Para
comprender uno de los acuciantes problemas sociales actuales, hay que regresar
a una vieja discusión de la política: la distinción entre Estado y Sociedad
Civil. Problema que ya estaba planteado desde los orígenes del sistema de
gobierno que se desarrolló luego de la caída del feudalismo, o sea, desde el
advenimiento de la burguesía y su llegada al poder, con su cúmulo de ideas
(Igualdad, Libertad, Fraternidad, Propiedad Privada) y el poder desplegado del
dinero acumulado a partir del coloniaje, el desarrollo industrial y comercial.
En esos
orígenes de la modernidad, la idea de
Sociedad Civil surge a la vez como el espacio de lo privado y del control al
poder estatal. Es la Sociedad Civil la que va a poner límite al poder estatal,
aunque delegue en éste el uso legítimo de la fuerza. Todas las ideas de
separación de poderes, de soberanía popular, del voto y la representación, los
códigos de gobierno, buscan limitar el poder del Estado. Aparecen así dos
esferas diferenciadas: la Sociedad Civil como el espacio de la individualidad,
de la “libertad” y la desigualdad, del mercado, donde se reproducen las
relaciones de poder y privilegio que otorga la división de clases; y el Estado
como espacio de la igualdad abstracta en el que el hombre es concebido como
especie, donde todos son iguales ante la ley. Individuos conforman la Sociedad
Civil y ciudadanos el Estado.
Esta
distinción primera de la modernidad occidental se ve trastocada en la
actualidad, puesto que el crecimiento desmedido de la desigualdad en el ámbito
de la Sociedad Civil ha invertido el esquema de poder y los espacios de control
del mismo. El espacio de la Sociedad Civil, a través del desarrollo global del
mercado y de la financierización de la economía se ha vuelto supraestatal,
vulnerando el pacto contractual originario en el cual la Sociedad Civil
delegaba en el Estado el poder de decisión sobre las cuestiones fundamentales y
estratégicas de las naciones.
Cuando el
ámbito de la desigualdad avanza sobre la estructura estatal que representa la
igualdad (aún abstracta), el poder del dinero se expande hacia el espacio en
que debería quedar suspendido y de esta forma se avanza hacia una
estructuralidad de la desigualdad. Es decir, ya no hay igualdad ni siquiera en
el ámbito de la ciudadanía, ni siquiera la igualdad formal ante la ley.
En estos
momentos se impone una inversión respecto a lo que pasaba en el siglo XVIII,
XIX o incluso en gran parte del siglo XX, en la relación entre Estado y Sociedad
Civil.
Es hoy el
Estado el que debe poner límite al avance de la Sociedad Civil como reino de la
desigualdad, para reinstaurar la igualdad. Sin equilibrio entre Estado y
Sociedad Civil se va siempre hacia sistemas autoritarios. Cuando prima exageradamente
el Estado, se vuelve autoritario por el poder de represión y censura; cuando se
excede la acción de la Sociedad Civil, se vuelve autoritario por el poder y el
privilegio que otorga el dinero. Reinstaurar el equilibrio perdido entre Estado
y Sociedad Civil es la tarea del ahora, para la construcción de una sociedad
armónica, menos violenta y menos autoritaria. Es el Estado el que hoy debe
poner límite a la Sociedad Civil, es decir, moderar el apetito individual. El
avance de lo privado sobre la estructura estatal es evidente. Se impone una
defensa del Estado para recuperar esa centralidad perdida y que la Sociedad
Civil vuelva a ser el ámbito del control del poder estatal y no su reemplazo.
El ejemplo
más brutal de esta inversión es el desembarco de empresarios del mundo privado
a hacerse cargo de la gestión estatal. Esta confusión entre Sociedad Civil y
Estado amenaza los cimientos de la democracia moderna tanto como lo hicieron
los totalitarismos del siglo XX, y nos sume en el riesgo de la desintegración
social.
