El capítulo de protección de las inversiones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EE UU (TTIP por sus siglas en inglés), que se negocia desde 2013, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de la Comisión Europea.
El creciente rechazo de la ciudadanía europea, de instituciones y empresas públicas, de asociaciones de pymes y de parlamentos como el francés y holandés al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), ha obligado a la Comisión Europea a presentar una serie de cambios superficiales en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para tratar de desmovilizar la creciente oposición al TTIP. Además, cada vez hay pruebas más fehacientes de que dicho mecanismo ha generado corrupción, conflictos de intereses de los árbitros y de que se utiliza por empresas multinacionales para poner en jaque las políticas de protección ambiental, laboral y social, que obligó a algunos gobiernos a pagar a los inversores denunciantes “compensaciones" multimillonarias ilegítimas.
La última propuesta de modificación fue presentada ayer por la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. En ella, la Comisión Europea aboga por cambiarle el nombre al mecanismo ISDS por el de "Sistema de Tribunal de Inversiones" (Investment Court System en inglés), que podría tardar años o incluso décadas en concretarse –como se ha visto con el Tribunal Penal Internacional– y que incluiría la designación de árbitros preseleccionados de una lista de 15. Dichos árbitros no podrán actuar como abogados en otros casos abiertos, pero no estarán ausentes de conflictos de intereses, como ha ocurrido con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que también tiene una "lista permanente de árbitros". La propuesta incluye asimismo un mecanismo de apelación, hasta ahora inexistente. Estas propuestas corrigen algunos de los problemas del mecanismo ISDS, pero siguen sin resolver las desigualdades sistémicas fundamentales en la aplicación del derecho internacional.
En primer lugar, sigue siendo un mecanismo que rompe los principios del Estado de derecho al eliminar el principio de la igualdad ante la ley. Discrimina a las medianas y pequeñas empresas, y a la ciudadanía en general, frente a los inversores extranjeros, que siguen siendo los únicos con capacidad de hacer uso del sistema de protección de las inversiones.
Sigue siendo un sistema unidireccional, en el que las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no hay lugar para juzgar a las empresas. Un tribunal donde una parte solo puede atacar y la otra defenderse no tiene cabida desde el punto de vista democrático. Y lo más grave: con la propuesta de la Comisión Europea un inversor solo recibe mayores poderes, pero no tiene ninguna obligación de cumplir con los derechos humanos.
La propuesta de reforma omite que los Estados miembro de la UE han firmado 1228 tratados de protección de inversiones que incluyen el sistema ISDS, que la propia Comisión Europea defiende a ultranza. De hecho, en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA por sus siglas en inglés), que se negoció entre 2009 y 2014 y que ahora está pendiente de ratificación, la Comisión ha incluido el peligroso mecanismo ISDS, que amplía de facto las posibilidades de uso de los tribunales privados de arbitraje, lo que demuestra que su principal objetivo es defender los intereses privados del poder económico por encima de los derechos humanos de la ciudadanía.
Por todo ello, Ecologistas en Acción rechaza la propuesta de la Comisión Europea de reforma del sistema de arbitraje privado entre inversores y Estados, pues considera que no hace más que maquillar un sistema que de por sí es injusto y antidemocrático, al dar a las empresas multinacionales el poder exclusivo de desafiar leyes y medidas democráticas de protección a la sociedad y al medio ambiente, como ha ocurrido en Alemania, demandada por decretar el cierre de las centrales nucleares, o en Egipto, por subir el salario mínimo interprofesional.
Nuestra organización considera que la UE debería abolir todos los tratados que incluyen el mecanismo ISDS, puesto que hace un año la ciudadanía europea se expresó, en la consulta pública con mayor participación de la UE, con un contundente 97% favorable a la eliminación del sistema de arbitraje privado entre inversor y Estado. Asimismo, Ecologistas en Acción exige la suspensión de las negociaciones del TTIP.
