Nombre del autor:INICIATIVA CLIMATICA

Lilián Sánchez Flores “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía hoy plantaría un árbol.” -Martin Luther King ¿Te gusta visitar el bosque, observar su flora y fauna, pasear bajo la sombra de sus árboles? México es privilegiado pues una tercera parte de su territorio está cubierta por bosques y selvas.[1] Estos ecosistemas brindan invaluables beneficios y funciones, como la prevención de inundaciones, la generación de oxígeno o la captura de agua y carbono. Protegerlos y preservarlos implica hacer frente a la deforestación, que puede definirse como “la pérdida de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales”.[2] En México, las prácticas de deforestación inducida iniciaron en el periodo prehispánico. Posteriormente, durante el Virreinato, el desarrollo de la minería, la agricultura y la ganadería propició la tala de importantes extensiones de bosque. Más tarde, el Porfiriato aceleró la deforestación debido a la gran expansión de plantaciones (ej. henequén, caña de azúcar, café), la creación de sistemas ferrocarrileros y el crecimiento de centros urbanos. El siglo XX trajo consigo políticas para la conservación de bosques: se designaron Áreas Naturales Protegidas, Reservas Nacionales Forestales y se impulsaron programas de restauración y manejo forestal. Pero estos esfuerzos fueron insuficientes para contrarrestar los sistemas productivistas enfocados en la explotación del bosque y el uso del suelo para actividades de mayor valor económico. Actualmente, la tasa de deforestación bruta en México ronda las 212 mil hectáreas anuales, lo equivalente a 2.5 veces el área de la ciudad de Nueva York. Esto impacta de diferentes maneras, vivamos o no cerca de un bosque. Al talar extensiones de bosque se pierden sus capacidades para absorber carbono y regular el clima, lo que nos vuelve más vulnerables al cambio climático. La deforestación también impacta la disponibilidad y calidad del agua, porque los bosques filtran la lluvia y permiten que ésta llegue más limpia a los mantos acuíferos que nos proveen agua potable. Sin bosques también aumentan las inundaciones, porque estos actúan como barreras naturales al paso de grandes cantidades de agua. Por ejemplo, las graves inundaciones de Tabasco en 2020 ocurrieron, en parte, por la deforestación de la cuenca del Grijalva-Usumacinta. La Comisión Nacional Forestal identifica las siguientes amenazas que requieren soluciones para prevenir, regular y frenar la deforestación: Incremento de la frontera agrícola y ganadera Tala ilegal e incendios forestales Plagas y enfermedades de los árboles Expansión de áreas urbanas e industriales La existencia de estas amenazas confirma una necesidad: es indispensable un cuidado activo de los bosques. En México el 60% de los bosques y selvas pertenecen a campesinos o personas indígenas bajo las figuras legales del ejido y la comunidad.[3] Son estas personas quienes se encuentran en contacto directo con los bosques, por tanto, conocer sus necesidades es prioritario para que los esfuerzos de protección y manejo forestal sean realmente efectivos. La mayoría de estas personas requieren un ingreso digno para cubrir sus necesidades básicas (alimento, ropa, acceso a servicios) y dignificar el trabajo que realizan, es decir, cuidar los bosques requiere de financiamiento, dinero. Tradicionalmente autoridades gubernamentales como la CONAFOR o la SEMARNAT han ejercido el rol de administradoras de programas forestales. Sin embargo, el presupuesto disponible para implementarlos ha disminuido (entre 2015 y 2021 el presupuesto designado a instituciones ambientales federales se redujo aproximadamente un 65%) y depende de la visión o prioridades que asigna el gobierno en turno. Pero ¿debería la protección forestal depender únicamente del presupuesto gubernamental? ¿Qué pasa si un gobierno decide que no es prioritario proteger los bosques? En un siguiente blog exploraré el programa de Pago por Servicios Ambientales para la protección forestal y una alternativa para la obtención de financiamiento. A México aún le queda un arsenal importante de bosques por conservar y proteger. Al cuidarlos también cuidamos nuestra salud y aumenta nuestra resiliencia al cambio climático. Por ello es indispensable implementar más y mejores soluciones que pongan fin a la deforestación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional México, disponible en: http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s00.htm#TopOfPage ↑ Definición establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ↑ Lucía Madrid, et. al. “La propiedad social forestal en México”, en Investigación Ambiental, Vol. 1, Núm. 2, pp. 179-196. ↑

5 DE FEBRERO, 2021 Por Mariana Gutiérrez Grados Revisión de estilo Mónica Valtierra El panorama político del segundo país más contaminante del mundo, responsable de 13% de las emisiones globales[1] está cambiando. El nuevo gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) tiene la posibilidad de incrementar la ambición del mundo para hacer frente al cambio climático. La ambiciosa meta de EE.UU. de alcanzar cero emisiones netas al 2050 anunciada por Joe Biden desde antes de ser electo presidente[2], amplió las posibilidades de una nueva dinámica global y en la relación bilateral con México. Por otro lado, la administración López Obrador ha intentado en diversas ocasiones modificar el sistema eléctrico nacional para suspender y reviertir proyectos de inversión en energías limpias y renovables[3], ha desmantelado instituciones ambientales[4] y promueve megaproyectos de infraestructura sin evaluaciones de impacto social ni ambiental[5]. En este artículo se hace un recuento de algunos de los retos ambientales y climáticos que podrían delinear el vínculo diplomático y comercial entre ambos países durante los próximos meses, en relación a la agenda ambiental de las partes. En 2016, la llegada de Donald Trump a la presidencia implicó un revés en la agenda climática estadounidense y la trayectoria en la trayectoria de liderazgo mostrada por la administración de Obama[6] frente a la comunidad internacional. Bajo la visión “America First”, el desdén por el conocimiento científico y negación al cambio climático; a pocos meses de haber iniciado su mandato, Trump anunció la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, el pacto global para combatir la crisis climática más importante actualmente. Con el argumento de no afectar a los negocios y empresarios estadounidenses, la administración del expresidente Trump, debilitó las instituciones ambientales y revocó más de 100 disposiciones ambientales, hizo a un lado los criterios de cambio climático en las decisiones de infraestructura y planeación energética, flexibilizó los lineamientos entorno a la disposición de residuos tóxicos, la gestión de humedales y de los recursos hídricos, entre muchas otras medidas[7]. La llegada de la pandemia por COVID-19 y sus efectos en el aumento de la desigualdad social y económica entre países[8], posicionó al multilateralismo, la solidaridad internacional y la atención de retos que trascienden los límites políticos-administrativos, como el cambio climático, al centro del debate público internacional. La inacción política para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19, el proteccionismo, la generación de conflictos y la centralidad política del populismo que caracterizó el mandato del expresidente Trump, contrastó con la propuesta del candidato del partido demócrata encabezado por Joe Biden; motivando el cambio en el balance de poder a favor de los demócratas. A un mes del inicio de la administración de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en EE.UU., la agenda climática ha sido posicionada como pilar de la seguridad nacional y se han dado pasos claros para combatir al cambio climático con la enmienda de retrocesos de la política climática doméstica, entre ellos: el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, la cancelación del controvertido gasoducto Keystone XL[9] y la convocatoria del presidente Biden a una cumbre climática de líderes para el próximo 22 de abril en donde se dará a conocer el nuevo Compromiso Nacionalmente Determinado de EE.UU.[10]. Sin embargo, aún en medio de la pandemia global, el nuevo gabinete enfrenta la enorme tarea de unificar un país polarizado y revertir el desmantelamiento institucional heredado de la administración anterior. En México, las elecciones presidenciales de 2018 dieron un giro en el régimen político. La llegada de Andrés Manuel López Obrador – con la primacía de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”[11], significó para muchas personas, una posibilidad para atender los sectores sociales más pobres y reorientar los esfuerzos gubernamentales para garantizar el bienestar social. Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano colocan este ideal lejos de la realidad ante los numerosos y repetidos intentos de imponer bloqueos regulatorios al sistema eléctrico nacional que suspendan y reviertan planes y proyectos de inversión en energías limpias y renovables[12], el desmantelamiento de las instituciones ambientales[13] y la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura sin evaluaciones de impacto social ni ambiental[14]. Los bloqueos regulatorios podrían significar, para México -cuyo PIB se contrajo 8% al cierre del 2020[15], una pérdida aproximada de $20 mil millones de dólares[16] tan sólo en indemnizaciones por la infraestructura contratada. Cabe destacar también que, contrario al Acuerdo de París y el marco legal en materia de cambio climático y energía mexicano, la administración que encabeza López Obrador, prioriza una política basada en los combustibles fósiles[17], mientras paraliza inversiones y proyectos de energía renovable. Por el contrario, otros países del G20, se movilizan aceleradamente a impulsar y promover la permanencia de las energías limpias y renovables y, transitan hacia una economía de cero emisiones netas de carbono[18]. Desde 2019, México es el segundo país del G20 que más subsidios destina a los combustibles fósiles, asignando 17 billones de dólares en subsidios a los fósiles como petróleo y gas[19]. Cabe señalar que la mayor parte de lo que se destina a petróleo se dirige a PEMEX, una las empresas más contaminantes del mundo[20]. Mientras se continúa con la inercia de derrochar el dinero en una tecnología altamente contaminante y ahora, bajo el argumento de reducir gastos gubernamentales, AMLO sugiere desaparecer órganos autónomos que representan el 2% del gasto del presupuesto público[21]. En particular preocupa la desaparición del órgano garante de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas tales como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). En este contexto, las relaciones de México con sus socios comerciales pueden detonar roces con las decisiones recientes del gobierno actual derivado de los acuerdos señalados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia laboral, derechos humanos y energía, así como, lo dispuesto en Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la extensa red de Tratados de Libre Comercio de México. De seguir con una política preferente a actividades económicas y energéticas que incrementarían considerablemente las emisiones de gases

● De cara a la COP26 México presenta contribuciones nacionalmente determinadas sin mayor ambición, lo que sumado a la extinción del Fondo para el Cambio Climático y la reducción de presupuesto para el tema, muestran su falta de compromiso ante la crisis climática.● México se mantiene en un escenario que nos llevaría a un incremento de más de 3o C, poniendo en riesgo el futuro de niñas, niños y jóvenes.El pasado 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el que se estableció la meta global de estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de 2o C e idealmente de 1.5o C en la temperatura planetaria. Para celebrar dicho aniversario, la Presidencia de la COP 26, encabezada por el Reino Unido, llamó a la Cumbre de Ambición Climática para invitar a los países de la Convención a anunciar sus nuevas metas en materia de reducción de emisiones principalmente. Algunos países de América Latina que presentaron nuevas metas fueron Argentina, Colombia, además de la reafirmación de los compromisos presentados por Costa Rica, evento en el que México brilló por su ausencia.Por otra parte, en el contexto nacional, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), se reunió el día de ayer para aprobar la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), éste último con un año de retraso. Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México NO anunció nuevas metas o metas más ambiciosas, sino que “reafirmó” las metas que estableció hace 5 años, esto es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro.Lo anterior, no sólo deja ver la falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que también constituye un enorme retroceso en materia de cambio climático, ya que se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de París, reconocido también en nuestro marco constitucional, y razón por la cual precisamente se crearon los ciclos de revisión de las NDCs cada 5 años.Todo lo anterior, sin dejar de mencionar la falta de cumplimiento al marco legal existente a nivel nacional en la materia Ley General de Cambio Climático (LGCC)), además de que México estará fuera de la posibilidad de contribuir con la estabilización de 2oC de temperatura y mucho más lejos de los 1.5o C, obligación derivada de la LGCC, que incorpora el contenido del Acuerdo de París ratificado por México.A este contexto se suman acciones como la extinción del Fondo para el Cambio Climático; la reducción en la asignación de presupuesto para el Anexo Transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático -que para 2021 representa solo el 1.1% del presupuesto total de país, del cual 75.3% se destina a transporte de gas natural, lo que impacta negativamente en el cambio climático-; y el impulso de la política energética basada en fuentes fósiles en detrimento de la transición energética justa, fin al que se dirige 11.6% de los recursos del presupuesto de egresos de la federación del próximo año. En este escenario, México deja de estar en la línea frontal de combate al cambio climático y se convierte en uno de los países con NULA ambición, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos humanos de su población presente y futura. Aunado a ello, nuestro país no ha presentado una propuesta para dar cumplimiento a los laxos compromisos que actualmente tiene, poniendo todo su esfuerzo y recursos en acciones y políticas contrarias a ellos.La situación anteriormente expuesta, confirma la falta de interés del gobierno mexicano en la agenda climática y la falta de responsabilidad ante los impactos que el propio país está viviendo a causa de huracanes como ETA, el cual afectó severamente a regiones aledañas, así como al sur del país y que, paradójicamente, amenaza la propia infraestructura de la Refinería 2 Bocas, proyecto energético prioritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto evidencia la gran vulnerabilidad frente al cambio climático a la que están expuestos el territorio nacional, el medio ambiente, la economía y las personas en México.Con este tipo de acciones, el gobierno de México adquiere una deuda climática histórica con toda su población; particularmente, con la juventud y la niñez de este país, las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por los efectos del cambio climático y ante los cuales no ha habido una respuesta oportuna y eficaz.Contactos:● Verónica Olvera, Coordinadora de Comunicación,olvera.casillas.v@gmail.com● Ricardo Ruiz, Área de Comunicación, CEMDA, ricardo_ruiz@cemda.org.mxOrganizaciones firmantesGrupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. CEMDACiudadanos por un Clima Vivible / Citizens’ Climate LobbyGreenpeace México A.C.Fundación para la investigación de la calidad del aire A. C. (Redspira) Cambio de Ruta, A.C.Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C. (CERCA) Iniciativa Climática de México A.C.Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente A.C.Representada por el Presidente del Consejo Directivo, Raúl Asís Monforte GonzálezGFLAC, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. (FOTCA) Alianza Mexicana contra el FrackingFundación TlálocExtinction Rebellion México

Pronunciamiento sobre el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente. La iniciativa de reformas al artículo 4º constitucional denominada Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente presenta serias deficiencias. La primera de ellas es que el desarrollo sostenible involucra diversas variables -social, económica y ambiental-, de tal forma que no se puede hablar de un desarrollo sostenible del medio ambiente. Dicha propuesta de reforma es regresiva en lo que se refiere a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y es contraria a los compromisos del Estado mexicano en materia de progresividad, principio que se desdobla en dos obligaciones: la primera consiste en mejorar continuamente el goce de los derechos humanos y, la segunda, se refiere al deber estatal de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes, que es lo que subyace a la reforma. Contar con preceptos jurídicos determinados (definidos en ley) brinda seguridad jurídica a los gobernados y evita la discrecionalidad administrativa y judicial. Hoy día hablar de medio ambiente sano, bienestar y desarrollo es hablar de conceptos jurídicos que encuentran respaldo normativo y jurisprudencial, tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, incluir nociones relativas al cuidado del planeta y de todos los sistemas de vida es incorporar conceptos jurídicos indeterminados que, lejos de fortalecer el contenido y alcance del derecho en cuestión da lugar a imprecisiones en la interpretación y alcance del derecho y, por ende, contribuye a la ineficacia en el acceso a la justicia. Recordemos que, en razón de evitar esto, se modificó el mismo artículo 4º que inicialmente reconocía el derecho a un medio ambiente “adecuado”, calificativo que fue cambiado por “sano”, pues este último puede verificarse, mediante el análisis del cumplimiento de una serie de normas oficiales mexicanas que permiten valorar su cumplimiento o no. El precepto actual refiere de manera categórica que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, la iniciativa confunde el contenido y alcance jurídico del término “garantía”, con los relativos a conservar, proteger y restaurar, que implican a todas las personas y no sólo al Estado. Si bien, las empresas deben involucrarse en la protección ambiental y de los derechos humanos, no puede perderse de vista la obligación del Estado como garante primero de los derechos, sin que ello nulifique la corresponsabilidad de la sociedad en cuanto a la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Por último, el texto vigente expresa claramente que existe una corresponsabilidad social en cuanto a la protección y preservación del medio ambiente; por lo que alude a la responsabilidad y remediación por el daño y deterioro ambiental conforme a la ley en la materia, esto es, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo cual incluye acciones y omisiones que son susceptibles de revisión. Mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente cuenta con el articulado respectivo a los derechos de acceso a la información y participación, los cuales sí son sujetos de revisión en el marco de la ratificación del Acuerdo de Escazú. En definitiva, se actúa de forma regresiva al proponer esta reforma que, deliberadamente, desdibuja la responsabilidad del Estado mexicano, como primer garante de los derechos humanos; alejándonos del desarrollo sostenible y de la justicia y equidad social, razón por la que llamamos a no aprobar esta modificación del artículo 4° constitucional. FIRMANTES I. Instituciones académicas y organizaciones civiles Observatorio Académico y Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, UNAM Bicitekas, AC CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental Centro Mexicano de Derecho Ambiental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible FOTCA Fundación Tlaloc Iniciativa Climática de México Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP Poder Latam Red de Género y Medio Ambiente Redspira, Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire, AC Reforestamos México Transita seguro Wildlands Network Programa México II. Personas Adrián Fernández Bremauntz, SUSMAI, UNAM Aleida Azamar Alonso, UAM Alfonso de la Vega, SUSMAI, UNAM Ana María Castro Méndez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos Ana María Ramírez Sánchez, Facultad de Derecho, UNAM Ana Rosa Moreno Sánchez, Facultad de Medicina, UNAM Ana Wegier del Instituto de Biología, UNAM Antonio Suárez, Facultad de Arquitectura y SUSMAI, UNAM Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, Universidad Veracruzana, Alonso Aguilar, Posgrado y SUSMAI, UNAM Areanna Hernández Jiménez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Armando Adriano Fabre, Universidad Veracruzana Beatriz Cárdenas González, doctorada en Ingeniería Ambiental Carlos Ruz Saldívar, Universidad Veracruzana César Caballero Novara, México César Villegas Delgado, Universidad de Sevilla Daniel Cerqueira, Due Process of Law Foundation Daniel Roman Rojas, Universidad de Guadalajara Dolores González Casanova, Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM Edgar Omar Oláez Preciado, Colectivo Trabajo Por la Tierra e Integrante de la LIMAA Eduardo Viedma Paoli. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay Elsa Cristina Roque Fourcade, UAM-A Elvira Medina Alvarado, Universidad de Guadalajara Ena Carnero Arroyo, Universidad Nacional de Trujillo Enoc Alejandro García Rivera, Centro de Investigaciones Sociales, UAT Fernanda Figueroa, Facultad de Ciencias, UNAM Francisco Jalomo Aguirre, Universidad de Guadalajara Francisco Javier Camarena Juárez, Abogado Ambiental, México Fredy Francisco Génez, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay Giovanni A. Figueroa Mejía, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas, Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco Guadalupe Ponce Vélez, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM Guillermo Estrada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Helena Cotler, Centro Geo y SUSMAI Henry Jiménez Guanipa, RICEDH Jazmín Robles Lamas, Universidad de Guadalajara Jorge Peláez Padilla, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Julio César Gómez Labougle, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAT Laura Álvarez Tejada, Asociación Jalisciense de Derecho Ambiental, AC