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El próximo 22 de mayo, los ciudadanos españoles están convocados a las urnaspara votar a sus representantes públicos en todos los ayuntamientos y en algunos parlamentos autonómicos. Los representantes elegidos tendrán a su cargo la gestión de miles de millones de euros durante un periodo de cuatro años, razón más que suficiente para extremar las precauciones de los votantes: a lo largo de los últimos años, el nivel de corrupción en la política española se ha disparado de manera alarmante en todo el arco parlamentario.
PSOE, PP y CiU son las tres formaciones políticas que han pactado para resucitar la ley Sinde en el Senado, una ley que permite censurar Internet por vía administrativa, sin una intervención judicial que garantice la tutela efectiva de los ciudadanos. Al juez que deba validar el cierre le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya clausura se solicite. La ley Sinde crea un “agujero libre de jueces” donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por el gobierno, para evitar lo que hasta el momento venía ocurriendo: que los jueces no daban la razón a las reclamaciones de la industria de los contenidos.
