Fuente: Ekaitz Cancela - redaccion@lamarea.com
BRUSELAS // La Comisión Europea presentó el
miércoles su nueva propuesta para establecer mecanismos de arbitraje
para caso de conflicto de interés entre Estados y inversores, después de
las masivas críticas que había suscitado este instrumento como parte
del Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre la Unión
Europea y EEUU, que se está negociando. Se da la espalda a la figura de
tribunales privados, conocidos como ISDS en sus siglas en inglés, para
dar paso a la creación de una especie de corte pública de debería
dirimir en casos cuando un inversor considera que deciciones de un
gobierno perjudiquen sus intereses.
La cláusula ISDS es uno de los aspectos del TTIP que más rechazo ha
provocado en la opinión pública. Muchos críticos, entre ellos partidos
con responsabilidad de gobierno en la UE, temen que estos tribunales
socavan la soberanía de los sistemas de Justicia de los Estados
nacionales.
En un extenso documento de 37 páginas, presentado el miércoles, se
definen las nuevas líneas de este mecanismo, cuyo fin declarado es
proteger a los inversores de supuestos perjuicios por parte de los
legisladores, como pueden ser leyes de protección medioambiental o de
derechos laborales hasta la renacionalización de empresas.
“Transparencia y “en favor a los principios democráticos”, fueron las
palabras más usadas en la rueda de prensa de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para definir lo que las organizaciones de la sociedad civil han definido como la “privatización de la justicia”.
¿Qué hay de nuevo en el ISDS?
En primer lugar, el texto establece que el derecho a regular las
políticas públicas estará totalmente preservada a los Estados. “Las
disposiciones derivadas de la protección de inversiones no deberán
interpretarse como un compromiso de los gobiernos a no cambiar su marco
jurídico”.
Por otro lado, el documento propone el establecimiento de un nuevo
sistema judicial integrado por 21 jueces: 15 formarán el Tribunal de
Primera Instancia y seis el de apelaciones.
Según explica la Comisión, en el primero habrá cinco jueces
provenientes de EEUU y la UE y otros cinco de terceros países. Además,
estas figuras deberán tener calificaciones técnicas comparables a las
requeridos para los miembros de los tribunales internacionales
permanentes, como la Corte Internacional de Justicia y el Órgano de
Apelación de la OMC.
Por su lado, el tribunal de apelación se compondrá
de seis miembros nombrados conjuntamente por la UE y los Estados Unidos
en un reparto proporcional.
En relación al conflicto de interés y la transparencia, Cecilia
Malmström anunció en la rueda de prensa del miércoles que “ la
independencia de los jueces deberá estar fuera de toda duda”. Así mismo,
señaló que los documentos que corresponden a las demandas en los
tribunales de arbitraje serán públicas. Cabe señalar a este respecto que
la Comisión Europea también ha presumido de que “el TTIP es el Tratado
más transparente negociado hasta el momento”. No obstante, los textos
cruciales siguen estando ocultos al público, también la posición de
Europa en los aspectos más delicados. Ni siquiera los eurodiputados que
deben de adentrarse en una sala secreta para ver que se está negociando
en el TTIP, tienen un acceso completo a la información.
Por último, el borrador del texto legal otorga cinco derechos a las
corporaciones a la hora de demandar a un Estado. La compensación por una
expropiación o nacionalización, la garantía de un trato en la inversión
como a cualquier inversor nacional, el compromiso de compensar las
pérdidas del demandante en determinadas situaciones (como un guerra) y
el de respetar los escritos firmados y las obligaciones contractuales.
También se aprecia la posibilidad de transferir (y eventualmente
repatriar) fondos relacionados con una inversión.
Una vez aprobado el texto descrito, el siguiente paso de la Comisión
será consultar a los Estados miembros de la UE en el Consejo y debatir
la propuesta en el Parlamento Europeo antes de presentar la propuesta de
texto formal a los Estados Unidos.
¿En el fondo hay algo más que un cambio de nombre?
El lenguaje es un aspecto clave para enmarcar la realidad. Por ello
la Comisión ha cambiado el nombre del que hasta ahora se llamaba ISDS,
por ICS (sistema judicial de inversiones, por sus siglas en inglés). “Da
igual como se denomime. Sigue siendo un sistema para presionar a los
Estados, a la Unión Europea, a las autoridades locales y a la ciudadanía
con el fin de lograr una legislación favorable a las multinacionales”,
señala el portavoz de los verdes europeos, Florent Marcellesi.
Cecilia Malmstrom ha puesto la transparencia en el eje de su discurso
y lo ha envuelto de medidas que “no dejan de ser más de lo mismo”,
según la activista de Amigos de la Tierra Europa, Natacha Cingotti. “Se
reafirma la concesión de derechos de VIP para los inversionistas
corporativos sin darles ninguna obligaciones que protegerían a los
ciudadanos y el medio ambiente”, añade.
El experto en Comercio Jürgen Knirsch señala en un nota de prensa de
Greenpace que “la Comisión sigue apoyando un sistema de justicia a dos
velocidades- una que privilegia a las empresas multinacionales para
proteger sus intereses privados, y una justicia básica para los
ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas”.
Ante la recurrente insistencia de la Comisión Europea por establecer
un mecanismo que permita a las empresas demandar a los Estados, Pia Eberhart, investigadora del Corporate Europe Observatory,
se pregunta “por qué los juzgados no son suficientes para los
inversores exttranjeros, pero sí para el resto de personas”. En la
actualidad, menos del 10% de los tratados de comercio están cubiertos
por el ISDS e incluirlo en un acuerdo entre EEUU y la UE ampliaría su
alcance a un nivel sin precedentes. “El verdadero problema que nos ocupa
aquí no es de establecer tribunales públicos o privados, sino el de
otorgar mayores privilegios al poder corporativo”.
La Comisión Europea también ha señalado que esta nueva propuesta ha
sido posible gracias a “una aportación sustancial” fruto de la consulta
pública que realizó en marzo sobre el ISDS. Lo que olvida, según el
Corporate Europe Observatory, es que el 97% de las miles de respuestas
que recibió en ella se oponía claramente a este mecanismo sea cual fuera
su cualquier forma. “Esta propuesta alternativa es esencialmente un
ejercicio de relaciones públicas para poner fin a la enorme controversia
y oposición que se ha generado”.
Además, la Comisaria de Comercio ha confirmado hoy, tras la pregunta
de un periodista, que la nueva propuesta no se aplicará al CETA, acuerdo
de similares características al TTIP que ultiman la Unión Europea y
Canada. Este hecho permitirá a las compañías estadounidenses con
filiales en Canadá demandar a los estados miembros de Europa basándose
en el viejo modelo del ISDS.
El riesgo para los gobierno de ser demandados por las grandes
empresas es otro de los aspectos denunciados. Un hecho que debería
preocupar a España, el país de la Unión Europea que más reclamaciones
recibió en 2014 en tribunales de arbitraje y el tercero del mundo, según
datos del CIADI, el tribunal de abritraje de Washington.
