ACNUDH 17 de septiembre de 2024
@UNHumanRights
El
Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para
aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de
las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, advirtió hoy
la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela en su último informe.
Las
violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de
persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios,
sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y
reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el
informe.
"Estamos
presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta
a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas,
presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Aunque esto es una
continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como
crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter
sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del
pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del
país para respetar los derechos humanos”.
El
informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el
país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un
nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones
presidenciales de julio. Las autoridades públicas han abandonado toda
apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han
perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio
arbitrario del poder.
En el
período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos
48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió
como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras
personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de
derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo
en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de
eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas
posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de
2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar
de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e
incitación al odio.
Estas
detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido
proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos
penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías
básicas del debido proceso.
La
Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema
de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a
los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan
para reprimir todas las formas de oposición política y social.
"Las
víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario
del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con
graves violaciones del debido proceso", dijo Francisco Cox, experto de la
Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el
Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente
lo que estamos observando ahora”.
Como
adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos
funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no
lograban la victoria.
"El
plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se
atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas
gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó
especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos
como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser
víctima", dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los
Hechos.
“La
severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de
encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de
temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.
El
informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y
otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas
organizaciones de derechos humanos y periodistas.
"Teniendo
en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en
informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas
de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para
creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido
durante el período cubierto por su mandato", concluyó el informe.
Tomado
de: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/09/unprecedented-venezuela-repression-plunging-nation-acute-human-rights-crisis
