documentos, videos, webs, campañas de solidaridad
Los presos políticos son torturados y condenados a muerte de facto, por negación de asistencia médica
VIDEO TESTIMONIO: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N9t7Z2tv3oA
Presa política denuncia que ejército torturó y asesinó a su padre, y se declara en Ruptura
MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO, PRISIONERA POLÍTICA DE GUERRA, SE DECLARA EN RUPTURA ANTE EL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE QUIBDO.
Por Traspasa los Muros.
http://www.traspasalosmuros.net/node/359
El pasado 6 de abril de 2011, MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO, insurgente de las FARC –EP y Prisionera de Guerra del Estado Colombiano, fue conducida por el INPEC a la audiencia pública citada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdo, dentro del proceso No. 2010002000.
MARINELLY, de 33 años de edad, miembro de una familia humilde y campesina de la vereda Agua Bonita del Municipio de San Rafael (Antioquía), luego de ser presentada en audiencia manifestó al juez que se “declaraba en ruptura”, por considerar la inexistencia de garantías al debido proceso y por desconocer como autoridad al estado colombiano, procediendo a entregar un escrito en el que sustentó su declaración y renuncio a cualquier tipo de defensa, manifestando textualmente “NO NECESITO NINGUNA DEFENSA, PUES NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, ME DECLARO EN RUPTURA CON EL ESTADO COLOMBIANO Y SUS LEYES ANTI POPULARES E INJUSTAS, HE SIDO UNA LUCHADORA DEL PUEBLO”.
En su narración, MARINELLY declaró que durante su niñez vivió en carne propia las continuas agresiones y persecuciones que el Ejército Colombiano desató contra sus padres y todo el campesinado de su región por el solo hecho de pertenecer a la Unión Patriótica (UP), y en su adolescencia fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, vecinos y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento… “Todo esto fue parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares. ¿Acaso con todas estas vivencias que era el diario vivir, puede un niño o joven creer en un Estado o alguna justicia?”, asintió la prisionera, quien atribuyo tales crímenes la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, y a manera de ejemplo, citó la masacre en el Río Nare donde “el Capitán Martínez con sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el mineral y un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras y hachas, amarraron a los trabajadores en cadena y delante de ellos iban soltado de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna y un montón lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran”.
La prisionera reveló que las acciones y violaciones del Estado Colombiano contra el Pueblo le indicaron el camino que debía seguir de lo contrario “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, sin tener nada que ver con el conflicto, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”; por lo que a la edad de 14 años, con una madurez lograda por tales violaciones y entendiendo que “por la vida no hay respeto y que sólo existe el símbolo de la vida”, ingresó a las FARC, considerando esta como su “única alternativa o forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”.
En su relato MARINELLY denuncia que como represalia por haber ingresado a las FARC, en el año 2000, el ejército en contubernio con los paramilitares asesinó a su padre… “a mi único hermano también adolescente, le toco desaparecer, ni siquiera pudo darle sepultura a nuestro querido padre… Nuestro padre se llamaba HÉCTOR ALONSO HERNÁNDEZ, el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja o cuchillo, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia en su cabeza; según medicina legal o quienes practicaron el levantamiento, a nuestro padre lo torturaron vivo. Mi papá tenía 70 años de edad, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?, entonces, ¿Qué diríamos de todos los senadores juzgados por parapolítica? ¿Que todas sus familias también tendrían que estar en las cárceles o deberían ser torturadas y sometidas a vejámenes contra la humanidad?, cobardes los que torturan y dan positivos con los campesinos y las personas indefensas”.
Después de 16 años en las FARC, MARINELLY fue apresada, dice que le han atribuido un sinnúmeros de delitos de los cuales no es responsable, a pesar que fue captura en condición de rebelde, siendo sometida a 3 juicos, condenada en 2 de ellos y procesada actualmente por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio, entre otros, según sus propias palabras “repitiéndose la misma dosis que en los anteriores juicios para justificar una nueva condena que legitime la cadena perpetua de hecho que se acostumbra imponer a las y los prisioneros políticos en Colombia”, causándole hilaridad que a mujeres como ella las llamen a juicio por terroristas, mientras que “el actuar terrorista ha sido bandera de los gobiernos durante los dos últimos siglos, pero que en estos últimos años han pasado de la acción velada, a la acción descarada del ejército colombiano que con una actitud real de terror cambia como el camaleón, no de color sino de pelambre y en las noches combina brazaletes, filosos machetes y motosierras, para luego, en la mañana, de nuevo convertirse en “glorioso Ejército de Colombia… Tengo que denunciar el innoble papel que juegan jueces y fiscales judicializando a campesinos en masa por el único delito de vivir en zonas alta influencia del conflicto armado…Cómo llamarle sino ¡TERRORISTA! a un Estado que castiga con el hambre y el olvido a su pueblo y que producto de ello mueren gran cantidad de niños en total olvido”, concluye la prisionera.
Luego de hacer un recorrido estadístico sobre los altos niveles de pobreza y desigualdad en Colombia y las prioridades de los gobiernos en hacer la guerra mediante practicas de lesa humanidad como las 3.000 ejecuciones extrajudiciales consumadas dentro del periodo presidencial de Álvaro Uribe, el despojo de la tierra al campesinado y su acumulación en pocas manos como principal causa del empobrecimiento de treinta millones de los 42.888.592 habitantes que, “según las cifras oficiales” tiene Colombia, MARINELLY, afirma que “es impensable una solución a los profundos problemas económicos, políticos y sociales del país si se sigue bajo la tiranía de un régimen que persista en las políticas de ruina para el campo y dentro de la misma dinámica, empuja a la miseria a las mayorías nacionales… el pueblo colombiano está gobernado, desde sus diferentes estamentos, por bandidos, que en las más diversas ramas, han recurrido a crímenes de lesa humanidad para perpetuarse en el poder”.
Así, señala que en los procesos políticos, al que son sometidas las y los revolucionarios en Colombia, se aplica una “justicia de venganza privada con uso de las figuras públicas por parte de una clase dominante” que impone altas penas privativas de la libertad, citando al guerrillero JACOBO ARENAS quien, según la fuente, dijo: “en Colombia hay dos poderes: el uno es el poder formal, como quien dice, el poder que se nos presenta en unas determinadas formas como por ejemplo, los llamados poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial; este es el poder formal que no decide nada porque en las condiciones de hoy es como digamos algo decorativo, sujeto al verdadero poder”.
Finalmente, la prisionera de guerra deja claro que para ella el aparato de justicia en el conflicto colombiano es una contundente arma del gobierno, por lo que rechaza los supuestos beneficios o pactos que le ofrecen, afirmando “asumo todos los procesos a los que he sido sometida, incluyendo el presente, no pretendo un trato benévolo, conozco claramente la política de cadena perpetua fijada para las y los prisioneros políticos, hagan lo que tengan que hacer, no me preocupo, porque la historia me absolverá y la justicia revolucionaria condenara a quien como ustedes se levantaron contra su pueblo…Señor Juez, no tiene usted autoridad moral para juzgarme, ni usted señor fiscal para acusarme, se equivocaron si piensan que he venido a renegar de mi organización y mi partido, pues aún padeciendo los sinsabores de los 40 años a los que he sido condenada con anterioridad y de los últimos acontecimientos me ratifico ¡ORGULLOSA FARIANA Y EN LA BÚSQUEDA DEL HOMBRE Y LA MUJER NUEVA!, capaz de generar los cambios que garanticen el desarrollo de una vida digna en todos los campos de la producción, desarrollo que con el actual sistema capitalista no está en capacidad de otorgar, pues sus fines son contrarios a mi sentir por lo que lo combato y lo combatiré… Desconozco el Estado que me juzga y mantiene prisionera, sólo reconozco para mi juicio los documentos farianos, por ser la única institución que respeto y por la que llegaría sin duda al sacrificio. De la misma manera, el único Estado que respeto, amo y reconozco es el ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP y su Secretariado, enarbolando la espada y el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro padre espiritual, por la definitiva independencia y la construcción de la patria grande y el socialismo, hemos jurado vencer y venceremos!!!”
Con estas palabras MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO, convidó al juez a no requerirla a futuras audiencias y a no nombrarle abogado para su defensa, pues como iniciamos este artículo, considera no tener nada de que defenderse por no ser responsable de ningún delito.
Mientras tanto, desde la Reclusión de Mujeres de Medellín, MARINELLY espera el desarrollo del conflicto colombiano, en sus palabras, “con la cabeza y la moral revolucionaria en alto” insistiendo en citar a su camarada Jorge Briceño al decir “En las FARC no tenemos almas de traidores, sino de patriotas y revolucionarios, hemos luchado y continuaremos haciéndolo con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social”.
Este es el caso mas significativo de ruptura que durante la ultima década se haya presentado, pues representa a miles de hombre y mujeres que en sus edades de mayor grado de productividad son sometidos a cadena perpetua en lo real, quedándoles como única esperanza para recobrar su libertad la salida política al conflicto o un eventual intercambio humanitario.
Abril de 2011
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9.500 presos políticos silenciados... falta visibilizarlos en el intercambio: que sea equitativo (aquí un extracto), (con VIDEO)
Por Azalea Robles
Hay 9.500 presos políticos en Colombia, son completamente invisibilizados por los mass media…. Son sindicalistas, estudiantes, maestros, campesinos, ecologistas, todos ellos del pueblo, encarcelados en su mayoría bajo burdos montajes judiciales y condenados por “terrorismo” y “rebelión”… La cantidad de presos políticos en Colombia es escandalosa, y sus condiciones de vida son infrahumanas, ya que el Estado colombiano es unos de los principales Estados torturadores en el mundo (OMCT). Pero la subvaloración mediática de estos miles de presos políticos, ha domesticado incluso las mentes de personas de “izquierda”, que no los reclaman debidamente…
(...)
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Además los presos políticos son duramente golpeados, no solo por la tortura que ejerce el INPEC (autoridad carcelaria), sino por la tortura, desaparición y asesinado de sus familiares, que perpetra el Estado y su herramienta paramilitar si los presos políticos no acceden a convertirse en informantes del estado. (3) y (4)
Hay muchos casos de desaparición y asesinatos de familiares de los presos.
CARLOS IVÁN PEÑA ORJUELA, ha sido sometido a presión por parte de funcionarios de la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra campesinos inocentes de la región del Magdalena Medio; ante su negativa, la policía ha desparecido y asesinado a su hermano menor, encarcelado a su compañera, y amenazado de asesinar también a su hijo de 6 años. (4)
Como casos de tortura cabe nombrar aquí el caso de Diomedes Meneses: brutalmente Torturado por el Estado Colombiano: Con un cuchillo, los militares del Estado colombiano le sacaron un ojo, después lo dejaron en silla de ruedas. Y ahora el establecimiento carcelario sigue torturándolo; le deja la gangrena devorarle una pierna, negándole asistencia médica mientras su cuerpo se pudre literalmente y le devora la vida (5)
Las madres cabeza de familia ven cómo a sus hijos son enviados a orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja, mientras ellas están presas por sus ideas y pensamiento crítico… Cómo es el caso de Liliany Obando: socióloga y documentalista presa política del régimen colombiano, judicializada arbitrariamente en razón del trabajo que desarrollaba en defensa de los derechos de los trabajadores del agro, Prisionera Política de Conciencia víctima de un montaje judicial: castigada por su opinión y pensamiento crítico... Liliany Obando sufre presiones y abusos por parte de la autoridad carcelaria, para que ceses sus denuncias; y se le ha negado la casa por cárcel durante su detención de preliminares al juicio, derecho constitucional que tiene como madre cabeza de familia (6)
Como dice un preso político en una carta abierta al mundo:
“Nosotros debemos soportar que nuestras familias no puedan reivindicarnos, levantar sus voces por nuestra libertad (debido a que el Terror Estatal, y el silencio mediático recae sobre ellas); en cambio los familiares de quienes están en manos de nuestra organización sí lo pueden hacer.”(7)
Vea en este video en qué condiciones viven los y las presas en Colombia: insalubridad y hacinamiento totales…estas condiciones les generan enfermedades y muerte: http://www.youtube.com/user/cocal0#p/u/4/7Pggbqp-9Y4
Y en este otro video vea cómo el Estado colombiano aplica la tortura: priva de asistencia médica a enfermos terminales, y deja la gangrena comer las heridas de los presos, quiénes viven en unas condiciones de insalubridad dramáticas:
Urge ser equitativos: debemos darle cobertura mediática a los presos y presas políticas, de forma proporcional a su cantidad y a su realidad; ya basta de tanta farsa cruel, que le llama “intercambio” a una realidad en la que solo la guerrilla ha demostrado buena voluntad. Necesitamos un verdadero intercambio: exigirle al Estado colombiano que libere a l@s pres@s polític@s en vez de seguir con su política de criminalizar el pensamiento crítico.
Hay que empezar por visibilizar la realidad y situación de l@s pres@s polític@s; y en cada noticia acerca de las liberaciones unilaterales que hacen las FARC, debemos, por justicia, nombrar a los presos políticos.
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NOTAS:
(1)http://www.arlac.be/A2009/2009/Tlaxcala.htm . Campaña europea 2009-2011 por la liberación de los presos políticos en Colombia. Son 7500, en su mayoría presos de opinión y activistas sociales que luchan por una Colombia digna, con paz y justicia social. Las asociaciones y personas del mundo que quieran apoyar la campaña por la liberación de los presos políticos en Colombia, son bienvenidas. Para firmar pinchar aquí: http://www.tlaxcala.es/detail_campagne.asp?lg=es&ref_campagne=14&nbsp(5)Torturas a Diomedes Meneses, y campaña: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=1
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PRIMER VIDEO: Vea las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que viven los presos en Colombia: estas condiciones les generan enfermedades y muerte. Cárcel de la Picota, insertar VIDEO:
SEGUNDO VIDEO: Vea cómo el Estado colombiano aplica la tortura: priva de asistencia médica a enfermos terminales, y deja la gangrena comer las heridas de los presos políticos, quiénes viven en unas condiciones de insalubridad dramáticas:
más VIDEOS acerca de Presos políticos en el canal: http://www.youtube.com/user/cocal0 Video filmado en la cárcel de "Palo Gordo", en el que un preso relata la realidad carcelaria, y cómo no les son notificadas las condenas a los presos, las presiones para delatar, las presiones a familiares, el peligro para los abogados... Habla sobre el perverso mecanismo de "Justicia y Paz" establecido por el Estado; sobre las causas de la guerra que son la pobreza y la explotación; sobre la necesidad de un intercambio humanitario de presos...
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Crisis humanitaria en las cárceles colombianas:
Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica
"La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente ."
denuncia CSPP, VIDEOS CNMC, transcripción APCrítico
DENUNCIA de LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD AL INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO. Denuncian crisis humanitaria y que la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, conoce condiciones de hacinamiento, insalubridad y carencias sanitarias comparables a las de Valledupar: con cortes de agua hasta por 14 horas, comida infectada, insalubridad y ausencia de centro sanitario. Denuncian que la desatención médica es total, a tal punto que los presos se preguntan "¿quién será el próximo en fallecer?". Los presos hacen un llamado a la solidaridad.
Testimonio del interno Alexander Guzmán:
"La muerte de nuestro compañero fue por negligencia de las personas encargadas de custodiarnos. El empezó con un fuerte dolor de cabeza el 21 de diciembre, y no fue atendido de ninguna manera. Empezó a convulsionar en la madrugada y los internos gritamos e hicimos ruido y manifestamos nuestro llamado para que lo atendieran; el dragoneante encargado en ese momento, de apellido Hernández, se tomó bastante tiempo para acudir, lo vio en el estado que estaba y se tomó una hora más para hacer que las personas encargadas de sanidad (que son enfermeras) bajaran a atenderlo.
Al siguiente día, el jueves, lo bajaron al medio día, eso empeoró su estado: el no tenía lucidez. Cuando le señalaron el estado del interno al dragoneante Daza, este dijo que 'él está pepo', y no hizo nada. De tal forma que el interno siguió así varios días hasta el día de la visita el día 24 de diciembre. La mamá del interno lo vio tan mal que ella misma pidió a la guardia para que lo llevaran al sitio de sanidad. No se sabe que le dieron a él, porque no creemos que le hayan dado nada porque droga (medicinas) aquí no hay de ninguna clase; que lo haya atendido un médico sabemos que no, porque aquí no hay médico. Para ese día al compañero había ya que ayudarlo a vestir, porque era tal su estado que no podía hacerlo solo. Lo llevaron de nuevo al patio en una silla de ruedas. Para el día 25 de diciembre el ya no caminaba. A los internos de ese patio les tocó hacer desobediencia para que lo atendieran. Desde ese momento no se supo del compañero hasta que nos dimos cuenta que murió por un paro cardiaco a causa de una meningitis. Su muerte fue por negligencia de la administración de este establecimiento que conociendo el estado de salud del interno no hizo nada para que este interno fuera atendido de ninguna forma, y lo dejó morir. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Quién de nosotros va a ser el siguiente?
Hacemos un llamado a todas las personas y entes de control para que por favor nos escuchen, que por favor nos crean: llevamos año y medio aquí, llevamos luchando para que esto cambie y no se ha podido. Llevamos año y medio sin médico, sin agua, estamos prácticamente tirados a la deriva.
Le hacemos un llamado al doctor Iván Cepeda Vargas para que por favor nos atienda, nos escuche, nos haga una visita para que él se de cuenta que lo que hablamos no es mentira.
La gobernación de Antioquia cerró el área de sanidad: es tal la inoperancia de este establecimiento que no hay funcionamiento sanitario y no hay ni un solo médico. Esperamos que este llamado haga eco. La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC tan lenta y dolorosamente; no solo a nosotros sino a nuestras familias. El interno que murió era bastante joven, y de verdad que no valía la pena que hubiera muerto por negligencia del estado."
Periodista: Lamentablemente tenemos que decir que el fallecimiento de personas privadas de la libertad es bastante preocupante, acabamos de ver cómo a mediados del mes de diciembre del 2011 perdió la vida en la cárcel de Bellavista el señor Luis Fernando Pavoni Hernández.
Desde el momento en que se inauguró esta cárcel, nos tocó sacar escombros de aquí. Ni siquiera había una enfermera; tuvieron que utilizar a una enfermera del hospital del pueblo para poder atendernos. Desde ese tiempo venimos denunciando los hechos: a la Defensoría del Pueblo, a la Procuradoría al mismo INPEC, hemos mandado documentos a la comisión de derechos humanos del senado, se ha pronunciado en dos ocasiones el Congreso de la República; pero se pronuncia de una manera que consiste en hacerle saber a otros entes de la situación; pero nunca se ha visto una respuesta concreta para nuestra situación. Hace unos 7 meses el señor Chaparro, defensor regional del Magdalena Medio, interpuso una tutela al tribunal superior de Antioquía, el cual falló el 20 de julio a favor de nosotros, una denuncia por todos los puntos que nos perjudican, pero principalmente por salud y agua. (...) Aquí todo lo que ha sucedido lo hemos denunciado; pero en realidad hemos sido muy poco escuchados, tal vez nada porque el cambio ha sido nulo, a tal punto que en esto momento el detonante de esta nueva denuncia es la muerte de un compañero. Lo cual en este momento nos lleva a esperar a cual de las personas que necesita un tratamiento médico o que necesita su medicina y no se la dan, vaya a sufrir la misma suerte que el compañero que murió. (...)
Es muy triste que nuestras familias estén perjudicadas por todo lo que sufrimos aquí, y nadie, nadie, absolutamente nadie se motive por esto que está sucediendo.
El llamado que hacemos es ese: necesitamos su colaboración, su intervención. Al doctor Iván Cepeda necesitamos su intervención: es una de las pocas personas escuchadas en el país en cuanto a temas carcelarios. Esta cárcel viene siendo un mini-Valledupar: con una falencias aún más graves.
Periodista: "¿Si las instituciones no han tomado atenta nota de las reiteradas denuncias que ustedes han hecho desde el año pasado, si hemos llegado al extremo de la pérdida de esta vida humana, cuál es la decisión que ustedes han evaluando tomar frente a esta terrible situación humanitaria que está acaeciendo hoy en el establecimiento el Pesebre?"
Nuestra opción es denunciar ante la opinión pública esta realidad que vivimos aquí. Denunciar todas las mentiras que dice el ministro de estos supuestos 'emporios carcelarios' que al parecer él los nombra como si fueran palacios. Y si en este establecimiento no se le va a dar solución a eso, no creo que los otros internos quieran esperar una próxima muerte. Desafortunadamente si nosotros tomamos las vías de hecho, como por ejemplo hacer una desobediencia civil, o una huelga; la guardia va a tomar represalias: nos van a querer gasear, golpear, porque ese es el sistema que utilizan para reprimirnos. Entonces sucede que como no hay sanidad, no hay tratamiento médico, serían muchas las vidas que se pondrían en riesgo. Entonces en este momento estamos tratando de que por favor nos escuchen de esta forma. Si no igualmente, lleguen las consecuencias que lleguen, nos tocará acudir a las vías de hecho para que seamos escuchados por el país, por los entes de control y por todas aquellas personas que puedan intervenir por nosotros.
VIDEO 2: habla la madre del preso fallecido por denegación de asistencia médica: http://www.ustream.tv/
"Con mi hijo sucedió que lo dejaron morir, no le prestaron atención médica.
Yo fui el 24 de diciembre y lo vi muy mal, y rogué para que los trasladaran. Pero no lo trasladaron, yo rogué para que lo atendieran el 24; pero el 25 fui y estaba tirado en una camilla solo, ardiendo en fiebre y orinado, y él ya no nos reconocía.
Para mi eso ha sido muy duro porque no lo atendieron.
No es justo que haya pasado eso. No quiero que esto pase con más reclusos, que los ayuden; porque no quiero que ninguna madre tenga que pasar lo que yo pasé con mi hijo. Ellos son culpables, son culpables. Estoy destrozada.
La doctora de Puerto Triunfo tampoco me lo quiso remitir al hospital, lo remitió fue ya a media noche ya cuando le dio la gana, después de yo rogarle y suplicarle durante horas que lo trasladara, y ella me decía que no. Ella me contestó que quién sabiá más si la mamá, o ella que era doctora. Le contesté que no necesitaba ser doctora para ver que mi hijo se estaba muriendo, y que si él se muere ustedes tienen la culpa, remítalo al hospital."
Desgarrador testimonio: centro de salud inexistente, no hay medicinas, no hay médicos, no hay tratamientos, los presos están siendo empujados a la muerte. Tras el fallecimiento de un preso por denegación de asistencia médica, los internos claman por una solución a la inexistencia de centro sanitario, a los problemas de alimentación (descompuesta) y de agua. Reclaman igualmente que no quede en la impunidad la saña con que le fue negada la asistencia médica y el traslado a un centro hospitalario al preso fallecido. Denuncian que los problemas siguen agravándose pese a las tutelas.
"Es algo muy grave y muy degradante que en Colombia se esté pensando en construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por estratos sociales. Señor Contreras, aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún para-político, ni hay un desmovilizado de peso, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. Si me estoy exaltando me disculpan pero es que me da rabia, me siento impotente ante todo esto: que nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas, y todas esas personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los pone en las mejores cárceles del país. Y las personas de escasos recursos estamos en estas cárceles que son una tortura y que son violatorias del Derecho Internacional Humanitario. No se cumple en nada el DIH. Aquí no ha venido nadie, nadie. Nos tratan como la escoria. Y así dicen que si resocializarnos y todo eso.
Son antros de muerte. La pena de muerte el INPEC la está ejecutando con nosotros, porque está dejando que los reclusos se mueran en las cárceles lentamente por la falta de atención médica y por la falta de cuidar nuestros derechos.
Al doctor Iván Cepeda y la comisión de derechos humanos del senado que nos hagan una visita, con la misma comisión que fue a la cárcel de Valledupar. Al INPEC yo no sé quién lo investiga pero es que tantas anomalías son muy raras. Hay infinidad de denuncias, de tutelas por violación a nuestros derechos: ¿Qué está construyendo en estado?
Periodista Contreras:
Los hombres y mujeres privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios se están muriendo ante los ojos de sus familiares y de los empleados públicos, y el estado colombiano no toma cartas trascendentales que permitan corregir estos hechos. El año pasado fallecieron varios internos en el mes de diciembre, en la cárcel de Bellavista, y tan solo en la cárcel de Bellavista en el año 2011 fueron 14 hombres los que perdieron la vida. Han denunciado que estas muertes obedecen a la falta de atención médica; hoy registramos el fallecimiento de otro interno de la cárcel El Pesebre, también por falta de atención médica.
Muere preso en cárcel de Puerto Triunfo por negligencia del INPEC
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (en adelante CSPP), Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos, dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos, con la población desplazada, con comunidades en riesgo y organizaciones sociales, mediante la presente, se permite hacer de conocimiento público la siguiente Denuncia, por la ocurrencia de hechos violatorios de los Derechos Humanos en contra de los Hombres privados de la libertad en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO por parte de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que incluso podrían tener consecuencias fatales en contra de uno de las personas recluidas en el patio 4 de ese Establecimiento (el preso lamentablemente falleció por denegación de asistencia médica).
Se fundamenta la presente en los siguientes, ANTECEDENTES 1. El día 29 de diciembre del año 2011, una comisión aparentemente gubernamental, según información informal recogida por los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, conformada por la DIRECCIÓN DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, visitó las instalaciones del mismo centro penitenciario. 2. Tal visita, según información informal recibidos por los presos del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, cumplía con una misión de interventoría en las instalaciones del mismo establecimiento, en lo referente al cumplimiento del derecho a la salud de las personas allí recluidas. 3. Según la información recibida por los Presos Políticos y Sociales de los patios 6 y 7 del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, y transmitida por estos al CSPP, la interventoría realizada dictaminó condiciones insalubres y que rompen con los cánones mínimos del derecho a la salud de los detenidos, en las instalaciones del Centro de Sanidad y en la zona de preparación de comidas –“rancho”– del mismo establecimiento penitenciario. 4. Sin embargo, comunican los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO que desde el día 30 de diciembre, las medidas tomadas por las autoridades administrativas de ese centro penitenciario, paradójicamente consisten en el cierre temporal del Centro de Sanidad, lo que atenta aún más contra el derecho a la salud de las personas allí recluidas. 5. Además los detenidos informan al CSPP que toda esta situación se ve agravada por el suministro mediocre del agua en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, suministrado en 3, a veces 4 tandas, de máximo 2 horas cada una en el transcurso del día, teniendo que carecer los presos a veces de hasta 14 horas sin el preciado líquido, que no cumple además con condiciones para consumo humano. Con fundamento en lo anterior, se han presentado los siguientes; HECHOS 1. Informan los Presos del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO que al interior del mismo se rumora la muerte de un preso recluido en el patio 4 de ese establecimiento, a causa de una meningitis, ante la ausencia de atención médica por la situación antes descrita al interior del Centro Penitenciario, a pesar de la exigencia hecha por sus compañeros de reclusión a la guardia del INPEC, que solo reaccionó ante la gravedad sintomática del detenido, trasladándolo a la clínica LEÓN XIII DE MEDELLÍN cuando ya era tarde. Luego de los antecedentes e información disponible, como CSPP nos permitimos solicitar a las Autoridades estatales pertinentes: 1. Que se intervenga desde el Ministerio Público para que las autoridades administrativas del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO preste a plenitud el servicio de atención en salud a las personas allí recluidas sin ningún tipo de restricción. 2. Que tal intervención también indague sobre la veracidad de la muerte de un detenido al interior del Patio 4, en las instalaciones de la CLÍNICA LEÓN XIII de Medellín, así como sus causas reales. 3. Que se inicie un proceso disciplinario en contra de los miembros del INPEC, que pudieran ser responsable de los hechos narrados, que llevaron a la muerte de la persona recluida en el patio 4 del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO. 4. Que se intervenga desde el Ministerio Público con el propósito de conocer las finalidades de la interventoría realizada el 29 de diciembre de 2011 en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO. 5. Que se den a conocer los resultados de tal interventoría, así como las medidas a tomar por parte de las autoridades administrativas del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO para superar las fallas encontradas.
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Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Parte I del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar.
1. Introducción a una realidad invisibilizada
Hay al menos 9.500 presos políticos en Colombia, otro triste ‘record’ de un estado cuyo nivel de represión y exterminio de la oposición rebasa incluso el de las dictaduras asumidas como tal, y que goza sin embargo de amplio beneplácito en la diplomacia internacional, porque muy fácilmente la llamada“comunidad internacional” cierra los ojos sobre genocidios, si éstos permiten el saqueo de los recursos del país anegado. La mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos encarcelados para callar su reivindicación social, desintegrar la organización política, y callar el pensamiento crítico. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios sigue recrudeciéndose.
El 90% de los presos políticos son civiles, los presos políticos y de guerra de las organizaciones políticas militares FARC y ELN son aproximadamente el 10% del total de presos políticos. Presento en esta introducción dos testimonios de presos políticos por ser esclarecedores de una realidad silenciada:
El profesor Miguel Ángel Beltrán, años preso político: “La actitud de que a todo aquel que investiga la realidad social con un lente crítico se le tilda de guerrillero proviene de un Estado que persigue y criminaliza a quienes pensamos diferente. Mis escritos han sido tomados como prueba para acusarme del delito de rebelión, lo que constituye una clara persecución al pensamiento crítico. El propósito del régimen al mantenerme privado de la libertad, es enviar un claro mensaje a los académicos críticos y a la universidad pública en general: 'cuídense de estudiar el conflicto social y armado con una perspectiva diferente a la oficial, porque miren lo que les puede suceder’. Y esto cala en algunos sectores.” [1]
Marinelly, de una familia campesina, narra que durante su niñez vivió en carne propia las agresiones que el Ejército colombiano desató contra el campesinado por pertenecer al partido opositor Unión Patriótica (UP); fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento: “parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares.” La prisionera explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”.[Ibíd. ]
El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos de defensores y abogados de presos políticos. Por esta razón los estudios, denuncias y la comunicación con los mismos presos se ve dificultada. La persecución contra los que ejercen la solidaridad con los presos políticos, el aislamiento, los traslados, los castigos contra los presos defensores de derechos humanos y las amenazas contra familiares, aunados al implacable silencio de los medios masivos de comunicación, constituyen la invisibilización de una realidad cuyas dimensiones ponen de manifiesto el carácter profundamente antidemocrático del estado colombiano.
Esta subvaloración mediática de los miles de presos políticos ha domesticado incluso las mentes de gran parte de la “izquierda”, que no los reclama debidamente; adoptando como prioridad los reclamos que imponen los mass-media y dejando casi olvidados a los miles de mujeres y hombres que están hoy tras las rejas por empeñar sus vidas en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
A la dramática situación de vulneración del derecho a conciencia, opinión y organización social, se le suma que los presos y presas están sufriendo condiciones de reclusión insalubres, con un hacinamiento extremo y la proliferación de epidemias correlativa; sufriendo penurias de los mínimos vitales que son formas de tortura y de vulneración a la integridad y a la salud como la privación de acceso al agua por períodos prolongados [3]; sufriendo atentados contra su salud y derechos básicos como lo es el suministro de alimentación en estado de descomposición o contaminada hasta por materia fecal [4], como se ha comprobado en varios penales.
De igual manera se denuncia la práctica de aislar a ciertos presos políticos en medio de patios paramilitares, como medida evidente de atentar contra sus vidas. A eso se le suman otros crímenes de estado contra la población carcelaria, como lo son las torturas físicas y sicológicas y la tortura dedenegación de asistencia médica.
La declaración del último encuentro en solidaridad con los 9.500 presos políticos, expresó: “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión, y la muerte de los prisioneros (…) El hacinamiento obedece al aumento de internos como política criminal del Estado de aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que ‘atentan contra la seguridad del Estado’. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional.” [5]
Apenas finalizado el encuentro, las retaliaciones del estado se desataron: tomando sanciones arbitrarias contra presos y presas políticas y arremetiendo con especial brutalidad contra la protesta pacífica de los presos en la cárcel de Valledupar que estaban amarrados a 15 metros del suelo desde hacía semanas en protesta por las torturas, privación de agua y tratos degradantes que les infligen [6]. La policía procedió a soltarlos con violencia de las estructuras a las que estaban amarrados provocando caídas de hasta 15 metros de los presos; para luego encerrarlos y torturar a los que estaban aún concientes. Los presos del penal relatan que oían atroces gritos de tortura y que asimismo vieron como la policía sacaba cuerpos inertes en sábanas. Se contaron más de 30 heridos, y 5 prisioneros quedaron entre la vida y la muerte [Ibíd.]
2. Vulneración de las libertades solo comparable a una dictadura militar: la sociedad entera es agredida
La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar. La existencia de miles de presos políticos es relevante no solo para las mujeres y hombres que son víctimas del encarcelamiento por sus ideas, no solamente para sus familiares que son sumidos en el dolor y la persecución, sino también para la sociedad en su conjunto: en efecto, los presos políticos son seres humanos arrancados a la sociedad, privando a esta del capital humano de seres encarcelados precisamente por su entrega a la comunidad, por su indispensable trabajo documental, jurídico, docente, periodístico, sociológico, sindical, ambientalista. Es un atentado contra el desarrollo de un pueblo. Lo que busca el estado es desarticular la organización social, hacer desaparecer el tejido socio-político que pugna por un cambio en las relaciones de poder, de desigualdad social, de tenencia de la tierra.
Las desigualdad social en Colombia es extrema. Colombia es el 3er país más desigual del mundo, justo tras Haití. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por falta de agua potable, en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Ante la reivindicación social natural que surge de esta situación de inequidad, el estado, funcional al gran capital nacional y transnacional que se enriquece en base a la explotación laboral y al saqueo de los recursos, reprime de manera brutal: con sus herramientas oficiales (ejército, policía, fiscales) y paraestatales (la herramienta paramilitar) aumenta los asesinatos, las desapariciones forzadas y los encarcelamientos arbitrarios de intelectuales críticos, de activistas de procesos comunitarios, de organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, viviendistas, ambientalistas, sindicalistas, etc.
NOTAS
Este texto forma parte del dossier “Colombia y sus miles de presos políticos silenciados” que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, las condiciones de tortura, los montajes judiciales, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. El índice de capítulos del dossier puede consultarse tras las Notas del presente avance.
[1] Miguel Ángel Beltrán en la entrevista del 14 de abril 2011, "La verdad resulta incómoda para el sistema" http://www.
[2] Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia y se declara en Ruptura con el Estado colombiano, ante un juez de Quibdó:http://www.
[3] La privación de agua por días seguidos es una práctica reiterada en centros como el de Valledupar, al interior del cual las temperaturas rondan los 35- 40 grados; los presos enferman debido al agua infectada, y las infecciones no tratadas por denegación de asistencia médica han producido incluso fallecimientos. En los centros de Bogotá y de lugares más fríos, una de las prácticas lesivas para la salud de los presos es bañarlos con agua helada, y obligarlos a permanecer así desnudos en patios con temperaturas que pueden rondar los 5 grados, como lo denuncian los presos del centro ERON cuyas prácticas son inspiradas del modelo carcelario estadounidense que se impone a Colombia. "Proyectada para albergar cerca de 4000 presos, las instalaciones del ERON- Bogotá no cumplen con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. (...) se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso(...) Para los desplazamientos se nos esposa. Situación que contrasta con la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilitando la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias."Denuncian cárcel de tortura ERON http://www.
[4] “ Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG, y existen condiciones sanitarias deficientes”
Se agrava situación en La Tramacúa, penal colombiano de alta seguridad ‘La Jornada’, 17 de mayo de 2011
“La Tramacúa”: El Abu Ghraib de Colombia”. Primera parte en la serie de la represión diseñada por los EEUU en el sistema penitenciario colombiano James Jordan / Viernes 20 de agosto de 2010 http://www.prensarural.
Leandro se cansó de comer heces en la cárcel y se suicidó hoy
[5] Encuentro nacional e internacional en solidaridad con los 7.500 presos políticos colombianos “Larga Vida a las Mariposas”. Declaración final, junio 2011.http://www.rebelion.org/
[6] Urge asistencia médica para los más de 30 heridos y cese de la violencia policial;Brutal desalojo de protesta pacífica en el penal de Valledupar deja 5 prisioneros en estado crítico http://www.rebelion.
Capítulos:
1. Introducción a una realidad invisibilizada
2. Vulneración de las libertades solo comparable a una dictadura militar:la sociedad entera es agredida
3. Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional; la voz disidente es eliminada
4. Montajes judiciales, “testigos” pagados y “pruebas” adulteradas fundamentan secuestro carcelario
5. Tras los “computadores mágicos”, los “cibercafés de la selva”
6. Detenciones arbitrarias y montajes judiciales recrudecen en zonas de alto interés económico y contra reivindicaciones fundamentales
7. Persecución política allende las fronteras
8. Aumento vertiginoso de judicializaciones y Hacinamiento carcelario
9. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura y denegación de asistencia médica
10. Conclusion. Saqueo conlleva encarcelamientos; alienación mediática conlleva una ética intoxicada de unilateralidad, cuando el intercambio es camino de paz
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DECLARACIÓN POLÍTICA
ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS
“LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”
En Bogotá, durante los días 4 y 5 de junio del año 2011, nos encontramos 600 delegados provenientes de varias regiones del país, víctimas de las detenciones arbitrarias y los intencionados errores judiciales, de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, vividas de manera sistemática en las cárceles colombianas; así también, familiares de las y los prisioneros políticos,organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, políticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, República Bolivariana de Venezuela y las Islas Canarias, los cuales declaramos a la opinión pública nacional e internacional, que:
1. La situación de tortura, tratos crueles e inhumanos que viven los prisioneros y prisioneras políticas tiene una profunda relación con la existencia del conflicto político, social y armado que vive el país, pues dicho fenómeno refleja el carácter excluyente y retardatario del actual régimen político colombiano y su incapacidad para facilitar una solución negociada a la crisis y con ello una salida hacia el Acuerdo Humanitario.
2. La actitud del Presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, debe estar acompañada por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios, así como también la aplicación del principio de distinción entre quienes son combatientes y quienes no lo son y el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y como tal de sus prisioneros de guerra.
3. Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los pueblos del mundo de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, a la miseria y a la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del Estado Colombiano que durante muchos años admitió a la rebelión como expresión política de fines altruistas que era benévolamente penada.
4. El Estado Colombiano ha implementado una política de estigmatización, criminalización y judicialización no solo de la protesta social, sino de la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. RECHAZAMOS el actual “Estatuto de Seguridad Ciudadana”, impuesto por la coalición de gobierno en el Congreso, el cual pretende criminalizar la protesta social y las acciones de movilización ante las anunciadas crisis del sector salud y educación, así como la profundización del modelo privatizante avisado por el actual gobierno.
5. La extradición de nacionales colombianos y de prisioneros(as) políticos(as) a cárceles en el exterior y de manera especial a los Estados Unidos, constituye una agresión a la soberanía nacional y en especial al principio de derecho internacional de no extradición por razones políticas. Solicitamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a las normas del derecho de asilo siendo repudiable la decisión de extraditar a Colombia por razones políticas al periodista y director de la agencia de noticias ANNCOL,JOAQUÍN PÉREZ BECERRA.
6. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado su voluntad de contribuir a la solución política negociada del conflicto colombiano y a la formalización de Acuerdos Humanitarios. Rechazamos entonces la captura y la intención de extraditar a Colombia al ex insurgente GUILLERMO ENRIQUE TORRES, conocido como “Julián Conrado”, quien se encontraba ya retirado de las filas guerrilleras y dedicado en una pequeña parcela a labores agrícolas. Exigimos su libertad inmediata a fin de garantizar sus derechos a la vida, integridad personal y debido proceso.
7. La actual política carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario impuesto desde el Buró Federal de los Estados Unidos, tiene como consecuencia la generación de una aguda crisis humanitaria al interior de las cárceles.RECHAZAMOS, el proyecto que cursa en el Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como “ERON”, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
8. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia –INPEC-, es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.DENUNCIAMOS la entrega de Prisioneros(as) Políticos(as) por parte del INPEC a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión y la muerte por negligencia médica de los prisioneros, JORDÁN FABIÁN RAMÍREZ y OTONIEL CALDERÓN OVALLE.
9. El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedecen al aumento del número de internos como política criminal del Estado de privilegiar la detención preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisional, así como la detención domiciliaria a las y los prisioneros políticos.
10. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano viola de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de Cosas Inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el Estado Colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional Colombiana.
11. Consideramos incoherente
12. Resaltamos y apoyamos la reciente decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que declara la ilegalidad de las presuntas pruebas obtenidas en el marco de la “Operación Fénix”, con las cuales se ha justificado la persecución política y judicialización en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. Valoramos de esta decisión que la Corte haya reivindicado como valor superior, la legalidad y la legitimidad como requisitos consustanciales a cualquier evidencia, que quiera ser tomada como prueba judicial y en consecuencia EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA de la defensora de derechos humanos y dirigente sindical LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.
DECLARAMOS, INVITAMOS, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS
1. Este Encuentro Nacional decide constituirse en una gran Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” como referente coordinador y organizativo. Esta funcionará a través de COORDINADORAS REGIONALES, nacidas de las delegaciones regionales y los referentes nacionales aquí presentes, las cuales, a su vez, dinamizarán su trabajo a través de comisiones.
2. Invitamos a fortalecer la más amplia movilización social y política a favor de la paz, la solución política negociada y el acuerdo humanitario que derrote la continuidad de los planes guerreristas plasmados por el Presidente Santos en su "Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”anunciada por su Ministro de Defensa, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los cuales profundizan la política de guerra, la pobreza, la impunidad y la aguda crisis humanitaria que vive el país.
3. Exigimos la LIBERTAD INMEDIATA DE TODAS Y TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS -en sus categorías de guerra, de conciencia y víctimas de montajes judiciales-, que se encuentran hoy en cárceles extranjeras y colombianas.
4. Anunciamos nuestra vinculación a las jornadas unitarias de protesta que tienen por objeto la defensa de los derechos de las y los prisioneros políticos, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.
5. Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las cárceles colombianas.
6. Invitamos a participar masivamente el 15 de octubre de 2011, en las diversas actividades del Día Nacional de los y las Prisioneros Políticos. Como encuentro proclamamos esta fecha en pro del Acuerdo Humanitario y la Paz.
7. Llamamos a los medios de comunicación en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de las y los prisioneros políticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso.
8. El día 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos,conmemoraremos esta fecha en las calles con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos.
9. La Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “LARGA VIDA A LASMARIPOSAS” se compromete en el desarrollo de un PLAN DE ACCIÓN para arrancar de las cárceles a los miles de prisioneros y prisioneras políticas, que se encuentran injustamente en ellas en razón de su inconformidad con las políticas antipopulares del gobierno.
10. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación la rigurosa investigación y acusación ante los jueces, por crímenes de lesa humanidad como las torturas y mutilaciones al prisionero DIOMEDES MENESES
11. Respaldamos las justas peticiones de los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” declarados en jornada de protesta pacifica desde el 9 de mayo por las torturas y tratos crueles que padecen, exigiendo trato digno, traslado por cercanía familiar y cierre de ese penal; en consecuencia, exigimos al gobierno colombiano instalar la comisión de negociación solicitada por los prisioneros y resolver de manera inmediata la crisis de derechos humanos que los afecta.
12. Proclamamos que este movimiento por la libertad de los prisioneros políticos en Colombia se basará en los principios de solidaridad, la ternura, lucha por la paz, el acuerdo humanitario y los derechos universales a la vida y la libertad.
Bogotá D.C., Colombia - Junio 5 de 2011
DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS EN COLOMBIA
“LARGA VIDA A LA MARIPOSAS”
4 y 5 de Junio de 2011
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La situación carcelaria: "En Colombia existe 9.500 presos políticos"
Traspasa los Muros
Podemos afirmar inequívocamente con la certeza que dan los hechos, que Colombia está viviendo, en los actuales momentos en los que conmemora 200 años de las batallas por su liberación e Independencia, un despertar de las luchas de los sectores populares y de la acción conjunta de las masas a nivel nacional, que sin duda, augura el comienzo de una nueva etapa en la lucha conjunta por la construcción de una Nueva Colombia que abone el camino de una Definitiva y Plena Independencia.
La población carcelaria y las situaciones padecidas por la misma, no son de ninguna manera ajenas al devenir social y político en Colombia, sino por el contrario se constituyen en representación y muestra palpable de la morfología de un sistema estructuralmente excluyente y asesino, en el que impera el afán de lucro y por lo tanto la desigualdad.
Es por esta razón que igual a otros sectores y actores sociales, se ha visto un despertar y flujo importante en las luchas carcelarias que habían sido sofocadas hace años a sangre y fuego, además de una política nacional de traslados selectivos para golpear los procesos organizativos que generaban los reclusos al interior de las prisiones, así como el intento de articulación entre las diferentes cárceles.
Se han presentado movilizaciones, huelgas, protestas, denuncias y otras expresiones de descontento al interior de las prisiones. Los familiares de los detenidos empiezan también a tomar conciencia de la importancia de ejercer presión y lograr difundir la problemática a grandes voces. Como ejemplos recientes se encuentra la huelga de hambre realizada por internos de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar y las más de 5 huelgas y protestas que se han presentado en la cárcel de Pedregal en Medellín desde que fue inaugurada en Junio de 2010, por mencionar algunos.
La población carcelaria ha ganado en capacidad de acción política y en unificación de criterios para la necesaria organización. Esto, en gran medida debido a que viene rompiéndose poco a poco el cerco aislador tendido por el Estado sobre las Cárceles, gracias a la acción persistente de sectores democráticos y defensores de DD.HH.
El cerco hay que derrotarlo completamente y avanzar haciendo uso de las capacidades adquiridas, capitalizar organizativamente y dar un paso necesario: la creación de un Movimiento a nivel nacional, constituido por la población carcelaria y con un programa claro de lucha. Esto permitirá que la población carcelaria pueda llegar a ser un actor político fundamental en la definición de estrategias y propuestas en las políticas criminales y penitenciarias, y pueda aportar así, a solucionar los graves problemas estructurales que aquejan al sistema carcelario colombiano; y por otro lado, ejercer un control y veeduría permanente, defender los intereses de los internos, reivindicar los derechos de la población carcelaria y exigir el respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado.
Esto amerita hacer un estudio juicioso, un diagnóstico profundo de la dramática y verdadera situación que se vive en las cárceles colombianas, agravada al máximo como consecuencia del desarrollo y agudización del conflicto social armado, pero sobre todo, por la utilización sistemática por parte del Estado del aparato judicial y el sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad.
Nos encontramos en este campo con serias limitaciones tales como la poca existencia de datos oficiales, consecuencia de la estrategia de invisibilización de la situación carcelaria; por otro lado, cuando se encuentran, la mayoría de las veces son manipulados y maquillados por el Estado, para dar la impresión de Democrático y respetuoso de los Derechos Humanos.
El presente documento es un intento de generar un acercamiento a la situación carcelaria, necesario para desentrañar la realidad actual de las prisiones con el objetivo de ir cualificando poco a poco conocimientos y discursos, que coadyuven al desarrollo del movimiento carcelario.
POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO
Para comenzar hay que decir que en Colombia existe un total de 144 centros penitenciarios de diversa índole; esto, para tener un panorama general en términos de la división administrativa e institucional con la que funciona el sistema penitenciario en Colombia. La totalidad de los centros carcelarios se encuentran divididos en seis Regionales a nivel Nacional adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, encargado de brindar custodia y administrar las cárceles en Colombia.
Los 144 centros penitenciarios se encuentran divididos en los Regionales de la siguiente manera:
• Regional Central: 42
• Occidente: 25
• Regional Noroeste: 22
• Regional Norte: 16
• Regional Oriente:16
• Viejo Caldas: 23
Ahora, con respecto al número de internos tenemos que según presentación del Viceministro del Interior y de Justicia, del día 12 de Marzo de 2010, en Colombia existían un total de 78.030 internos a esa fecha.
En fecha más reciente el general Gustavo Adolfo Ricaurte, Director General del INPEC en diálogo con Caracol Radio, aseguró el día 23 de Junio de 2011, en medio de los argumentos típicos de la oligarquía que no entienden ni ellos mismos, que aunque “hay algunas cárceles hacinadas, en Colombia aún no hay hacinamiento”, al explicar que el número de presos en todas las cárceles del país no sobrepasa el doble de la capacidad y aseguró que no hay suficiente dinero para construir más cárceles.
El oficial informó que hay un total de 116.224 internos, de los cuales 21 mil son domiciliarios. "Colombia tiene una capacidad instalada de 78 mil cupos, es decir que Colombia aún no tiene hacinamiento. Algunas cárceles si están hacinadas como la de Ipiales o como la de Bellavista, que duplican su población, pero las otras cárceles tienen una superpoblación", aseguró.
Yo no sé si el general se ralló en matemáticas, pero lo cierto es que si a esos 116.221internos les restamos los 21.000 que son domiciliarios, y que por lo tanto no ocupan un cupo en los centros penitenciarios, tenemos la cantidad de 95000 internos pagando condena Intra Muros. Esa cantidad frente a la capacidad instalada de 78.000 cupos, nos arroja por lo tanto un déficit de 17000 cupos, cantidad nada despreciable para pasarla por alto hablando de hacinamiento en Colombia, como lo hace el actual director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte.
El mismo general dijo, según lo reseña el periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, que las cifras de internos en las cárceles colombianas era de 95.184 al finalizar el mes de Julio de 2011.
Por eso, así el general gaste muchas babas y tiempo, y haga cuentas esforzadas para tratar de demostrar que en las cárceles de Colombia no hay hacinamiento, la realidad está muy lejos de lo que plantea, y no entendemos entonces en qué país ejerce su función pública.
La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de la libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra.
Por otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base el número total de internos a nivel nacional, pues en términos reales es imposible tener un cálculo exacto por las condiciones de aislamiento, la invisibilización y la tortura a la que son sometidos los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Su condición política es desdibujada y en muchas ocasiones son mezclados con presos comunes y paramilitares como forma adicional de castigo, lo cual dificulta aún más tener una cifra real. Datos oficiales no existen, pues según el gobierno en Colombia no existen Prisioneros políticos y mucho menos Prisioneros de Guerra.
Siempre, las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y de Presos Políticos han calculado en Colombia el número de detenidos políticos aproximadamente en el 10% de la totalidad de la población carcelaria. Aquí nos encontraríamos también, con que 7.500 sigue siendo una cifra demasiado conservadora y que no responde a la realidad actual; respondía a lo sumo hasta el año 2010, cuando la cantidad de internos llegó a los 78.000. Pero tomando como base la cifra más reciente, de finales de Julio de 2011, de cantidad de internos en las cárceles de 95.184; podríamos decir que el número de Prisioneros Políticos y de Guerra puede ser en 2011, aproximadamente de 9.500 Presos Políticos y Prisioneros de Guerra en las mazmorras colombianas.
Volviendo al tema del hacinamiento, hay que recalcar que el mismo Ministerio del Interior y de Justicia daba, en un foro realizado en la Universidad de los Andes el 12 de Marzo de 2010 la cifra de hacinamiento de un 41.7%, con un déficit de 22.000 cupos.
En ese mismo evento, se afirmaba que la evolución del hacinamiento fue 17,2% en 2007, a 25,5% en 2008, a 35,8% en julio de 2009, hasta llegar al 41,7% en marzo de 2010, que ha sido hasta ahora la cifra record alcanzada en la historia de nuestro país.
Ahora, mirando el problema desde otro lado, es una verdad a grandes voces que el problema del hacinamiento en Colombia es alarmante, no tanto por los internos que hay actualmente, como por el aumento vertiginoso y exagerado en las cifras de nuevos internos, y en la evolución que han presentado las mismas en los últimos años. Por ejemplo, si comparamos las cifras de internos dadas por el viceministro en 2010 y por el general en junio de 2011, encontramos un aumento de 38195 nuevos internos en sólo un año. Eso, por encimita y la cifra no debe asustarnos ya que el aumento de la población carcelaria ha sido, como ya se dijo exagerada y alarmante.
Entre 1998 y 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70,4%, según informe del mismo INPEC. En apenas unos meses, entre octubre de 2008 y julio de 2009, ésta pasó de 67.338 a 74.718. Según reseña el ya mencionado periódico El periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, reseña en sus páginas que el Inpec señaló, además de otros datos oficiales, que solamente durante el mes de julio de 2011 ingresaron 4.674 personas a los centros de reclusión.
Por esa razón, no se trata de buscar la fiebre en las sabanas, ni mucho menos de ocultar lo inocultable, señor general, sino de dar respuestas acorde a los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario y carcelario en Colombia.
Con el aumento vertiginoso del hacinamiento algunas instituciones, entonces desesperadas y desconcertadas, anuncian la ampliación de nuevos cupos para el sistema penitenciario, pero la macabra realidad es que los nuevos cupos no son pensados para la organización de los internos que ya existen, sino para que sean cubiertos por nuevos internos, por lo cual el problema se mantiene y amplía con el tiempo.
El último anuncio en este sentido se hizo a mediados de 2010 por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, donde se anunció la ampliación a 24887 nuevos cupos con la construcción de 11 nuevos centros carcelarios.
Sin embargo, el problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia, continúa siendo hasta ahora, uno de los principales problemas del sistema carcelario, y lo seguirá siendo por una razón muy sencilla: el aumento de cupos no soluciona para nada, el problema del hacinamiento.
Por un lado, la creación de nuevos cupos es apenas ínfima e irrisoria frente al desproporcional aumento de nuevas personas judicializadas. Y Por otra parte, teniendo en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria ha crecido de forma vertiginosa, la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de hacinamiento carcelario si se mantiene la política criminal actual, pues privilegia la detención preventiva como principal medida de aseguramiento, el aumento de penas y la prisión como forma casi exclusiva de castigo.
En Colombia se viene produciendo un choque entre la acción administrativa y judicial, que busca en algunos casos, mejorar la situación carcelaria, y una política criminal, impulsada por el Gobierno, que ha optado por elevar las penas y usar de manera excesiva la detención preventiva, lo que ha generado incremento de la población carcelaria y del hacinamiento.
Pero hay que ir mucho más allá si se quieren desentrañar las causas reales que producen el hacinamiento, pues sería demasiado fácil decir entonces que el problema concreto es el “aumento de criminales.”
Es necesario profundizar en el origen del problema y desentrañar los factores que lo generan. Hay que aceptar de una vez por todas que el problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión como sanción penal exclusiva; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales, por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales.
Aquí se nos presentan entonces la diversidad de tácticas, las variadas formas de aplicación de esta premisa, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo inclemente a los sectores populares y al opositor, sin importar si es político o armado. Estas son, las capturas masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de sapos e informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras.
La oligarquía sabe cuál es el problema pero trata de desviar la atención de lo sustancial, para engañar con cuestiones técnicas y formales. Por eso habla de la ampliación de cupos y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Es por otra parte descarado, que la solución que planteen las instituciones estatales al problema del hacinamiento sea el igualar las cifras de internos con los cupos existentes en los penales; nada se dice de la calidad de los espacios, del mejoramiento de las condiciones de vida, de la adecuación del espacio a condiciones dignas para el cumplimiento de la pena.
Esto no se les pasa por la mente. Para ellos es un problema de cifras, no de personas. Tanto es así que de acuerdo con la Contraloría General de la República las celdas de los diez nuevos centros carcelarios que hacen parte del plan de construcción y dotación del gobierno, miden 3,2 m x 3 m, y pretenden albergar cuatro internos; es decir, que cada recluso tendrá un espacio habitable de 2,4 m2.
El problema del hacinamiento en las cárceles se ha convertido en el principal del sistema penitenciario pues se encuentra amalgamado al funcionamiento mismo del estado y a la aplicación de su política criminal. Además porque conlleva a otros problemas graves como la insalubridad y el aumento de enfermedades.
Cabe resaltar que en términos humanos el hacinamiento causa una situación permanente de indignidad y en muchas providencias judiciales y administrativas se viene aceptando el hacinamiento como un estado permanente de tortura, dadas las condiciones inhumanas en las que tienen que convivir los reclusos, y la violación a los derechos fundamentales que conlleva el vivir en hacinamiento.
En 1998 varias personas recluidas en las prisiones de Bellavista, en Medellín, y La Modelo, en Bogotá, interpusieron acciones de tutela para “evitar el per¬juicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura” (Corte Constitucional). T-153/98). La tortura a la que se refieren los demandantes no era otra que las condiciones de vida de los penales colombianos. En el momento de plantear el caso, el sistema había alcanzado el clímax de su crisis. Los grupos internos de poder gobernaban las prisiones, el hacinamiento había llegado al 40%, el 44% del presupuesto de las prisiones se destinaba a gastos de funcionamiento dedicando US $5 al día para cada prisionero, sólo el 34% de los prisioneros estaban inscritos en programas de estudio o trabajo, por cada 14 personas presas existía un guardián, una persona moría cada cuatro días y al año 364 resultaban heridas (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [Inpec], 1999).
Fuente: http://www.traspasalosmuros.
La población carcelaria y las situaciones padecidas por la misma, no son de ninguna manera ajenas al devenir social y político en Colombia, sino por el contrario se constituyen en representación y muestra palpable de la morfología de un sistema estructuralmente excluyente y asesino, en el que impera el afán de lucro y por lo tanto la desigualdad.
Es por esta razón que igual a otros sectores y actores sociales, se ha visto un despertar y flujo importante en las luchas carcelarias que habían sido sofocadas hace años a sangre y fuego, además de una política nacional de traslados selectivos para golpear los procesos organizativos que generaban los reclusos al interior de las prisiones, así como el intento de articulación entre las diferentes cárceles.
Se han presentado movilizaciones, huelgas, protestas, denuncias y otras expresiones de descontento al interior de las prisiones. Los familiares de los detenidos empiezan también a tomar conciencia de la importancia de ejercer presión y lograr difundir la problemática a grandes voces. Como ejemplos recientes se encuentra la huelga de hambre realizada por internos de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar y las más de 5 huelgas y protestas que se han presentado en la cárcel de Pedregal en Medellín desde que fue inaugurada en Junio de 2010, por mencionar algunos.
La población carcelaria ha ganado en capacidad de acción política y en unificación de criterios para la necesaria organización. Esto, en gran medida debido a que viene rompiéndose poco a poco el cerco aislador tendido por el Estado sobre las Cárceles, gracias a la acción persistente de sectores democráticos y defensores de DD.HH.
El cerco hay que derrotarlo completamente y avanzar haciendo uso de las capacidades adquiridas, capitalizar organizativamente y dar un paso necesario: la creación de un Movimiento a nivel nacional, constituido por la población carcelaria y con un programa claro de lucha. Esto permitirá que la población carcelaria pueda llegar a ser un actor político fundamental en la definición de estrategias y propuestas en las políticas criminales y penitenciarias, y pueda aportar así, a solucionar los graves problemas estructurales que aquejan al sistema carcelario colombiano; y por otro lado, ejercer un control y veeduría permanente, defender los intereses de los internos, reivindicar los derechos de la población carcelaria y exigir el respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado.
Esto amerita hacer un estudio juicioso, un diagnóstico profundo de la dramática y verdadera situación que se vive en las cárceles colombianas, agravada al máximo como consecuencia del desarrollo y agudización del conflicto social armado, pero sobre todo, por la utilización sistemática por parte del Estado del aparato judicial y el sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad.
Nos encontramos en este campo con serias limitaciones tales como la poca existencia de datos oficiales, consecuencia de la estrategia de invisibilización de la situación carcelaria; por otro lado, cuando se encuentran, la mayoría de las veces son manipulados y maquillados por el Estado, para dar la impresión de Democrático y respetuoso de los Derechos Humanos.
El presente documento es un intento de generar un acercamiento a la situación carcelaria, necesario para desentrañar la realidad actual de las prisiones con el objetivo de ir cualificando poco a poco conocimientos y discursos, que coadyuven al desarrollo del movimiento carcelario.
POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO
Para comenzar hay que decir que en Colombia existe un total de 144 centros penitenciarios de diversa índole; esto, para tener un panorama general en términos de la división administrativa e institucional con la que funciona el sistema penitenciario en Colombia. La totalidad de los centros carcelarios se encuentran divididos en seis Regionales a nivel Nacional adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, encargado de brindar custodia y administrar las cárceles en Colombia.
Los 144 centros penitenciarios se encuentran divididos en los Regionales de la siguiente manera:
• Regional Central: 42
• Occidente: 25
• Regional Noroeste: 22
• Regional Norte: 16
• Regional Oriente:16
• Viejo Caldas: 23
Ahora, con respecto al número de internos tenemos que según presentación del Viceministro del Interior y de Justicia, del día 12 de Marzo de 2010, en Colombia existían un total de 78.030 internos a esa fecha.
En fecha más reciente el general Gustavo Adolfo Ricaurte, Director General del INPEC en diálogo con Caracol Radio, aseguró el día 23 de Junio de 2011, en medio de los argumentos típicos de la oligarquía que no entienden ni ellos mismos, que aunque “hay algunas cárceles hacinadas, en Colombia aún no hay hacinamiento”, al explicar que el número de presos en todas las cárceles del país no sobrepasa el doble de la capacidad y aseguró que no hay suficiente dinero para construir más cárceles.
El oficial informó que hay un total de 116.224 internos, de los cuales 21 mil son domiciliarios. "Colombia tiene una capacidad instalada de 78 mil cupos, es decir que Colombia aún no tiene hacinamiento. Algunas cárceles si están hacinadas como la de Ipiales o como la de Bellavista, que duplican su población, pero las otras cárceles tienen una superpoblación", aseguró.
Yo no sé si el general se ralló en matemáticas, pero lo cierto es que si a esos 116.221internos les restamos los 21.000 que son domiciliarios, y que por lo tanto no ocupan un cupo en los centros penitenciarios, tenemos la cantidad de 95000 internos pagando condena Intra Muros. Esa cantidad frente a la capacidad instalada de 78.000 cupos, nos arroja por lo tanto un déficit de 17000 cupos, cantidad nada despreciable para pasarla por alto hablando de hacinamiento en Colombia, como lo hace el actual director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte.
El mismo general dijo, según lo reseña el periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, que las cifras de internos en las cárceles colombianas era de 95.184 al finalizar el mes de Julio de 2011.
Por eso, así el general gaste muchas babas y tiempo, y haga cuentas esforzadas para tratar de demostrar que en las cárceles de Colombia no hay hacinamiento, la realidad está muy lejos de lo que plantea, y no entendemos entonces en qué país ejerce su función pública.
La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de la libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra.
Por otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base el número total de internos a nivel nacional, pues en términos reales es imposible tener un cálculo exacto por las condiciones de aislamiento, la invisibilización y la tortura a la que son sometidos los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Su condición política es desdibujada y en muchas ocasiones son mezclados con presos comunes y paramilitares como forma adicional de castigo, lo cual dificulta aún más tener una cifra real. Datos oficiales no existen, pues según el gobierno en Colombia no existen Prisioneros políticos y mucho menos Prisioneros de Guerra.
Siempre, las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y de Presos Políticos han calculado en Colombia el número de detenidos políticos aproximadamente en el 10% de la totalidad de la población carcelaria. Aquí nos encontraríamos también, con que 7.500 sigue siendo una cifra demasiado conservadora y que no responde a la realidad actual; respondía a lo sumo hasta el año 2010, cuando la cantidad de internos llegó a los 78.000. Pero tomando como base la cifra más reciente, de finales de Julio de 2011, de cantidad de internos en las cárceles de 95.184; podríamos decir que el número de Prisioneros Políticos y de Guerra puede ser en 2011, aproximadamente de 9.500 Presos Políticos y Prisioneros de Guerra en las mazmorras colombianas.
Volviendo al tema del hacinamiento, hay que recalcar que el mismo Ministerio del Interior y de Justicia daba, en un foro realizado en la Universidad de los Andes el 12 de Marzo de 2010 la cifra de hacinamiento de un 41.7%, con un déficit de 22.000 cupos.
En ese mismo evento, se afirmaba que la evolución del hacinamiento fue 17,2% en 2007, a 25,5% en 2008, a 35,8% en julio de 2009, hasta llegar al 41,7% en marzo de 2010, que ha sido hasta ahora la cifra record alcanzada en la historia de nuestro país.
Ahora, mirando el problema desde otro lado, es una verdad a grandes voces que el problema del hacinamiento en Colombia es alarmante, no tanto por los internos que hay actualmente, como por el aumento vertiginoso y exagerado en las cifras de nuevos internos, y en la evolución que han presentado las mismas en los últimos años. Por ejemplo, si comparamos las cifras de internos dadas por el viceministro en 2010 y por el general en junio de 2011, encontramos un aumento de 38195 nuevos internos en sólo un año. Eso, por encimita y la cifra no debe asustarnos ya que el aumento de la población carcelaria ha sido, como ya se dijo exagerada y alarmante.
Entre 1998 y 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70,4%, según informe del mismo INPEC. En apenas unos meses, entre octubre de 2008 y julio de 2009, ésta pasó de 67.338 a 74.718. Según reseña el ya mencionado periódico El periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, reseña en sus páginas que el Inpec señaló, además de otros datos oficiales, que solamente durante el mes de julio de 2011 ingresaron 4.674 personas a los centros de reclusión.
Por esa razón, no se trata de buscar la fiebre en las sabanas, ni mucho menos de ocultar lo inocultable, señor general, sino de dar respuestas acorde a los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario y carcelario en Colombia.
Con el aumento vertiginoso del hacinamiento algunas instituciones, entonces desesperadas y desconcertadas, anuncian la ampliación de nuevos cupos para el sistema penitenciario, pero la macabra realidad es que los nuevos cupos no son pensados para la organización de los internos que ya existen, sino para que sean cubiertos por nuevos internos, por lo cual el problema se mantiene y amplía con el tiempo.
El último anuncio en este sentido se hizo a mediados de 2010 por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, donde se anunció la ampliación a 24887 nuevos cupos con la construcción de 11 nuevos centros carcelarios.
Sin embargo, el problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia, continúa siendo hasta ahora, uno de los principales problemas del sistema carcelario, y lo seguirá siendo por una razón muy sencilla: el aumento de cupos no soluciona para nada, el problema del hacinamiento.
Por un lado, la creación de nuevos cupos es apenas ínfima e irrisoria frente al desproporcional aumento de nuevas personas judicializadas. Y Por otra parte, teniendo en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria ha crecido de forma vertiginosa, la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de hacinamiento carcelario si se mantiene la política criminal actual, pues privilegia la detención preventiva como principal medida de aseguramiento, el aumento de penas y la prisión como forma casi exclusiva de castigo.
En Colombia se viene produciendo un choque entre la acción administrativa y judicial, que busca en algunos casos, mejorar la situación carcelaria, y una política criminal, impulsada por el Gobierno, que ha optado por elevar las penas y usar de manera excesiva la detención preventiva, lo que ha generado incremento de la población carcelaria y del hacinamiento.
Pero hay que ir mucho más allá si se quieren desentrañar las causas reales que producen el hacinamiento, pues sería demasiado fácil decir entonces que el problema concreto es el “aumento de criminales.”
Es necesario profundizar en el origen del problema y desentrañar los factores que lo generan. Hay que aceptar de una vez por todas que el problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión como sanción penal exclusiva; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales, por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales.
Aquí se nos presentan entonces la diversidad de tácticas, las variadas formas de aplicación de esta premisa, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo inclemente a los sectores populares y al opositor, sin importar si es político o armado. Estas son, las capturas masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de sapos e informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras.
La oligarquía sabe cuál es el problema pero trata de desviar la atención de lo sustancial, para engañar con cuestiones técnicas y formales. Por eso habla de la ampliación de cupos y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Es por otra parte descarado, que la solución que planteen las instituciones estatales al problema del hacinamiento sea el igualar las cifras de internos con los cupos existentes en los penales; nada se dice de la calidad de los espacios, del mejoramiento de las condiciones de vida, de la adecuación del espacio a condiciones dignas para el cumplimiento de la pena.
Esto no se les pasa por la mente. Para ellos es un problema de cifras, no de personas. Tanto es así que de acuerdo con la Contraloría General de la República las celdas de los diez nuevos centros carcelarios que hacen parte del plan de construcción y dotación del gobierno, miden 3,2 m x 3 m, y pretenden albergar cuatro internos; es decir, que cada recluso tendrá un espacio habitable de 2,4 m2.
El problema del hacinamiento en las cárceles se ha convertido en el principal del sistema penitenciario pues se encuentra amalgamado al funcionamiento mismo del estado y a la aplicación de su política criminal. Además porque conlleva a otros problemas graves como la insalubridad y el aumento de enfermedades.
Cabe resaltar que en términos humanos el hacinamiento causa una situación permanente de indignidad y en muchas providencias judiciales y administrativas se viene aceptando el hacinamiento como un estado permanente de tortura, dadas las condiciones inhumanas en las que tienen que convivir los reclusos, y la violación a los derechos fundamentales que conlleva el vivir en hacinamiento.
En 1998 varias personas recluidas en las prisiones de Bellavista, en Medellín, y La Modelo, en Bogotá, interpusieron acciones de tutela para “evitar el per¬juicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura” (Corte Constitucional). T-153/98). La tortura a la que se refieren los demandantes no era otra que las condiciones de vida de los penales colombianos. En el momento de plantear el caso, el sistema había alcanzado el clímax de su crisis. Los grupos internos de poder gobernaban las prisiones, el hacinamiento había llegado al 40%, el 44% del presupuesto de las prisiones se destinaba a gastos de funcionamiento dedicando US $5 al día para cada prisionero, sólo el 34% de los prisioneros estaban inscritos en programas de estudio o trabajo, por cada 14 personas presas existía un guardián, una persona moría cada cuatro días y al año 364 resultaban heridas (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [Inpec], 1999).
Fuente: http://www.traspasalosmuros.
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