La semana pasada la Corte Suprema acogió el pedido del Ministerio Público y determinó el impedimento de salida del país por 15 días del conductor de televisión Andrés Hurtado (también conocido como ‘Chibolín’), quien ha sido denunciado por presuntamente haber participado en un esquema de tráfico de influencias junto a la fiscal Elizabeth Peralta y a los primos Javier Miu Lei y Iván Siucho Neira. Concretamente y, con base en el testimonio de Ana Siucho –esposa del futbolista Edison Flores–, se viene investigando a Hurtado y a la fiscal Peralta por supuestamente haber recibido US$ 1 millón para lograr la devolución de un lote de oro que le había sido incautado a Miu Lei.
No es la primera vez que Hurtado es investigado por cuestiones similares. De hecho, en los 90 incluso había sido vinculado con el peligroso narconatrifante ‘Vaticano’. Este último fin de semana, “Cuarto Poder” reveló que Hurtado aún figura hoy como representante de este narcotraficante. Entre los 90s y ahora, además, Hurtado ha sido objeto de otras denuncias. Así las cosas, no sería razonable alegar que sus conexiones turbias puedan ser una sorpresa. Sin embargo, en la práctica hemos visto como este personaje ha logrado mantenerse cercano no solo a la farándula, sino también al poder político (basta recordar la cantidad de líderes partidarios y las campañas políticas en las que Hurtado se ha involucrado).
¿Por qué los peruanos hemos aceptado como normales las conexiones de políticos de todas las banderas con personajes tan oscuros y polémicos solo a cambio de la popularidad que estos les brindan? Algo similar ocurrió con Richard Swing durante el Gobierno de Vizcarra. ¿No es evidente cómo esta realidad afecta la confianza en nuestra democracia ?
El grado al que el tráfico de influencias se ha normalizado en nuestro país se ha hecho evidente, además, no solo con estos casos, sino con otros recientes como el de Nicanor Boluarte, o el de Patricia Benavides. Si el caso los Cuellos Blancos del Puerto nos mostró hace poco lo profundamente normalizado que estaba el tráfico de influencias entre criminales, políticos y autoridades judiciales en nuestro país, el caso de Hurtado nos recuerda cómo todo sigue igual. Y qué poco hemos aprendido.Además, el daño que esto causa a la institucionalidad también afecta la predictibilidad que requieren las inversiones que apuestan por nuestro país.
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