Colombia: La planificación del Terror Estatal y
la estrategia de confundir
Por Azalea Robles
Las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la
humanidad y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, el complejo
militaro-industrial implementa cada vez más guerras para seguir su crecimiento
perverso. En este contexto aparece como un imperativo ético y político el
análisis medular de las guerras: no podemos ya contentarnos con las
explicaciones postizas y seudo antropológicas de “guerras tribales” o de “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya
naturaleza distila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al
centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios e
instituciones que difunden, algunos más sutilmente que otros, esas premisas
cosméticas. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión
de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de
la misma, financian estos tanques de pensamiento.
1. ‘Cultura de
Aceptación del Saqueo’ disfrazada de ‘Cultura de Paz’
Sería digna de aguaceros de risas en una
representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente”, financiados por la
industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya
línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras
impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales
empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras
que se centran en “enseñarles” a
becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la
manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la
civilidad” y de “desarrollar
una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen
raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son
meros asuntos de Cultura. Así
los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya
supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y
genocidas, muy lejanas de la Cultura
de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación
mental a la cultura de la
aceptación del saqueo más
desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en
su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad
capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos, son adiestrados en la
retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué
salsa deben ser comidas.
Los
apelativos “guerras tribales” y
demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el
estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras
fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los
verdaderos ‘Señores de la guerra’ que
son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación
industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria
depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global
capitalista como ‘bodegas de recursos’,
cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su
correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera
del gran capital por hacerse cada día con más recursos planetarios.
El estudio del caso colombiano arroja luces
indeclinables sobre la realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del
capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar
la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una
realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema capitalista.
La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada
en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de implementar la
guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las
resistencias populares como “terrorismo”.
El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una
verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y
el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es
indispensable.
2. Acumulación capitalista y Terrorismo de Estado en Colombia
En la realidad colombiana se plasma el despojo y
reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que
presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos
y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son acicateadas
las estrategias del Terror correlativas al saqueo capitalista. Estas son también
exportadas como método de control social, sabotaje, exterminio de la
reivindicación y contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras,
Venezuela, etc).
Las cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según
un reciente informe, un total de 19 defensores de derechos
humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de 2015, y
otros 276 fueron agredidos [1]. Otro informe documenta que Colombia es el segundo país líder
en el asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 2014 [2]
. El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los
desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las
multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los atentados contra
sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética
[3].
La planificación de la
acumulación de tierras mediante el despojo
violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de personas
despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital,
millones de personas malviviendo en cinturones de miseria [4]. El despojo se
acelera: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por
multinacionales [5].
El Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500
presos políticos [6]; la eliminación física de un partido político: La
Unión Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares
y oficiales del Estado)[7]. El exterminio contra la oposición política es tal
que: "En Colombia se cometen el 60% de los
asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una
violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en
pauta de comportamiento del Estado colombiano”, según
denuncia la CUT [8]. El Tribunal Sindical Mundial condenó al Estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del
principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice
o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la
libertad, atentados(…)”[9].
El genocidio se plasma en los niveles de desaparición
forzada: la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas
en Colombia [10]. Un informe de la Fiscalía documenta: 173.183
asesinatos y 34.467 desapariciones
forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de solo 5 años [11]
. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el
conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales, cifró
en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [12]. La Coordinación
Colombia-Europa-EEUU expresó que hay un: “continuo aumento de los casos(…) Las desapariciones forzadas han sido
usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control
social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos
paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se
benefician de la impunidad(…) Las desapariciones forzadas forman parte de una
práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido
funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del
país”[13]. Hay mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se
consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los
perpetradores en las comunidades (…) Muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la
ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e
intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los
testigos(…)[Ibíd.]. Se suman
las leyes que excluyen a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de
los registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la policía, y las
leyes que intentan cobijar de impunidad a los responsables: “el Gobierno del presidente Santos está promoviendo un nuevo marco
normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de
desapariciones forzadas.” [14]
La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada
detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos
por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha
‘asesoría’ estadounidense [15].
3. Planificación de los Crímenes
de Estado en el marco de la lógica de "disuadir
la reivindicación mediante el terror"
Hay una lógica en el Terrorismo de Estado:
y es que a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las
comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en
los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza
claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres
y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión
estadounidense Yarborough [16], y reiteradamente apuntalado hasta nuestros
días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar, y entrenada por
(de)formadores de EEUU e Israel, como el mercenario Yair Klein [17]. Se trata de perpetrar Crímenes de Estado como el crimen
contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para
torturar a su padre (preso político), a la par que inyectar miedo en la
oposición política[18]; o como la masacre de la familia del militante comunista
y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado [19].
Se
trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de perpetrar
masacres como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares fueron
trasladados en aviones del ejército del norte al sur de Colombia, y llevados
por el ejército al sitio de la masacre [20]. Estuvieron amputando y
violando durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera
nadie: debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población.
Unas 60 personas fueron asesinadas: sometidas a toda clase de torturas. Hasta
hoy hay dificultad para identificar a las víctimas dada la barbarie con que la
herramienta paramilitar procedió a descuartizarlas y lanzarlas al río. Según lo
confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de
seguridad para que salieran los paramilitares. El ejército
no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los
combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a
los paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares torturaban, el
ejército garantizaba las atrocidades combatiendo a las FARC que intentaron
romper el cerco militar para auxiliar a la población. El ejército garantizó que
la masacre comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida”, era una
operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en los Llanos
Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron camiones con alrededor de 120
hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes
y armados (…) otro grupo de paramilitares también se desplazó pero por el río
Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río” [Ibíd.].
Otro crimen de Estado que evidencia de
manera flagrante esta planificación del terror, es aquel cometido por militares
y paramilitares contra la comunidad del Cacarica, cuando "jugaron fútbol con la cabeza" del líder campesino
afrodescendiente Marino López. La Operación Militar ‘Génesis’ consistió en aterrorizar a la comunidad para forzarla a
un masivo desplazamiento poblacional: “Los
paramiltares y también militares rodearon todo el caserío. Nos juntaron a todos
(…) Dos de los doce militares tomaron a Marino(…) Lo insultan, lo golpean. Uno
de los criminales coge un machete y lo corta en el cuerpo, Marino intenta huir,
se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’.
Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los
paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en
dos, las dos piernas... Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos
lo vimos. Todo fue terror.”[21]. Los habitantes denunciaron el accionar de
la Brigada XVII. Varios paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de
Freddy Rendón, alias "El Alemán", señalan al General Rito Alejo del
Río como uno de los máximos responsables: "Se
trató de una operación conjunta" relataron ante el Fiscal de Justicia
y Paz [22].
La lista de crímenes de Lesa Humanidad
perpetrados de manera sistemática por el Estado colombiano contra la población,
en el marco de una planificada estrategia del terror y desposesión, sería
interminable. El Estado colombiano y su mentor estadounidense pretenden
continuar viabilizando el saqueo de los recursos aterrorizando a la población
cuya reivindicación entra en conflicto con la depredación capitalista. Se
pretende eliminar toda oposición, sea esta armada o no.
El
testimonio de Marinelly Hernández, presa política, es ilustrativo de las
aberrantes
torturas que el Estado colombiano comete contra los familiares de
los opositores políticos, máxime si estos son insurgentes, una realidad
silenciada: “A nuestro padre el Ejército
colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos
introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería,
luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después
arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un
tiro de gracia; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo. Tenía
70 años, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de
guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida
de mi padre?” [23]. Aquí la tortura aberrante claramente tiene por objetivo
enviar un mensaje de terror a los que piensen ingresar en la insurgencia. Estas
prácticas genocidas son recurrentes.
Marinelly expresa la correlación entre el
saqueo de los recursos y las masacres perpetradas por el ejército y la
herramienta paramilitar contra la población de las zonas codiciadas por el
gran capital. Aquí se refiere a la masacre del Río Nare: “El Capitán Martínez con sus tropas
ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el
mineral: un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al
otro día entraron con motosierras y hachas: amarraron a los trabajadores en
cadena… los iban soltando de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los
brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola
pierna, hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas
y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [ Ibíd. ].
Marinelly, de una familia campesina, vivió en carne propia las agresiones del
ejército colombiano contra el campesinado; fue testigo de múltiples asesinatos
de amigos y familiares, cuyos cuerpos fueron abandonados torturados y
desmembrados: “parte de la guerra
sucia y psicológica que implementan para asustar a los luchadores
populares”. La presa política explica que las violaciones del Estado
colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros
derechos”, y evitar “terminar
masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos
campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las
ciudades”[Ibíd. ].
La combinación del saqueo de
los recursos y el Terror de Estado ejercido contra quiénes se oponen al saqueo,
explica la existencia de las insurgencias colombianas, como única salida que
encuentra una población sometida al despojo y a la represión más descarnada
frente a sus reivindicaciones. Esta es una comprensión indispensable para
quiénes deseamos la paz en
Colombia. La paz significa justicia social, cese de la entrega del país en
concesiones a multinacionales, reforma agraria, soberanía alimentaria, y cese
del Terror de Estado que hoy facilita la acumulación capitalista en desmedro de
las mayorías empobrecidas. Los problemas deben ser resueltos desde sus causas,
no desde sus consecuencias.
4.
¿
Denunciaremos los crímenes resultado de una planificación Estatal, o
vamos a seguir promoviendo la confusión?
Estos crímenes de Estado envían un mensaje
del terror contra la población: ‘Esto
les puede pasar, a ustedes o a sus familiares, si persisten en su
reivindicación’. Hay un claro intento de paralizar la acción
reivindicativa de las comunidades, y ese terror se ejerce desde el mismo
Estado, en un accionar que obedece a unos intereses económicos claros: es inaceptable por lo tanto que se
intente endilgar los crímenes a “la
violencia” en abstracto, como reiteradamente lo hacen los mass-media con
los crímenes del Terrorismo de Estado. El mensaje es enviado por los
verdugos a través de sus ejecutantes paramilitares, y no es aceptable que los
maquilladores mediáticos vengan a garantizar
la impunidad total a quienes son los verdaderos comanditarios de estos crímenes:
los que se sirven del terror para sojuzgar a un pueblo y para garantizar la
acumulación de capital en pocas manos, en desmedro del medio ambiente y de las
mayorías. El intentar, mediante el aparato mediático, transformar los
reiterados asesinatos políticos en “víctimas
de los violentos” (así, “los
violentos”, en abstracto), busca diluir responsabilidades, busca
ocultar la planificación de un Terror que de manera sistemática es ejercido
desde el propio Estado contra la oposición política. Esa impostura
mediática no cala en los sectores más conscientes del campo popular, sin
embargo en parte de la opinión pública sí hace mella.
5.
Ofensiva
contra la comprensión de la realidad: Estrategia de la Confusión
La Estrategia de la Confusión es
implementada hasta la saciedad por el aparato mediático: por ejemplo el
redactar notas sobre crímenes en los que se conoce perfectamente que la autoría
es paramilitar, pero poner “asesinado
por grupos armados”: esto con la clara intención de exculpar a la
herramienta paramilitar que le sirve al poder económico, y de buscar endilgarle
a la resistencia popular parte de los crímenes perpetrados por la estrategia
paramilitar.
El léxico “grupos armados” o “actores
armados” es un léxico de la confusión, dado que grupos armados son tanto los paramilitares, como el ejército, como
las insurgencias; por lo tanto no hay nada más aberrante que conocer que los
victimarios son parte de una Estrategia represiva Estatal y paraestatal,
articulada al poder multinacional, y optar por tejer el discurso de la
confusión. Esta mediatización es indignante, y constituye una doble
victimización de las comunidades que denuncian a los responsables, y que sin
embargo ven ignoradas sus voces en las notas mediáticas, de manera a que la
herramienta paramilitar-militar del terror no solamente haya cometido las
atrocidades, sino que los
medios no señalen su responsabilidad, amparándola así de la impunidad que la perpetúa.
Parte
de la Estrategia de la Confusión es el empleo de la falsa dicotomía “grupos armados
legales” versus “grupos armados ilegales”: siendo
legales las fuerzas represivas del Estado, mientras que en la ilegalidad se
hallan tanto las fuerzas represivas paramilitares –que sin embargo se articulan
al mismo Estado, recibiendo logística, armamento e impunidad–, y las guerrillas
–éstas últimas de naturaleza opuesta al paramilitarismo–. Esta perfidia
mediática busca instaurar un campo conceptual que ignora la realidad del
paramilitarismo como estrategia preconizada en manuales militares. También
busca instalar un campo conceptual
que excluye el carácter político y social del conflicto colombiano, al
intentar presentar a las insurgencias en un mismo paquete con el
paramilitarismo; intentando quitarle a la guerrilla su carácter político,
inherente a su misma génesis y composición, de ser una expresión del campo
popular colombiano que se alza en protesta política contra el saqueo, protesta
política que deviene armada debido a la imposibilidad democrática instaurada
desde el Estado mediante la sistemática represión al opositor político.
El paramilitarismo es una herramienta al
servicio del Gran capital que actúa con la plena coordinación del ejército
colombiano; pero los medios trabajan para ocultar
la vinculación de esta herramienta con los que la crean y emplean.
Lamentablemente este trabajo sistemático de los medios logra colonizar a parte
importante de la población, dejando incluso huellas residuales que sorprende
encontrar en las mentes de las mismas víctimas. El bombardeo mediático es una
ofensiva sin tregua contra la capacidad de comprensión de la realidad, y por lo
tanto, contra la posibilidad de acción efectiva sobre la misma.
Por ello es importante desenmascarar esa
planificada manipulación semántica diseñada por los tanques de pensamiento. Esa
manipulación es también inyectada en el discurso de las ONG a través del
condicionamiento que imponen los financistas, logrando paulatinamente que en el
campo popular se introduzca un entramado semántico que obstaculiza la capacidad
de comprensión de la realidad. Hay una planificación del terror para facilitar
la acumulación capitalista en manos de multinacionales y latifundio; frente al
genocidio no cabe más caer en el borroneo de las causas del drama colombiano,
ni jugar a la confusión, ni adoptar el léxico impuesto por los tanques de
pensamiento de la USAID.
NOTAS de “La planificación del
Terror Estatal y la estrategia de confundir”
En caso de no figurar las notas completas en la
presente publicación, consultarlas en www.azalearobles.blogspot.com
Entradas
