupación que comparte Jaime Nastacuás, representante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá: “La fumigación mató la vida, arrastró con todo lo que estaba en el territorio. Árboles nativos y la medicina que utilizábamos para curar, los alimentos. También nos perjudicó mucho, sufrimos enfermedades desconocidas en los niños y los grandes. Para recuperar todas estas afectaciones eso tocó que esperar un montón de años y el Gobierno tampoco dispuso proyectos y no hemos sido reparados por eso”. Jaime hace parte de una comunidad que no ha logrado concertar la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito porque, asegura, en 2016 dialogaron con el Gobierno Nacional, en El Palmar (Nariño) para 32 resguardos, pero el Gobierno no le ha puesto cuidado a la propuesta que en ese entonces hicieron, porque aseguraron que no había recursos. La historia de incumplimientos del Gobierno es amplia.
Lo cierto es que Jaime Nastacuás tampoco cree que la fumigación con glifosato sea la salida ni una solución para los cultivos de uso ilícito. Lo mismo piensa la alcaldesa de Policarpa (Nariño), Claudia Cabrera Tarazona: “En Policarpa tenemos un fallo indemnizando a campesinos porque el glifosato acabó con sus cultivos de pan coger. Policarpa también fue víctima de este herbicida, tenemos adultos con malformaciones fetales. El viento en este lugar no se puede controlar y el glifosato se va a los cultivos de pan coger. Las fumigaciones con glifosato no nos traen nada bueno. Tenemos que arrancar con una acción integral, como garantizar sacar las cargas de otros cultivos, entendiendo que no hay vías terciarias y los comparadores de coca se la compran en la puerta de la casa”.
A su turno, Pedro Arenas, del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (Ocdi – Global), dio algunas cifras para entender la dimensión del problema: “Si fuera por la erradicación de hectáreas el Ministerio de Defensa merecería un premio. Pero el problema es más complejo. En Tumaco, según las cifras que da el mismo Ministerio de Defensa, se erradicaron 15.000 hectáreas primero y 8.000 hectáreas después, eso suma 23.000 hectáreas en 2016. Es decir, eso significa que de acuerdo con el último monitoreo hubo una resiembra del 100% en esta región. Eso pensando que las cifras sean esas. Eso significa que el problema debe ir más allá de la erradicación para que sea sostenible”.
Las fumigaciones aéreas con glifosato, explica Pedro, empezaron en el país en 1994. Esas fumigaciones se extendieron hasta mayo de 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspender este método, luego de que la Corte Constitucional pidiera, aplicando el principio de precaución que hasta que el Estado no pudiera garantizar que no genera ningún daño al ambiente y a las poblaciones no debía aplicar ese método. Esto luego de que la Organización Mundial de la Salud, a través de un instituto de investigación, asegurara que existe una probabilidad de que el glifosato sea un agente cancerígeno.
De hecho, hace muy poco fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una familia putamayense por afectaciones por fumigaciones con glifosato y que, en ese escenario, puede derivar en una sanción de reparación por parte del Estado colombiano. El Estado ya había admitido el pago de una compensación por el uso de fumigaciones en la frontera con Ecuador, para que este país desistiera de sus pretensiones jurídicas en tribunales internacionales.
Esta importante conversación se dio durante el conversatorio regional de Colombia2020: “Retos para encontrar alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito”, que se realizó en Pasto, en el auditorio San José de la Universidad Mariana, con el apoyo de PNUD, ACNUR y Fescol.
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